Protección contra Prefectura de Seguridad Privada O

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de julio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece don Cristián Parada Bustamante, abogado, quien interpone recurso de protección en representación de nombre reservado, oficial de Ejército (R) y jefe de seguridad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, en contra de la Prefectura de Seguridad Privada O.S.10 de Carabineros de Chile, representada por don nombre reservado, por -según expone- las acciones ilegales y arbitrarias consistentes en la revocación de la autorización para desempeñarse como jefe de seguridad, lo que conculca sus derechos fundamentales contemplados en los números 2, 3, inciso cuarto, y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide se declare que el procedimiento administrativo llevado adelante por Carabineros de Chile a través de la Prefectura de Seguridad Privada O.S.10 mediante el cual se revocó su autorización para ser jefe de seguridad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, es arbitrario e ilegal y se ordene a la autoridad administrativa dejar sin efecto las resoluciones 1522, 2307 y exenta 191, todas del año 2021.

Expone que el 1 de septiembre de 2020, asumió como jefe de Seguridad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, solicitando autorización al O.S.10 de Carabineros de Chile para desempeñarse en dicha calidad, la que le fue otorgada el 11 de diciembre de 2020.

Sin embargo, por Resolución N° 1522 de 23 de abril de 2021, la autoridad fiscalizadora, en forma ilegal y arbitraria, determinó que el Sr. nombre reservado carecía de idoneidad cívica para desempeñarse en dicha calidad, basándose en la existencia de la causa RIT 5751-2018 del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual fue formalizado por manejo en estado de ebriedad causando lesiones menos graves.

Alega que en dicha causa se suspendió condicionalmente el procedimiento el 11 de agosto de 2020, imponiéndosele las condiciones de pagar $ 9.000.000 a la querellante, ser evaluado por el Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD), a fin de que se determinase si requería terapia, y la suspensión de su licencia de conducir por el término de 36 meses. Explica que la primera, fue cumplida, respecto de la segunda, luego de ser evaluado por la dupla psicosocial respectiva, se estimó que no era necesario que fuese sometido a tratamiento, ya que no presentaba consumo problemático de alcohol, y respecto de la tercera, el tribunal la tuvo por cumplida en agosto de 2021.

Agrega que la autoridad fiscalizadora, sin fundamento fáctico alguno, indicó que se habían incumplido las condiciones de la suspensión del procedimiento.

Afirma que la recurrida cometió un error y que conociendo de los antecedentes, incurre en una mentira, definida por el Diccionario de la Real Academia Española como “expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa”.

Explica que, al ser notificado de dicha resolución, tanto el recurrente como su empleador presentaron recurso de reposición y jerárquico, los que fueron rechazados y que se yerra al estimar que ambos recursos tenían los mismos fundamentos, lo que no es así, toda vez que la Empresa de Ferrocarriles del Estado se basó en la doctrina de los actos propios y el derecho adquirido del recurrente respecto de su posición como jefe de seguridad de dicha entidad. Por otro lado, el recurrente hizo hincapié en el principio de reserva y legalidad, pues tanto la ley de seguridad privada como sus reglamentos señalan cuáles son las causales por las que se puede caer en falta de idoneidad cívica, las que son de derecho estricto y no interpretables analógicamente.

Adiciona que la resolución recurrida no es fundada, no se refiere a las alegaciones expuestas e invade atribuciones que son propias de los tribunales de justicia, al pronunciarse acerca de una supuesta responsabilidad por hechos que terminaron en una suspensión condicional, lo que no implica una declaración de culpabilidad.

Añade que la Resolución Nº 1522 fue mantenida por la Resolución Nº 2307 y la Resolución exenta Nº 191 de 24 de septiembre de 2021, con la cual finaliza el procedimiento administrativo.

Como fundamentos de derecho, en primer lugar, alega que las Resoluciones Nº 1522, N° 2703 y exenta N° 191 fueron dictadas en abierta contravención a los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República y a disposiciones expresas de la Ley Nº 19.880.

Explica que la autoridad se ha apartado del principio de legalidad, ya que ha excedido sus facultades por lo que el acto es nulo, toda vez que de conformidad al artículo 5º Nº 6 del Decreto Supremo 867 de 2017 y Manual Operativo en Materias de Seguridad Privada, para estimar si se tiene idoneidad cívica se refieren a no estar formalizado ni condenado por los siguientes delitos:

1. Ley de Control de Armas;

2. Ley que sanciona el tráfico de drogas y estupefacientes;

3. Ley que sanciona conductas terroristas;

4. Ley sobre Seguridad del Estado;

5. Ley de Lavado de Activos;

6. Ley que sanciona la violencia intrafamiliar;

7. Aquellos que involucren participación en organizaciones criminales.

Indica que se trata de un “numerus clausus”, esto es, un listado taxativo, no susceptible de ser interpretado por analogía y que, de todas formas, debe ser interpretado, de acuerdo a las normas de hermenéutica constitucional, con respeto irrestricto a las garantías constitucionales, en el caso sub lite, el estatuto de inocencia.

