Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –en adelante COMPIM-

Santiago, seis de marzo de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece el abogado don Juan Carlos Bello Pizarro, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, médico cirujano, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –en adelante COMPIM-, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en la dictación de 6.506 resoluciones administrativas que van desde los Ordinarios Números 318650 al 325168, correlativamente, notificadas por medio de correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2021, en las que se solicita emitir un informe individual y acompañar antecedentes médicos complementarios que justifiquen la licencia médica singularizada en cada uno de ellos, dentro del plazo de 3 días hábiles; conculcando sus garantías fundamentales contenidas en los numerales 1°, 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representado es médico cirujano y en el contexto de su profesión, atiende y trata diariamente a pacientes que sufren variadas patologías, atendiendo a niños, jóvenes y adultos, respecto de enfermedades que es posible darle tratamiento terapéutico y farmacológico derivándolos al especialista correspondiente. Agrega que, el buen ejercicio de su profesión le exige diagnosticar y tratar adecuadamente a sus pacientes, realizarles diversos tratamientos, control médico, farmacológicos, exámenes físicos y, en muchos casos, como parte indispensable del tratamiento, se requiere del reposo laboral, el que se otorga mediante la emisión de una licencia médica.

Sostiene que el acto denunciado es arbitrario por cuanto carece de fundamentación y, además, se trata de requerimientos vagos e imprecisos, en los que no se indica el año de la licencia médica respectiva, ni se expresan cuáles son los antecedentes médicos adicionales requeridos, lo que considera un descriterio por tratarse de licencias médicas emitidas hace más de tres años, muchas de las cuales se encuentran en registros en papel, respecto de pacientes que fueron atendidos en diversos centros médicos, a los cuales no se tiene acceso expedito para efectos de obtener las fichas clínicas; de modo que, le resulta imposible su recopilación, causándole agravio el requerimiento ya que la sanción es la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y multas.

Señala que, con esfuerzo, logró remitir dentro del plazo concedido 18 informes, solicitando conjuntamente con ello, que se le otorgara un nuevo plazo razonable, sin que la recurrida se haya pronunciado sobre los informes y/o la solicitud de prórroga; sin embargo, se le reiteró, con fecha 20 de septiembre de 2021, los requerimientos de informes.

Afirma que el acto es ilegal, por cuando se dicta con infracción al artículo 2 de la Ley Nº 20.585, ya que el plazo para solicitar antecedentes por licencias médicas a los facultativos de la salud es de 7 días corridos.

Asimismo, no se tiene en cuenta el artículo 13 de la Ley Nº 20.584, que define las fichas clínicas como documentos con datos sensibles, custodiadas por los prestadores de salud, a los que solamente se puede acceder con autorización del paciente, no teniendo un acceso expedito a ellos.

Esgrime que el requerimiento impugnado comprendería la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, superando entonces el plazo de que disponen los órganos de la Administración del Estado, para ejercer su potestad administrativa sancionatoria, de conformidad con los arts. 94 y 97 del Código Penal.

En definitiva, solicita se restablezca el imperio del derecho dejando sin efecto todos los requerimientos de información o, en su defecto, se declare que el requerimiento sólo pueda recaer en un número razonable de licencias médicas. En subsidio de mantenerse intacto el requerimiento, se conceda un plazo equivalente de 3 días hábiles por cada informe, o en subsidio, se conceda un término que no sea inferior a un informe diario.

Segundo: Informando el recurso, comparece el abogado don Jorge Hübner Garretón, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

Alega, en primer lugar, que la acción deducida es improcedente por no ser la vía idónea para los fines que persigue el actor ya que los hechos de que se da cuenta por el recurrente escapan a la tutela de urgencia propia de este arbitrio. Al respecto, señala que el régimen recursivo para impugnar la legalidad de un acto administrativo está establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley Nº 19.880, los que no han sido ejercidos en este caso.

En segundo término, arguye la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria.

