nombre reservado con BANCO SANTANDER - CHILE

Santiago, siete de septiembre del año dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°39.938-2020 comparece don nombre reservado, trabajador dependiente, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de BANCO SANTANDER Y CMR FALABELLA, representados legalmente por don nombre reservado y don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, ambos en la región Metropolitana, respectivamente, por los argumentos que expone.

Sobre los hechos, señala que con fecha 28 de septiembre de 2017, frente a su irremontable e irreversible estado de insolvencia, solicitó la liquidación voluntaria de sus bienes, procedimiento que se tramitó bajo el ROL C-27136-2017 en el Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago.

En la solicitud de liquidación voluntaria de bienes y al alero del artículo 273 de la ley 20.720, numeral cuarto, se señaló el estado de deudas con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos.

Entre dichos acreedores figuraba expresamente CMR FALABELLA, incluso se acompañó copia del Boletín Comercial emitido con fecha 4 de abril de 2020, documento que acreditaba la existencia de una deuda por $797.069.

El recurrido no se hizo parte del procedimiento, sin embargo, y conforme a lo establecido en al artículo 6° de la Ley 20.720, las notificaciones se realizan por el Boletín Concursal, por lo que acreedor no puede alegar desconocimiento del procedimiento de su representado.

Añade que el 4 de abril de 2020 recibió un correo electrónico del BANCO SANTANDER, en el que se le indica que su solicitud de cierre de productos había sido ingresada, lo que le generó desconcierto pues no había realizado dicha solicitud, situación que hizo saber a su ejecutiva por correo electrónico.

La ejecutiva responde el correo electrónico en la misma fecha, textualmente: "nombre reservado, usted me envió documentación en diciembre, por deuda mayor a 180 días informada en noviembre es imposible evaluar apertura de cta. cte. Deberá esperar al menos a enero del próximo año manteniendo buen comportamiento de pago”.

Solicitó que se aclarara lo anterior, ya que le parecía insólito que siendo cliente del Banco durante años, teniendo un excelente comportamiento de pago, le estuviesen cerrando sus productos.

Nació el cuestionamiento de si esto decía relación con el procedimiento de liquidación voluntaria de persona deudora, lo que consultó y ese fue el fundamento que le dio la ejecutiva.

Expresa que el actuar del Banco ha sido arbitrario, abusivo e ilegal, pues se ha amparado en su facultad unilateral para cerrar cuenta, fundado en su procedimiento de liquidación, que no tiene que ver con su situación como persona natural, infringiendo los derechos que le asisten como consumidor y cliente bancario.

Explica que no tan sólo se hizo efectivo el cierre de sus productos el 19 de junio de 2018, sino que también se aceleró el pago de su crédito hipotecario, el cual como el resto de los productos con el recurrido, se encontraba al día, lo que cree injusto y abusivo.

Lo anterior, indica, lo ha dejado en estado de incertidumbre financiera, ya que la cuenta corriente es una herramienta de trabajo, recibe el pago de algunos clientes y, en general, cubre necesidades básicas suyas y de su familia, siendo de uso personal, no existiendo fundamento sustentable que justifique el cierre, ya que es el patrimonio de la empresa, más no el suyo el que es objeto del procedimiento concursal.

Así, luego de la tramitación completa de su procedimiento, cumpliendo con cada una de las etapas del mismo, el 3 de noviembre de 2017 se dictó resolución de término que en su parte resolutoria señala: “(...) A lo principal, visto el mérito de los antecedentes, se declara el término del procedimiento de liquidación de empresa deudora de don nombre reservado, RUT RUT reservado, para todos los efectos legales, publíquese; y al otrosí, téngase presente la publicación. Dese a la causa código de término en el sistema, para los fines pertinentes.” (Sic)

Añade que el 14 de febrero de 2019 se certificó que la resolución estaba firme y ejecutoriada por el tribunal, lo que daba por terminado su procedimiento concursal de liquidación, logrando su rehabilitación financiera.

El efecto de dicha resolución obedece a la lógica de la norma, que es proteger al sujeto agobiado, por lo que es muy claro el artículo 255 de la referida ley en el sentido de no imponer mayores limitantes y requisitos, estableciendo que una vez firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del procedimiento concursal, se entenderán extinguidos por el sólo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación.

Teniendo en su poder la resolución de término del procedimiento, agrega, nombre reservado procedió a notificar presencialmente a sus acreedores que, como consecuencia de dicha resolución, debía ser eliminado de sus registros como persona deudora. La mayoría de los acreedores reconocieron el efecto extintivo de la misma y lo eliminaron de sus registros de morosidad.

No obstante, el 4 de abril del año en curso, revisando en el portal web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, su representado se da cuenta que aún figura en los registros de deudores. El acreedor era CMR FALABELLA con un monto que ascendía a los $797.069.-, más que el monto informado en la solicitud de liquidación voluntaria, lo que manifiesta una notoria mala fe por parte del acreedor, estimando inconcebible que, habiendo tomado conocimiento del procedimiento, siendo parte y beneficiándose de él incluso, lo desconozca.

Se ejercieron las acciones pertinentes, sin embargo, al volver a solicitar un informe en la Superintendencia de Bancos sigue con una deuda impaga con CMR FALABELLA, por tanto, el acto ilegal de atribuirse la vigencia de una deuda extinta notificando una calidad de deudor inexistente no ha perdido su vigencia, y tampoco lo ha perdido el derecho a reclamar por esta vía.

