Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana

C.A. de Santiago Santiago, treinta de marzo de dos mil veintitrés.

A los folios 40 y 41, a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que con fecha 12 de octubre de 2021 comparece don Juan Carlos Bello Pizarro, abogado, en representación de don nombre reservado, Médico traumatólogo quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (nombre reservado), por los actos ilegales y arbitrarios consistente en la emisión de 6.611 Ordinarios, notificados el 13 y 20 de septiembre de 2021, en los cuales se les pide la elaboración de informes sobre emisión de licencias médicas, otorgándole un plazo de 3 días, lo que conculcaría las garantías de los numerales 1°, 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Contextualiza que el recurrente es médico traumatólogo y ortopedista de profesión, por lo que atiende diariamente a pacientes que sufren variadas y graves patologías que afectan el sistema músculo esquelético, esto es, huesos, músculos y tendones, incluyendo lesiones, fracturas, luxaciones, enfermedades congénitas y de desarrollo, también degenerativas, infecciones y lesiones tumorales. Por lo anterior, refiere que diagnostica y trata adecuadamente a sus pacientes, de variadas formas, entre las cuales se encuentra el reposo laboral, el que se otorga mediante la emisión de licencias médicas, las que son definidas como el derecho que tiene un trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado periodo de tiempo, en cumplimiento de una indicación médica.

Expone que el 13 de septiembre de 2021 por medio de un correo electrónico se le notificaron al recurrente 6.611 resoluciones administrativas, que van de los ORD. N° 102485 al ORD. N° 109.108, en las que la Presidente de la COMPIN exige al recurrente que en cada una de ellas se emita un informe y se acompañen los antecedentes médicos complementarios que justifiquen la licencia médica, individualizando el nombre del paciente, su R.U.T. y el número de la licencia, otorgándole el plazo de 3 días hábiles para su cumplimiento.

Explica que la elaboración de cada informe es una actividad compleja de búsqueda de antecedentes, organización y análisis de material, requiriendo una redacción concientizada del mismo. Indica que, por otro lado, que se le están pidiendo antecedentes de licencias emitidas hace más de tres años, muchas de las cuales tienen registros en papel, y de pacientes de diversos centros médicos, siendo mucho de los datos sensibles y protegidos por la Ley N° 19.628, no siendo de inmediato acceso.

Agrega que, la gran mayoría de las licencias revisadas, en su momento, no fueron objetadas, sino que autorizadas y normalmente cursadas, pagándose los subsidios correspondientes, y dentro de las rechazadas, se entregaron en su momento los informes correspondientes que fueron puestas a disposición de COMPIN.

Refiere que los requerimientos se efectúan en el marco de las facultades que otorga el artículo 2 de la Ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, sin embargo, resulta inaceptable que el ejercicio de la facultad sea abusivo y descontrolado, sobrepasando la racionalidad y el espíritu del legislador, siendo imposible el cumplimiento de lo pedido.

Adiciona que el jueves 16 de septiembre de 2021, con esfuerzo extraordinario, envió parte de los informes requeridos, en el mismo de 35 solicitando un plazo razonable para la emisión de los informes; sin embargo, el 20 de septiembre de 2021, le volvieron a reiterar los mismos requerimientos de 13 de septiembre, sin siquiera pronunciarse de los ya enviados y de la prórroga.

Afirma, como primera ilegalidad, que la situación denunciada evidencia una intención maliciosa y abusiva por parte de la Comisión, lo que manifiesta también su arbitrariedad, dado que sabiendo que sería incapaz de cumplir con sus exigencias, reiteró sus masivos requerimientos con el único propósito de hacerse de los requisitos que determina la ley para la aplicación de las sanciones de multa e inhabilitación de la facultad de emitir licencias médicas, de conformidad al artículo 2 citado. Agrega, que en la misma norma hay un procedimiento de reclamo ante la SUCESO, pero solamente para la revisión en tiempo y forma de informes emitidos, y no para el presente caso.

En segundo lugar, señala que los requerimientos de informes son vagos e imprecisos, y que mucha de la información necesaria para la elaboración del informe, se encontraba en distintos centros de salud, siendo una información sensible y protegida, conforme a las Leyes N° 20.584 y N° 19.628.

Arguye, como tercera ilegalidad, que de estimarse ajustado a derecho el proceder de la recurrida, se trata de la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, esto es, superando el plazo que se tiene para ejercer la potestad administrativa sancionatoria, conforme a los artículos 94 y 97 del Código Penal.

En cuarto término, sostiene que la conducta de la recurrida es arbitraria, dado que se está interpretando y aplicando de forma aislada y descontextualizada el artículo 2 de la Ley N° 20.585, siendo imposible el cumplimiento de lo pedido.

