nombre reservado con COMISION DE LIBERTAD CONDICIONAL

Santiago, veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

Proveyendo a fojas 189: A lo principal y segundo otrosí: Téngase presente; al primer otrosí: a sus antecedentes.

A fojas 193: A lo principal y segundo otrosí: Téngase presente; al primer otrosí: a sus antecedentes.

A fojas 197: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 2 comparece don Maximiliano Eduardo Murath Mansilla, abogado, actuando a nombre de nombre reservado, actualmente recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, quien interpone recurso de protección en contra del Tribunal de Conducta del CCP Punta Peuco y de la Comisión de Libertad Condicional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Funda su acción constitucional en que cada año, en los meses de abril y octubre, el Tribunal de Conducta de cada centro penitenciario santiaguino debe informar a la Comisión de Libertad Condicional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago sobre la situación de los internos que, en sus dependencias, podrían estar aptos para obtener dicho beneficio. En el marco de ese procedimiento, el Tribunal de Conducta debe agrupar a los internos en las listas 1 y 2, las que debe entregar a la Comisión de Libertad Condicional, sugiriendo al mismo tiempo otorgar o no el beneficio respectivamente, precalificando el cumplimiento de requisitos por parte del reo postulante al mismo.

Señala que la ley exige que, al momento de hacer tal sugerencia, el Tribunal de Conducta se pronuncie sobre el cumplimiento de los requisitos, cuestión que debe hacer con base a los antecedentes que, por su función, directa e inexcusablemente conoce sobre los reos postulantes. Así, a base de los antecedentes a disposición del Tribunal de Conducta postulará en lista 1 para el beneficio a los reos que estime, que cumplen los 4 requisitos estipulados en el D.L. 321 de 1925 y su reglamento, D.S. 2442 de 1926 (de tiempo mínimo, conducta, escuela y trabajo). A tales reos se les concederá el beneficio por el voto conforme de la mayoría simple de los integrantes de la Comisión de Libertad Condicional, la que realiza el pronunciamiento definitivo al efecto de dicho cumplimiento.

Agrega que serán postulados en lista 2 aquellos reos que, cumpliendo según el parecer del Tribunal de Conducta con los dos primeros requisitos del artículo 2° del D.L. 321, no cumplan con al menos uno de los requisitos tercero y cuarto del mismo artículo. A estos reos se les concederá, de todos modos, el beneficio, si la Comisión se pronuncia de forma unánimemente favorable al respecto. Finalmente, los internos que, a juicio del Tribunal de Conducta, incumplan alguno de los dos primeros requisitos del artículo precitado no serán postulados al beneficio en ninguna de las dos listas.

Precisa que el Tribunal de Conducta del CCP Punta Peuco sugirió no otorgar el beneficio de la Libertad Condicional al recurrente, en atención a un informe psicológico desfavorable, cuestión que es ilegal según la Excma. Corte Suprema, la que ha reiterado de manera uniforme que a la autoridad sólo le corresponde determinar si el postulante cumple o no con los requisitos que señala el D.L. 321.

Hace presente que ello responde a que Gendarmería, a través de su Oficio Circular N° 528 de 2015, ha establecido una serie de pautas para que los Tribunales de Conducta de los distintos centros penitenciarios del país puedan realizar su labor referente a la postulación de internos al beneficio de Libertad Condicional. Sin embargo, sostiene que Gendarmería de Chile no está facultada para establecer requisitos adicionales a los que el legislador ha determinado de modo taxativo. En tal sentido, la agregación de requisitos adicionales se torna ilegal, al exceder las atribuciones que tiene Gendarmería.

Señala que el Tribunal de Conducta del CCP Punta Peuco en su propuesta no indica en qué lista propuso al recurrente, lo que implica de acuerdo a la ley que a juicio del Tribunal, el actor incumple con alguno de los dos primeros requisitos del artículo 2 del D.L. 321, en circunstancias en que como dan cuenta los antecedentes que acompaña, el Tribunal simplemente se limitó a sugerir a la Comisión el no otorgamiento del beneficio basado en el informe psicológico desfavorable.

En relación a la Comisión de Libertad Condicional, señala que tiene las facultades legales para decidir si se otorga o no el beneficio, pero en el caso del recurrente decidió omitir pronunciamiento respecto de su libertad condicional “por carecer del requisito de conducta intachable necesario para la postulación’’, tal como consta en la notificación del 22 de abril de 2016.