Expresa que el actuar ilegal y arbitrario alegado, consiste en seguir informando a la Superintendencia de Bancos una situación que no es conteste con la realidad, actuar que se reitera o renueva mes a mes, cual si fuere una actuación de tracto sucesivo, desde que se perpetuó hasta ahora.

El recurso es oportuno por cuanto se sigue cobrando el monto y aún más en el informe acompañado, dice, añadiendo que el actuar del acreedor y el hecho de que nombre reservado siga siendo considerado persona morosa, contradice todas y cada una de las expectativas jurídicas que tuvo al tomar la decisión de someterse a un procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes. Según consta en el documento acompañado, su procedimiento concursal está terminado y se encuentra ejecutoriado, por lo que se extinguieron todas las deudas contraídas con anterioridad al inicio del mismo.

El desconocimiento de los efectos de la resolución de término por la recurrida se refrenda en que, a la fecha, no ha sido eliminado de diversos registros financieros, como en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, lo que califica como situación contra legem, pues con ello se está limitando el efecto general de la resolución de término dictada en un procedimiento concursal que, en primer lugar, no distingue la extinción de créditos entre los informados y los no informados y, en segundo lugar, afecta a todos los créditos adquiridos con anterioridad a la resolución de liquidación, por tanto, las deudas con CMR FALABELLA Y BANCO SANTANDER.

Afirma que no existe fundamento legal que justifique el actuar de la recurrida, que sólo pone de manifiesto que fuera de toda lógica y racionalidad intenta obviar el efecto de la resolución de término del procedimiento concursal que le afecta, en circunstancias que obtuvo el pago de su acreencia con cargo a él.

Aludiendo al derecho, recuerda que el artículo 20 de la Constitución Política señala que quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en dicho artículo, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Entre las garantías cauteladas por la acción de protección está el artículo 19 N°4, conforme al cual la Constitución Política de la República asegurará: “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”.

Añade que lo que ha expuesto ha generado una afectación grave a la garantía consagrada en dicho numeral 4° del artículo 19 de la Constitución, el respeto a la vida privada y la honra, la que se afectó en el momento que informó el incumplimiento de carácter económico, en circunstancias que la deuda se encontraba extinta por resolución judicial, y trae a colación la noción de honra según dos autores.

Con la inclusión injusta, ilegal y arbitraria en el registro de la Superintendencia de Bancos, que acompaña a su presentación, se ha afectado el prestigio y crédito público de su representado, notificándole a la sociedad la vigencia de una deuda extinta, exponiéndolo como un contratante incapaz de cumplir con sus obligaciones, lo que genera un daño reparable sólo por esta vía.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario, señala que el proceder caprichoso e infundado de la recurrida radica en que, sin mayores antecedentes, ha desconocido la lógica del Procedimiento Concursal, puntualmente el efecto universal de la resolución de término, la cual una vez dictada rige respecto de todas las personas, vale decir, acreedores que pudiera tener el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento de liquidación y respecto de toda clase de deudas. El acto respecto del cual se recurre desconoce, sin mayores fundamentos, dicho efecto, sostiene.

Al desconocer el efecto extintivo se le ha privado injustamente de participación en el sistema comercial y financiero, suspendiendo sus actividades comerciales y el cumplimiento de uno de los fines más importantes del procedimiento concursal, la rehabilitación financiera.

Ante el cuestionamiento de qué se entiende por arbitrariedad, explica la forma como los Tribunales la han definido, argumentando que sumado a la arbitrariedad de su actuar está la ilegalidad del mismo, limitando los efectos propios de la resolución de término establecido en el artículo 255 de la ley 20.720 que prevé: “Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el Deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación”.

Comenta que dicho artículo contiene el efecto libratorio de la Ley 20.720 respecto de las obligaciones contraídas con anterioridad al procedimiento de liquidación, también denominado efecto discharge de la normativa, el que tiene como “característica particular […] la exoneración como modo de extinguir las obligaciones (extravagante a los enumerados en el artículo 1567 del CC)”, efecto que corresponde al tenor literal de la norma y no puede ser desconocido.

La extinción legal de las deudas contraídas con anterioridad al concurso es un mecanismo de solución permanente a favor del consumidor sobre endeudado, y por ser anteriores al inicio del procedimiento concursal, se encuentran extinguidas.

En términos coherentes con el resto de la normativa legal, lo que hace es extinguir el saldo insoluto de una obligación adeudada y que fue sometida al procedimiento. Ello conlleva convertir el dato financiero que lo acompaña en un dato caduco, por lo que no puede seguir siendo informado.

Sumado a ello, el proceder descrito, ejecutado por la recurrida, atenta contra lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 18 de la ley N°19.628, que establece: “Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo legal.”

Precisa que el acto ilegal y arbitrario de la recurrida consiste en solicitar la publicación de la supuesta vigente morosidad, en circunstancias que ella se extinguió como consecuencia de la tramitación de su procedimiento concursal de liquidación voluntaria. Por otra parte, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha actuado con la misma ilegalidad y arbitrariedad, en el sentido de que tomó la información proporcionada por CMR FALABELLA Y BANCO SANTANDER, publicando dicha información en el Informe de Deudas que se acompaña, obviando cualquier tipo de control de legalidad respecto a la veracidad de dicha información, aun cuando presencialmente informó la situación en sus dependencias.

Pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de CMR FALABELLA Y BANCO SANTANDER, acogerlo a tramitación y, en atención a los antecedentes de hecho y de derechos expuestos, previo informe de la recurrida y oficios que solicita, hacer lugar a él, adoptando las medidas o providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de quien recurre, y muy especialmente, que se ordene a CMR FALABELLA Y BANCO SANTANDER adoptar todas las medidas necesarias tendientes a eliminar de los registros comerciales y bancarios a su parte.

Además, que se ordene a BANCO SANTANDER Y CMR FALABELLA adoptar las medidas necesarias tendientes a reabrir sus productos.

Finalmente, que se ordene a la recurrida pagar las costas del presente recurso.

Acompaña diversos documentos, entre ellos, una copia de Informe de Deudas N°5238339 emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras con fecha 4 de abril de 2020, el cual acredita las morosidades registradas respecto del recurrido, esto es CMR FALABELLA por un monto de $797.069.

2°) Que, seguidamente, comparece don nombre reservado, abogado, por el BANCO SANTANDER CHILE S.A., quien informa al tenor del recurso y pide su rechazo.

Explica que don nombre reservado interpuso acción de protección en contra de CMR Falabella y en contra de su representado Banco Santander Chile S.A., por -supuesta- afectación a la garantía Constitucional contenida en el artículo 19 número 4° de la Constitución Política.

En breve síntesis, los argumentos del recurrente para sostener su acción cautelar son:

-La existencia de un procedimiento de liquidación voluntaria de persona deudora.

-La información de deudas por parte de CMR Falabella a pesar de la declaración de liquidación voluntaria.

-La negativa de Banco Santander de “reabrir” una Cuenta Corriente.

Como Garantía Constitucional vulnerada, el recurrente invoca una lesión al derecho consagrado en el artículo 19 número 4° de la Constitución Política, esto es, "el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia”.

Como petición concreta solicita que "Se ordene a CMR FALABELLA Y BANCO SANTANDER, a adoptar todas las medidas necesarias, tendientes a eliminar de los registros comerciales y bancarios a esta parte.

“Se ordene a BANCO SANTANDER Y CMR FALABELLA a adoptar todas las medidas necesarias, tendientes a reabrir mis productos.

“Se ordene a la recurrida pagar las costas del presente recurso”. (Sic)

A continuación sostiene que la acción de protección incoada debe ser rechazada en todas sus partes, en mérito de las consideraciones de hecho y derecho que expone.

Primeramente, hace presente el confuso relato de hechos, pues el recurrente cita de forma inconexa distintas circunstancias, incluso haciendo referencia a diversas personas que no son parte del recurso, haciendo la acción en gran medida ininteligible para su parte.

Explica que el Banco no ha cerrado productos al recurrente, y lo que ocurrió es la no apertura de productos.

El recurrente, añade, no mantiene ni ha mantenido cuenta corriente con el Banco que se pueda “reabrir” (según su petición) siendo improcedente la petición en ese sentido. Indica que solicitó abrir una cuenta corriente, solicitud que fue rechazada, pero nunca el Banco ha cerrado de manera unilateral una cuenta corriente.

Añade que la comunicación realizada por el Banco que se cita y acompaña, dice relación con la negativa fundada del Banco de aperturar una cuenta corriente ante una solicitud del recurrente, por incumplimiento de las condiciones objetivas de contratación dispuestas por el Banco Santander, que dicen relación con deudas informadas por otras entidades.

En cualquier caso, en los registros del Banco aparece otorgada una Cuenta Life a nombre del recurrente, que es una cuenta de provisión de fondos (CPF), a la cual se asocia una tarjeta de provisión de fondos con soporte virtual, equivalente -en términos de uso- a una cuenta vista con una tarjeta de débito, producto de uso completamente virtual y la cual se mantiene y ha mantenido activa.

Sobre la aceleración de un crédito hipotecario, informa que el recurrente alega que en el año 2018 se le aceleró un crédito hipotecario, alegación que es falsa, pues en sus registros no aparece un crédito otorgado a éste.

A continuación, el primer informante alega la ausencia de un acto ilegal o arbitrario.

En el presente caso, advierte, existen dos argumentos que se deben tener en consideración: (a) No es posible obligar a suscribir un contrato por vía de protección, no existe un derecho indubitado; (b) No existe obligación de acreditar el no cumplimiento de una condición; (c) Los antecedentes que utiliza el Banco para analizar la solicitud de cuenta corriente se encuentran debidamente regulados. Seguidamente desarrolla tales puntos.

(a) No es posible obligar a suscribir un contrato por vía de protección; no existe un derecho indubitado.

Expresa que la principal ley que regula la actividad bancaria es la Ley General de Bancos, estimando relevante destacar el artículo 69 y su numeral primero:

“Artículo 69.- Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones:

“1) Recibir depósitos y celebrar contratos de cuenta corriente bancaria.”

En conformidad con el capítulo 2-2 sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, de la Recopilación actualizada de normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras: “El artículo 69 N° 1 de la Ley General de Bancos, faculta a las instituciones bancarias para abrir y mantener cuentas corrientes a sus clientes. Las cuentas corrientes bancarias, tanto en moneda chilena como extranjera, se rigen principalmente por la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y por las condiciones generales que fije cada banco.”