Concluye que los hechos y fundamentos esgrimidos serían contrarios a las garantías de derecho a la vida e integridad física y psíquica, no solo del recurrente, sino también de sus pacientes. También el derecho a desempeñar su actividad profesional y emitir las licencias que correspondan. Por otro lado, agrega que la igualdad ante la ley respecto de otros profesionales, en atención a las sanciones con que se lo amenaza. Señala conculcada la libertad de trabajo, por motivo de la desproporción de los requerimientos y, finalmente, el derecho de propiedad, dado que tiene un derecho a emitir licencias médicas y atender pacientes, quienes recurrirán a otros profesionales, también sería conculcada, además, mediante la aplicación de multas injustas.

Pide, que se declare ilegal y arbitrario el proceder de la recurrida, ordenando que se dejen sin efecto todos los requerimientos de información remitidos el 13 y 20 de septiembre de 2021, absteniéndose de formular requerimientos similares o desproporcionados, y que en futuro, se limite a un requerimiento a la vez y dentro de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, en subsidio, que el requerimiento de informes recaiga sobre un número razonable de licencias médicas que se estime, debiendo precisar y mantener la recurrida un orden y criterio unificador. En el evento, de mantenerse el actual requerimiento de informes, solicita se conceda un plazo equivalente de tres días por cada informe o en un plazo razonable, con costas.

Segundo: Que comparece el abogado don Jorge Hübner Garretón, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, quien evacúa informe requerido, solicitando el rechazo total del recurso, con costas.

Señala en primer lugar, que la acción deducida es improcedente por no ser la vía idónea para los fines que se persiguen, dado que los hechos descritos se encuentran fuera de la tutela de urgencia de esta acción, y no se han mencionado hechos concretos que puedan constituir una vulneración de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Al respecto, agrega que hay un régimen recursivo propio de los actos administrativos, tal como de reposición y/o jerárquico, que se encuentra en los artículos 59 y siguientes de la Ley N° 19.880.

Sostiene, en segundo término, que no existe ilegalidad alguna dado que se ha actuado dentro de las facultades legales, conforme al D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, en relación con el reglamento orgánico del Ministerio de Salud contenido en el Decreto N° 136 de 2005, estableciendo las facultades de la COMPIN y en su artículo 4, contempla que las unidades de licencias médicas estarán sujetas a la tuición y supervisión de la COMPIN. También expone que por el artículo 48 del Decreto N° 3 de 1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, la atribución de pronunciarse sobre las licencias médicas se encuentra radicada en las COMPIN, las que para llevar a cabo el control técnico sobre las licencias médicas podrá requerirse informes y todo lo que permita una mejor resolución del asunto sometido a su decisión.

Explica que el plazo de 3 días otorgados para la emisión del informe encuentra su sustento en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley N° 20.585, y que conforme al artículo 49 del mismo cuerpo normativo, se establece la obligación del facultativo de mantener un registro de los pacientes a los cuales haya otorgado licencias médicas, con los antecedentes que dieron origen a la misma. Siendo entonces la negativa de la recurrente a entregar los antecedentes, infundada e inexcusable.

Fundamenta que, en todo evento, no habría vulneración de información sensible, dado que la Ley N° 19.628, establece mecanismos específicos de resguardo, y que se trata de información que el recurrente debe tener, por otro lado, que si bien pueden haberse autorizado las licencias médicas, el presente requerimiento se enmarca en la labor de fiscalización que efectúa el organismo público respecto de la fundamentación de licencias que se encuentran sometidas a su conocimiento, y que los actos administrativos se encontrarían suficientemente motivados en relación a la norma que faculta esta labor de fiscalización.

Cuestiona la alegación de vaguedad en el acto, ya se trata de una decisión de autoridad en el ejercicio de una potestad pública, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización para una adecuada protección de los cotizantes y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, ante eventuales conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Sobre la supuesta prescripción de la acción sancionatoria de seis meses que alega el actor, Refiere que la sola posibilidad de aplicación de una multa no la transforma en una falta penal, no siendo aplicable las disposiciones referidas y que el plazo de prescripción corresponde al de 5 años, en atención a la aplicación común y supletoria del artículo 2515 del Código Civil.