Indica que esta omisión no resulta explicable de modo legal ni racional, atendido a que por mandato legal expreso debe solicitar al Gobierno la Libertad Condicional de los condenados que estime procedente o bien, fundamentar su rechazo si lo estimare improcedente, es decir, necesariamente debe emitir pronunciamiento, máxime cuando todos los requisitos legales se verifican afirmativamente en el recurrente y por haber presentado intachable conducta al menos durante los últimos dos años.

Añade que el Oficio Circular emitido por Gendarmería establece como requisito para la concesión del beneficio el que el reo haya adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado y que haya demostrado una real disposición al cambio. Estos requisitos no están establecidos en el DL 321 y su reglamento, por tanto no pueden ser esgrimidos para denegar un beneficio al que tienen derecho a acceder. Es por ello que se torna en arbitrario e ilegal que el Tribunal de Conducta haya sugerido no otorgar el beneficio de la Libertad Condicional al recurrente.

Señala que el no haber indicado en su propuesta en qué lista propuso al actor, implica de acuerdo a la ley que a juicio del Tribunal éste incumple con alguno de los dos primeros requisitos del artículo 2 del D.L. 321, en circunstancias que el Tribunal disponía de todos los antecedentes que indican lo contrario.

En relación a la Comisión de Libertad Condicional, precisa que el reproche que le cabe es haber omitido pronunciamiento respecto a la situación del recurrente, en circunstancias que por mandato legal expreso debe solicitar del Supremo Gobierno la Libertad Condicional de los condenados que estime procedente conceder el beneficio o bien, fundamentar su rechazo si lo estimare improcedente (DS 2442). En el caso de autos la Comisión no ha realizado ninguna de estas acciones. Simplemente omite pronunciarse, teniendo el deber de hacerlo. Así, se vuelve totalmente arbitraria y contraria a derecho la citada omisión, máxime si se cumplen todos los requisitos.

Destaca que la conducta del recurrente dentro del penal lo ha hecho merecedor de la Nota Máxima (5.0), durante los años 2014 (enero a diciembre), 2015 (enero a diciembre) y durante los meses del año en curso y que cuenta con una serie de anotaciones positivas por su participación y su cooperación en el CPP al efectuar trabajos de mantención; de aseo; de retiro de basura de cada módulo y reparto de comidas a los demás internos; por su participación en actividades deportivas y; por su participación en charlas educativas.

Agrega que el recurrente cumple con los demás requisitos legales de tiempo mínimo, escuela y trabajo al cumplir con el tiempo mínimo exigido para su condena hace 1 año, 10 meses, tiene una profesión acreditada: Oficial de Carabineros en retiro y ha asistido con regularidad y provecho durante el cumplimiento de su condena a los talleres y charlas educativas impartidos.

Destaca que el recurrente presenta un bajo compromiso delictual y Gendarmería de Chile le ha dado esta puntuación de acuerdo a la herramienta oficial que la institución utiliza.

En relación al Tribunal de Conducta de Punta Peuco, estima conculcadas las garantías de los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

La igualdad ante la ley, resulta perturbada por la omisión del Tribunal de Conducta al no indicar en su propuesta a la Comisión de Libertad Condicional en qué lista propuso al recurrente, ya que ello implica de acuerdo a la ley que incumple con alguno de los dos primeros requisitos del artículo 2 del D.L. 321, discriminándolo en su perjuicio y evitando que sus antecedentes fueran analizados poniéndolo en la más absoluta indefensión, vulnerándose también la garantía del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

Asimismo, reclama que las acciones y omisiones del Tribunal de Conducta, causan una grave aflicción, pues tiene la legítima esperanza que le da el Derecho de poder volver al medio libre, una vez que cumpla los requisitos legalmente exigidos para ello, como cualquier otro ciudadano que ha sido condenando, pero la situación denunciada lo deterioran psicológicamente día a día.

Alega que se ha conculcado también la garantía de la libertad ambulatoria, por cuanto las acciones y omisiones del Tribunal de Conducta del CCP de Punta Peuco denunciadas perturban el derecho del recurrente a dicha libertad, toda vez que impiden que acceda a recuperarla; en el entendido de que su ejercicio está suspendido sólo mientras la ejecución de la pena que cumplen lo exige, suspensión que culmina una vez que se cumplen los requisitos legalmente exigidos para ello.