Dicha Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques establece en su artículo primero:

“Artículo 1°.- La cuenta corriente bancaria es un contrato a virtud del cual un Banco se obliga a cumplir las órdenes de pago de otra persona hasta concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado.”

De lo señalado, dice, resulta evidente que la Cuenta Corriente es un contrato, esto es, un acuerdo de voluntades, siendo una facultad que podrá ser ejercida por el Banco de conformidad con las normas legales pertinentes. De esa forma, la existencia de una regulación no excluye el poder decidir si se suscribe o no un determinado contrato, no existiendo una obligación ex ante de “contratar” que pese contra el Banco y que la recurrente parece alegar, mediante la interposición de una acción de emergencia.

Sin perjuicio de ello, y acorde a la regulación de la actividad bancaria, su representado ha hecho públicas las condiciones objetivas que las personas naturales o jurídicas deben cumplir de manera de acceder a los productos o servicios ofrecidos por el Banco.

De esa forma, cualquier persona puede acceder a las Condiciones Objetivas de Contratación de Productos y Servicios Financieros establecidas por el Banco, sea apersonándose a alguna de las sucursales, sea accediendo a través de la página web https://banco.santander.cl/informacion/condiciones-contratacion.

Dentro de las Condiciones Objetivas de Contratación se establece la exigencia de un patrimonio del eventual cliente que respalde suficientemente las operaciones de crédito, circunstancia que no cumplía el recurrente al momento de la evaluación.

Estima legítimo que, no cumpliendo con dichas condiciones objetivas, en un momento determinado exista una negativa del Banco en la apertura de una cuenta corriente.

Así, en el caso de autos y pese a las alegaciones del recurrente, no posee actualmente una cuenta corriente que se pueda “reabrir” y la negativa a la apertura es fundada en las deudas que otras entidades como CMR Falabella informa a la Cámara de Comercio de Santiago de conformidad con los preceptos legales.

(b) Los antecedentes que utiliza el Banco para analizar la solicitud de cuenta corriente se relacionan con el uso de información comercial de deudas, materia regulada por el Decreto Supremo N°950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, y sus modificaciones posteriores, y por la Ley N°19.628 sobre “Protección de la Vida Privada de las Personas”.

El artículo 4° del Decreto N°950 señala: “Asimismo, los bancos, sociedades financieras y administradoras de mutuos hipotecarios y cooperativas de ahorros y créditos podrán remitir la nómina de deudores morosos en el servicio de sus préstamos o créditos.

“Estas nóminas se remitirán dentro de los quince primeros días de cada mes calendario y contendrán el nombre completo del deudor, Rol Único Tributario, su domicilio y el monto del servicio que estuviere debiendo.”

Por otro lado, aduce, el artículo 17 de la Ley N° 19.628 dispone: “Los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales.”

Así, continúa, el Boletín de Informaciones Comerciales o Boletín Comercial, es un banco de datos de información económica, financiera, bancaria o comercial, administrado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), la que efectúa sus publicaciones en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias señaladas, principalmente en el Decreto Supremo N°950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 y la Ley N°19.628.

La información revisada al momento de verificar las Condiciones de Contratación no es, por tanto, parte de un registro oculto del Banco, sino de uno establecido de conformidad a la legislación y reglamentación vigente.

La ausencia de ilegalidad, dice el primer informante, ya ha quedado en evidencia con la referencia al catálogo de normas que regulan la materia, y lo mismo ocurre con la ausencia de arbitrariedad si se considera que la propia jurisprudencia estableció el siguiente estándar para considerar la existencia de un acto arbitrario: “consiste en un acto o proceder caprichoso, contrario a la justicia o a las leyes, inocuo, antojadizo, infundado o en último término, despótico o tiránico.”

A mayor abundamiento, dice, no puede desconocerse el reconocimiento expreso que hace el Considerando 1° del Decreto N°998, del Ministerio de Hacienda, de fecha 25 de octubre de 2006, que modificó el Decreto 950, de 1928 respecto de la utilidad que entrega el Boletín Comercial:

“1.- Que la información y labor que realiza la Cámara de Comercio al elaborar y publicar el Boletín Comercial o Boletín de Informaciones Comerciales es de gran utilidad para diversos actores del mercado.”

Lo anterior revela la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de su representado, entendiendo que la suscripción de un contrato es una facultad, que requiere la voluntad de éste y para lo cual se han establecido Condiciones Objetivas de Contratación.

Luego, el primer informante se refiere a la ausencia de una afectación al respeto a la vida privada y pública.

Sin perjuicio de lo referido, en el sentido de que no se vislumbra un actuar ilegal o arbitrario del Banco al establecer Condiciones Objetivas de Contratación, por cuanto ellas son objetivas y aplicables a todo cliente, aduce que no comprende en qué punto ello podría vulnerar la garantía constitucional de respeto a la vida privada y pública, máxime si las deudas que el recurrente registra ni siquiera son informadas por el Banco Santander, sino que por otras instituciones.

Por último, pide tener por evacuado el informe requerido y, en definitiva, rechazar en todas sus partes la acción o recurso de protección intentado, con costas, por su manifiesta falta de fundamento.

3°) Que, a continuación, comparece doña Solange Romero Ávila, abogado, en representación de la sociedad Promotora CMR Falabella S.A., quien evacua el informe requerido, solicitando que la acción de protección sea rechazada con costas.

