Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, trece de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 21 de octubre de 2021, comparece doña nombre reservado, socióloga y alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado; quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, ignora profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado, por privar, perturbar y/o amenazar en forma ilegal y arbitraria, los derechos de la recurrente garantizados en el artículo 19 N°1, esto es, , derecho a la vida e integridad física y psíquica, y el consagrado en el artículo 20, ambos de la Constitución Política de la Republica, a fin de reestablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de la recurrente como afectada, ello en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Refiere que en el mes de junio del año 2020, participó de una red de servicios a la comunidad de vecinos y vecinas de la comuna de Quinta Normal, con el objeto de ayudarles a realizar las postulaciones a los distintos beneficios sociales que estaba otorgando el gobierno, en particular el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En dicho cometido, nombre reservado, quien se apoda como “súper pan”, comerciante de la comuna, y activo en redes sociales, difundió esta red de servicios, y la puso en contacto con don nombre reservado, para ayudarle a realizar su postulación.

Refiere que en un comienzo el recurrido le hablaba ocasionalmente desde el número telefónico teléfono reservado a su WhatsApp personal, para hacerle preguntas respecto del “IFE”, pago del 10%, entre otros. Sin embargo, con el paso del tiempo, el recurrido comenzó a hostigarla, causándole perjuicios y afectando su integridad física y psíquica.

Señala que, el día 21 de julio de 2021, el recurrido comenzó a efectuarle preguntas personales, sobre su vida sentimental, y a hacerle invitaciones como a tomar helados o viajar a París. Además, comenzó a enviarle mensajes, a través de la plataforma de Youtube, y enviar mensajes a su familia directa y a sus cercanos.

Atendido lo anterior, decidió bloquearlo de su WhatsApp. No obstante ello, empezó a enviarle mensajes de texto, refiriéndose a ella como “amor”; “parroquiana hermosa”; “preciosura”; “barbi”, enviándole constantemente videos y links de canciones en Youtube, con un claro tenor romántico.

Indica que el día 08 de septiembre 2021, llegó a su oficina un desayuno con una tarjeta que decía “solo es que estoy enamorado. Regálame la silla” junto con 4 bolsas con chocolates a nombre de las concejalas de la comuna, y al percatarse la recurrente de que el regalo pertenecía al recurrido, solicitó su devolución.

Añade que el día 11 de septiembre de 2021, la llamó a lo menos 10 veces, en distintos horarios, por lo que al día siguiente que no la llamará más, lo que no surtió efecto, puesto que los días 13 y 15 de septiembre de 2021, la volvió a llamar en 7 y 9 oportunidades, respectivamente.

Asimismo, indica que el recurrido contacto a su madre, doña nombre reservado, a través de mensajería privada de Facebook.

Agrega que tras bloquear al recurrido de todas sus redes sociales, el día 30 de septiembre de 2021, le escribió directamente a la Sra. nombre reservado, concejala de la comuna y le envío un video donde éste creía estar fuera de su domicilio.

Sumado a lo anterior, no siendo suficiente el haberlo bloqueado de sus redes sociales, comenzó a enviarle mensajes de voz desde otro número de teléfono:“nombre reservado.. habla nombre reservado, por favor, entiende, tengo que llegar a ti por el tema del juego qué onda, ¿dónde estai? voy a tu casa, me voy en taxi no sé, entiende porfa, hey, por favor te lo pido, atina”.; “nombre reservado por favor, el juego, tengo que llegar a ti, tengo que presentarte unas hueás, pero tengo que llegar a ti, hey por favor, reacciona. ¿Dónde estai?, este es un teléfono de un cabro de acá, por favor ayúdame”.

Con todo, señala que con fecha 4 de octubre del año 2021, ocurrió el hecho más grave y el cual motiva la interposición del presente recurso, dado que el recurrido se apersonó en el Municipio de Quinta Normal preguntado por ella, con el interés de verla y mantener una reunión, a quien el guardia de seguridad le comunicó que no se encontraba, pero el aun así el recurrido se acercó en 3 ocasiones distintas para volver a preguntar por ella de forma agresiva.

Añade que las llamadas e intentos de contacto, incluso de diversas cuentas de Facebook, siguieron sucediendo durante el mes de octubre.

Motivos por los cuales y en atención que el presente recurso de protección se funda en la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el numeral 1° del artículo 19 de la Carta Fundamental, artículos 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 4 (derecho a la vida) y artículo 5 (derecho a la integridad personal) del Pacto San José de Costa Rica; artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y siendo necesario que el Estado proteja a las personas cuando su vida está en peligro, dado que este es quien tiene las herramientas para detener la conducta o bien resguardar la integridad del afectado.

Que en ese sentido, los hechos materia del presente recurso amenazan y perturban seriamente las garantías señaladas, por cuanto generan un grave perjuicio psíquico y moral, estrés, afectación de su estado de ánimo, miedo y conmoción emocional, e incluso, amenaza mi integridad física.

Fundamentos por los cuales y existiendo una privación, perturbación y amenaza del derecho a la integridad física y psíquica, de acuerdo con lo expuesto, y conforme lo autoriza el artículo 20 de la Carta Fundamental, Solicita que se acoja el recurso y se ordene al recurrido de cesar y abstenerse tanto de incurrir en conductas similares de acoso u hostigamiento por cualquier medio de comunicación social en su contra; como de efectuar intentos de comunicaciones físicas, ya sea en su domicilio o en su lugar de trabajo; disponga prudencialmente cualquier otra medida de protección para su debida seguridad, con condena en costas.