En segundo lugar, arguye que no concurren los supuestos para decretar la revocación, conculcándose la presunción de inocencia, establecida en los artículos 19 Nº 3 de la Carta Fundamental y 4º del Código Procesal Penal, enfatizando que la suspensión condicional del procedimiento no es una declaración de culpabilidad.

Como tercer argumento, sostiene que se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 246 del Código Procesal Penal al ingresar a la página del Poder Judicial a buscar la resolución que suspendió el procedimiento, sin verificar en el mismo sitio la historia de la causa a fin de verificar el cumplimiento que se encontraba también en la aludida página.

Agrega que lo anterior, conculca sus derechos fundamentales de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria.

Además, afirma que Carabineros de Chile actuó como una comisión especial, arrogándose facultades que de conformidad al artículo 76 de la Carta Fundamental corresponden a los tribunales de justicia, ya que en la práctica lo ha declarado culpable en una causa en la que se había decretado una salida alternativa.

Añade que se conculca su libertad de trabajo, toda vez que se le priva de ejercer una labor para la que se encuentra plenamente capacitado y sobre la cual no tiene ningún impedimento legal.

Segundo: Evacuando el informe respectivo, don nombre reservado, Coronel de Carabineros y Prefecto de la Prefectura de Seguridad Privada OS-10 de Carabineros, solicita el rechazo del recurso, por no corresponder la presente vía a una nueva instancia administrativa.

En primer lugar, indica que si bien el recurrente se encontraba autorizado por la Prefectura para ejercer el cargo de jefe de seguridad privada de la Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE), mediante oficio de Contraloría General de La República Nº E88588/221, de 23 de marzo de 2021, se habría tomado conocimiento que el recurrente habría ejercido acoso laboral sobre otros trabajadores y que, además, no cuenta con los cursos que la ley exige para detentar su cargo.

Añade que respecto de la idoneidad cívica material para desempeñar el cargo del recurrente que le fue informado por el Órgano Contralor, que la autoridad fiscalizadora inició un proceso de revisión, en el que se tuvo a la vista un antecedente objetivo, consistente en una causa penal exhibida en el Portal del Poder Judicial, RIT O-5751-2018 del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, en la que el 11 de agosto de 2018 se suspendió condicionalmente el procedimiento por un año, bajo las condiciones de fijar domicilio e informar cualquier cambio al Ministerio Público, ingresar al Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD) para una evaluación y eventual tratamiento para el consumo problemático de drogas, suspensión de la licencia de conducir por 36 meses y pago de $ 9.000.000.- a la víctima, la que no se encuentra firme y ejecutoriada, pese a las reiteradas solicitudes del recurrente.

Indica que el 23 de mayo de 2021 se revocó la resolución de autorización de jefe de seguridad, contra la que tanto el Gerente General de EFE, don nombre reservado, como don nombre reservado, interpusieron sendos recursos de reposición y jerárquico, los que fueron acumulados de conformidad al artículo 33 de la Ley Nº 19.880.

Explica que, si bien se acompañó el certificado de antecedentes del recurrente y declaración jurada notarial del mismo, éstos solo permiten establecer la idoneidad cívica formal de la persona analizada, la que no obsta a que la autoridad fiscalizadora y responsable de la tuición, fiscalización y control, llegue a la convicción contraria en el caso de producirse la pérdida sobreviniente de los requisitos de idoneidad, como ha ocurrido en la especie.

Refiere que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 bis b) del Decreto Ley Nº 3.607 dentro de sus funciones se encuentra la de determinar la idoneidad cívica material, utilizando los instrumentos policiales internos con fines de prevención de delitos, y aquellos sistemas extrainstitucionales, tales como la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial.

Asimismo, indica que el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 1.773 de 1994, que aprueba el reglamento del Decreto Ley N° 3607 antes citado, establece que todas las personas que presten servicios de seguridad privada deberán cumplir siempre con los requisitos mediante documentos idóneos para tales efectos; y que las entidades que tengan bajo su servicio o dependencia a personas naturales que ejerzan funciones de seguridad privada, deberán enviar semestralmente a la autoridad fiscalizadora en materia de seguridad privada, los antecedentes que fueren necesarios, con el objeto de que éste verifique que los funcionarios cumplen con los requisitos establecidos en la ley.

Además, cita el inciso final del artículo 11 del Decreto Supremo Nº 1773 de 1994 del Ministerio del Interior, que faculta a la Prefectura de Carabineros para requerir a los vigilantes privados, cualquier otro antecedente que le permita formarse convicción acerca de la idoneidad cívica, moral y profesional de la persona jurídica que solicita su acreditación.

A mayor abundamiento, refiere que el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1.112 del Ministerio del Interior dispone que para desempeñarse como jefe de seguridad será necesario reunir los requisitos señalados en el artículo 11 del Decreto Nº 1.773 de 1993 del Ministerio del Interior y contar con la autorización de la autoridad fiscalizadora. Estima que esta norma lo autoriza para requerir cualquier otro antecedente que permita formarse convicción sobre la idoneidad, aunque el interesado no lo haya proporcionado.

