nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veinte.

A los escritos folios 19 y 20: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que doña Alejandra Lagos Bravo, abogada, en representación de don nombre reservado, empresario, recurre de protección en contra de doña nombre reservado, empresaria, solicitando sea admitido a tramitación y que en definitiva sea acogido, conforme pasa a exponer.

Señala que su representado es enfermero naval titulado con fecha 19 de diciembre de 1986 y que después del retiro de las Fuerzas Armadas constituyó una empresa nombre reservado Giuffa Enfermería Integral Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Rut RUT reservado, que luego fue trasformada a una sociedad por acciones, NURSINGCARE ApA, de prestación de servicios médicos.

Refiere que aproximadamente en el año 2008 fue contratado por el Laboratorio Renacenz, a fin de administrar tratamiento endovenoso a las hermanas, Señoras Nora y nombre reservado por dos años aproximadamente. Posteriormente, la empresa “Nursingcare ApA”, fue contratada por la recurrida de forma esporádica para tomas de muestras de exámenes, administraciones de tratamiento inyectable y otros.

Añade que la recurrida contrata a la empresa “Nursingcare ApA”, para el cuidado integro de doña nombre reservado por tres meses, diciembre 2018, enero y febrero del 2019, ya que la recurrida estaría fuera del país. Indica que el equipo de trabajo fue la Dra. nombre reservado, el Geriatra Dr nombre reservado y tres enfermeras universitarias doña nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, y que toda la atención se desarrolló sin ningún problema. Agrega que durante el año 2019, continuó esporádicamente la recurrida solicitando los servicios a la Empresa “Nursingcare ApA”.

Refiere que con fecha 5 de abril 2020 a las 22:00 el Sr. nombre reservado que atendía a la paciente doña nombre reservado, (contratado por la recurrida) llama a su representado para informarle que la paciente se encontraba con ruidos en los pulmones, y su representado fue a verla a su domicilio, llama por teléfono a la Doctora nombre reservado, y esta procede a indicar para el día lunes 6 de abril de 2020 exámenes de sangre, orina, y radiografía de tórax, y control con exámenes el día lunes a las 20:00.

Expresa que el día lunes 6 de abril 2020 su representado toma las muestras de sangre y orina en el domicilio de la paciente y PM, la Empresa RX Home toma radiografía de tórax igualmente en el domicilio de la paciente. Añade que la doctora nombre reservado, controla a la paciente el día 6 de abril a las 20:00 y diagnostica infección urinaria (ITU) y una cardiopatía congestiva, indicando furosemida por tres días una ampolla al día, y respecto de la infección urinaria esperaría el antibiograma que estaría listo el día miércoles 8 de abril 2020, para indicación de tratamiento.

Continúa señalando que el día martes su representado concurre al domicilio de la paciente a administrarle el tratamiento de furosemida, encontrándose con la recurrida doña nombre reservado, acompañada de una amiga psiquiatra cuyo su nombre su parte desconoce. Expresa que su representado, le llama la atención de buena forma a ambas, toda vez que se encontraban sin las medidas de protección como mascarilla, guantes y pechera atendida la actual pandemia, y fue increpado por la recurrida y por la amiga psiquiatra, en duros términos, con palabras soeces y amenazas.

Hace presente que todas las indicaciones y diagnósticos fueron informados debidamente a la recurrida y enviados los exámenes de sangre a su correo electrónico el día lunes 6 de abril 2020.

Refiere que con fecha 17 de abril 2020 la empresa www.sinrastro.com, le informa a su representado, vía WhatsApp que estaba siendo “funado” por la recurrida doña nombre reservado, a través de distintos medios, Facebook y otros en los términos señalados en los documentos que acompaña a su escrito, los cuales reproduce, y compartidos por Facebook a Enfermeros Tens Chile, Santiago Centro (compra &Venta), Funados Chile, Funa Chile, Lo Barnechea Venta garaje, respectivo, 71 veces, pero claramente esta viralizado por todas las redes sociales.

Alega la vulneración de garantías constitucionales en virtud de los hechos expuestos, el contenido difamatorio de la publicación y la utilización de su imagen sin su consentimiento. En cuanto a la garantía prevista en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la Republica, relativa al “Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, señala que ha sido amenazada por la publicación del recurrido al promover un enjuiciamiento público a través de las redes sobre hechos que no han sido objeto de una causa en nuestros tribunales penales y civiles y no obstante lo anterior, la recurrida a mancillado su integridad psíquica con esta publicación al realizar acusaciones falsas, infundadas y difamatorias que han provocado que familiares, amigos, conocidos y cualquier persona que no le conozca tenga acceso a su imagen asociada bajo los términos planteados por la recurrido, en ese sentido y de acuerdo a la publicación acompañada, ha sido tratado como un peligro para la sociedad, entre otras epítetos que merman su persona, como “acostumbra a seducir a sus enfermeras, haciendo distintos tipos de solicitudes y ofrecimientos.”