SEGUNDO: Que, consta en autos que la recurrida no evacuó el informe requerido, por lo que se prescindió de éste.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, ahora bien, como se señaló precedentemente el recurrido no evacuó informe y conforme a los antecedentes referidos por la recurrente, las publicaciones efectuadas por el primero en las plataformas sociales Twitter como en Facebook contendrían expresiones que podrían ser constitutivas de un ilícito penal o civil, lo que de ser efectivo, corresponde dilucidar en el procedimiento legal respectivo, con amplias posibilidades de prueba y discusión. Luego, dada la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que éste no resulta idóneo para resolver la materia propuesta a la consideración tutelar de esta Corte;

SEXTO: Que, en consecuencia, en el caso que la recurrente considere ser víctima del delito de injurias, calumnias o amenazas, debe proceder por la vía procesal correspondiente, la que por lo demás puede extenderse a la vía civil, en caso de que se entienda incurso al recurrido en un supuesto de responsabilidad extracontractual;

SÉPTIMO: Que reafirmando lo anterior, es preciso recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, puesto que admiten limitaciones frente al ejercicio de otros derechos fundamentales, siendo precisamente un ejemplo clásico la colisión que puede darse entre el ejercicio de la libertad de expresión con el derecho a la privacidad o intimidad de las personas y su honra. En cualquier caso, la colisión en comento está resuelta en este caso por la Constitución y por la ley, específicamente por los artículos 19 N° 12 de la Carta Fundamental y por el artículo 1° de la Ley 19.733 y, en tal escenario, no corresponde a los jueces efectuar la ponderación que de manera ex ante, realizó expresamente el constituyente y el legislador.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que "El derecho a la honra y al honor no es un derecho absoluto. Su protección admite límites, muchos de los cuales se relacionan con la libertad de expresión y los deberes de tolerancia y crítica que implica la vida en sociedad". (Roles 1463/15; 2071/10; 2237/08);

OCTAVO: Que en este sentido, el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra y vida privada de las personas casi de manera exclusiva a través la persecución de responsabilidades ex post -con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o tipos penales específicos-, renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa. Es más, el Tribunal Constitucional ha sostenido que, bajo ciertas circunstancias, la libertad de expresión puede constituirse como causal de justificación de imputaciones que puedan afectar el honor y la honra (Rol 1463/15);

NOVENO: Que sin perjuicio de lo razonado precedentemente, si la finalidad práctica del presente arbitrio ha sido la obtención de una decisión judicial que ordene la eliminación de determinadas publicaciones desde una plataforma social, lo cierto es que le asiste a quien se considere agraviado por divulgaciones difamatorias incorporadas en ellas la posibilidad de reportar, tanto en Twitter como en Facebook, el perfil en que se plasman tales expresiones, como el contenido de ellas directamente a las mencionadas redes.

Tratándose de Facebook -mediante el respectivo Formulario de Denuncia-, entidad que en la hipótesis de constatar una infracción a las “Normas Comunitarias”, posee atribuciones para eliminar de su plataforma social las expresiones vejatorias e incluso la cuenta desde las que se vertieron. Twitter, por su parte, posee reglas y políticas que deben ser respetadas por sus usuarios, otorga a quien estima transgredidas tales pautas a través de un contenido multimedia la posibilidad de denunciar dicha publicación, y controla internamente el cumplimiento de las políticas a que se comprometen quienes utilizan dicha plataforma, para en el evento de que aquellas sean quebrantadas, adoptar en contra del infractor las medidas que correspondan a la envergadura de la contravención;

DÉCIMO: Que a mayor abundamiento, consideran estos magistrados que acoger el recurso a efectos de ordenar a una persona eliminar determinadas publicaciones de carácter injurioso o calumniosas e instarlo a abstenerse de efectuar en el futuro otras de igual carácter, además de vulnerar el derecho de expresión y opinión de dicho ciudadano, mediante un procedimiento de cautela que no atiende a las mínimas exigencias del debido proceso, y en que en la práctica, se efectúa una calificación jurídica a las expresiones objetadas que excede la competencia de esta Corte, lo cierto es que tal pronunciamiento comprende una declaración inane, pues no se advierte cómo podría el recurrido inhibirse de efectuar expresiones “calumniosas o injuriosas”, dado que este discernimiento corresponde en definitiva hacerlo a la jurisdicción especializada en materia penal;

UNDÉCIMO: Que luego de todo lo dicho, acontece en este caso, además, que según se advierte por esta Corte del sistema computacional SIAJ, la situación que plantea la recurrente, la que dice relación con hechos que habrían acontecido durante los años 2020 y 2021, ha sido objeto de denuncia presentada por doña nombre reservado el 24 de noviembre de 2021 ante el Ministerio Público, quien inició la investigación respectiva y se encuentra actualmente sometida al imperio del derecho, en causa RIT 588-2022, RUC 2100997204-5, seguida ante el 6° Juzgado de Garantía de Santiago, siendo el recurrido formalizado por el delito de amenazas, previsto en el artículo 296 N° 3 del Código Penal y, habiéndose dispuesto en dicho proceso la realización de un juicio simplificado que debió llevarse a cabo el día 22 de agosto pasado, audiencia a la que el encausado no compareció, con esa misma fecha se despachó orden de detención en su contra, la que se encuentra actualmente pendiente;

DUODÉCIMO: Que luego de lo dicho, debe necesariamente desestimarse la presente acción cautelar, por no ser esta la vía idónea para materializar la cautela que exige la recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el arbitrio deducido en favor de doña nombre reservado y en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°40.062-2021.