nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

C.A. de Santiago Santiago, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 33 y 34: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Andrea Consuelo Gallo Guiñez, abogada, en representación de doña nombre reservado, profesora, deduciendo recurso de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, representada por don nombre reservado, y de la Municipalidad de Providencia, representada por su alcalde don Jaime Bellolio Avaria, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en la dictación de la Resolución Exenta N° 930, de 10 de octubre de 2025, que aprobó la vista fiscal y aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de término de la relación laboral por falta grave al principio de probidad administrativa, y de la Resolución Exenta N° 1.127, de 11 de diciembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en su contra.

Expone que la recurrente se desempeñaba como docente en el establecimiento educacional José Victorino Lastarria, dependiente de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, contando con una trayectoria profesional de más de trece años, sin anotaciones de demérito ni sanciones disciplinarias anteriores.

Señala que, durante el mes de octubre de 2024, sufrió una afección en sus cuerdas vocales, por la cual un facultativo le prescribió reposo laboral total durante tres días, desde el 28 hasta el 30 de octubre de ese año, mediante licencia médica N° 109305043-2.

Agrega que sus hijas le habían regalado, con motivo de su cumpleaños, un viaje a la ciudad de Mendoza, República Argentina, el que se extendió entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, coincidiendo parcialmente con el período cubierto por la licencia médica. Afirma que la licencia no fue solicitada ni obtenida con la finalidad de efectuar dicho viaje y que la enfermedad que justificó su otorgamiento era real.

Refiere que, a partir de los antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República respecto de funcionarios y trabajadores que habrían salido del país mientras hacían uso de licencias médicas, la Corporación recurrida instruyó un sumario administrativo mediante Resolución Exenta N° 96, de 28 de mayo de 2025.

Indica que el procedimiento concluyó con la dictación de la Resolución Exenta N° 930, de 10 de octubre de 2025, que calificó su conducta como una grave infracción al principio de probidad administrativa y dispuso el término de su relación laboral. Contra esa decisión interpuso recurso de reposición, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 1.127, de 11 de diciembre de 2025, notificada el 17 del mismo mes y año.

Sostiene que las recurridas carecían de competencia para determinar la existencia de un uso indebido de la licencia médica, pues la investigación de esa materia y la facultad de rechazar o invalidar dicho instrumento corresponden a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o a la respectiva institución de salud previsional.

Alega, además, que la sanción aplicada resulta desproporcionada, puesto que no se ponderaron su irreprochable conducta anterior, la inexistencia de reiteración, la breve extensión de la licencia médica, la efectiva existencia de la patología ni la circunstancia de que la conducta ocurrió dentro de su esfera privada. Añade que la resolución recurrida no explica suficientemente por qué los hechos establecidos revestirían la gravedad necesaria para justificar la máxima medida disciplinaria.

Estima vulneradas las garantías consagradas en los numerales 2°, 3° inciso quinto y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se acoja el recurso, se dejen sin efecto las resoluciones impugnadas y la sanción de destitución; se disponga su absolución o la aplicación de una medida disciplinaria proporcional; se ordene su reincorporación y el pago de las remuneraciones no percibidas desde la separación hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Segundo: Que, informando la Municipalidad de Providencia, solicita el rechazo del recurso, con costas, por carecer de legitimación pasiva.

Expone que la acción se funda exclusivamente en la instrucción de un procedimiento disciplinario, la dictación de las resoluciones sancionatorias y el término de la relación laboral existente entre la recurrente y la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

Señala que dicha Corporación es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, constituida al amparo del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063, de 1980, y del artículo 129 de la Ley N° 18.695, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios y jurídicamente distinta de la Municipalidad de Providencia.

Añade que el municipio no instruyó el sumario administrativo, no dictó las resoluciones impugnadas, no mantiene relación laboral con la recurrente ni ejerce potestad disciplinaria sobre el personal de la Corporación, de modo que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que pueda serle atribuido.

