nombre reservado con nombre reservado

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, la abogado doña Macarena Tello Espinosa, por 15 minutos; y contra el mismo, la abogado doña Daniela Camus Astorquiza, por 10 minutos.

Santiago, 14 de noviembre de 2019.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Proveyendo a los folios 109, 111 y 112: A todo, téngase presente.

Al folio 110: A sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña Macarena Tello Espinosa, abogado, en representación de don ​nombre reservado​, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de doña ​nombre reservado​, abogado, domiciliada en domicilio reservado, quien se negó a entregar la información y documentos solicitados sin justificación, amparada en una supuesta confidencialidad, privando al recurrente de acceder a ellos, quien como parte y afectado directo, tiene derecho a acceder y tener la información en el marco de una causa judicial Rol 22.908-2017, del 30º Juzgado Civil sobre reorganización judicial caratulado “Cooperativa para el Desarrollo Financoop”, juicio en el cual la recurrida es Interventora.

Estima que el actuar arbitrario realizado por la recurrida vulnera las garantías de igualdad ante la ley ​(artículo 19 Nº2 de la C.P.R.) ​y el​derecho a la propiedad (artículo 19 Nº24 de la C.P.R.).

Pide se ordene la entrega inmediata de la información que fue solicitada a la recurrida; que toda la información de las reuniones venideras se entregue en forma íntegra y completa directamente a cada acreedor o en su defecto con copia al departamento de cooperativas (DECOOP), de manera, que cualquier acreedor pueda solicitarla directamente a través del portal de transparencia o en su defecto, sea publicada en forma completa e íntegra en el Boletín Concursal; que la recurrida entregue los contratos, informes y/o documentación que ha suscrito la Cooperativa para el Desarrollo Financoop, con las personas que individualiza extensamente en su petitorio; con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que doña nombre reservado fue designada Interventora con fecha 15 de mayo de 2018 en el juicio sobre reorganización judicial interpuesto por Cooperativa para el desarrollo Financoop, Rol 22.908-2017, seguida ante el 30º Juzgado Civil de Santiago y su cargo como Interventora dura un año según el Acuerdo de Reorganización Judicial hasta el día 20 de junio de 2019.

Señala que el recurrente es afectado y detenta legitimación activa en calidad de socio ahorrante de Cooperativa para el Desarrollo Financoop, así como podría ser legitimado todo socio, acreedor y ahorrante de la Cooperativa Financoop que requiera la información que se ha denegado.

Expone que se enviaron en total tres correos electrónicos entre el 7 y el 9 de mayo de 2019 a las siguientes direcciones: correo reservado, correo reservado; y correo reservado; correos institucionales pertenecientes a la oficina de la recurrida Señala que en el correo de 9 de mayo de 2019, se le solicitó a la recurrida el envío de la información que complementa el Acta de Reunión de la Comisión de Acreedores de la Cooperativa Financoop de 24 de abril de 2019, que figura publicado en el Boletín Concursal el 6 de mayo de 2019, cuyos documentos son los siguientes: 1. Cuadro que contiene el detalle del flujo de caja al 12 de abril de 2018; 2. Cuadro que detalla los contratos celebrados por la empresa deudora, fecha de los mismos, servicio prestado y monto del mismo; 3. Cuadro que resume el estado de los juicios de cobranza al 23 de abril de 2019.

Expone que el 9 de mayo de 2019 la abogada de la interventora responde el correo electrónico señalando que la décima comisión de acreedores celebrada el 28 de marzo de 2019, adoptó un acuerdo en orden a que la interventora publique en el boletín concursal las actas de la comisión de acreedores, sin los informes entregados en dicha Junta, por confidencialidad.

Señala que el acta citada por la recurrida no dice que sea confidencial, ya que en la página 9 del Acta N°10 de la comisión de acreedores se acuerda solicitar a la interventora la publicación de las actas de la comisión de acreedores (sin los informes) conjuntamente con un informe elaborado por la comisión de acreedores, sin perjuicio del envío de este mismo informe a través de los correos electrónicos que han sido registrados, por las gestiones efectuadas por los miembros de la comisión.

Señala que el punto 4.2 de la página 9 del acta no señala tal confidencialidad y a continuación se indica que lo único que enviarán a los acreedores es un informe de las gestiones realizadas por la comisión de acreedores.

