nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO CENTRO

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

Al folio 21, téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece Sebastián Andrés Bustos Urbina, abogado, en representación de nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna y de la Tesorería General de la República, por haber incurrido en el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el oficio ordinario N° 15174-TR-SO de fecha 6 de septiembre de 2021, notificado mediante correo electrónico de 13 de septiembre de 2021, por el que se comunicó el rechazo de su solicitud de bono post laboral contemplado en la ley N° 20.305 en relación con lo dispuesto en la ley 21.306 en su artículo 80, lo que vulneraría las garantías fundamentales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, a la fecha de interposición del recurso tenía 67 años de edad y ejerció como médico en el servicio público hasta el año 2019, del cual se retiró, acogiéndose al beneficio de la ley 20.986 de incentivo al retiro.

Señala que la Tesorería Regional Santiago Oriente, a través del acto recurrido, ha rechazado el beneficio solicitado, indicando: “La Sra. nombre reservado postula a la ley 20.986.- Consultado con nuestro Departamento Jurídico, sobre ésta ley, podemos señalar textualmente “La ley N° 20.986 que otorga una bonificación al retiro para los profesionales de la Salud, no contempla en ninguno de sus artículos que las personas que ya no cumplen con el requisito de la edad para obtener derecho al bono post laboral, lo puedan obtener en las condiciones especiales que otorgan las otras leyes de incentivo al retiro”. No es posible obtener Bono Post Laboral con la ley 20.986”

Menciona que la ley antes referida, está dirigida a los profesionales funcionarios afectos a las leyes N° 15.076 y N° 19.664, de los Servicios de Salud, y a los profesionales funcionarios de la Escala A de remuneraciones de los Establecimientos de Salud de Carácter Experimental, y preceptúa que 3.750 médicos podrán acceder a beneficios económicos cumpliendo ciertos requisitos.

Por otra parte, expone que la ley N° 20.305 establece mejores condiciones de retiro para los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, la que se traduce en un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales, para el personal que a la fecha de entrada en vigor de dicha ley (diciembre 2018) desempeñe un cargo de planta o a contrata, y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos que indica. Añade que el personal mencionado anteriormente tendrá derecho al bono siempre que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública y cumpla con los requisitos del artículo 2°.

Luego de reproducir el artículo recién citado, hace mención al dictamen N° 1117 de fecha 8 de abril de 2020, emitido por la Contraloría General de la República, destacando que dicha institución considera que los beneficiarios de la ley N° 20.986 tienen derecho al bono post laboral cuando lo solicitaren dentro del plazo que la ley N° 20.305 señala, pues establece, en ese caso en particular, que el solicitante no tenía derecho a tal bono sólo en razón de la oportunidad en que fue solicitado, ya que, norma preceptúa que la postulación al bono post laboral debe efectuarse dentro de los 12 meses siguientes de cumplidos los 60 o 65 años de edad, según el sexo del peticionario.

Sostiene que, resulta necesario determinar si es aplicable a los referidos profesionales lo dispuesto en el artículo 80 de la ley N° 21.306, sobre reajuste del sector público para el año 2021. Así, del artículo señalado infiere que los requisitos para gozar del plazo excepcional que la norma establece -y que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021- son los siguientes: a) Ser funcionario o ex funcionario público, cualquiera sea el estatuto jurídico que le sea aplicable, ya que la ley no hace distinción alguna; b) Cumplir los requisitos legales para acceder al bono post laboral; y c) Que no haya presentado la solicitud para impetrar el bono post laboral o que habiéndolo solicitado no hubiese accedido a él por motivos que no le son imputables, o bien que al momento del cese de sus funciones en el servicio respectivo se hubiere acogido a una ley de incentivo al retiro voluntario que contempla plazos y/o edades distintos de los señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 2 y en el artículo 3 de la ley Nº 20.305, tales como la ley Nº 20.374 y la ley Nº 20.135, siempre que cumplan los demás requisitos para acceder al bono de la ley Nº 20.305. Concluye que la norma contenida en el artículo 80 de la ley antes referida favorece a todos los funcionarios y ex funcionarios que accedan durante el año 2021, o hayan accedido en el pasado, a la bonificación por retiro voluntario de la Ley N° 20.986.