Tercero: Que, informando la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, solicita el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, alega su extemporaneidad, pues estima que el plazo para recurrir debía computarse desde la aplicación de la medida disciplinaria mediante la Resolución Exenta N° 930, de 10 de octubre de 2025, sin que la interposición del recurso de reposición administrativo tuviera la virtud de renovar el término establecido para ejercer esta acción constitucional.

Sostiene, asimismo, que el recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar la medida aplicada, porque la recurrente disponía del procedimiento regulado en el artículo 75 del Estatuto Docente para reclamar ante el tribunal laboral competente y solicitar su reincorporación.

En cuanto al fondo, expone que, a partir de la información proporcionada por la Contraloría General de la República, se estableció que la recurrente, encontrándose con licencia médica por enfermedad común y con indicación de reposo laboral total en su domicilio, salió del país el 28 de octubre de 2024 y permaneció en el extranjero hasta el 1 de noviembre del mismo año.

Señala que el viaje fue reconocido por la recurrente y que durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2024 se ausentó de sus labores amparada en la licencia médica, percibiendo íntegramente sus remuneraciones conforme al artículo 38 de la Ley N° 19.070.

Afirma que el procedimiento disciplinario fue tramitado de acuerdo con las normas legales aplicables, que la recurrente declaró, formuló descargos, acompañó antecedentes y ejerció los recursos correspondientes, sin que se haya producido afectación de su derecho a defensa.

Explica que la sanción no fue aplicada por el solo incumplimiento del reposo médico, sino porque la recurrente utilizó una licencia que la liberaba de prestar servicios para efectuar un viaje recreativo al extranjero, percibiendo durante esos días su remuneración completa, conducta que fue calificada como una falta grave a la probidad administrativa.

Añade que el artículo 51 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, faculta al empleador para controlar el debido cumplimiento de las licencias médicas y adoptar las medidas administrativas o laborales que estime procedentes frente a las irregularidades que verifique.

Finalmente, sostiene que la medida aplicada encuentra fundamento en el artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070; que la trayectoria funcionaria no constituye una circunstancia eximente o atenuante; que la Corporación ha seguido el mismo criterio respecto de otros docentes y funcionarios que viajaron al extranjero durante una licencia médica, y que no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales invocadas.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la Corporación recurrida, consta que la recurrente interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 930, el que fue resuelto mediante la Resolución Exenta N° 1.127, notificada el 17 de diciembre de 2025.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, la interposición de una reclamación administrativa interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el que vuelve a computarse desde la notificación del acto que la resuelve. Por consiguiente, habiéndose presentado esta acción dentro del término contado desde aquella notificación, la alegación de extemporaneidad será desestimada.

Sexto: Que, respecto de la Municipalidad de Providencia, los antecedentes permiten establecer que el procedimiento disciplinario fue instruido por la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, entidad que mantenía una relación laboral con la recurrente regida por el Código del Trabajo, Estatuto Docente, y que dictó las resoluciones impugnadas.

La referida Corporación es una persona jurídica de derecho privado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, distinta de la Municipalidad de Providencia. En consecuencia, no habiéndose individualizado acto u omisión alguno atribuible al municipio que pueda haber afectado los derechos fundamentales invocados, la acción deberá ser desestimada a su respecto por carecer de legitimación pasiva.

Séptimo: Que, en cuanto a la competencia para investigar los hechos, corresponde distinguir entre las atribuciones de los organismos de salud para fiscalizar el cumplimiento del reposo, rechazar o invalidar una licencia médica y disponer las consecuencias previsionales correspondientes, y las facultades del empleador para determinar si los mismos hechos configuran un incumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias de la trabajadora, específicamente una falta de probidad.

En efecto, el artículo 51 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, impone al empleador el deber de adoptar las medidas destinadas a controlar el debido cumplimiento de las licencias médicas de sus trabajadores, facultándolo para poner las irregularidades en conocimiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la institución de salud previsional respectiva, sin perjuicio de las medidas administrativas o laborales que estime procedente adoptar.

Por consiguiente, la Corporación recurrida no se arrogó la facultad de invalidar la licencia médica ni de resolver sobre sus efectos previsionales, sino que investigó la eventual responsabilidad de la recurrente derivada de una conducta que podía constituir un incumplimiento de sus deberes laborales en el ámbito ético-jurídico en su calidad de docente, actuación comprendida dentro de sus potestades como empleadora.