Finalmente, estima conculcado el derecho de Propiedad, toda vez que mediante las acciones y omisiones del Tribunal de Conducta del CCP Punta Peuco se le ha impedido totalmente el reconocerle el derecho a la Libertad Condicional que le asiste a su representado y del que es titular, derecho que les ampara en función de sus antecedentes de interno.

En relación a la Comisión de Libertad Condicional, al haberse omitido el pronunciamiento respecto de la situación del recurrente, se atenta contra la igualdad ante la ley, pues se le dio un tratamiento diferenciado, discriminándolo en su perjuicio.

Estima que la omisión de la Comisión coloca al recurrente en la más absoluta indefensión pues indica que tal organismo no analizó sus antecedentes y por tanto no conoció de información en extremo relevante, cual es, que su representado cumplía con todos los requisitos legales para que se le concediera la Libertad Condicional, vulnerándose el contenido tutelado por la garantía del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

Asimismo, la omisión anotada resulta atentatoria contra el derecho a la honra del recurrente y verdaderamente inexplicable por cuanto durante los últimos años ha tenido conducta intachable, siendo calificado por el Tribunal de Conducta con Nota Máxima o Muy buena (5.0) y toda persona tiene derecho a que cuando se emita un pronunciamiento a su respecto, éste se ajuste a la verdad, sin difamarle con imputaciones que no se condigan con los hechos.

No corresponde a Derecho el que se le califique de un modo diverso al que en realidad ha ocurrido, menos si se hace para reducir su respetabilidad la que, si bien ha sido manchada por su condena, no debe verse agravada por calificaciones de conducta en el cumplimiento de la pena que sean diferentes a la realidad.

Señala que al no pronunciarse respecto de la situación del recurrente se perturba su derecho a la libertad ambulatoria, impidiendo que acceda a recuperarla, en circunstancias en que su ejercicio está suspendido a su respecto sólo mientras la ejecución de la pena que cumple lo exige, suspensión que culmina al cumplir los requisitos legalmente exigidos para ello.

Finalmente, alega la violación del derecho de Propiedad, que al haber omitido pronunciamiento la Comisión de Libertad Condicional ha impedido que se le reconozca al recurrente el derecho a la Libertad Condicional que le asiste y del que es titular.

Pide, en síntesis, se declare ilegal y/o arbitraria la propuesta de no otorgar el beneficio de Libertad Condicional del Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, emitida con fecha 15 de marzo de 2016, anulándola; declarar ilegal y/o arbitraria la resolución mediante la cual la recurrida Comisión de Libertad Condicional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha omitido pronunciarse sobre la libertad del recurrente, anulándola; en consecuencia, verificando el cumplimiento de los requisitos legales, otorgar la Libertad Condicional inmediata de nombre reservado;

Segundo: Que a fojas 31 evacua su informe la Presidenta de la Comisión de Libertad Condicional Ministra señora Javiera González Sepúlveda, quien señala que la mencionada Comisión realizó sus sesiones entre los días 18 y 21 de abril pasado, para conocer las postulaciones al Beneficio de Libertad Condicional, propuestas por los Tribunales de Conducta de los Centros de Cumplimiento Penitenciarios Colina I y II, Centro de Educación y Trabajo Metropolitano, Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, Unidad Especial de Alta Seguridad y Centro de Rehabilitación Abierto Manuel Rodríguez.

Indica que requeridos los antecedentes pertinentes a la Secretaría Criminal, consta que el recurrente fue postulado en Lista 2 por el Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, por mayoría, se omitió pronunciamiento sobre la solicitud de que se trata.

Precisa que la Comisión omitió pronunciamiento por carecer de facultades al efecto, ya que la ley se la concede únicamente para el caso que el postulante no haya asistido a escuela o talleres de capacitación. La conducta y su calificación competen exclusivamente al Tribunal de Conducta del penal respectivo, no pudiendo ser modificada, menos ante informes sicológicos desfavorables, destacándose que el protegido fue postulado en Lista N°2 por Gendarmería de Chile, esto es, no recomendado para otorgarle el beneficio;

Tercero: Que a fojas 45 y 51 se hizo parte el Programa Continuación de la Ley N°19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;

Cuarto: Que a fojas 93 informa el Alcaide y presidente del Tribunal de Conducta Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, quien señala que el recurrente es un interno condenado por el Ministro Milton Juica Arancibia, en visita extraordinaria en el 6° Juzgado del Crimen de Santiago, causa rol 118.284-PL, caso “Profesores degollados”, por los delitos de secuestro con homicidio y asociación ilícita, a purgar las penas de presidio perpetuo y 541 días. Inició el cumplimiento de su condena el día 3 de abril de 1992.

