nombre reservado con DIRECCION GENERAL MOVILIZACIÓN NACIONAL

C.A. de Santiago Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Recurren de protección los abogados Felipe Alonso González Hernández y Montserrat Landeros Herrera, en representación, de nombre reservado, en contra de Dirección General de Movilización Nacional (en adelante DGMN), representada por su Director, General de Brigada nombre reservado, o quien lo reemplace, y de toda otra autoridad administrativa o política que tenga responsabilidad en los hechos que reclama.

Sostienen la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, así como el debido proceso del recurrente, derechos establecidos en el artículo 19 N° 2, Nº 3 inciso 6º y Nº 16 de la Constitución Política de la República, por la acción de la Autoridad Fiscalizadora de Santiago Nº 028, que el 14 de septiembre de 2021, quien ante su solicitud de inscripción de tres armas a su nombre se le comunicó verbalmente que “existía un inconveniente por orden de la DGMN y no podría solicitar ningún trámite”, entre ellos la solicitud de Guía de Libre Tránsito requerida para trasladar tres armas a IDIC a fin de solicitar su certificado de asistencia técnica, sin indicar las razones de dicha decisión. Lo anterior lo expuso a una detención ocurrida posteriormente producto de la entrada y registro de la Policía de investigaciones a su domicilio, en el cual fue fiscalizado y posteriormente detenido.

Explican que desde el año 1998 hasta la fecha, su defendido, nombre reservado, es director del club social de tiro “Rodfor”, y en el que se practica el deporte de tiro al blanco. Dada la práctica deportiva habitual del recurrente (como profesor de tiro al blanco y deportista calificado), éste ha sido diligente a la hora de mantener su documentación de armas, municiones, permisos y acreditaciones vigentes.

Aun existiendo restricciones sanitarias producto de la pandemia, el recurrente intentó conseguir una hora de atención en la autoridad fiscalizadora de Santiago Nº 028 para realizar la inscripción de 3 armas cuya inspección técnica e inscripción se encontraba pendiente. En atención a que dichas armas no estaban inscritas y no contaban con antecedentes, estas deben trasladarse al Banco de Pruebas del IDIC (Instituto de Control y Calidad), a fin de que dicha institución controle las armas y certifique sus características, conforme a lo dispuesto por el artículo 75 del Decreto Nº 83, que aprueba el Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798, sobre control de armas y elementos similares.

Para el traslado del arma a IDIC, es necesario contar con una Guía de Libre Tránsito, documento que entrega la autoridad fiscalizadora de Carabineros de Chile. En tal contexto, el recurrente asistió a dicha institución en tres ocasiones distintas (junio, agosto y septiembre del año 2021) con el objeto de solicitar dicha Guía de Libre Tránsito, sin poder ser atendido, debido a las modificaciones en los regímenes de atención producto de la pandemia.

Se le atendió el 14 de septiembre manera presencial por la autoridad fiscalizadora de Santiago Nº 028, comunicándosele verbalmente que “existía un inconveniente por orden de la DGMN y no podría solicitar ningún trámite”, entre ellos la solicitud de Guía de Libre Tránsito requerida para trasladar tres armas a IDIC a fin de solicitar su certificado de asistencia técnica. Ante esta respuesta, estimó que era un error de la propia autoridad fiscalizadora, dificultad que podría solucionar dentro del plazo para realizar las inscripciones de dichas armas, tal como consta en la Resolución Exenta Nº 818, promulgada el 22 de marzo del año 2021. Dicha resolución amplía el plazo hasta el día 30 de septiembre del año 2021 para efectuar las renovaciones anuales de inscripciones del registro nacional y a otros usuarios de la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas.

Añade que el 20 de septiembre del año en curso, funcionarios de la PDI, requirieron la entrada y registro de su domicilio. Una vez al interior de este, y a petición de los funcionarios, el recurrente exhibió las armas con sus respectivos padrones de inscripción, y se le inquirió acerca de la existencia de armas que no se encontraran inscritas. Ante esto, el recurrente respondió de forma afirmativa, explicando que se disponía a realizar la inscripción de estas dentro del plazo contemplado por la autoridad. Posteriormente, por orden del Ministerio Público lo detuvieron.

Afirma que el día 21 de septiembre, por primera vez toma conocimiento, a través de su abogado defensor, del motivo del inconveniente decretado por la Dirección General de Movilización Nacional, esto es, la existencia de antecedentes penales, inconveniente que nunca le fue informado con anterioridad, así como tampoco la imposibilidad de poder realizar cualquier tipo de solicitud o inscripción.