En cuanto a la garantía del artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la Republica, afirma que lo realizado por la recurrida a través de su publicación fue un acto ilegal y arbitrario que ha impedido que desde el día 17 de abril 2020 don nombre reservado, pueda desarrollar su vida normal. Esta publicación ha afectado su honra desde el punto de vista objetivo y subjetivo, siguiendo la distinción realizada por nuestra Excelentísima Corte Suprema. Desde el punto de vista objetivo lo ha hecho afectando la apreciación que terceros pueden hacerse de su representado, se demuestra en los comentarios de la publicación y las veces que se compartió y se le dio “me gusta”, la apreciación negativa hacia su persona que ya está hecha y conformada tal como se acredita en los documentos que acompaña en un otrosí en que se muestra la publicidad que ha tomado la publicación, y que se multiplica las posibilidades de un juzgamiento previo, colectivo y a gran escala hacia su persona. Destaca, además, que en solo 3 días desde que se publicó el post, se ha compartido 71 veces, sin embargo es mucho más el número compartido ya que lo han llamado numerosas personas para informarle que ha aparecido en sus redes sociales la “funa” hacia él. Por lo tanto, esto ha tenido evidentemente un claro incremento en la opinión pública y que solo traerá consecuencias negativas y perjudiciales a su honra, a su vida privada y a su familia y también problemas económicos a su empresa.

Agrega que la recurrida no solo hizo acusaciones falsas respecto de la parte técnica de la empresa, con acusaciones falsas de negligencia médica, ejercicio ilegal de la profesión, sino que también imputando delitos como “homicida” estafador, y desprestigiando la vida privada de su representado y tan no solo por las redes sociales WhatsApp y Facebook sino que también envío WhatsApp a su cónyuge y a su hijo a través de una amiga en común.

Desde un punto de vista subjetivo, refiere que afecta la autoestima al verse expuesto a una publicación que tiene como único objeto destruir el valor intrínseco del recurrente con la sociedad, afectando su imagen y la apreciación de su personas que pueda tener la sociedad, asimismo, dicha publicación afecta también su vida privada en cuanto se utiliza una imagen de su persona sin su consentimiento, vinculándolo a hechos absolutamente falsos. Se suma lo anterior el hecho de que su representado tiene dos hijos estudiando y que producto de la “Funa” publicada por la recurrida, se ha producido un enorme daño a la integridad psíquica de toda su familia.

Alega también la perturbación al derecho consagrado en el artículo 19 numero 24 de la Constitución se encuentra en el uso ilegal y arbitrario de la imagen del recurrido en la publicación, lo cual constituye una vulneración al derecho incorporal que tiene sobre aquella, en consideración a que no se consultó ni presto en ningún momento su consentimiento para que dicha publicación contuviera aquella imagen.

Añade que la publicación en la redes sociales, Facebook y WhatsApp, además de perturbar su vida, han menoscabado su integridad como ser humano, ya que se publica su rostro junto con su perfil de Facebook, como también sus datos, lo cual en efecto es parte de su vida privada, y se presta para que cualquier persona pueda hacer uso de dicha información.

Concluye solicitando tener por interpuesto recurso de protección y en definitiva se disponga el cese de la actividad ilegal y arbitraria, ordenando la eliminación de la publicación de la red social Facebook y por todos los demás medios que haya hecho público sus difamaciones por parte del propio recurrido en un plazo prudente señalado por el Tribunal y que en el caso de no ser cumplido por el recurrido en dicho plazo, proveer desde ya se sirva decretar oficio a Facebook con el objeto de que elimine dicha publicación, y todas las publicaciones que hayan sido compartidas desde la publicación original, y además de disponer de todas las medidas que en concepto del Tribunal considere conducentes al restablecimiento del derecho, con expresa condenación en costas.

Con el objeto de acreditar sus pretensiones, el recurrente acompañó a su presentación, 1) copia autorizada ante Notario Público doña nombre reservado, de publicación de “Funa” de fecha 17 de abril 2020 (3 hojas); 2) Copia de publicación en Facebook a todos sus contactos (2 hojas); 3) Captura de pantalla de publicaciones derivados a distintas grupos de Facebook (3 hojas); 4) Copia de mensaje enviado WhatsApp por doña nombre reservado a amiga de don nombre reservado, (2 hojas); 5) Capturas de comentarios por la publicación “Funa” realizada por doña nombre reservado (3 hojas); 6) Captura pantalla de WhatsApp, mensaje difamatorio enviado por doña nombre reservado (amiga de hijo de don nombre reservado ) a su hijo nombre reservado (1 hoja) por petición de doña nombre reservado. En escrito posterior acompañó: informe psicológico, curriculum vitae y títulos de la psicóloga doña nombre reservado.