Finalmente, explicita que el proceso de fiscalización se enmarca en el plan masivo de fiscalización a altos emisores de licencias médicas. En efecto, indica que, conforme a los antecedentes de la Unidad de Fiscalización y Peritajes Médicos del Departamento COMPIN Nacional, la parte recurrente emitió 1.624 licencias médicas en el año 2019, 1.963 en el año 2020 y 1.872 en el año 2021, excediendo significativamente las licencias médicas que en promedio emitieron en igual periodo de tiempo los profesionales habilitados para expedir licencias médicas, a saber 100, 99 y 103 respectivamente. A modo ilustrativo, en el año 2020 la actora habría tenido que emitir diariamente 5 licencias médicas en promedio -trabajando de lunes a domingo-, a fin de alcanzar a otorgar 1.963 licencias médicas.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos fundamentales, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en consideración a la controversia de autos, resulta pertinente examinar si la actuación de la COMPIN constituye o no un acto ilegal o arbitrario que afecte o amenace alguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente.

Quinto: En cuanto a la normativa aplicable al caso, el artículo 1º, del Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva y de Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, dispone: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico - cirujano, cirujano- dentista, o matrona,(…)” “(…) reconocida por su empleador, en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante Compin, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Profesional, según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

A la vez, su artículo 5º, establece que: “La licencia médica, es un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la Compin o Isapre competente, el empleador y la entidad provisional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso (…)”

Además, a fin de resolver la cuestión que se ventila por el recurso, resulta atinente el artículo 48º de este Decreto Supremo, que dispone que “las Compin y las Isapre, deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica”.

Asimismo, es pertinente la primera parte del inciso primero, del artículo 49º, del mismo Decreto Supremo, que instruye que: “el profesional deberá mantener un registro de los pacientes a los que se le ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen." Sexto: En relación a la fiscalización por las COMPIN del ejercicio legítimo del derecho a licencia médica, éste tiene contenido legal y se hace realidad de acuerdo al mecanismo indicado en el inciso primero, del artículo 2º, de la Ley 20.585, que dispone: “Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrá solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden(…)”.

Séptimo: La recurrida enfatiza que, en la especie, se trata fundamentalmente de la entrega para fiscalización por parte del recurrente médico traumatólogo nombre reservado, de los antecedentes de sus pacientes, mediante el procedimiento de 6611 resoluciones administrativas dictadas por la recurrida, que van desde los ORD. N° 102485 al ORD. N° 109.108, notificadas el día lunes 13 de septiembre de 2021, vía correo electrónico, respecto de un número similar de licencias médicas, lo que el médico debe hacer dentro del plazo de 03 días hábiles, dejando sometido, de ese modo, al recurrente al inciso segundo, del citado artículo 2º, de la Ley 20.585, en cuanto la negativa reiterada a la entrega o no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de 7 días corridos, habilita a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, para imponer la sanción que la norma señala.

Octavo: Por consiguiente, si bien el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud de 1984, y la Ley N° 20.585, establecen medidas de control, fiscalización y sanciones establecidas en la ley con el fin de obtener el adecuado uso de las licencias médicas, ello debe interpretarse de forma tal que se apoye no sólo en el texto literal de las normas sino también en su espíritu, por lo que deben ser utilizadas por el órgano competente y deben ser apreciadas de modo que ninguna de ellas pueda interpretase con exclusión de otros derechos y garantías fundamentales. (CA Santiago, Rol N° 39.823 -2021).

Noveno: Que, en consecuencia, es desproporcionado y no resulta racional el plazo de 03 días dado al recurrente para hacer entrega de los antecedentes de respaldo de 6611 licencias médicas otorgadas por períodos de años, pues, sin duda, el término de 03 días ha sido exclusivamente concebido para casos en que se trata del acto médico de producción de una licencia médica o varias en un número reducido y en tales casos la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez debe autorizar el otorgamiento del derecho del trabajador al reposo médico correspondiente con todos los derechos que le son inherentes, y no a los casos de control, fiscalización y eventual sanción por conductas que, en definitiva, debe calificar la Superintendencia de Seguridad Social, una vez que las licencias médicas fueron autorizadas.

Décimo: De esta forma, la COMPIM al ejercer su potestad legal, no pudo hacerlo sometiendo al recurrente al sistema establecido para autorizar una licencia médica, pues, si bien el órgano administrativo no puede declinar actuar teniendo atribuciones para ello, de acuerdo al inciso primero, del artículo 5º, de la Constitución Política de la República, y vulnerar de ese forma el principio de servicialidad del Estado, reconocido tanto en el inciso cuarto del artículo 4º de la Carta, y artículos 31 y 42 de la Ley N° 18.575, que les impone a los órganos del Estado el deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, siendo responsables por el daño que causen por falta de servicio, los actos administrativos, como el sublite, por su contenido y alcance, son lo que determina su esencia y no su nomenclatura o denominación, en tanto, están dirigidos a establecer la responsabilidad del recurrente y no al procedimiento administrativo de autorización de licencias médicas. (CA Santiago, Rol N° 39.823 -2021).