Agrega que el 10 de mayo de 2019 la recurrente respondió por correo electrónico reiterando su petición, haciendo presente que la comisión de acreedores no señala en ninguna parte que la razón de la no entrega de la información y/o documentos es la confidencialidad, la que estima improcedente por cuanto es información que emana de la deudora, no de la comisión, está siendo solicitada por la abogada de un acreedor en el marco de un juicio rol 22.908-17, la comisión es de acreedores y no existe ley que admita confidencialidad.

Hace presente que 4 de los 5 miembros de la comisión de acreedores que tienen acreencias suman en total la cantidad de $317.433.936, cifra muy por debajo de lo que tiene en acreencias el recurrente que asciende a la suma de $677.819.478, razón que da cuenta del perjuicio patrimonial y la importancia de contar con la información denegada por parte de un acreedor afectado.

Cita los juicios que se encuentran pendientes de tramitación y por ello solicitó como información, la siguiente: 1. Cuadro que contiene indicadores de gestión (punto 1.2 página 4 del Acta número 10); 2. Presupuesto marzo de 2019; 3. Cuadro que contiene los saldos de caja al 22 de marzo de 2019; 4. Listado detallado de los contratos vigentes, el proveedor, fecha de contrato, fecha de término del mismo, servicio prestado y monto pagado. Además, en virtud de los antecedentes señalados solicitó copia simple de los siguientes contratos suscritos por la Cooperativa para el Desarrollo Financoop con diversos proveedores: 1. Todos los contratos entre Cooperativa para el Desarrollo Financoop con empresa IMAGINACCIÓN de nombre reservado; 2. Contratos año 2018 y/o 2019 con Estudio Jurídico RCZ de nombre reservado y nombre reservado representantes de RCZ. Si es más de uno, entregar copia de todos ellos; 3. Solicito la entrega inmediata del Contrato de Prenda eficaz que garantiza pago de los deudores de la Cooperativa Financoop a los socios, ahorrantes y acreedores; 4. Contratos celebrados entre Cooperativa para el Desarrollo Financoop y Zona Sur; 5. Contratos celebrados entre Cooperativa para el Desarrollo Financoop y Empresas de Publicidad entre Cooperativa Financoop y empresas de Marketing y Publicidad; 6. Todos los contratos entre Cooperativa para el Desarrollo Financoop y empresa ACT; 7. Todos los contratos entre Cooperativa para el Desarrollo Financoop y empresa GED S.A.; 8. Contrato entre Cooperativa para el Desarrollo Financoop y RPA Consultores; 9. Contrato entre Gepsa y Tribeca con Cooperativa para el Desarrollo Financoop; 10. Solicitamos el Informe escrito que entregó doña nombre reservado, Gerente General de Financoop a la Interventora y comisión de acreedores que contiene: resumen ejecutivo, balance de diciembre de 2018 a enero de 2019, estado de resultado enero 2019, ejecuciones presupuestarias a enero 2019, gestión de carteras colocaciones y captaciones semestre a enero 2019, gestión captaciones, gestión de cobranzas enero 2019, gestión cobranza cartera deteriorada, detalle provisiones cartera colocaciones, pago de acreencias del ARJ (acuerdo reorganización judicial) y cuadro de cumplimiento de hitos legales del Acuerdo de Reorganización Judicial. “Se acuerda que dicho informe sea parte integrante del acta”. (Página 9 del Acta 10); 11. Informe de gestión a febrero de 2019 de Cooperativa para el Desarrollo Financoop; 12. Contrato entre Cooperativa para el Desarrollo Financoop y Maximiza Asesoría y Consultores Ltda., sobre adquisición y desarrollo del sistema Cronos; 13. Cuadro que contiene el detalle del flujo de caja al 12 de abril de 2019 de Cooperativa para el Desarrollo Financoop; 14. Informe gestión mensual al mes de febrero de 2019 que contiene el balance de enero a febrero de 2019, estado de resultado a febrero de 2019, ejecuciones presupuestarias a febrero 2019, gestión de carteras colocaciones y captaciones semestre a febrero 2019, gestión captaciones, gestión de cobranzas febrero 2019, gestión cobranza cartera deteriorada, detalle provisiones cartera colocaciones, pago de acreencias del Acuerdo de Reorganización Judicial: 15. Contrato entre Cooperativa para el Desarrollo Financoop y abogados Fernández, Truan, nombre reservado y Cía. contrato de prestación de servicios jurídicos por 720 UF.