En cuanto al derecho, sostiene que el acto recurrido es ilegal y arbitrario en cuanto ha vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación, cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa al contenido del derecho. Lo anterior, pues la autoridad fiscalizadora en materia de control de armas, al decretar un inconveniente personal por antecedentes penales, no emitió ninguna resolución fundada y tampoco notificó o comunicó de forma legal y oportuna al recurrente, modificando así una forma de actuar previa y consistente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Nº 83, que aprueba el Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798, sobre control de armas y elementos similares, a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), parte recurrida, le corresponde cumplir con determinadas funciones, siendo una de ellas la siguiente: q) Denegar, suspender, condicionar o limitar las autorizaciones y permisos solicitados u otorgados, según corresponda, por resolución fundada.

El recurrente ya había realizado la inscripción respecto de cuatro armas que en la actualidad siguen inscritas a su nombre, sin observaciones ni inconvenientes.

Explica que se vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Pues “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

La recurrida ha vulnerado también el artículo 78 del Decreto Nº 83, que aprueba el Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798, sobre control de armas y elementos similares, toda vez que el recurrente solo es informado verbalmente de la existencia de un inconveniente a través de un funcionario de la autoridad fiscalizadora.

Argumenta la recurrente que la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 16, reconoce y asegura a todas las personas “La libertad de trabajo y su protección”. La recurrida al decretar un inconveniente personal por antecedentes penales en contra de don nombre reservado, sin ajustarse al procedimiento y formalidades, afectó el derecho a la libertad de trabajo del recurrente, pues tal situación lo imposibilita para tener, poseer, usa e inscribir armas y municiones, objetos necesarios para llevar a cabo su práctica de deportista instructor.

Pide en definitiva el cese del acto arbitrario por el cual se recurre ordenándose a las autoridades pertinentes que autoricen al recurrente nombre reservado a inscribir las armas de fuego permitidas y la facultad de poder realizar cualquier solicitud ante la entidad fiscalizadora.

Segundo: Que informa sobre el recurso el General de Brigada nombre reservado, Director General de Movilización Nacional.

Señala el recurrido que en junio de 2021, la Contraloría General de la República –en adelante CGR- notificó a la DGMN del informe final Nº 899/2019, en el cual se les formulan observaciones respecto del cumplimiento de sus obligaciones. En particular, se señala que existen numerosas personas, usuarias de la Ley de Control de Armas, quienes a la fecha del informe CGR mantenían autorizaciones de pertenencia o posesión de armas en circunstancias que tenían antecedentes penales. Dicha observación fue denominada como "armas en manos de civiles con antecedentes penales y armas en manos de civiles con antecedentes de violencia intrafamiliar".

La observación antes referida dio cuenta de 22.987 personas con antecedentes penales y armas inscritas y, asimismo, de 1.714 personas con armas inscritas y antecedentes por violencia intrafamiliar.

Atendida la observación del ente controlador, y con objeto de tomar las medidas pertinentes, su repartición dispuso, mediante la resolución de 01 de julio de 2021, el bloqueo del sistema de registro de armas, de todos aquellos usuarios cuyas inscripciones fueron observadas por las causas ya referidas. El recurrente fue uno de ellos, pues fue condenado a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por giro doloso de cheque el año 1998, por el 7º Juzgado del Crimen de Santiago y, asimismo, condenado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo como autor de delitos reiterados previstos en el artículo 356 del Código de Justicia Militar (enajenación de material de guerra sin autorización), por la Fiscalía de Aviación de Santiago, también durante 1998.

El objeto de los bloqueos en el sistema no implica sanción alguna a los usuarios. Simplemente obliga a las diferentes autoridades fiscalizadoras a revisar particularmente a las personas bloqueadas si estas solicitan alguna autorización, debiendo concederla o denegarla luego de revisados sus antecedentes. De esta forma, la guía de libre tránsito que solicitó el recurrente no se le denegó por el hecho de estar bloqueado en el sistema, sino que debido a que sus antecedentes penales le impiden cumplir con los requisitos necesarios para inscribir armas de fuego a su nombre y, correlativamente, no pudiendo inscribirlas no es posible autorizarlo a transportarlas. Lo anterior conforme dispone el articulo 5 A de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas.

La circunstancia de hecho de habérsele, en el pasado, otorgado al recurrente por la Autoridad Fiscalizadora autorizaciones de tenencia o posesión de armas de fuego pese a estos antecedentes penales es materia de actual revisión por esta Dirección General.

Lo usual respecto de las armas de fuego no inscritas es que sean aquellas llegadas al país producto de importaciones realizadas por casas comerciales, las cuales solicitan al Banco de Pruebas de Chile los certificados correspondientes con objeto de poder registrar dichas armas y posteriormente venderlas. Es una situación de hecho que escapa a la habitualidad, que una persona tenga en su poder armas de fuego no inscritas ni registradas y, en este caso se trata de tres.

Aunque acierta el recurrente en cuanto al procedimiento requerido para trasladar dichas armas al Banco de Pruebas, en parte alguna de su recurso explica el origen de estas armas no inscritas, ni tampoco como fueron estas trasladadas hasta su domicilio y si existió en ese caso la o las necesarias guías de libre tránsito.