Explica que el cliente nombre reservado se habría sometido a un proceso de liquidación bajo el rol C-27136-2017 ante el 21° Juzgado Civil de Santiago, declarándose el término del procedimiento de liquidación en diciembre del año 2018. Hace ver que, de forma incorrecta, el recurrente cita en su recurso de protección la sentencia de una persona desconocida por su parte, indicando:

“(...) A lo principal, visto el mérito de los antecedentes, se declara el término del procedimiento de liquidación de empresa deudora de don nombre reservado, RUT RUT reservado, para todos los efectos legales, publíquese; y al otrosí, téngase presente la publicación. Dese a la causa código de término en el sistema, para los fines pertinentes (…)”.

Según lo indicado por el recurrente, en la solicitud de liquidación voluntaria de bienes, habría indicado expresamente a CMR Falabella como parte de sus acreedores.

Señala que el 4 de abril del 2020, revisando en el portal web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el recurrente se habría percatado que figura en los registros de deudores por un monto de $797.069.

En virtud de este hecho, el recurrente solicita a la Corte que se adopten todas las medidas necesarias, tendientes a eliminarlo de los registros comerciales y bancarios.

Expresa que el recurso de protección nace de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que reproduce.

Luego, en virtud de las facultades establecidas en la CPR y el Código Orgánico de Tribunales, la Corte Suprema estableció a través de Auto Acordado que consta en Acta N°94-2015, complementado por Acta N°173-2018, que el recurso o acción de protección se debe interponer ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se debe hacer constar en autos.

Añade que el recurso o acción de protección, para prosperar debe cumplir copulativamente con cuatro requisitos, a saber:

-Actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

-Que dichos actos u omisiones, priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de garantías constitucionales protegidas.

-Interposición oportuna, es decir dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión.

-Ocurrir ante la Corte de Apelaciones competente, entendiéndose por tal aquella en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, o donde los actos u omisiones hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente.

Aduce que el hecho de entregar información de las deudas vigentes de un cliente, de acuerdo a lo ordenado por la Ley y las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en ningún caso importa un actuar ilegal, todo lo contrario, se trata del cumplimiento de una obligación establecida por ley para su representada. Asimismo, tampoco puede ser en el caso de marras un actuar arbitrario, es decir, un mero capricho de su representada o que carece de fundamento racional; todo lo contrario, dichas actuaciones nacen y son consecuencias de una acción del propio recurrente, en cuanto ha utilizado la línea de crédito que su representada ha puesto a su disposición en virtud del contrato suscrito, y ha adquirido deudas que está obligada a informar a la CMF.

Sobre la privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de garantías constitucionales, la doctrina nacional ha entregado algunas luces sobre este concepto esencial para recurrir a través del recurso de protección, refiriéndose a un autor en particular.

Asimismo, alude a la interposición oportuna del recurso, transcribiendo lo pertinente del artículo 1 del Auto Acordado respectivo y a la competencia de la Corte que conocerá del mismo.

A continuación, señala que Promotora Falabella S.A. CMR es una Sociedad de Apoyo al Giro Bancario cuyo objeto es la emisión de tarjetas de crédito y la realización de todas las actividades y operaciones complementarias que autorice la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero.

Señala, que las Sociedades de Apoyo al Giro están reguladas en el Párrafo 2 del Título IX de la Ley General de Bancos, complementado por el Capítulo 11-6 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN).

Es así que las empresas de apoyo al giro requieren siempre autorización de la CMF, quien también aprueba sus estatutos sociales. Dichas sociedades están sujetas a la fiscalización de la CMF, y por ende se rigen por las normas que imparta dicho organismo de acuerdo con las facultades que establece la ley.

CMR ofrece según su giro, tarjetas de crédito, que históricamente han tenido distintas características, partiendo por tarjetas para uso exclusivo en la tienda Falabella, para luego ofrecer tarjetas de marcas internacionales como Visa y MasterCard, las cuales tienen aceptación universal en los comercios adheridos al respectivo sistema de pago.

En cuanto al procedimiento de liquidación voluntaria y deudas informadas a la CMF, el segundo recurrido indica que de acuerdo a lo señalado en el recurso, el recurrente se habría sometido al procedimiento de liquidación bajo el rol C-27136-2017 ante el 21° Juzgado Civil de Santiago. Según la información de la página del Poder Judicial la solicitud de liquidación voluntaria no indica, a diferencia de lo aseverado en el recurso, como empresa acreedora a su representada, ni tampoco señala antecedentes que acrediten que existiría alguna obligación impaga de fecha anterior o que el recurrente hubiese expresado que tenía deudas con CMR Falabella.

Indica que en la misma causa, con fecha 10 de diciembre del 2018 se dio por terminado el procedimiento concursal de liquidación, recuperando el deudor la libre administración de sus bienes. Dicha resolución fue publicada en el Boletín Concursal con fecha 10 de enero del 2019. Por lo anterior, y encontrándose ejecutoriada la resolución, el recurrente se entendió rehabilitado para todos los efectos legales de conformidad a la Ley N°20.720.

Agrega que de acuerdo al artículo 255 de la Ley 20.720, se establece que una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de liquidación se entenderán extinguidos por el ministerio de la ley los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal.