Precisa que la recurrida ha cometido un actuar arbitrario, ya que no tiene prohibición de entregar los documentos e información, puesto que el Acta que cita no señala en ninguna parte que sea confidencial la información y desconoce la razón por la que se niega a los acreedores o al acreedor que lo solicite la información a la que tienen derecho a conocer en el marco de un juicio vigente, en el que el recurrente es parte.

Refiere que es inútil publicar en el Boletín Concursal el acta de reunión de la comisión de acreedores sin la información que la respalda, ya que impide realizar un análisis serio y razonado del recurrente y su defensa en el marco de una causa legal y además, de una entidad intervenida judicialmente.

Sostiene que la comisión está compuesta por acreedores y abogados de acreedores, por lo que hay acreedores que tienen acceso a esa información y otros acreedores que carecen del derecho a acceder a dicha información, lo cual importa que existan acreedores con privilegio, lo cual es arbitrario y atenta contra la igualdad de todos a conocer en igual forma y tiempo dichos documentos.

Afirma que el aumento de capital voluntario por ley de cooperativas fue rechazado por los socios y que la deudora, buscando acogerse a la ley de insolvencia sin consultarles a los socios, perjudicó a la masa de acreedores, que sólo han recuperado el 16,8% del 100% de sus ahorros a través de una cuestionada votación en la que actualmente hay dos querellas de prevaricación de abogado, RIT 8007-2018 y RIT 11060-2018, ambas tramitadas ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

La recurrida no puede denegar un derecho respecto del cual no consta prohibición alguna, por lo que se vulnera el derecho de igualdad respecto de otros acreedores que sí han obtenido la información solicitada, lo cual los sitúa en una posición de privilegio en el acceso a la información lo que prohíbe expresamente el artículo 19 N°2 de la CPR.

Refiere que los servicios que contrata la cooperativa son pagados con los ahorros de los socios y acreedores, desde las remuneraciones de los trabajadores hasta la asesoría de publicidad, por lo que el actor tiene derecho a conocer los contratos y los proveedores que contrata la deudora, derecho que se vuelve con más fuerza legítimo cuando esta cooperativa ha pagado sus deudas y déficit patrimonial con los ahorros de los socios y ahorrantes, entre ellos el recurrente.

En relación con el derecho de propiedad, indica que le asiste respecto de la información a la que tiene derecho a conocer y tener en su poder, la cual le ha sido denegada en forma arbitraria, sin fundamento, ni razón y amparada en una supuesta confidencialidad que no consta en el acta de la sesión que invoca la recurrida. Expone que tiene derecho a la propiedad a conocer y tener en su poder la información, ya que los socios son actualmente dueños de la cooperativa en virtud de la capitalización forzada, - sin perjuicio de lo que en su oportunidad resuelva la Excma. Corte Suprema en Recurso de Casación en el Fondo actualmente en tramitación.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Acta sesión N°10 de la Comisión de Acreedores de Cooperativa Financoop, acta que cita la recurrida para negar la entrega de la información; 2. Correos electrónicos entre el 7 y 9 de mayo de 2019 para acreditar lo señalado en lo principal de esta presentación; 3. Correo electrónico enviado por otro socio de la Cooperativa a la recurrida solicitando información; 4. Correo electrónico de respuesta a la recurrida a otro socio y su abogado, para acreditar que sí le envió la información que al recurrente le negó, configurando a juicio la arbitrariedad denunciada; 5. Capturas de pantalla del sitio linkedin.com para acreditar que la recurrida pertenece a la misa oficina de abogados, quien son las que responden los correos a nombre de la recurrida; 6. Capturas de pantalla Boletín Concursal de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de 13 de noviembre de 2019. 7. Captura de pantalla del sitio web del poder judicial, que acredita que la interventora es arbitraria y abusiva n el ejercicio del cargo, al enviar la cuenta final de su gestión antes que a los socios, a los personeros de la Cooperativa.