Segundo: Que por su parte, compareció don Bohumil Antonio Sepúlveda Bustos, abogado, en representación de doña nombre reservado, empresaria, de su mismo domicilio, solicitando que la acción de protección dirigida en contra de su representada, sea rechazada en todas sus partes con expresa condenación en costas.

Señala que la Constitución Política de Chile, consagra el derecho a la honra, en el N° 4 del artículo 19, y protege y ampara también en el N° 12, la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, derecho que se encuentra además amparado y protegido por la Acción Constitucional de Protección, de modo que tenemos entonces, dos derechos constitucionales de igual rango, que se ven confrontados en el caso sub-lite, estos son los derechos a la honra y a la libertad de emitir opinión y de informar, sin perjuicio de los eventuales delitos que de ellos se puedan derivar. Indica que no existe en nuestra Carta Magna, ninguna norma que le dé primacía a uno de los derechos Constitucionales por sobre los otros.

Alega que ejerciendo su representada su libertad de emitir opinión y de informar, se encuentra actuando dentro del marco jurídico que permite la Constitución Política del Estado, y por ende, el recurso no debe prosperar.

A mayor abundamiento, sostiene que la acción constitucional debe también ser rechazada sin mayor análisis, por la sencilla razón que nuestro ordenamiento jurídico, contempla vías y acciones ordinarias para reestablecer el quebrantamiento o supuesta lesión que dice sufrir el recurrente, por lo cual ante la existencia de otras vías legales, no resulta procedente utilizar una vía excepcional como lo es la acción constitucional de protección.

Por otro lado, señala que el recurrente, quien dice ser enfermero universitario, y que en dicha calidad realiza e interviene personalmente en algunas prestaciones e intervenciones de salud, no ostenta dicha calidad profesional, ya que consultado el buscador de la Superintendencia de Salud, éste no aparece registrado en dicha entidad pública, por lo cual no se encuentra habilitado para realizar ninguna prestación sanitaria, por lo que su accionar constituye un engaño a quienes lo contratan y un peligro para las personas que atiende, constituyendo su accionar el eventual delito de ejercicio ilegal de la profesión, tipificado y sancionado en el artículo 313 a) del Código Penal.

Relata los hechos que desencadenaron la publicación en redes sociales, realizada por su defendida, tuvieron su origen el día 6 de abril del presente año, cuando el recurrente, acompañado por una médico general, concurrieron al domicilio de la recurrida a prestar atención profesional a la madre de ésta, doña nombre reservado, de actuales 84 años de edad, que se encuentra postrada hace más de 10 años, y que presentaba con un cuadro agudo de falta de potasio, además una seria infección urinaria, siéndole diagnosticada por el recurrente y su médico, un cuadro de insuficiencia cardiaca congestiva, dolencia que ninguna relación tenía con el padecimiento que presentaba realmente la paciente, lo cual, además de constituir un grueso error, es también evidencia de una pésima praxis médica, equivalente a una negligencia grave, prácticamente dolosa, que puso en peligro la vida de la paciente, madre de la recurrida.

Refiere que, según informe que adjunta de la médico cirujano, doña nombre reservado, el día de los hechos la paciente estaba ad-portas de contraer una septicemia por falta de antibióticos y de haberse persistido en el tratamiento recomendado por el recurrente, la paciente hubiese fallecido en un corto lapso de tiempo, por falta de potasio, la que le habría causado un paro cardiaco inminente.

Alega que asiste a su representada el más completo y total derecho a informar y a emitir su opinión por todos los medios posible que estime pertinentes, sobre este evidente caso de incompetencia profesional que tuvo a las puertas de la muerte a su señora madre.

Por último, señala que la recurrida al ser notificada del presente recurso de protección, retiró de las redes sociales las publicaciones por las cuales el ocurrente, ha recurrido de protección ante esta Corte, por lo que este recurso carece ya de razón de ser.

Concluye solicitando tener por evacuado el informe y que se rechace el recurso, en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: a) Resultado de búsqueda realizada en el buscador de la Superintendencia de Salud, en el cual el recurrente, no figura como prestador habilitado de dicha Superintendencia, no registrando título profesional alguno, y b) Informe de la médico cirujano, doña nombre reservado, que da cuenta del cuadro clínico de pronta septicemia y de falta de potasio que afectaba el día 6 de abril del año 2020 a la paciente, doña nombre reservado.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Quinto: Que luego de lo dicho, no existiendo a la fecha de la vista de la causa las publicaciones que dieron origen al reclamo en que se sustentó el presente recurso de protección, dado que como se afirma en el informe tales denuncias fueron eliminadas de la cuenta de facebook de la recurrida, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor de don nombre reservado;

Sexto: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña Alejandra Lagos Bravo en favor de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-39995-2020.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros señor Omar Antonio Astudillo Contreras, señora Maria Soledad Melo Labra y señora Maritza Elena Villadangos Frankovich.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.