Alega que no es procedente el recurso de protección, toda vez que se trata de una atribución de calificación que debe ser efectuada por Carabineros al tratarse de actividades inherentes a la seguridad privada, constituyendo una arista del aseguramiento de la debida protección social en cuanto fuerza de orden y seguridad públicos, de conformidad al Decreto Ley Nº 3.607 de 1981.

Refiere que actuó dentro del ámbito de su competencia, que todas las personas naturales o jurídicas deben cumplir con la normativa citada y que aplicó la potestad fiscalizadora de manera racional, no conculcando ninguna garantía constitucional, ya que la ley le impone adoptar todos los resguardos para cautelar los valores y bienes sustanciales protegidos debido a la especial naturaleza de la actividad.

Finaliza indicando que el motivo de la acción dice relación con la disconformidad con la aplicación de la normativa vigente para la hipótesis de revocación de autorización, al estimar el recurrente que existiría un derecho absoluto o adquirido, que puede ser ejercido a perpetuidad, desconociendo que solo es titular de la mera expectativa de ser autorizado, sujeto en todos los casos a la revisión de su triple idoneidad cívica, moral y profesional.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Que los actos que motivan el recurso corresponden a la revocación de la autorización para desempeñarse como jefe de seguridad dispuesta por la Resolución Nº1552 de abril de 2021, luego confirmada por la Resolución Nº2307 de 29 de julio de 2021, que rechazó los recursos de reposición en contra de la mencionada resolución, y finalmente por la Resolución Exenta Nº 191 de 24 de septiembre de 2021, que rechazó los recursos jerárquicos.

Quinto: Que, a fin de fundar su acción, el recurrente reclama la improcedencia de haberse considerado, como fundamento de la revocación, la existencia de la causa RIT 5751-2018 del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual fue formalizado por manejo en estado de ebriedad causando lesiones menos graves, argumentando que en la misma fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.

Sexto: Que, si bien se ha promovido controversia respecto del cumplimiento de las condiciones impuestas, el actor no ha justificado la concurrencia de los presupuestos previstos en el inciso final del artículo 240 del Código Procesal Penal para la extinción de la acción penal, la que debe ser declarada a través de la dictación del respectivo sobreseimiento definitivo por el juez de la causa.

Séptimo: Que, teniendo presente lo anotado en el motivo anterior, forzoso resulta concluir que la presente vía cautelar no es idónea para intentar revisar los efectos de los actos administrativos impugnados, los que se fundan, como causa legal objetiva, en la formalización y posterior salida alternativa decretada en procedimiento penal, por cuanto dichos antecedentes disponibles en fuentes accesibles a la autoridad policial, ya fueron ponderados por la recurrida, dentro de su competencia y en ejercicio de sus facultades legales, en conjunto con aquellos otros comunicados por la Contraloría General de la República y que dan cuenta, además, que el recurrente habría sido denunciado en forma privada por actos de acoso laboral y no cuenta con los cursos que habilitan la autorización que pretende. Este conjunto de informaciones son las que motivaron la revisión que condujo a la revocación fundada en el preciso motivo antes referido, instruyéndose posteriormente a instancia del recurrente, y de su empleadora la Empresa de Ferrocarriles del Estado, el respectivo procedimiento administrativo de impugnación hasta agotar la sede administrativa, oportunidad en el actor ejerció su derecho a defensa, sin que en la instrucción de los mismos se advierta ilegalidad o arbitrariedad alguna, atendido el fundamento determinante de la revocación ya analizado.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, atendido el marco normativo aplicable, constituido por el Decreto Ley N° 3607 de 1981, sobre Vigilancia Privada, y el claro tenor del artículos 15 del Decreto Supremo N° 1773 de 1994, del Ministerio del Interior, aplicables a los jefes de seguridad de conformidad con lo previsto en el decreto exento N° 261 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública -los que facultan a la recurrida para decidir la revocación que se impugna-, fluye que el recurrente no es titular de derechos indubitados, que esgrime como garantías constitucionales conculcadas, sino de meras expectativas vigentes en tanto mantenga las condiciones que habilitan la autorización para ejercer la función regulada que pretende, la que supone, atendida la especial naturaleza de la actividad de seguridad, una especial idoneidad calificada por Carabineros de Chile en ejercicio de sus expresas funciones institucionales.

Noveno: Que, conforme a lo razonado, se concluye que no ha existido un actuar ilícito ni arbitrario por la recurrida conculcatorio de las garantías constitucionales invocadas.

Por las consideraciones expuestas y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Cristián Parada Bustamante, en representación de don nombre reservado, en contra de la Prefectura de Seguridad Privada O.S.10 de Carabineros de Chile, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministra Carolina Brengi Zunino.

N° Protección- 40.127-2021.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Carolina S. Brengi Zunino, el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y la abogada integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.

En Santiago, dieciocho de julio de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.