Señala que es un interno de bajo compromiso delictual, habitante del Módulo N°4 del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco.

Indica que el 15 de marzo de 2016, se reunió el Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco en el proceso de Postulación Libertad Condicional correspondiente al Primer Semestre del Año 2016 y en esa sesión se trataron, entre otros casos, el del interno recurrente, el que fue postulado en Lista N° 2 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24° del Reglamento de la Ley de Libertad Condicional.

Precisa que la inclusión o postulación de este interno en la Lista N° 2 fue motivada por el “Informe Social y Psicológico Unificado Postulación Libertad Condicional’’, “Síntesis criminológica”, y “Evaluación Psicológica” desfavorables. La Evaluación Psicológica realizada por el psicólogo nombre reservado, en su acápite Conciencia del Delito, señala: “Mediana. Asume su participación en los hechos, señalando que fue producto de una orden superior y producto de coacción, aunque logrando evidenciar parcialmente el carácter ilícito de sus acciones”; en el acápite Conciencia del Daño y Mal Causado, indica: “Presente. Incorpora espontáneamente en su relato a las víctimas con alto correlato ideoafectivo”; en el acápite Disposición Para el Cambio, señala: “Mediana. Impresiona encontrarse en un estadio motivacional de preparación para la acción, con discurso del tipo prosocial evidenciando encontrarse en un proceso de cambio de actitud”.

Hace presente que lo informado por el Tribunal de Conducta de la Unidad Penal en las respectivas listas, resulta ser una recomendación, sugerencia o propuesta, y no una resolución de la postulación al beneficio, ya que la facultad legal para concederlo corresponde a la Comisión de Libertad Condicional.

Señala que el 22 de abril de 2016, la Jefatura de la Unidad Penal notificó personalmente al protegido de la resolución de fecha 21 de abril de 2016, de la Comisión de Libertad Condicional de la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago, por la cual no se le concede el beneficio de Libertad Condicional al que postuló.

Sostiene que la Jefatura de la Unidad Penal y el Tribunal de Conducta han cumplido con remitir todos los antecedentes del interno protegido que deben ser derivados a la Comisión de Libertad Condicional de la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Entre estos antecedentes, se remite el Informe Social y Psicológico Unificado Postulación Libertad Condicional, que considera el Tribunal de Conducta para incluir a los internos condenados en Lista N° 1 o 2. Esta información sólo tiene ese carácter, es decir, constituye antecedentes que la Comisión de Libertad Condicional pondera para conceder o no el beneficio.

Precisa que la propuesta efectuada por Gendarmería de Chile y la opinión expresada por dicha institución, no reviste el carácter vinculante y obligatoria para la Comisión, ya que debe siempre ponderar el contenido de los informes tenidos a la vista. Sin perjuicio de ello, advierte que la Comisión comparte los criterios expresados por el Tribunal de Conducta al incorporar al solicitante en la Lista N° 2, prevista en el Reglamento aludido, en el sentido de que el recurrente no reúne todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 2° del D.L. N°321, de 1925 y 4° del Decreto N° 2442, de 1926, por la cual no cabría conceder el beneficio de Libertad Condicional al que postuló”.

Manifiesta que ni la Jefatura de la Unidad Penal, ni el Tribunal de Conducta, tienen facultades resolutivas en la concesión del beneficio de Libertad Condicional, de manera que mal puede el Tribunal de Conducta incurrir en una actuación ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados por el recurrente.

Por otra parte, el Informe Social y Psicológico Unificado de Postulación Libertad Condicional es elaborado por profesionales Asistente Social y Psicólogo respectivamente, que constituyen antecedentes especializados en la disciplina que profesan que precisamente son derivados a la Comisión de Libertad Condicional para su ponderación, tal como los demás antecedentes del protegido.

Señala que el Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, en el caso que nos convoca, ha actuado con pleno apego a la normativa que la rige, motivo por el cual su actuación no ha sido ilegal ni menos arbitraria. Además, el Tribunal de Conducta se circunscribe a confeccionar las listas y sugerir el otorgar o no el beneficio, correspondiendo a la Comisión de Libertad Condicional la facultad exclusiva de resolver la concesión o no del beneficio, y en este sentido el Tribunal de Conducta no puede incurrir en una actuación u omisión que amenace, perturbe o prive al protegido de alguno de los derechos invocados por el recurrente.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso.