Octavo: Que se encuentra acreditado y no ha sido controvertido que la recurrente, mientras hacía uso de la licencia médica N°109305043-2, otorgada por enfermedad común y con indicación de reposo laboral total en su domicilio durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2024, salió del país el primero de esos días y permaneció en la República Argentina hasta el 1 de noviembre de la citada anualidad.

También consta que durante los tres días cubiertos por la licencia se encontraba sujeta a reposo, esto es, relevada de la obligación prestar servicios para su descanso médicamente prescrito y continuó percibiendo íntegramente sus remuneraciones, conforme al régimen aplicable a los profesionales de la educación.

Noveno: Que la circunstancia de que la patología que motivó la licencia médica haya existido, no desvirtúa la conducta investigada, pues el reproche formulado no consistió en haber obtenido una licencia fundada en una enfermedad inexistente, sino en haber efectuado un viaje recreativo al extranjero durante el período en que debía cumplir reposo laboral total en su domicilio, utilizando dicha licencia para justificar su inasistencia al establecimiento educacional.

Décimo: Que, el procedimiento disciplinario fue instruido con arreglo al artículo 72, letra b), de la Ley N°19.070 y a las normas pertinentes de la Ley N°18.883. En su desarrollo, la recurrente fue informada de los hechos investigados, prestó declaración, formuló descargos, acompañó antecedentes y ejerció el recurso de reposición, sin que se advierta la omisión de algún trámite esencial que haya afectado su derecho a defensa o influido decisivamente en el resultado del sumario.

La alegación relativa a la falta de tipicidad tampoco permite calificar de ilegal el acto recurrido, toda vez que el citado artículo 72, letra b), contempla expresamente la falta de probidad, establecida a través de un sumario, como causal de término de la relación laboral de los profesionales de la educación que integran una dotación docente del sector municipal.

Undécimo: Que las resoluciones impugnadas expresan los hechos establecidos en el procedimiento, las normas aplicables y las razones por las cuales la Corporación estimó que la conducta de la recurrente constituía una infracción grave al principio de probidad. En particular, ponderaron que la actora incumplió el reposo total prescrito, se ausentó del país para realizar una actividad recreativa y percibió íntegramente sus remuneraciones durante los días en que se encontraba liberada de prestar servicios por causa de la licencia médica.

Por consiguiente, la decisión no aparece desprovista de fundamento ni obedece al mero capricho de la recurrida, sino que constituye el resultado de un procedimiento disciplinario legalmente tramitado y se apoya en circunstancias objetivas reconocidas por la propia recurrente.

Duodécimo: Que las alegaciones relativas a su trayectoria profesional, la ausencia de sanciones anteriores, la duración de la licencia y la entidad de la falta se vinculan con el mérito de la decisión disciplinaria y con la ponderación de las circunstancias consideradas por la autoridad para determinar la medida aplicable.

La revisión de tales aspectos exigiría efectuar una nueva valoración de los antecedentes del sumario y sustituir el juicio de la autoridad dotada de potestad disciplinaria; cuestión que excede la naturaleza cautelar y urgente del recurso de protección, especialmente cuando el ordenamiento contempla una vía específica para impugnar la legalidad del término de la relación laboral y solicitar la reincorporación.

Décimo tercero: Que, tampoco se advierte una vulneración de la igualdad ante la ley, pues no se han aportado antecedentes suficientes que demuestren que, a otras personas situadas en condiciones equivalentes determinadas por la preceptiva aplicable, hayan recibido un tratamiento disciplinario diferente o contrastante. La sola disconformidad con la calificación jurídica de los hechos o con la intensidad de la medida impuesta no permite tener por configurada una diferencia arbitraria.

Del mismo modo, no se ha vulnerado la garantía de no ser juzgada por comisiones especiales, toda vez que la responsabilidad de la recurrente fue determinada por la autoridad competente, dentro de un procedimiento disciplinario previamente establecido por el ordenamiento jurídico.