Tercero: Que, durante la tramitación de la presente acción, se hicieron parte como terceros interesados nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Mimí nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Carmengloria nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Luliana nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; y nombre reservado;

Cuarto: Que, evacua el informe requerido doña nombre reservado, abogado, quien solicita el rechazo del recurso intentado, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que la “Cooperativa para el Desarrollo Financoop” se encuentra sometida a un Acuerdo de Reorganización según lo dispuesto por la Ley N°20.720 y el 15 de mayo de 2018, en causa Rol C-22908-2017 del 30 Juzgado Civil de Santiago, se celebró la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Reorganización Judicial, acordándose por las mayorías exigidas por la ley, el acuerdo de Reorganización y las modificaciones propuestas.

En el Capítulo V del Acuerdo de Reorganización aprobado, se regula la figura del interventor, cuyo objeto es supervigilar a la Cooperativa durante la vigencia del Acuerdo de Reorganización, en los términos, condiciones y con las facultades que en dicho instrumento se establecen, siendo nombrada la recurrida como interventora titular por el plazo de un año y se designó también una Comisión de Acreedores compuesta por 5 miembros titulares.

Precisa que el 20 de junio de 2018 se aprobó el acuerdo de Reorganización, comenzando a regir, con esta misma fecha.

En relación con las facultades del interventor cita el artículo 69 de la Ley 20.720 e indica que el Acuerdo de Reorganización aprobado de Financoop, señaló específicamente las atribuciones y deberes del interventor y en el Capítulo V se establece lo siguiente: “Para los efectos de lo dispuesto en el art. 69 de la Ley N°20.720, durante la vigencia del Acuerdo de Reorganización, la Cooperativa quedará sometida a la supervigilancia de un interventor, quien asumirá en la fecha de entrada de vigencia y por el plazo de 1 año desde esa fecha.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable, el interventor tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

"1. Tener acceso a las oficinas de Financoop para solicitar información contable, financiera y comercial de ésta a fin de verificar o controlar el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Reorganización.

2. Revisar el presupuesto de operaciones y aprobar cualquier variación superior al 10% en la ejecución de dicho presupuesto, previa consulta a la Comisión de Acreedores. Esta obligación regirá durante el primer año de la vigencia del Acuerdo.

3. Constatar la debida contabilización de los activos y pasivos y acceder a la auditoría de los estados financieros realizada a los Auditores Externos.

4. Visar la realización de cualquier proyecto de inversión superior al 10% del patrimonio o de expansión territorial o de oficinas.

5. Efectuar la citación para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Acreedores y asistir con derecho a voz a las mismas.

6. Ejecutar las tareas específicas relacionadas con el control de las actividades de la Cooperativa intervenida, que le encomiende la Comisión de Acreedores.

7. Otorgar las autorizaciones previas, cuando ello sea requerido por el Acuerdo de Reorganización o por la normativa aplicable.

8. Cumplir y ejecutar todas las demás funciones y facultades que se establecen expresamente en el Acuerdo de Reorganización.

9. Presentar una cuenta final dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde el cese de su cargo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 20.720.

10. Los honorarios del Interventor serán fijados de común acuerdo entre él, la Proponente y la Comisión de Acreedores. Los honorarios deberán ajustarse a la remuneración de mercado, de acuerdo a la complejidad y responsabilidad del cargo y a la capacidad de pago de la Cooperativa." Refiere que, tanto de la Ley N°20.720 como del Acuerdo de Reorganización concursal, establecen que en un proceso de Reorganización Judicial y específicamente, en el caso de la Cooperativa Financoop, los órganos de administración de la deudora no han perdido sus facultades de administración y la Cooperativa continúa teniendo cada una de las obligaciones y deberes de información que tenía antes de someterse a la Reorganización Judicial.

Por su parte, la interventora designada, sólo tiene las atribuciones y deberes que el Acuerdo aprobado de Financoop establece y en este caso particular, no se contempla la autorización y menos la obligación de entregar la información solicitada por la recurrente.

Sobre las facultades de la comisión de acreedores según la ley y el acuerdo de reorganización cita el inciso final del artículo 69 de la Ley N°20.720 y agrega que el Acuerdo de Reorganización aprobado de Financoop, señala en su Capítulo IX que existirá una comisión de acreedores con el objetivo de supervigilar el cumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el que estará constituida por 5 miembros titulares, sesionará al menos, una vez al mes, serán remunerados y adoptarán sus acuerdos mediante al menos 4/5 de sus miembros. Además, se señala en la letra f) lo siguiente: “La Comisión de Acreedores tendrá las siguientes facultades:

1. Supervigilar el cumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, quedando especialmente facultado parta perfeccionarlo en conjunto con la Cooperativa.