Refiere que la Contraloría General de la República, en Dictamen N° 6273, de 16 de abril de 2020, se pronunció en términos análogos con ocasión de la norma contenida en el artículo 62 de la Ley N° 21.196, sobre reajuste del sector público para el año 2020, que contiene una disposición similar a la del artículo 80 de la Ley N° 21.306, en cuanto también otorgaba un plazo especial para acogerse al beneficio del bono post laboral, disposición que preceptúa que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3° de la ley N° 20.305, los “funcionarios y funcionarias” que habiendo cesando en funciones dentro de los doce meses siguientes de cumplidos los 65 años de edad y que no presentaron la solicitud para acceder al bono de la citada ley en el plazo indicado en dicho artículo 3°, tendrán, por única vez, un nuevo plazo de ciento ochenta días hábiles, contado desde la fecha de publicación de esta ley para impetrar el citado beneficio, si cumplen con los demás requisitos legales al momento del cese de sus funciones. Destaca que el órgano contralor indicó que “este último precepto concede un nuevo intervalo de tiempo, contado desde el 21 de diciembre de 2019 -data de publicación de la ley N° 21.196-, para que los ex servidores y ex servidoras que, entre otros requisitos, terminaron sus labores dentro de los doce meses siguientes de cumplidos los 65 años de edad y que no presentaron oportunamente su solicitud al bono post laboral, puedan postular a aquel”. De ello concluye que la referencia que efectúa el artículo 80 a las leyes 20.374 y 20.135 es meramente ejemplar, ya que utiliza la expresión “tales como”, por lo que quedan comprendidos en esta disposición todos aquellos cuerpos normativos que establecen incentivos al retiro voluntario para funcionarios públicos que contemplen plazos y/o edades distintos a los señalados en la 20.135, cuyo es el caso, precisamente, de la ley N° 20.986.

Alegó, en primer lugar, que el acto es ilegal y arbitrario ya que no hace referencia alguna ni da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 21.306. Expone que la Tesorería Regional efectúa una interpretación errada de lo establecido en la Ley N°21.306, que es el marco legal que le permite sostener que sí procede el bono post laboral, atendido que sí cumple con los requisitos exigidos por dicha ley, en este caso, la actora se encontraba en la hipótesis de quién no presentó su solicitud al bono post laboral de la ley 20.305.

En segundo término, alega que la administración se encuentra obligada a fundamentar los actos que dicta, tal como lo indican los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880, que establece las bases de todo procedimiento administrativo, deber que no se entiende por cumplido con la mera referencia genérica, sino que debe indicarse de tal manera que permita entender el razonamiento y los reales motivos que tiene la autoridad al momento de dictarlo, de modo de evitar cualquier desviación de poder. En el presente caso, al no efectuar la autoridad administrativa contra quien se recurre una interpretación correcta de la Ley 20.986 en relación con la Ley 20.305, desconociendo disposición expresa de la Ley 21.306 en su artículo 80, constituye un acto administrativo discriminatorio que lo torna arbitrario e ilegal.

En cuanto a la vulneración de las garantías fundamentales, argumenta que la autoridad, soslayando las normas legales vigentes que exigen la dictación de un acto motivado, emite la respuesta que rechaza la solicitud ya referida, contraviniendo texto expreso legal, creando una diferencia arbitraria respecto de otros funcionarios que, ante esta misma situación, se les reconoce este derecho.

Además, menciona que el recurrente por sus años de servicio públicos y su baja tasa de reemplazo de sus pensiones, tiene derecho a acogerse al beneficio del bono post laboral, la que mejorará sus condiciones de retiro, al ser un trabajador del sector público con baja tasa de reemplazo de sus pensiones, lo que se traduce en un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales adicionales.

SEGUNDO: Que comparece Cristián Vargas Bugueño, abogado, en representación de la Tesorería General de la República, quien, informando al tenor del recurso, solicitó el rechazo de éste, ya que, no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal.