Estima relevante lo que establece la Ley y la misma resolución de la causa citada en autos, pues las deudas a que alude el recurrente que su representada ha informado a la Comisión para el Mercado Financiero son obligaciones que el deudor ha contraído con posterioridad a la resolución que pone término al procedimiento de liquidación, deudas adquiridas desde el mes de septiembre del año 2019, más de 8 meses después de que el deudor se encontrara rehabilitado.

Entiende que son deudas perfectamente vigentes, que el deudor no ignora, las ha ido pagando periódicamente, encontrándose hoy al día en ellas, quedando aún insolutas aquellas que ha pactado en cuotas o saldos vigentes de la línea de crédito en modalidad refundido.

A continuación, el segundo informante se refiere a la inexistencia del acto arbitrario o ilegal, expresando que el recurso debe ser desestimado por cuanto no existe acto arbitrario o ilegal de parte de Promotora CMR Falabella S.A., dado que la Ley General de Bancos (LGB) y las instrucciones impartidas por la CMF obligan a su representada a informar las deudas de sus clientes.

El artículo 14 de la Ley General de Bancos y el Capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la CMF establecen que la CMF debe mantener una información permanente y refundida sobre los deudores de los bancos, para el uso de las instituciones sometidas a su fiscalización.

En relación a ello, su representada se encuentra obligada a informar todas las operaciones de crédito, sean obligaciones reales y contingentes de un deudor, sea por su calidad de deudor directo o indirecto. Asimismo, está obligada a informar los créditos morosos por 90 días o más, incluso los importes adeudados de acuerdo con su valor contractual, considerando el capital insoluto y los reajustes e intereses devengados.

La información señalada está disponible incluso para los propios deudores a través del sitio de la CMF, siendo su acceso restringido de acuerdo a la LGB y las instrucciones de la CMF a través del denominado “Informe de deudas”.

CMR, añade, informó la deuda vigente del cliente en cumplimiento de una obligación normativa que nace de la LGB y las instrucciones de la CMF contenidas en la RAN. Es así que el cumplimiento de una obligación legal no puede considerarse un acto ilegal o arbitrario por parte de CMR, sino lo contrario, es un actuar con apego a la normativa vigente y que el recurrente no puede ignorar.

Expresa que las deudas existen, fueron informadas íntegra y oportunamente en cada estado de cuenta emitido al deudor, de conformidad a la normativa vigente.

Asimismo, las deudas fueron contraídas con posterioridad a la resolución que declaró terminado el procedimiento concursal, es decir con un deudor rehabilitado legalmente, quien además es libre para administrar sus bienes y contratar en el mercado.

El recurrente indica que existiría una supuesta vulneración al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, esto es, “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”. Todo en atención a que las deudas supuestamente estarían extintas por resolución judicial.

Sin embargo, como ha indicado, la aseveración del recurrente es falsa, pues las deudas fueron contraídas con posterioridad a que éste se encontrara rehabilitado y las deudas que hoy se encuentran informadas a la CMF se encuentran amparadas en una obligación legal de CMR de informarlas a dicha autoridad, lo que refuerza la idea de que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el actuar de su representada.

Explica que el mismo recurrente reconoce la existencia de la deuda, ha pagado o abonado parcialmente a las deudas que ha adquirido, como queda de manifiesto en los estados de cuenta acompañados al informe.

Por lo anterior, es que la información de una deuda vigente a la autoridad fiscalizadora, en este caso, la CMF, se encuentra amparada en una ley, y, por tanto, no reviste el carácter de ilegal y arbitraria, y no existe en ningún caso una vulneración del artículo 19 N° 4 de la CPR.

En cuanto a la protección de los datos personales, dice, nace de la garantía constitucional de la protección de la vida privada, establecida en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política que establece: “La Constitución asegura a todas las personas: 4°.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.”

En relación a lo anterior, añade, es necesario definir vida privada, y lo privado no sólo es lo que se opone a lo público, sino que es lo particular y personal de cada individuo.

El Informe de Deudas Nro. 5238339 emitido por la CMF y acompañado por el recurrente a fojas 1, detalla las deudas consignadas de un cliente en el Estado de Deudores del artículo 14 de la LGB. En el mismo es posible advertir que CMR aparece con información de deuda directa vigente por un monto total de $707.069. Asimismo aparece su representada en las líneas de crédito disponibles con un monto de $302.765. Reitera que la solicitud de este tipo de informes es reservada para los deudores, y se solicitan directamente a la CMF a través de su portal o en sus oficinas.

No es posible advertir vulneración alguna a la garantía constitucional antes mencionada, cuando es la propia ley y las instrucciones de la CMF a través de la RAN que obligan a su representada a informar a la CMF la deuda y líneas de crédito de cada uno de los clientes. No se podría vulnerar la garantía tampoco si tal información es reservada, de conformidad a la LGB, tanto para deudores como para las instituciones sujetas a la fiscalización de la CMF.

Concluye que la acción de protección es una acción constitucional de urgencia y de rápida tramitación, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos fundamentales que se enumeran en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Para que sea acogido un recurso de protección y tal como lo ha señalado la jurisprudencia, se deben cumplir ciertos supuestos: a) que exista una acción ilegal o arbitraria, siendo necesario que concurra una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional, y, b) que exista la posibilidad de actuar del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea la acción, de adoptar las medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

El recurso interpuesto en autos no cumple con ninguno de dichos requisitos, puesto que su representada no ha realizado ninguna acción contraria a derecho, ni menos actuación u omisión alguna que sea arbitraria.