2. Fijar los honorarios del Interventor, previo acuerdo con la Cooperativa. Los honorarios de éste deberán ajustarse a la remuneración de mercado, de acuerdo a la complejidad y responsabilidad del cargo y a la capacidad de pago de la Cooperativa.

3. Solicitar la remoción del Interventor y el nombramiento de uno nuevo.

4. Proveer las autorizaciones establecidas en el presente Acuerdo de Reorganización.

5. Autorizar la renovación, ampliación o alzamiento de la prenda otorgada como garantía del Acuerdo.

6. En el marco del artículo 83 inciso segundo de la Ley 20.720, la Comisión estará facultada para modificar el presente Acuerdo de Reorganización, únicamente para efectos de postergar, por un trimestre y por una sola vez por cada cuota, con un máximo de dos ocasiones en total, el pago del capital del Nuevo Crédito del cronograma establecido en el numeral 2.2 numeral ii del acápite VI. Esta decisión será vinculante para Financoop y para cualquiera de sus órganos.

Toda otra modificación del Acuerdo de Reorganización deberá ser acordada por Junta de Acreedores de Financoop.

7. Solicitar a la Cooperativa, por medio del Interventor, la información que sea necesaria para velar por el cumplimiento del Acuerdo de Reorganización.

8. Tomar conocimiento de los antecedentes que le proporcione el Interventor o el Gerente General de la Cooperativa.

9. Tomar conocimiento de cumplimiento y de los incumplimientos de la Cooperativa, respecto de las obligaciones de hacer y de no hacer establecidas en el Acápite XIII de la presente Propuesta, y convocar a la Junta de Acreedores para que se pronuncie a su respecto.

10. Citar a la Junta de Acreedores en todos los casos que lo estime necesario o conveniente.

11. Informar al resto de los acreedores todo antecedente relevante en relación a la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo de Reorganización”.

Hace presente que cada uno de los miembros de la comisión de acreedores fue designado y sus facultades otorgadas, por los mismos acreedores de Financoop, los que tuvieron derecho a voto en la Junta de Acreedores que se pronunció sobre el Acuerdo de Reorganización Judicial legalmente aprobado.

Afirma que, para obtener la información solicitada por los miembros de la comisión de acreedores, la Cooperativa, requirió en forma previa a la entrega de antecedentes a la interventora, que tanto la informante como sus asesores firmen un contrato de confidencialidad.

Por último, hace presente que la Décima reunión de la Comisión de Acreedores de Financoop, celebrada con fecha 28 de marzo de 2019, adoptó como acuerdo solicitar a la recurrida la publicación de las actas de la comisión de acreedores (sin los informes) conjuntamente con un informe elaborado por la comisión de acreedores, sin perjuicio del envío de este mismo informe a través de los correos electrónicos que han sido registrados, por las gestiones efectuadas por los miembros de la comisión, publicaciones realizadas inmediatamente de adoptado el acuerdo, y el 2 de abril de 2019 publicó en el Boletín concursal un informe entregado por la Comisión de Acreedores y además las actas de las Comisiones Primera a la Décima. Añade que el 29 de mayo de 2019, en cumplimiento de lo acordado por la Comisión, se publicó el acta de la Undécima Junta de la Comisión de Acreedores.

Hace presente que, en el mismo acuerdo de Reorganización aprobado por los acreedores, se establece que el Interventor, puede participar de estas Comisiones de Acreedores, sólo con derecho a voz.

En relación con la confidencialidad de la información solicitada por el presente recurso, señala que el 17 de julio de 2018, don nombre reservado, en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop y la recurrida y sus asesores, en su calidad de interventor titular de la Cooperativa, en el marco del acuerdo de Reorganización Judicial, suscribieron un acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información, en el que la interventora y su equipo, se obligaron a que la información que en dicho acuerdo se señala, no pudiera ser divulgada y fuera confidencial, lo que fue solicitado por la Cooperativa antes de poder acceder a la información que era necesaria para dar cumplimiento a su deber de supervigilancia de la Cooperativa. En la cláusula Tercera de dicho acuerdo se señala expresamente lo siguiente: “Información confidencial: Las partes establecen que, para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por ‘Información Confidencial’, toda aquella información cualquiera sea su naturaleza, soporte o formato, que se entregue de forma visual, oral, escrita, electrónica o legible por medio máquina; y todas las copias de la misma, incluyendo fotocopias, facsímil, escaneo, fotografías, grabaciones, otros medio digitales o en general cualquier otro tipo de reproducción, de la que tengan conocimiento doña nombre reservado en su calidad de interventora titular de Financoop, y sus asesores señores nombre reservado y Daniela Camus Astorquiza con ocasión de la supervigilancia de la Cooperativa durante la vigencia del Acuerdo de Reorganización, con especial consideración:

