nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) REGIÓN METROPOLITANA

Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Jorge Alejandro Farías Ferrada, abogado, en favor de don nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representado legalmente por su Superintendenta, doña nombre reservado, por infracción a las garantías constitucionales establecidas en el Art. 19 N° 1, N° 22 y N° 24, en relación con el Artículo 20, todos de la Constitución Política de la República de Chile, por haber rechazado el pago de las licencias médicas Nºs 52995174-4 y 55822765-6 mediante resolución exenta de fecha 27 de septiembre de 2021 “por no encontrarse justificado el reposo”.- Relata que a raíz de un cáncer renal que padece hace tres años, se le extirpó el riñón izquierdo y, posteriormente parte del riñón derecho, lo que le produce constantes cuadros de debilidad y fuertes dolores, que lo tienen hace más de tres meses con afecciones que, apenas le permiten su motricidad diaria debiendo guardar reposo total por prescripción médica de su urólogo.

Agrega que, además, de insuficiencia renal, presenta diabetes Mellitus Tipo 2, y se encuentra esperando tratamiento de diálisis, según lo ha determinado su médico tratante.

Precisa que se le han otorgado licencias médicas producto del dolor que estaba sintiendo, una desde el 20 de mayo de 2021 hasta el 18 de julio de 2021, y la otra desde el 19 de julio de 2021 hasta el 16 de septiembre de 2021, las que fueron rechazadas por la COMPIN, lo cual ha sido refrendado por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta Nº R-01-ume-127381-2021, de fecha 27 de septiembre de 2021, argumentando, “Que el reposo prescrito por las licencias médicas Nºs 52995174-4 y 55822765-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado”.

Cita los artículos 16, 21 y 22 del Reglamento de autorización de licencias médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, concluyendo que la COMPIN, no se ajustó a la legalidad vigente, desde que no justificó ni desvirtuó debidamente la incapacidad laboral temporal diagnosticada por el médico tratante, teniendo en consideración que acompañó informes que justificaban el reposo, de manera que los fundamentos plasmados, resultan insuficientes para haber determinado el rechazo de las licencias y para no otorgar el pago de la misma por no haber podido trabajar.

Estima vulnerado el derecho de propiedad, garantizado por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la disminución y el rechazo de la licencia importan la privación de una retribución monetaria; y de igual forma afectado el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Asevera que también se vulnera el artículo 19 Nº 22 de la Constitución Política de la República.

Solicita se disponga que la recurrida debe acoger su reclamo y debe ordenar a la COMPIN o al órgano que corresponda tener por aprobadas las licencias médicas números Nºs 52995174-4, 55822765-6, ordenando el pago de cada una de ellas, con costas.

SEGUNDO: Que, informando por la recurrida, comparece don nombre reservado, Abogado, solicitando el rechazo del recurso.

Alega en primer término la extemporaneidad del recurso, toda vez que con fecha 26 de julio de 2021 el recurrente reclamó ante dicha Superintendencia del rechazo de las licencias médicas por parte de COMPIN, constando así su conocimiento de los rechazos de parte de COMPIN y la Isapre a partir de dicha fecha; mientas que la presente acción fue deducida el 25 de octubre de 2021. Que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda, lo que corrobora la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional.

Agrega que el hecho de haber reclamado ante esa Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, por cuanto de acuerdo con el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, la acción proteccional se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Cita jurisprudencia al respecto.

Asevera que la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales.

En segundo término, y en subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social por cuanto la materia sobre la que realmente versa el recurso (autorización, rechazo o modificación de una licencia médica) dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Finalmente, y en subsidio, informa el fondo del asunto, señalando que consta que el cuadro que aqueja al Sr. nombre reservado ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado. Lo anterior, acredita fehacientemente la incapacidad de carácter permanente del trabajador, lo que impide el otorgamiento de más licencias médicas. Por tanto, existe un motivo jurídico que hace incompatible el beneficio de la licencia médica (temporal) con el de pensión de invalidez (permanente).