En relación a la Ley N° 20.305 que establece el denominado “bono post laboral”, menciona que en su artículo 2 dispone que el personal que se desempeña en alguno de los servicios o entidades comprendidos en la cobertura del beneficio (indicados en el artículo 1°), que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública, debe cumplir para ser beneficiario del bono, los siguientes requisitos en forma copulativa: 1) Tener la calidad de funcionario público (planta o a contrata) o estar contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono, como con anterioridad al 1 de mayo de 1981; 2) Tener a lo menos 20 años de servicios en alguno de los servicios o entidades comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus antecedentes legales, a la fecha de la publicación de la Ley N° 20.305; 3) Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55%; 4) Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres; y 5) Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley N° 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.

Refiere que en relación con el artículo 80 de la Ley N° 21.306 que otorga reajuste y otros beneficios, se indica que, en el plazo de un año contado desde el 31 de diciembre de 2020, podrán solicitar el bono post laboral los exfuncionarios que: a) Cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono. b) Cumpliendo requisitos legales y habiéndolo solicitado, no hubiesen accedido al bono por motivos no imputables a ellos y c) También aquellos que, al momento del cese de funciones en el servicio respectivo, se acogieron a los beneficios de leyes de incentivos al retiro voluntario que contemplaron plazos y/o edades distintos de los señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 2° y en el artículo 3°de la Ley N° 20.305, siempre que cumplan los demás requisitos para acceder al bono que contempla esta última norma.

Afirmó que este último articulado concede un nuevo intervalo de tiempo, contado desde la fecha de su publicación, para que los ex servidores que, entre otros requisitos, terminaron sus labores dentro de los 12 meses siguientes de cumplidos los 60 años (tratándose de mujeres) y que no presentaron oportunamente su solicitud al bono post laboral o no accedieron por razones no imputables a ellos, puedan postular a aquel. Agrega que la normativa contempla la posibilidad de postular a las exfuncionarias que, al amparo de leyes de incentivo al retiro, podían exigir conjuntamente el bono post laboral con plazos o edades distintos a los señalados en Nos 4 y 5 del artículo 2° y 3° de la Ley N° 20.305, para impetrar dicho estipendio y alejarse de su empleo Explica que, en la situación del recurrente, corresponde anotar que aquellos exservidores que se acogieron a la bonificación por retiro voluntario (equivalente a 11 meses de remuneración imponible) o a la bonificación adicional (hasta 664 Unidades de Fomento) de los profesionales de la salud, al amparo de la Ley N°20.986, no pueden postular a este “nuevo” plazo u oportunidad que establece el artículo 80 de la ley N° 21.306. Arguye que esta situación que no hizo compatibles ambos beneficios y no puede ser alterado por lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 21.306, norma de carácter excepcional que se aplica a aquellos exfuncionarios que al momento del cese podían acceder al referido bono post laboral. Niega que la señora nombre reservado se encontrara en alguna de las 3 hipótesis que la norma señala.

En el mismo sentido, cita el dictamen N° 31.526/2019 de la Contraloría General de la Republica en relación a la Ley N° 21.043, para enfatizar que no puede una norma excepcional (como lo es el artículo 80 de la ley N°21.306) extender dicha prerrogativa a beneficiarios de leyes especiales (como son aquellas que otorgan bonificaciones para retiro de académicos, directivos o profesionales) que nunca tuvieron derecho a postular y acceder al bono post laboral en condiciones distintas a la regla general contemplada en la Ley N°20.305 en desmedro de aquellos exfuncionarios que teniendo dicho derecho de acuerdo a la normas generales, no pudieron acceder a éste por distintas razones. Concluye que el derecho que el recurrente indica le ha sido vulnerado, no es indubitado y no disputado, escapándose absolutamente de los propósitos de la presente acción constitucional.

En cuanto a la supuesta infracción al derecho a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, afirma que la actuación impugnada de manera alguna puede vulnerarla, pues el no pago del bono post laboral, por su representada se aplica a todas aquellas personas que se encuentran en la misma situación, esto es, que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del bono de la Ley N° 20.305.

Asimismo, hace presente el rol fiscalizador de la recurrida establecida en la ley para los efectos custodiar los fondos fiscales. Aclara que no se ve de qué manera pueda existir una ilegítima perturbación de su derecho de propiedad, toda vez que, de acuerdo con las normas aludidas, el recurrente no tiene el derecho a postular ni acceder al bono que pretende para mejorar su pensión establecida en la Ley N° 20.305.