a) Cualquier información, de carácter técnico, operacional, comercial, contable, corporativa, estratégica, bancaria, jurídica o de otra naturaleza; así como también, datos de carácter personal o sensible de, y/o relacionada de manera directa y/o indirectamente, con Financoop, sus estamentos, ahorrantes, socios, acreedores, clientes, terceros deudores, empleados, representantes, consejeros, consultores, entidades financieras y asesores en general;

b) Cualquier información relacionada de manera directa y/o indirecta con el presente Acuerdo y/o el Acuerdo de Reorganización mismo, en especial, a aquella que dice relación directa y/o indirectamente con las sesiones de la Comisión de Acreedores las materias a tratar, las actas que se levanten, los acuerdos adoptados y comunicaciones en general.

c) Información y registros que formen parte de las bases de datos de propiedad de Financoop.

d) Cualquier información que no se encuentre disponible para el público en general o a la cual no pueda acceder y usar libremente el público en general, sin la voluntad de Financoop o sin violación de este Acuerdo, algún otro acuerdo o normal legal”.

Sostiene que desconoce las razones que tuvo el gerente general de la Cooperativa para exigir la suscripción de dicho acuerdo, pero hace presente que las leyes, reglamentos y estatutos que regulan a la Cooperativa, establecen diversas normas que tratan el carácter de reserva de las operaciones y antecedentes que existan en una Cooperativa y a modo ejemplar, cita algunas de las disposiciones o normas aplicables que regulan la reserva que debe tenerse respecto a cierta información que existe en Financoop: “I. ESTATUTO - Artículo Décimo: Los socios tendrán las siguientes obligaciones: Siete) Guardar reserva sobre aquellos antecedentes de la cooperativa cuya divulgación pueda perjudicar los intereses de la institución.

Artículo Cuadragésimo Quinto: No podrán ser miembros del Consejo de Administración ni de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa: uno. Los trabajadores de la cooperativa; dos. Los cooperados que hayan sido funcionarios o trabajadores de la cooperativa y que hayan terminado su relación laboral con ésta por falta de probidad, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato o alguna causal de despido fundada en hechos que hayan provocado perjuicio a la cooperativa; tres. Quienes se desempeñen como consejeros o miembros de algún órgano directivo en otra cooperativa de ahorro y crédito. No obstante, lo anterior, no será impedimento para ocupar cualquier cargo directivo o fiscalizador interno de la cooperativa, ser dependiente o estar relacionado de cualquier forma con bancos o instituciones financieras no cooperativas o de sus empresas relacionadas, subsidiarias o filiales. Los dirigentes y miembros de comités de la cooperativa están obligados a guardar reserva respecto de las operaciones de la cooperativa, de los socios y de toda información a que tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido oficialmente divulgada por la institución. El incumplimiento probado a este deber será causal de cesación en el cargo que desempeña la persona respectiva. El Consejo de Administración será el órgano encargado de aplicar la sanción correspondiente, con excepción de los miembros de la Junta de Vigilancia, caso en el cual, será éste mismo órgano el encargado de pronunciarse. Los consejeros que tuvieren un interés personal en una materia tratada por el Consejo, Artículo Quincuagésimo Primero: Las sesiones del Comité de Crédito serán reservadas, no pudiendo sus integrantes revelar, bajo ninguna circunstancia, los elementos de juicio tenidos presente para aprobar o rechazar una solicitud.

Artículo Quincuagésimo Cuarto: Ni el Gerente ni los trabajadores de la Cooperativa podrán dedicarse a ningún trabajo o negocio similar o que tenga relación con su giro. Estarán a su vez obligados a guardar silencio y reserva sobre las operaciones y demás asuntos de la Cooperativa”.