En cuanto a la ilegalidad, expone la normativa legal y reglamentaria que avala el actuar de la recurrida en materia de licencias médicas para emitir los actos recurridos, en especial el artículo 48 del Decreto Nº 3 que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por la nombre reservado e instituciones de salud previsional, del año 1984, del Ministerio de Salud.

Precisa que, en cuanto al plazo establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas y, en relación a la fiscalización de su fundamentación médica, que éste no podrá exceder de 7 días corridos, cuestión que se cumple en los hechos.

En cuanto al tratamiento de datos sensibles, señala que el artículo 10 de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, prevé su tratamiento cuando la ley lo autorice o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

Arguye que, el artículo 49 del mismo cuerpo legal, refiere que los facultativos deben mantener un registro de los pacientes a los cuales ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron lugar, por lo que la negativa del recurrente resulta infundada e inexcusable lo que obstruye el ejercicio de la facultad fiscalizadora.

En relación a la prescripción de la acción sancionadora, aclara que la sanción pecuniaria que se devenga no la transforma en una falta penal. El plazo aplicable es de 5 años.

Respecto de la arbitrariedad alegada, afirma que los actos recurridos se enmarcan dentro de un plan masivo de fiscalización de grandes emisores de licencias médicas, y el presupuesto básico de fondo es una necesidad pública sobre un asunto propio de la competencia del órgano de la Administración.

Por todo lo expresado, previa cita de la normativa que rige al efecto, enfatiza que no existe acción ilegal ni arbitraria por parte de la recurrida, ni vulneración de las garantías constitucionales alegadas, por lo que solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, esto es, carente de razonabilidad o justificación, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: En cuanto a la impertinencia alegada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, aduciendo que la presente acción carece de la urgencia propia de este arbitrio, ésta deberá ser desechada por disentirse de la afirmación de la recurrida, desde que los hechos mencionados, conforme el texto del recurso, eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20de la Carta Fundamental.

Quinto: En consideración a la controversia planteada, resulta pertinente examinar si la actuación de la nombre reservado constituye o no un acto ilegal o arbitrario que afecte o amenace alguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente.

Sexto: En cuanto a la normativa aplicable al caso, el artículo 1º, del Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva y de Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, dispone: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico - cirujano, cirujano- dentista, o matrona,(…)” “(…)reconocida por su empleador, en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante nombre reservado, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Profesional, según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

A la vez, su artículo 5º, establece que: “La licencia médica, es un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la nombre reservado o Isapre competente, el empleador y la entidad provisional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso(…)”

Además, a fin de resolver la cuestión que se ventila por el recurso, resulta atinente el artículo 48º de este Decreto Supremo, que dispone que “las nombre reservado y las Isapre, deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica”.

Asimismo, es pertinente la primera parte del inciso primero, del artículo 49º, del mismo Decreto Supremo, que instruye que: “el profesional deberá mantener un registro de los pacientes a cuales ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen." Séptimo: En relación a la fiscalización por las nombre reservado del ejercicio legítimo del derecho a licencia médica, éste tiene contenido legal y se hace realidad de acuerdo al mecanismo indicado en el inciso primero, del artículo 2º, de la Ley 20.585, que dispone: “Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrá solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden(…)”.

Octavo: La recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, enfatiza que, en la especie, se trata fundamentalmente de la entrega para fiscalización por parte del recurrente médico cirujano nombre reservado, de los antecedentes de sus pacientes, mediante el procedimiento de 6.506 resoluciones administrativas dictadas por la recurrida, que van desde los Ord. N°318650 al 325168, notificadas el día lunes 13 de septiembre de 2021, vía correo electrónico, respecto de un número similar de licencias médicas, lo que el médico debe hacer dentro del plazo de 03 días hábiles, dejando sometido, de ese modo, al recurrente al inciso segundo, del citado artículo 2º, de la Ley 20.585, en cuanto la negativa reiterada a la entrega o no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de 7 días corridos, habilita a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, para imponer la sanción que la norma señala.