TERCERO: Que al evacuar informe nombre reservado, Director del Hospital Luis Calvo Mackenna, solicita el rechazo del recurso, reiterando los argumentos señalados por la Tesorería General de la República.

CUARTO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida pretensión al recurrente.

QUINTO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

SEXTO: Que la resolución del presente caso importa determinar si la decisión de la recurrida de no otorgar el bono post laboral a la señora nombre reservado constituye un actuar ilegal y/o arbitrario y, por tanto, si ese proceder afectó o amenazó las garantías constitucionales alegadas por aquella recurrente.

SÉPTIMO: Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que el artículo 2° de la citada Ley N° 20.305, en sus numerales 4 y 5 dispone que: Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos: (…) 4. Tener cumplidos 65 años en el caso de los hombres y 60 años tratándose de las mujeres. 5. Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1º, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas.

A su vez, el artículo 80 de la Ley N° 21.306 establece: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nº 20.305, otorgase, por única vez, el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley para impetrar el bono de la Ley Nº 20.305, a los ex funcionarios y ex funcionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido al bono por motivos no imputables a ellos.

En este caso, se deberá postular en la institución ex empleadora y el bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente de la fecha del acto administrativo que lo concede”

OCTAVO: Que, del análisis de los antecedentes, y especialmente de las normas transcritas, aparece que los derechos cuya protección se reclama no tienen el carácter de indubitados, pues no resultan determinados como derechos preexistentes, sino claramente controvertidos, de modo que no es posible por esta vía proteccional dar remedio al planteamiento del actor, por no cumplir el requisito esencial mencionado para que la presente acción pueda prosperar.

NOVENO: Que al efecto debe mencionarse, que, tratándose de un acto administrativo, es la propia ley quién otorga los mecanismos recursivos e impugnatorios a su respecto, sea mediante el ejercicio de los medios establecidos en la Ley N° 19.880 o directamente ante la Contraloría General de la República.

DÉCIMO: Que además de ello y sin que se considere un pronunciamiento de fondo, es menester señalar que resulta manifiesto que en el presente caso, no se encuentra regulado el caso de la recurrente de acuerdo a las normas invocadas, toda vez que la actora recibió el bono de incentivo al retiro de acuerdo a la Ley N° 20.986, la que no establece la compatibilidad de sus bonificaciones con el bono de naturaleza laboral impetrado por la recurrente, sin perjuicio que el artículo 80 de la Ley N° 21.306, sólo aumenta el plazo para aquellas personas que por una u otra razón no imputable a ellas no lo recibieron, resultando además dudoso a lo menos la concurrencia de los requisitos de procedencia si se estimaren de ese modo.

UNDÉCIMO: Que, además, debe considerarse que de conformidad al artículo 13 de la Ley N° 19.041, la Tesorería General de la República tiene un rol fiscalizador de los egresos no tributarios y que tiene la facultad de suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten y sobre esa base -la recurrida- no solo tiene la prerrogativa para revisar los antecedentes atingentes a los requisitos de tiempo computable y edad para acceder al bono, contemplados en los números 2 y 4 del artículo 2° de la Ley N° 20.305, sino que también para verificar lo esencial a ello, como es verificar si era aplicable al ex funcionario, beneficiario de las bonificaciones de la Ley N° 20.986, las analizadas disposiciones de la Ley N°20.305.

DUODÉCIMO: Que, por lo anteriormente razonado, se concluye que el acto impugnado no es arbitrario, pues no resulta irracional ni obedece a un mero capricho, circunscribiéndose a dar cumplimiento a la normativa señalada en el motivo sexto, en consonancia con las leyes números 20.986 y 20.305. Asimismo, no se aprecian actos u omisiones que puedan constituir privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos fundamentales y garantías de la recurrente, motivos que fuerzan el rechazo del recurso de protección.

Por lo expuesto, y visto además, lo dispuesto por en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de Tesorería General de la República.

Se previene que la Abogada Integrante señora Ponce de León Salucci, estuvo por el rechazo sin costas del recurso de autos solo por considerar que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario es decir, que aquel se ajustó a lo dispuesto en las normas que regulan los bonos que se aluden por los intervinientes y por consiguiere, no ha causado a la recurrente privación perturbación ni amenaza al ejerció legítimo de los derechos fundamentales por ella invocados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-39803-2021.