Finalmente, el término de la relación laboral no constituye una privación ilegítima del derecho de propiedad, desde que fue dispuesto en aplicación de una causal legal y como consecuencia de un procedimiento en el que se respetaron las oportunidades de defensa e impugnación de la afectada.

Décimo cuarto: Que, en las condiciones expuestas, no se constata la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual la acción cautelar intentada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia y de la Municipalidad de Providencia.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo, quien estuvo por acoger el recurso, atendido los siguientes fundamentos:

1) Que el artículo 125, inciso segundo, del Estatuto Administrativo dispone: “La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos…”; por lo que del tenor de la norma se colige que no basta con acreditar una vulneración al principio de probidad administrativa para justificar la destitución, sino que esta debe ser grave, es decir, de gran entidad o importancia.

2) Que, en este caso, el acto recurrido aborda esta calificación en su acápite “V. Sobre la infracción grave a la probidad administrativa”, literal e), en que funda que “e. La sanción que se aplicará a la inculpada por infracción grave a la probidad administrativa no se sustenta en un eventual uso indebido de la licencia médica que prescribió su reposo total -materia cuya determinación corresponde exclusivamente a la COMPIN o a la ISAPRE, según corresponda-, sino en el hecho de que planificó con antelación un viaje al extranjero y materializar dicha salida haciendo uso de una licencia médica, justificando de esta forma la ausencia a sus labores profesionales como docente del liceo José Victorino Lastarria en periodo lectivo, lo que evidencia una conducta intencionada y contraria a los deberes funcionarios.” (Destacado en el original).

3) Que como se puede advertir, el razonamiento del motivo antes transcrito evidencia contradicciones internas que lo anulan como fundamentación del acto, toda vez que resulta incompatible sostener como lo hace la recurrida, que no cuestiona “un eventual uso indebido de la licencia médica que prescribió su reposo” y al mismo tiempo, “que planificó con antelación un viaje al extranjero y materializar dicha salida haciendo uso de una licencia médica, justificando de esta forma la ausencia a sus labores profesionales”, pues esto último implica afirmar tácitamente que la licencia no correspondía a una justificación médica sino era parte de la aludida “planificación y materialización de la salida al extranjero”.

4) Que tampoco resulta reprochable, como se hace en el motivo “g. La conducta desplegada por la funcionaria implicó además la percepción de remuneraciones con cargo a fondos públicos”, ni que como se señaló en el letra e) “justificando de esta forma la ausencia a sus labores profesionales como docente del liceo José Victorino Lastarria en periodo lectivo”, por cuanto ambas circunstancias, el pago de remuneraciones y la ausencia laboral, se encuentran amparadas en la licencia médica otorgada, de la cual no se ha cuestionado su veracidad o falsedad.

5) Que además, se aduce en el capítulo VI, de manera tangencial y sumado a las anteriores injustificadas razones, “la grave falta de lealtad hacia la Corporación de Desarrollo Social de Providencia -que confiaba en el cumplimiento cabal del reposo prescrito para favorecer su restablecimiento de salud-, constituye una vulneración del deber funcionarial de conducirse con integridad y honestidad frente a su empleador.”, lo cual se escapa a la causal de grave infracción al principio de probidad que autoriza la destitución y además, no se fundamenta la gravedad de esa conducta como se alega, más aún cuando tampoco se ha advertido que el incumplimiento del reposo en su domicilio haya impedido el restablecimiento de su salud, sino que al contrario, la recurrente se habría reincorporado a sus funciones al finalizar el periodo autorizado de ausencia de su labores.

6) Que lo razonado en los considerandos anteriores, hace incurrir el acto en ilegal, por infracción al deber de motivación de los actos administrativos que establecen los artículos 11, 16 y 41 de la ley N° 19.880.

7) Que, además, en concepto de este preveniente, aplicar una medida de destitución a un funcionario que se encontraba en reposo bajo una licencia médica, no cuestionada en su forma ni en el fondo, menos aún, en su autenticidad, resulta desproporcionada y desde ahí constituye, también, un acto arbitrario desplegado por la autoridad recurrida.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-4-2026.