Respecto de no haberse otorgado al recurrente plazo alguno para inscribir las armas de fuego, indica el recurrente que fue objeto de un procedimiento policial el 21 de septiembre de 2021, en el cual le fue requerida la entrada y registro a su domicilio y se le pidió explicaciones respecto de las tres armas. Añade que les explicó a los funcionarios que "se disponía a realizar la inscripción de éstas, dentro del plazo contemplado por la autoridad." Es necesario indicar que esta Dirección General no ha otorgado plazo alguno ni al recurrente ni a otras personas para inscribir armas de fuego.

La medida que si fue dispuesta por esta autoridad dice relación en términos generales con que, en atención al estado de excepción en el país, se ampliaron hasta el 30 de septiembre de 2021 los plazos para renovar autorizaciones ya conferidas y que hubieren vencido a contar del 02 de marzo de 2020, que no es el caso del recurrente.

La detención del recurrente por la tenencia o porte de armas y sustancias controladas y la investigación que por estos delitos se dirige, actualmente, por el Ministerio Público en su contra, son situaciones respecto las cuales su institución no tiene más conocimiento que lo expuesto al respecto en este recurso.

El hecho de no habérsele otorgado una guía de libre tránsito para llevar dichas tres armas no inscritas al Banco de Pruebas, en caso alguno puede relacionarse con la posesión de armas sin autorización, siendo por lo tanto falso afirmar en el recurso que la denegación en cuestión haya desencadenado las actuaciones posteriores del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones.

Además, es necesario mencionar que el recurrente es investigado, no solo por tenencia de armas, sino también por tenencia de municiones y sustancias químicas, delito este último que no se relaciona en nada con la solicitud de traslado de tres armas que se le denegó.

Concluye señalando que la actuación de su representada no puede calificarse como ilegal o arbitraria. La legalidad de sus actuaciones se funda en las normas legales que le imponen la obligación de estar a cargo de la supervigilancia y control de todos los elementos que trata la ley de control de armas, lo que efectivamente realizó. Tampoco es arbitrario ese proceder, habida cuenta que el bloqueo de actuaciones del que fue objeto el recurrente se debió exclusivamente a la observación efectuada por la Contraloría General de la República, debido a que éste mantenía inscripciones de armas vigentes en circunstancias que tiene antecedentes penales. Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: De los antecedentes proporcionados por el propio recurrente se puede inferir que, por las mismas circunstancias que motivan la presente acción cautelar, se encuentra esa persona formalizada por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y de municiones, causa que se encuentra pendiente ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el RIT N° O-7553-2021, verificándose la audiencia de formalización el 21 de septiembre de 2021. Revisado el registro digital de la causa, esta se encuentra pendiente, siendo su última diligencia la audiencia de 21 de abril último, que amplió el plazo de investigar en 30 días.

En tal virtud, encontrándose actualmente sometida al imperio del derecho la tenencia de las armas y municiones encontradas en poder del recurrente, sin la competente inscripción, mal podría esta Corte pronunciarse en esta vía cautelar al respecto, toda vez que dicho arbitrio pretende –de alguna forma- revertir ese hecho punible, atribuyendo responsabilidad a un órgano público que solo se ha limitado a cumplir con sus facultades fiscalizadoras, en cuanto a la falta de inscripción oportuna de las armas de fuego y municiones que el recurrente tenía en su poder.

En efecto, tanto el origen de las armas de fuego como los motivos para no requerir la inscripción de las mismas ante la autoridad fiscalizadora en forma oportuna, manteniéndolas en su domicilio, ahora debe ser resuelto en la vía jurisdiccional pertinente, que es la justicia penal, por lo que esta acción constitucional ha quedado desplazada para resolver ese conflicto.

Quinto: Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, que basta para desestimar este arbitrio, yerra el recurrente cuando pretende amparar su falta de diligencia en la inscripción de las armas de fuego en la Resolución N° 818 de 22 de marzo de 2021, dictada por la recurrida, pues es claro del mero tenor literal de esa resolución que el ámbito de esa determinación se refiere a la ampliación de plazo para la renovación de los permisos pendientes, más no a aquellas armas que deben inscribirse por primera vez, como acontece en la especie.

Sexto: En consecuencia, encontrándose sometido actualmente el objeto del presente recurso al imperio del derecho, al existir una investigación penal formalizada ante la justicia penal, singularizada en el fundamento cuarto, la que se encuentra pendiente, el presente recurso de protección no puede prosperar, por lo que debe ser rechazado.

Por los fundamentos anteriores, más lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por los abogados Felipe Alonso González Hernández y Montserrat Landeros Herrera, en representación, de nombre reservado, en contra de Dirección General de Movilización Nacional.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-40064-2021.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Carolina S. Brengi Zunino, e integrada, además, por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y la abogada integrante señora Cecilia Latorre Florido, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.