Cita el artículo 112 de la Ley General de Cooperativas; artículos 17, 71, 74 y 154 del Reglamento de la Ley General de Cooperativas Alega la inexistencia de actos arbitrarios e improcedencia de la entrega de la información solicitada por la recurrente, ya que se dio respuesta oportuna a la recurrente destacando que lo pedido es totalmente improcedente, ya que no es la interventora la obligada a entregar la información que ella solicita, sino la empresa deudora es quien debe, en caso de permitirlo la ley, entregar a los interesados, dicha la información.

Reitera que, el nombramiento del interventor en la reorganización judicial de la Cooperativa Financoop, tuvo por objeto verificar o controlar el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Reorganización aprobado judicialmente y los órganos de administración de la deudora, no han perdido sus facultades de administración, por lo que la Cooperativa sigue teniendo cada una de las obligaciones que la ley establece. La interventora no es la representante legal de la Cooperativa y solo tiene las facultades que señala el Acuerdo aprobado, dentro de las que no está la facultad de entregar información de la Cooperativa a sus acreedores. La información a la que ha tenido acceso sólo ha sido entregada por la Cooperativa, previa firma de un acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información.

Explica que si bien entiende la importancia de obtener la información que solicita, se ve imposibilitada a ello por los argumentos antes señalados.

Destaca que no ha cometido ningún acto arbitrario al no entregar la información de una Cooperativa que no administra, muy por el contrario, cometería una arbitrariedad, en publicar información de la Cooperativa Financoop, toda vez que firmó un acuerdo de confidencialidad para poder acceder a la información existente en la empresa deudora. Además, no tiene el deber de informar a la recurrente lo solicitado, ya que no está dentro de sus obligaciones establecidas en el Acuerdo de Reorganización, por lo que no existe violación de ninguna garantía constitucional como se señala en el recurso que se informa.

Quinto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Acuerdo de Reorganización de la empresa "Cooperativa para el Desarrollo Financoop", el acta de la audiencia que lo aprueba, y la resolución de fecha 20 de junio de 2018, dictada por el 30° Juzgado Civil de Santiago, que tuvo por aprobado el acuerdo; 2. Acta de la Junta de Acreedores que acuerda el Acuerdo de Reorganización Judicial de Financoop; 3. Acta de la décima Comisión de Acreedores de Financoop; 4. Acuerdo de Confidencialidad entre “Cooperativa para el desarrollo y Crédito Financoop" y "nombre reservado”.

Sexto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Séptimo: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Octavo: Que, para una acertada resolución de la presente acción cautelar, conviene dejar asentado que la recurrida ha sido designada como interventora de la Cooperativa para el Desarrollo Financoop, conforme se desprende en los autos rol 22.908-2017, del 30º Juzgado Civil sobre reorganización judicial.

Noveno: Que, el interventor judicial es la persona designada por el Juez, con el objeto de que controle la administración de los bienes materia del juicio, y que aún se hallan en poder del demandado (Casarino Viterbo, Mario, Manual de Derecho Procesal (Derecho Procesal Civil), Tomo III, 6° ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, p. 192)

Desde el punto de vista de la tutela precautoria, la intervención judicial es una medida cautelar por medio de la cual el juez, previa instancia del interesado, designa uno o más personas que deben vigilar determinados bienes de deudor, debiendo, además, informar al tribunal y al solicitante de la medida de toda malversación o abuso que note en la administración de los mismos. En ningún caso estamos en presencia de un administrador judicial. El interventor es simplemente una especia de veedor que carece de facultades de dirección o de gobierno respecto del manejo de los bienes intervenidos. Sus facultades se circunscriben a examinar libros y papeles y a dar cuenta de todo hecho que pudiere repercutir en la situación económica del bien intervenido (Marín González, nombre reservado, Las medidas cautelares en el proceso civil chileno. Doctrina, jurisprudencia y derecho comparado, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p. 338).

En consecuencia, es evidente que la figura de la interventora recurrida no reviste la calidad de administradora y por ello, no tiene el manejo ni disposición de los bienes que actualmente administra el propio directorio de la Cooperativa para el Desarrollo Financoop.

Décimo: Que, atendidas las acotadas facultades de la recurrida conviene preguntarse si se le puede atribuir a la interventora una conducta arbitraria o ilegal, al negarse a entregar la documentación que no maneja y de la cual, sólo revisa de manera externa.

