Protección contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece don nombre reservado, venezolano, interponiendo recurso de protección, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no emitir pronunciamiento respecto de la reconsideración de la negativa a otorgar la residencia definitiva, lo que estima que vulnera la garantía contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política.

Fundando la acción expone que se le notifico que se había rechazado la solicitud de residencia definitiva, por lo cual el 19 de diciembre de 2020 interpuso Recurso de Reconsideración, sin recibir respuesta a la fecha.

Precisa que el Recurso de Reconsideración, tiene como objeto la revisión de la decisión de la recurrida y que carecería de sentido si llega fuera de los plazos que la ley establece.

Sostiene que lo anterior le ha impedido el desarrollo laboral al contar sólo con permiso de residencia temporaria, exigiéndose por parte de los oferentes de puestos de trabajo la autorización de permanencia definitiva en el país.

Alega que la omisión es arbitraria e ilegal, vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley. En este orden de ideas la autoridad migratoria contraviene lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento nombre reservado, y en los artículos 23 y 24 de la Ley 19.880, en la que se establecen ciertos principios rectores para la administración, entre ellos el principio de celeridad, conforme a lo cual requiere que su solicitud de reconsideración se resuelta por la recurrida, con una expedita y oportuna decisión que resuelva su trámite y que se exhiba el comprobante respectivo de que dicha solicitud fue recepcionada, lo que no ha acontecido contraviniendo el principio citado.

Segundo: Comparece el abogado don Javier Muñoz Reyes, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien opone la excepción de cosa juzgada, solicitando que la misma sea acogida, refiriendo que el 1 de febrero de 2021 se presentó recurso de protección en representación del actor Rol N°1.063-2021 ante esta Corte de Apelaciones, la que el 1 de julio de 2021 dictó sentencia mediante la cual rechazó el referido recurso, formulándose en ambos la misma pretensión.

Precisa que conforme a lo dispuesto en el artículo 175 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, procede en el presente recurso dicho efecto, en atención a que se cumplen los presupuestos establecidos como requisitos para su procedencia, por lo cual solicita que sea acogida la excepción opuesta y se rechace el recurso en todas sus partes con expresa condena en costas.

En subsidio de lo anterior, evacua el informe requerido, solicitando su rechazo en todas sus partes ya que no se configuran los presupuestos constitucionales sin legales para su interposición, debiendo ser considerado improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente contra alguna de las garantías amparadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 13 de diciembre de 2019 se ingresó al sistema de la recurrida solicitud de permiso de Permanencia Definitiva presentada por el actor y que, mediante Resolución Exenta N°705 de 5 de enero de 2021 de esa autoridad, se resolvió rechazar la petición efectuada, por no contar con estabilidad económica que le permitiera vivir en Chile sin constituir una carga social y, en subsidio, se le otorgó visación de Residencia Temporaria por el período de un año, en la condición de titular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 inciso 3° de la Ley nombre reservado.

Agrega que el 19 de diciembre de 2020 el actor ingresó solicitud de reconsideración del rechazo de su petición a través de la plataforma virtual de ese nombre reservado, de conformidad a lo establecido en el artículo 142 bis del Reglamento nombre reservado, la que su resuelta mediante Resolución Exenta N°23.196 de 18 de febrero de 2021, disponiendo el rechazo de la misma, atendido que de los antecedentes tenidos a la vista se desprendía que el actor procedió a realizar el estampado válido del permiso de residencia otorgado mediante la resolución impugnada, por lo que procedía el archivo de la petición.

Afirma que el recurrente el 17 de enero de 2021 procedió a realizar el estampado electrónico del permiso de visación que se le otorgó mediante Resolución Exenta N°205, con vigencia hasta el 17 de enero de 2022, por lo que se encuentra de manera reglar en el país, con un permiso de residencia vigente.

Indica que el recurrente presentó recurso de protección que ingresó con el Rol 97.444-2020 seguido ante esta Corte, fundado en la supuesta demora de su solicitud de permanencia definitiva el que fue rechazado el 20 de abril de 2021 y, posteriormente, presentó un nuevo recurso que ingresó bajo el Rol N°1.063 por la demora de su solicitud de reconsideración de permanencia definitiva, el que fue rechazado el 1 de julio de 2021, de lo que se advierte que el recurrente ha judicializado todo tipo de actos que dicte la autoridad migratoria, evidenciando el abuso de la acción de protección en estos casos.

Destaca que, por lo anteriormente expuesto, sumado a que el actor no ha tenido motivo plausible para litigar, considerando que la reconsideración ya se encuentra resuelta y que tiene una visación estampada, encontrándose en situación migratoria regular en el país, se debe rechazar el recurso, con costas.

Concluye señalando que, la autoridad administrativa ha actuado siempre conforme a la Constitución y las normas legales y reglamentarias vigentes, dentro de la esfera de sus competencias, y siguiendo los procedimientos que dichas normas establecen para el procesamiento y resolución de una solicitud de permiso de permanencia definitiva, motivo por el que el recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas del recurrente.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: En tal sentido, advirtiéndose que el asunto planteado mediante la presente acción cautelar fue resuelto por esta Corte en el Recurso de Protección, número de ingreso 1.063-2021, deducido por los mismos fundamentos que el presente arbitrio, no resulta procedente emitir un nuevo pronunciamiento por idénticos hechos y alegaciones, tal como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se omite pronunciamiento respecto de la acción constitucional interpuesta a favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, continuador del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por haberse pronunciado esta Corte sobre el asunto objeto de la presente acción de cautela.

Regístrese comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°39856-2021.