Explica que, el “derecho a licencia médica” del recurrente no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Concluye que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de su parte, pues se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, así como tampoco ha existido vulneración ni amenaza de los derechos fundamentales del recurrente.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra una acción de carácter cautelar para el caso de aquél que, por un acto u omisión arbitrario o ilegal, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en ella se contempla, para lo cual debe concurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará las medidas necesarias para que se restablezca el imperio del derecho y asegure la debida protección del afectado. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario —producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías —preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto en estos antecedentes. El acto recurrido en los presentes autos, según el decir de la recurrente, es por ser ilegal y arbitrario.

QUINTO: Que, previamente y para resolver sobre la extemporaneidad del arbitrio interpuesto en autos, alegada por la recurrida, es necesario tener presente que, el procedimiento correspondiente está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, y, consta en autos que el 26 de julio de 2021, el recurrente reclamó ante dicha Superintendencia del rechazo de las licencias médicas por parte de COMPIN, lo que fue resuelto por la SUSESO por Resolución Exenta Nº R-01-ume-127381-2021, de fecha 27 de septiembre de 2021 que confirma lo resuelto por la COMPIN, y, el recurso de protección fue interpuesto el 25 de octubre de 2021, por lo que el recurso fue deducido oportunamente, esto es, dentro de los 30 días contados desde la primera resolución que resuelve la reconsideración deducida ante esa Superintendencia, debiendo desestimarse dicha alegación.

SEXTO: Que, también se desestimará la alegación formulada en el sentido que el recurso incoado no sería procedente por corresponder a un derecho de seguridad social, pues, contrariamente a lo sostenido, lo cierto es que basta la lectura del recurso para constatar que se funda en las garantías contempladas en los numerales primero, vigésimo segundo y vigésimo cuarto del artículo 19 de la Constitución Política de la República y no en aquella que arguye la recurrida.

SÉPTIMO: Que, zanjado lo anterior, y en cuanto al fondo, previamente es necesario tener presente la normativa aplicable al caso de marras.

Así, el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

OCTAVO: Que, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, la COMPIN debe resolver, como en el caso del recurrente, acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

NOVENO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, se señalan las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

DÉCIMO: Que, de esta forma, es dable colegir que con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1 de la Ley N° 16.395, que fija el Texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a la Superintendencia la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2, 3 y 27 la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la COMPIN.

UNDÉCIMO: Que, cobra especial relevancia en el caso de autos, que lo decidido guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo 1 del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en cuanto “entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "COMPIN", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "SEREMI", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

DUODÉCIMO: Que, en efecto, lo decidido por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta Nº R-01-ume-127381-2021, de fecha 27 de septiembre de 2021, guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo 1 del Decreto Nº 3, señalado en el motivo precedente, puesto que el argumento para el rechazo de las licencias del recurrente se fundamenta en: “Que el reposo prescrito por las licencias médicas Nºs 52995174-4 y 55822765-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado”.

DÉCIMO TERCERO: Que, como se advierte, el fundamento del rechazo de las licencias del actor fue por padecer lesiones de carácter crónico e irreversible, por tanto, no se justifica el reposo que le correspondería por licencias, puesto que su dolencia es irrecuperable, debiendo recurrir a otras alternativas que el sistema le otorga en su caso, como por ejemplo la solicitud de invalidez total o parcial ante la misma COMPIN.

DECIMO CUARTO: Que, de todo lo reseñado en los considerandos precedentes, dable es concluir que la actividad realizada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias del recurrente por la COMPIN, la SUSESO confirmó dicha decisión, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las atribuciones de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

DÉCIMO QUINTO: Que, descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, Comuníquese y Archívese en su oportunidad.

Redacción por la ministro María Paula Merino Verdugo.

N°Protección-40177-2021.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por la ministra señora María Paula Merino Verdugo y el ministro (S) señor Pedro Advis Moncada.