La información de las deudas que constan en el Informe de Deudas acompañado por el recurrente son producto del cumplimiento de una obligación legal de CMR de informar a la CMF tales deudas de conformidad a las instrucciones que ha impartido dicha autoridad a través de la RAN.

Las deudas informadas a la CMF, son deudas contraídas válidamente, las que bajo ninguna perspectiva pueden ser consideradas extinguidas por la resolución que puso término al procedimiento de liquidación, pues la misma Ley 20.720, exige que dichas deudas sean anteriores a la resolución, lo que no ocurre en el caso de marras.

Su representada no sólo actúa dentro del marco normativo, sino que, cumple íntegra y oportunamente con la obligación legal de informar a la CMF conforme a las instrucciones de la RAN.

Así, afirma, el recurso debe ser rechazado con costas por no concurrir en la especie los presupuestos establecidos en la Carta Fundamental, esto es, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal de parte de mi representada, y por no existir una privación, perturbación o amenaza a la garantía constitucional señalada por el recurrente.

Acompaña diversos documentos, entre ellos, copia de los Estados de Cuenta de Tarjeta de Crédito CMR Falabella Mastercard Elite de don nombre reservado desde el 14 de septiembre del 2019 hasta el 14 de abril del 2020, así como copia del Capítulo 18-5 de la RAN de la CMF, antes Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

4°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

5º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

6°) Que, tal como se ha indicado por el primer informante, el recurso entablado es extremadamente confuso, al punto que de su lectura, fundamentos y conclusiones, no aparece con claridad cuál es la intención que persigue, de qué se reclama en verdad, siendo entonces de difícil entendimiento. Se habla de recurrida, en circunstancias que son dos, sin que aparezca hecha la diferenciación clara que debería hacerse, respecto de los hechos que empecen o se imputan a cada una de las dos entidades respecto de las que se recurre. Incluso, la mención como garantía constitucional vulnerada en el presente caso no puede ser estimada sino como curiosa, pues no guarda relación con la fundamentación del recurso. Como ha quedado señalado, se trata del N°4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en circunstancias que la fundamentación del recurso es, básicamente, de orden económico.

Además, menciona supuestas ilegalidades de otras entidades que, sin embargo, no fueron recurridas.

El recurso afirma que el acto ilegal y arbitrario de la recurrida consiste en solicitar la publicación de la supuesta vigente morosidad, en circunstancias que ella se extinguió como consecuencia de la tramitación de su procedimiento concursal de liquidación voluntaria. Acusa que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha actuado con la misma ilegalidad y arbitrariedad en el sentido de que tomó la información proporcionada por CMR FALABELLA Y BANCO SANTANDER, publicando dicha información en el Informe de Deudas que acompaña, obviando cualquier tipo de control de legalidad respecto a la veracidad de dicha información, aun cuando presencialmente informó la situación en sus dependencias.

Para despejar el problema, se debe comenzar por hacer referencia al primer recurrido, el Banco Santander. Dicha institución bancaria ha informado que no mantiene cuenta corriente con el recurrente, de manera que no ha podido incurrir en el acto ilegal o arbitrario que se le ha imputado, de cerrar la misma, en razón de sus deudas previas al juicio que invoca, de liquidación voluntaria de sus bienes.

Ha dicho el primer recurrido que lo que ha pasado es que hubo una negativa a abrir una cuenta corriente con el recurrente. En ello, desde luego que esta Corte no le puede atribuir la comisión de un acto que tenga los caracteres ya referidos, pues la apertura de cuenta corriente es un acto reglado, hay una profusa legislación sobre el particular y el recurrente, en su pretensión de ser titular de una, simplemente no califica para tener cuenta corriente en la institución en la que pretende, pues su otorgamiento o consolidación debe ser el fruto de un contrato, y como tal, requiere de dos voluntades, y no existe la del Banco por cuanto cumple en lo referente a las condiciones objetivas que se exigen a los aspirantes a cuenta corriente, sin perjuicio de que la misma entidad recurrida hizo presente que mantiene con ella otra clase de producto, vigente.

De este modo, de acuerdo con lo informado, el recurrente no posee actualmente una cuenta corriente que se pueda “reabrir” y la negativa a la apertura de una cuenta de esa clase por parte del Banco Santander es fundada en las deudas que otras entidades como CMR Falabella informa a la Cámara de Comercio de Santiago, en conformidad con los preceptos legales mencionados en los informes, y que se estima innecesario repetir.

En cuanto a informar supuestas deudas, el Banco Santander ha negado dicha actuación.

Igualmente, en lo tocante a que se habría acelerado un crédito hipotecario, en el año 2018, el Banco Santander ha señalado que se trata de una alegación falsa del recurrente, pues en sus registros no aparece un crédito de esta clase que se le hubiere otorgado en dicha entidad.

Entonces, no se le puede atribuir el haber incurrido en un acto ilegal o arbitrario, de tal manera que, faltando el requisito más elemental y básico para el acogimiento de una acción de protección, la presente no puede prosperar a su respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto del Banco Santander, el recurrente tampoco invoca un derecho preexistente e indubitado, pues éste en realidad no existe.

En suma, el primer recurrido no ha cometido ninguna ilegalidad, entendiendo que las que se han denunciado por el recurrente, dicen relación en forma exclusiva con la Ley N°20.720, por continuar entendiéndolo como deudor moroso no obstante haberse rehabilitado en conformidad con dicho texto legal.