En respuesta a esta pregunta resulta esclarecedor recurrir a los incisos 1° y 2° del artículo 112 de la Ley General de Cooperativa, D.F.L. 5, de 2004, del Ministerio de Economía, que dispone: “Los funcionarios del Departamento de Cooperativas estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las cooperativas, siempre que tales documentos no tengan el carácter de públicos ni se trate de requerimientos de algún Poder del Estado.

Lo anterior no obstará a que el Jefe del Departamento de Cooperativas pueda difundir o hacer difundir por las personas y medios que determine, la información o documentos relativos a las cooperativas con el fin de velar por la fe pública o por el interés de los socios, pudiendo asimismo proporcionar antecedentes generales o particulares que permitan la confección de informes estadísticos, estudios e investigaciones sobre las cooperativas, siempre que no se trate de antecedentes comerciales o de otra índole, que por su naturaleza tengan el carácter de reservados”.

La norma antes señalada impone un verdadero deber de reserva a los funcionarios de la Cooperativa, respecto de los contratos y documentación que, precisamente, se pretende por la vía del presente recurso, a menos que dicha solicitud se formule por medio de alguna autoridad del Estado.

Por su parte, ha quedado acreditado que la recurrida ha suscrito un convenio de confidencialidad, en virtud del cual, debe guardar estricta reserva de la documentación revisada en el desempeño de sus funciones, motivo por el que se encuentra imposibilitada, ab initio y de manera contractual, de poder contar con dicha información y entregarla en la forma solicitada. Asimismo, hay que resaltar que las facultades de la interventora recurrida se limitan a una revisión externa y no al ejercicio de una coadministración, motivo por el cual, tampoco puede tener acceso y manipular la documentación de propiedad de la Cooperativa, la que valga destacar, actualmente, sigue siendo administrada por el personal respectivo.

Como se indicó, las labores de la interventora se circunscriben a la revisión del actuar de la Administración, facultades que no significan que participe de dichas labores, ni menos que las mismas sean desarrolladas en las dependencias de la Cooperativa, motivo por el cual, entendiendo que la obligación de reserva constituye una verdadera ley del contrato y que el ordenamiento jurídico impide la divulgación de los contratos y documentos de la Cooperativa, sin perjuicio, de la solicitud que pueda requerir la Autoridad Estatal, es que el actuar de la recurrida no puede ser calificado ni de arbitrario, ni menos de ilegal.

Undécimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, la petición que contiene la pretensión cautelar pudo o puede formularse incidentalmente en el procedimiento de reorganización de la Cooperativa, procedimiento concentrado que permitirá formular las alegaciones correspondientes y formular pruebas para los efectos de establecer la procedencia o no de lo pretendido.

Duodécimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, el ordenamiento jurídico procesal permite, por la vía de una medida prejudicial preparatoria, la exhibición de documentos al tenor de los numerales 3° y 4° del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de preparar una eventual demanda por parte del recurrente y de los terceros interesados que se han hecho parte en estos autos, instrumento jurídico procesal idóneo que permite dirigirse en contra del legitimado pasivo que corresponde, a fin de que exhiba la documentación pretendida. En estos autos, se ha accionado contra quien no detenta la administración de la Cooperativa, quien menos reviste la calidad de custodio de la documentación pretendida, debiendo dirigirse en contra de la administración que es la legitimada pasiva de la pretensión ejercida.

Por las razones previamente señaladas, al no estar en presencia de un acto arbitrario o ilegal, no puede haberse conculcado ninguna de las garantías constitucionales denunciadas, lo que importa el rechazo de la acción intentada.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Macarena Tello Espinosa, en representación de don ​nombre reservado​, y respecto de todos los terceros interesados, en contra de doña ​nombre reservado.

Se previene que el Ministro señor Zepeda fue del parecer de rechazar el presente arbitrio teniendo únicamente presente que la solicitud formulada debió haberse ejercido en la sede civil correspondiente, a fin de formularse las peticiones correspondientes, dándose la posibilidad de rendir prueba para justificar la pertinencia de la medida solicitada, específicamente, considerando que se encuentra pendiente la rendición de cuenta de la interventora recurrida, quien debe sustentar sus conclusiones, sobre la base de la documentación revisada.

N°Protección-40.176-2019.