Quinto: Que en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Notificación de lo resuelto por la Comisión de Libertad Condicional de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago respecto del interno protegido, de 22 de abril de 2016; 2.- Acta de Tribunal de Conducta Postulación Libertad Condicional Primer Semestre año 2016, de 15 de marzo de 2016; 3.- Ficha Postulación Libertad Condicional; 4.- Propuesta Tribunal de Conducta; 5.- Informe Social y Psicológico Unificado Postulación Libertad Condicional; 6.- Certificado de Actividades Culturales, Recreativas o Deportivas y Laborales; 7.- Certificado de Conducta; 8.- Informe de Salud, respecto del protegido; 9.- Ficha única de Condenado privado de libertad; y 10.- Ficha de clasificación y Control de Conducta del protegido.

Sexto: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental;

Séptimo: Que de conformidad con lo que prevé el artículo 24 del Decreto N° 2.442, los Tribunales de Conducta deberán elaborar una lista de los condenados que reúnan los requisitos para obtener su libertad condicional, esto es, aquellos respecto de quienes concurran todas las exigencias del artículo 2° del Decreto Ley Nro. 321 y 4° del Reglamento contenido en el Decreto N°2442 citado. Luego, los preceptos aludidos exigen como presupuestos, que deben verificarse en forma copulativa y en relación con cada uno de los postulantes, los siguientes: a) que hayan cumplido el tiempo mínimo que la norma estatuye, equivalente -por regla general y salvo casos particulares en relación con determinados delitos o penas- a la mitad de la condena que se les haya impuesto por sentencia definitiva; 2) que hayan observado conducta intachable en el establecimiento penal en que cumplen dicha sanción; 3) que hayan aprendido bien un oficio, si hay talleres en el mismo establecimiento, y 4) que hayan asistido con regularidad y provecho a la escuela y a las conferencias educativas que se dicten;

Octavo: Que, asimismo, el artículo 24 aludido dispone que el órgano mencionado deberá confeccionar otra lista similar a la anteriormente descrita, que se denomina Lista 2, en la cual se incluya a los condenados que, a pesar de cumplir el tiempo mínimo y tener la conducta requerida para optar al beneficio, en los términos referidos en el motivo anterior, haya considerado que no merecen la libertad condicional por no reunir los requisitos exigidos por los números 3° y 4° de los artículos 2° del Decreto Ley N°321 y 4° del Decreto N°2442 referido;

Noveno: Que, siguiendo la misma línea de argumentación, resulta que al Tribunal de Conducta le estaba permitido únicamente incorporar en la lista 2 indicada a quienes carecían de los requisitos relativos al oficio y a la escolaridad y, consecuencialmente, no podía hacer lo propio de estimar inconcurrentes los presupuestos que dicen relación con la conducta o el tiempo mínimo de condena previsto. Así, ante la ausencia de verificación de estos últimos supuestos sólo resultaba posible -atento al claro tenor de la preceptiva citada- excluir la postulación correspondiente o, en el caso que todos ellos sí se reunieran, incluirlo en la Lista 1;

Décimo: Que, la conclusión a la que se arriba en el raciocinio precedente no importa compartir el criterio referido a la conducta aparentemente atribuida por Gendarmería al actor, y que tuvo en consideración el mencionado Tribunal al momento de decidir efectuar su incorporación en la Lista 2, desde que, a juicio de esta Corte, el presupuesto relativo al comportamiento del postulante dice relación con su modo de actuar observado en el establecimiento penal mientras cumple la condena, el que se exige sea intachable y que es calificado en forma bimestral; sin embargo, no puede ser evaluado bajo el prisma de parámetros subjetivos como serían, entre otros, aquellos relativos a la conciencia del delito o del mal causado que pudieran observarse en la persona del requirente y de los cuales daría cuenta el Informe Social y Psicológico Unificado.