Sin embargo, el Banco no ha informado de ninguna morosidad a la Comisión para el Mercado Financiero, y su negativa a abrir o aperturar cuenta corriente al recurrente no ofende la legislación que regula la materia, ni puede estimarse arbitraria, desde que ha procedido en conformidad con las informaciones comerciales que se le entregaron, respecto de deudas que son posteriores al procedimiento seguido en conformidad a la ley previamente indicada. Por ende, su negativa no procede de un acto caprichoso o apartado de la lógica o el sentido común, sino que tiene fundamento más que suficiente en las condiciones que deben respetar ambas partes, para que pueda celebrarse un contrato de cuenta corriente.

Y como contrato que es, esta Corte no tiene facultades para ordenarle a la entidad bancaria que inicie el proceso de apertura de cuenta corriente.

En consecuencia, respecto del primer recurrente, el recurso no puede prosperar por lo más básico, que es la ausencia de acto u omisión que puedan catalogarse como ilegales o arbitrarios. Tampoco enarbola el recurrente un derecho que sea preexistente e indubitado y, muchas de las afirmaciones que hace no se condicen con la realidad de los hechos.

7°) Que, en cuanto a la segunda entidad recurrida, se le imputa informar deudas que estarían saneadas en virtud del procedimiento llevado a cabo en conformidad a la ley N°20.720.

Surge de lo informado y documentación acompañada por el segundo recurrido, que éste tampoco ha incurrido en una actuación u omisión ilegal o arbitraria, pues la base del recurso no es exacta. En efecto, el recurrente ha fundado el recurso, en lo referente a CMR Falabella, en la circunstancia de que habría informado a la Comisión para el Mercado Financiero deudas que estarían extinguidas en virtud del procedimiento de liquidación llevado a cabo por quien recurre.

Sin embargo, tal supuesto es, como ya se indicó, inexacto, porque lo cierto es que la deuda informada por CMR Falabella es posterior a ese procedimiento, terminado el año 2018.

El segundo recurrido ha informado y demostrado que las deudas a que alude el recurrente que ha informado a la Comisión para el Mercado Financiero son obligaciones que el deudor ha contraído con posterioridad a la resolución que pone término al procedimiento de liquidación, deudas adquiridas desde el mes de Septiembre del año 2019, más de 8 meses después de que el deudor se encontrara rehabilitado.

Entiende que son deudas perfectamente vigentes, que el deudor no ignora, las ha ido pagando periódicamente, encontrándose hoy al día en ellas, quedando aún insolutas las que ha pactado en cuotas o saldos vigentes de la línea de crédito en modalidad refundido.

El recurrido CMR Falabella ha insistido en que las deudas existen, fueron informadas íntegra y oportunamente en cada estado de cuenta emitido al deudor, de conformidad a la normativa vigente. Y la obligación de informar tales deudas surge del artículo 14 de la Ley General de Bancos, así como de las instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero.

Asimismo, las deudas fueron contraídas con posterioridad a la resolución que declaró terminado el procedimiento concursal, es decir con un deudor rehabilitado legalmente, quien además es libre para administrar sus bienes y contratar en el mercado.

Explica que el Informe de Deudas Nro. 5238339 emitido por la CMF y acompañado por el recurrente a fojas 1, detalla las deudas consignadas de un cliente en el Estado de Deudores del artículo 14 de la Ley General de Bancos. En él se advierte que CMR aparece con información de deuda directa vigente por un monto total de $707.069. Además, aparece su representada en las líneas de crédito disponibles con un monto de $302.765. Reitera que la solicitud de este tipo de informes es reservada para los deudores, y se solicitan directamente a la CMF a través de su portal o en sus oficinas.

La información es restringida, y el deudor tiene acceso a la misma.

Por lo anterior, en este caso, siendo la base del recurso falta, y la supuesta ilegalidad se basa en la infracción de la ley N°20.720, así como en el artículo 18 de la Ley N°19.628, es posible desestimar que haya vulneración de disposiciones legales, desde que ninguna de ellas es aplicable al caso de la especie, por las razones ya explicadas.

Y en cuanto a la arbitrariedad, tampoco es posible visualizar alguna, ya que CMR Falabella ha obrado en virtud de la normativa que rige la materia, expuesta en el mismo recurso, y que resulta innecesario mencionar, pues el recurrente no la invoca como transgredida, ya como se indicó, toda su argumentación la basa en la transgresión de la ley anteriormente citada, así como en la mención del inciso 2° del artículo 18 de la Ley N°19.628, inaplicable a este caso.

8°) Que, en resumen, no concurre, en relación con ninguno de los dos recurridos, algún acto u omisión que puedan estimarse ilegales o arbitrarios, ya que la norma invocada, la ley 20.720, no aparece transgredida, al igual que el artículo 18 de la Ley N°19.628.

Además, tampoco el actor ha demostrado tener un derecho preexistente e indubitado y, finalmente, no se ha demostrado de qué modo se habría vulnerado la garantía constitucional que invoca, del artículo 19 N°4 de la Carta fundamental, razones todas que conducen al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por don don nombre reservado en contra de BANCO SANTANDER Y CMR FALABELLA.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°39.938-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz. No firma el Ministro (S) señor Andrade, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.