nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA

Santiago, trece de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Juan Salazar Núñez, en representación de nombre reservado, profesora, ambos domiciliados en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Subsecretaria del Ministerio de Educación Pública, representada por don nombre reservado, Subsecretario de Educación, por el acto que estima arbitrario e ilegal de no trasladarla al nivel central, a pesar de estar sufriendo acoso laboral en su actual unidad y de que existe una resolución administrativa que así lo ordena, lo que lesiona sus garantías constitucionales del artículo 19 números 1 y 16 de la Constitución Política de la República.

Relata que la recurrente se desempeña en el Departamento Provincial Santiago Poniente y denuncia que desde agosto de 2017 ha sufrido constantes situaciones de acoso y menoscabo laboral, tanto de sus jefaturas como de sus pares, como cambiarla a una oficina de menores dimensiones, tratarla de manera agresiva, reírse y burlarse. Ello le generó una sintomatología ansioso-depresiva compatible con acoso laboral y estrés postraumático.

Señala que mediante la resolución Nº 44 de 27 de junio de 2017, la recurrida dispuso su traslado al nivel central. Agrega que el 25 de abril de este año solicitó al Subsecretario hacer efectivo este traslado ya decretado, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta.

Además de las garantías constitucionales vulneradas, la acción de la autoridad de no cumplir el traslado dispuesto en la Resolución N° 44 citada, vulnera lo dispuesto en los artículos 61 letras a) y c) y 128 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo y el artículo 2° del Código del Trabajo, sobre acoso laboral, al no disponer las medidas pertinentes para hacer cesar el acoso laboral que ha sufrido, ejecutando el traslado antedicho. También la negativa de la autoridad a materializar el citado traslado es arbitrario, conculcando así las garantías constitucionales precitadas.

Pide que se haga efectivo el traslado de su representada, nombre reservado, al nivel central de la Subsecretaría de Educación, como consta en la Resolución N° 044 de fecha 27 de junio de 2017, con motivo de los actos u omisiones arbitrarias llevadas a cabo por el servicio recurrido, con costas.

Segundo: Que, por la recurrida, informa el recurso nombre reservado, Jefe de la División Jurídica (S) del Ministerio de Educación Pública, pidiendo su rechazo. informando la recurrida manifestando que el proceso concursal de encasillamiento está regulado en el artículo 5 de la ley 20.866, siendo la recurrente seleccionada en el grado 11 de la E.U.R. del estamento profesional para desempeñarse en el nivel central de la Subsecretaría, siendo el cargo aceptado el 06 de junio 2017.

Expone que la autoridad superior del servicio, en uso de sus facultades legales consagradas en el artículo 73 del D.F.L. Nº 29 de 2004, que le permite disponer discrecionalmente las destinaciones, determinó que la recurrente sirviera el cargo profesional obtenido a través del concurso en la misma unidad en que se encuentra actualmente cumpliendo funciones, atendidas las necesidades del servicio dado el gran número de traslados producto del encasillamiento, la implementación de la nueva ley de educación pública, la cautela de la descentralización y el robustecimiento de los organismos regionales.

Esta decisión le fue comunicada el 22 de noviembre de 2017, y el 28 de diciembre de ese año la recurrida pidió reconsideración por haber sufrido acoso laboral, siendo su recurso rechazado el 22 de febrero 2018, esencialmente porque no se acreditó el mentado acoso.

Por resolución de 08 de agosto 2018 se destinó a recurrente para servir funciones en el lugar en que lo hacía antes del concurso, a contar del 23 noviembre 2017 y por resolución de 19 de julio 2018 se dio inicio a una investigación sumaria respecto del acoso denunciado.

Por lo anterior, pide se rechace el recurso, en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que, para que pueda acogerse el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, que signifique una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte de modo real, efectivo o inminente, el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución.

Cuarto: Que, según la recurrente el acto que motiva el recurso es no haber cumplido la recurrida con la orden de traslado de sus funciones dispuesta por Resolución N° 44 de fecha 27 de junio de 2017, emanada de esa misma repartición, lo que solicitó se hiciera efectivo el 25 de abril del año en curso, sin tener respuesta hasta la fecha.

Quinto: Que de los antecedentes expuestos por las partes, en lo relativo a la extemporaneidad del recurso, lo cierto es que la recurrente omite indicar en su arbitrio que había solicitado con antelación la reconsideración de la resolución que dispuso que siguiera cumpliendo sus funciones en el mismo lugar que estaba antes, lo que le fue comunicado con fecha 22 de noviembre de 2017. Ella pidió reconsideración -con fecha 20 de diciembre del mismo año- de esa determinación, la que fue rechazada por resolución de 22 de febrero de 2018, al no haberse acreditado el referido acoso laboral.

En consecuencia, el acto que le niega derecho a reconsiderar su traslado operó desde el día 22 de febrero de 2018, por lo que la presente acción cautelar ha sido deducida en forma extemporánea, ya que fue presentada el día 20 de mayo del año en curso, es decir después de vencido el plazo de treinta días que establece el cuerpo normativo pertinente, lo que basta para desechar el recurso.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, tampoco se advierte en la actuación de la autoridad recurrida ilegalidad o arbitrariedad alguna en su proceder, pues si bien existe una resolución administrativa que dispuso que la recurrente debía cumplir sus funciones en el nivel central, posteriormente, por razones de buen servicio, la misma autoridad -en uso de atribuciones que le son propias, conforme al artículo 73 del D.F.L. Nº 29 de 2004- dispuso que la funcionaria debía continuar prestando sus funciones en la unidad que se encontraba desempeñándose, prerrogativa que constituye un acto de autoridad, ajeno al objeto y conocimiento de esta vía cautelar.

Unido a lo anterior, en su momento la Subsecretaría desechó las acusaciones de acoso laboral, por lo que lo sostenido por la recurrente en este aspecto carece de corroboración; empero, se ha dispuesto una investigación administrativa a ese respecto, el que se encuentra pendiente, por lo que tampoco procede que esta Corte emita un juicio anticipado sobre esa aspecto, materia que -por otra parte- materia del procedimiento idóneo, que es la tutela ante los juzgados del trabajo, acción que siempre puede ejercer la recurrente.

Séptimo: Que, en consecuencia, el recurso de protección debe ser rechazado, al no existir acto ilegal o arbitrario que pueda atribuirse a la recurrida.

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado Juan Salazar Núñez, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Subsecretaria del Ministerio de Educación Pública.

Se previene que la Ministra señora Mireya López no comparte el final del considerando sexto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Tomás Gray.

Protección N° 39.986-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra señora Mireya López Miranda y por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo.

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