Noveno: Por consiguiente, si bien el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud de 1984, y la Ley 20.585, establecen medidas de control, fiscalización y sanciones establecidas en la ley con el fin de obtener el adecuado uso de las licencias médicas, ello debe interpretarse de forma tal que se apoye no sólo en el texto literal de las normas sino también en su espíritu, por lo que deben ser utilizadas por el órgano competente y deben ser apreciadas de modo que ninguna de ellas pueda interpretase con exclusión de otros derechos y garantías fundamentales. (CA Santiago, Rol N° 39.823 -2021).

Décimo: Que, en consecuencia, es desproporcionado y no resulta racional el plazo de 03 días dado al recurrente para hacer entrega de los antecedentes de respaldo de 6.506 licencias médicas otorgadas por períodos de años, pues, sin duda, el término de 03 días ha sido exclusivamente concebido para casos en que se trata del acto médico de producción de una licencia médica o varias en un número reducido y en tales casos la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez debe autorizar el otorgamiento del derecho del trabajador al reposo médico correspondiente con todos los derechos que le son inherentes, y no a los casos de control, fiscalización y eventual sanción por conductas que, en definitiva, debe calificar la Superintendencia de Seguridad Social, una vez que las licencias médicas fueron autorizadas.

Undécimo: De esta forma, la COMPIM al ejercer su potestad legal, no pudo hacerlo sometiendo al recurrente al sistema establecido para autorizar una licencia médica, pues, si bien el órgano administrativo no puede declinar actuar teniendo atribuciones para ello, de acuerdo al inciso primero, del artículo 5º, de la Constitución Política de la República, y vulnerar de ese forma el principio de servicialidad del Estado, reconocido tanto en el inciso cuarto del artículo 4º de la Carta, y artículos 31º y 42º de la Ley 18.575, que les impone a los órganos del Estado el deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, siendo responsables por el daño que causen por falta de servicio, los actos administrativos, como el sublite, por su contenido y alcance, son lo que determina su esencia y no su nomenclatura o denominación, en tanto, están dirigidos a establecer la responsabilidad del recurrente y no al procedimiento administrativo de autorización de licencias médicas. (CA Santiago, Rol N° 39.823 -2021).

Duodécimo: Por ello, para tales efectos, debió el órgano considerar, en cuanto al plazo concedido al recurrente para entregar los antecedentes, los requisitos generales del debido proceso y, en general, el derecho a la igualdad ante la ley, lo que advierte el inciso segundo, del artículo 3º de la ley 19.880, de que se trata de actos declarativos de voluntad materializados en resoluciones y, en el plano de los principios, de una norma general que se aplica a todos los procedimientos, y que, por último, dice relación con las garantías básicas que tiene toda persona a quien se le imputa una conducta castigada por la ley. (CA Santiago, Rol N° 39.823 -2021).

Decimotercero: En estas condiciones, atendido el número de licencias médicas, cuyos antecedentes son requeridos por la autoridad, al otorgársele al actor un plazo que no cumple con la exigencia de razonabilidad, el acto se exhibe desproporcionado y por, ende arbitrario, vulnerándose su garantía constitucional de igualdad ante la ley, desde que la prerrogativa de la autoridad administrativa está prevista para situaciones de mucho menor envergadura, en las que el plazo de tres días parece ajustado a uno que permite satisfacer adecuadamente los requerimientos de la recurrida. Sin embargo, se exhibe menguado y, por ende, discriminatorio al aplicarse a quien se encuentra en una situación especial, que por este carácter debe recibir necesariamente un tratamiento distinto del previsto en la norma legal invocada por la Administración. Lo contrario, pone al recurrente en una situación de notoria desventaja en relación a pares que deben cumplir con solicitudes puntuales y determinadas y lo inhibe de emitir debidamente los informes que la autoridad sanitaria demanda para una efectiva labor de fiscalización.

Decimocuarto: En virtud de las razones expresadas, la presente acción cautelar deberá ser acogida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto, el recurrente deberá entregar los antecedentes requeridos por la autoridad administrativa dentro del plazo de 60 días, contados desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Ana María Osorio Astorga.

Protección Rol Corte Nº39.799-2021.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministro señora Lilian Leyton Varela y la Ministro señora Ana María Osorio Astorga.