En efecto, entienden estos sentenciadores que la apreciación de que se trata debe enmarcarse exclusivamente en criterios de tipo objetivo, atendido el claro tenor de las normas aludidas y de lo que prevén los artículos 19 y 21 inciso 3° del Reglamento de la Ley de Libertad Condicional mencionado, que estatuyen respectivamente que "Para establecer la clasificación de la conducta de cada penado, las autoridades que correspondan tomarán en cuenta los siguientes elementos de juicio: a) Su conducta en el patio o calle, en el taller y en la escuela; b) Su asistencia al taller y a la escuela; c) El aseo personal de su celda y útiles; y d) Las manifestaciones de su carácter, sus tendencias, educación y moralidad" y "No podrá figurar en la lista a la que se refiere el artículo 24 de este reglamento, el reo que haya obtenido en conducta o en aplicación una o más notas inferiores a ´muy bueno´ durante el semestre correspondiente";

Undécimo: Que, así, en el entendido que de acuerdo al texto expreso de estas normas aquel supuesto relativo a la conducta mira a la forma de desenvolverse dentro del penal por parte del postulante, incluso aquellas referidas a las forma de expresar su carácter, tendencias y moralidad -lo que por cierto va siendo evaluado cada dos meses-, ello no alcanza al criterio que pretende el Tribunal de Conducta evaluar pretextando que analiza la procedencia de esta exigencia. Una interpretación distinta llevaría al absurdo que existirían reos respecto de los cuales -aun cuando la ley no los excluye- se les negaría por Gendarmería ad initio la posibilidad de optar al beneficio, aun cuando hayan mantenido una conducta calificada como “muy buena” durante todo el periodo de cumplimiento.

Por lo anterior, al hacer la recurrida, Tribunal de Conducta del Penal Punta Peuco, una interpretación del precepto que contempla el mentado requisito que debe concurrir para hacer procedente la libertad condicional, en exceso laxa, se excede con mucho la facultad que el legislador le ha otorgado al órgano llamado a confeccionar las listas en cuestión, atribuyéndose incluso prerrogativas que en su caso serían propias de la Comisión de Libertad Condicional, a la cual le corresponde decidir si los condenados que reúnen las condiciones tantas veces enunciadas, se encuentran rehabilitados para reincorporarse a la sociedad y, por consiguiente, son merecedores de la libertad a que se refiere esta normativa;

Duodécimo: Que no puede dejar de anotarse la implicancia que conlleva la lista en que se incorpore al postulante si se tiene en consideración que de acuerdo con lo que estatuye el inciso 3° del artículo 25 del Decreto 2.442 del año 1926, el quorum exigido para otorgar la libertad condicional en caso del postulante incorporado en la lista 1 es de la mayoría de los miembros de la Comisión, mientras que, tratándose de aquellos que se encuentran incluidos en la lista 2, es de la unanimidad de sus integrantes;

Décimo Tercero: Que, por todo lo expuesto y como corolario corresponde, a juicio de esta Corte, acoger el arbitrio intentado, en contra de la autoridad que confeccionó las listas que fueron presentadas a la Comisión pertinente, por estimar que el actuar de aquel Tribunal ha infringido la normativa que regla precisamente la forma como debe efectuarse tal elaboración y, con ello se afecta la garantía prevista en el artículo 19 número 2° de la Carta Fundamental al infringirse el principio de igualdad ante la ley. No obsta a la conclusión anterior la circunstancia de existir un instructivo interno de Gendarmería de Chile que disponga una manera distinta a la que señala el legislador, de elaborar las nóminas respectivas.

Por consiguiente, procede se disponga que dicho órgano -Tribunal de Conducta- evalúe nuevamente los antecedentes a fin de incorporar al postulante amparado en la lista que, confeccionada en forma legal, sea pertinente y, hecho, remita los antecedentes para ser conocidos de la Comisión de Libertad Condicional -organismo que se encuentra obligado a emitir dictamen en relación con los postulantes que les son presentados, atendido lo previsto en los artículos 25 del Decreto N° 2.442 y 10 del Código Orgánico de Tribunales- a fin que se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias citadas y en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 2 en contra de la Comisión de Libertad Condicional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y del Tribunal de Conducta del CCP Punta Peuco, en favor de nombre reservado y, consecuencialmente, se dispone que el Tribunal de Conducta deberá proceder a efectuar una nueva evaluación de los antecedentes del interno, procediendo a incorporarlo en la lista de postulantes que, confeccionada en forma legal sería pertinente y, hecho, remita los antecedentes a la Comisión de Libertad Condicional para ser conocidos por miembros no inhabilitados de la misma, a fin que ésta se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-39.993-2016.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Romy Grace Rutherford Parentti, e integrada por el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

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