Undécimo: Por ello, para tales efectos, debió el órgano considerar, en cuanto al plazo concedido al recurrente para entregar los antecedentes, los requisitos generales del debido proceso y, en general, el derecho a la igualdad ante la ley, lo que advierte el inciso segundo, del artículo 3 de la Ley N° 19.880, de que se trata de actos declarativos de voluntad materializados en resoluciones y, en el plano de los principios, de una norma general que se aplica a todos los procedimientos, y que, por último, dice relación con las garantías básicas que tiene toda persona a quien se le imputa una conducta castigada por la ley. (CA Santiago, Rol N° 39.823 -2021).

Duodécimo: En estas condiciones, atendido el número de licencias médicas, cuyos antecedentes son requeridos por la autoridad, al otorgársele al actor un plazo que no cumple con la exigencia de razonabilidad, el acto se exhibe desproporcionado y por, ende arbitrario, vulnerándose su garantía constitucional de igualdad ante la ley, por lo que la presente acción cautelar deberá ser acogida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto el recurrente deberá entregar los antecedentes requeridos por la autoridad administrativa dentro del plazo de 60 días, contados desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada.

Acordada la decisión anterior, con el voto en contra de la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero, quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio constitucional en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que se proceden a exponer:

1° No existe controversia entre las partes que el acto recurrido corresponde a que con fecha 13 de septiembre de 2021 por medio de correo electrónico se le notificaron al recurrente, 6.611 resoluciones administrativas, que van de los ORD. N° 102485 al ORD. N° 109.108, en las que la Presidente de la COMPIN exigió emita un informe y se acompañen los antecedentes médicos complementarios que justifiquen la licencia médica, individualizando el nombre del paciente, su R.U.T. y el número de la licencia, otorgándole el plazo de 3 días hábiles para su cumplimiento.

2° Que resultan ser hechos no controvertidos por las partes que, conforme a los antecedentes de la Unidad de Fiscalización y Peritajes Médicos del Departamento COMPIN Nacional, la recurrente emitió 1.624 licencias médicas en el año 2019, 1.963 en el año 2020 y 1.872 en el año 2021 3° Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 20.585 de 2012 se ha conferido a la COMPIN la obligación de fiscalizar la fundamentación médica de aquellas licencias que se encuentren sometidas a su conocimiento.

Por su parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto N° 3 de 1984, el correspondiente profesional debe mantener un registro de los pacientes a los que hubiere otorgado licencias médicas con los antecedentes que dieron origen a éstas.

4° Que, por otro lado, en cuanto al plazo de tres días otorgado al actor para informar lo que fuere requerido por la autoridad recurrida, se encuentra previsto en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley N° 20.585, el que alude a que los plazos “no podrán exceder de siete días corridos”, el que el propio legislador ha estimado como prudente y razonable.

Al respecto es dable señalar que, tal como fue expresado por la COMPIN, si aquélla accediera a la solicitud del recurrente en torno a disponer sobre “una licencia médica por cada requerimiento y por separado (…) sin que corran simultáneamente varios plazos” y, se otorgara un plazo de 3 días para remitir los antecedentes, la recurrida tardaría prácticamente más de 54 años en recepcionar los informes de las licencias médicas fiscalizadas.

5° Que, por su parte, atendida la naturaleza de lo que fuere requerido por la autoridad recurrida, corresponde colegir que aquello constituye un acto trámite o intermedio en un proceso de fiscalización, que sólo ordena ciertas actuaciones de la recurrente dentro un plazo breve, pero no le apercibe ni le sanciona en manera alguna, por lo que carece de la aptitud necesaria para privar, perturbar o amenazar alguna garantía constitucional de la recurrente.

6° Que, en cuanto a la prescripción alegada por el actor, aquélla se desestimará, en atención a que el plazo aplicable es el de cinco años, por cuanto dicen relación con el ejercicio del ius puniendi del estado o de aplicación del artículo 2515 del Código Civil -norma de carácter común y supletorio al procedimiento administrativo-.

7° Que, por otro lado, se advierte que la decisión de la COMPIN, en orden a requerir los informes antes indicados ha sido dictada conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, cumpliendo los requisitos establecidos por el legislador.

8° De esta forma, se advierte que la entidad recurrida ha actuado de conformidad a la normativa legal antes citada, dentro de la esfera de su competencia y con estricto apego al principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y con respeto a las garantías que el actor estima conculcadas.

9° Que, sin perjuicio de lo anterior, sólo a mayor abundamiento, cabe consignar -en relación a las garantías que se citan como vulneradas, que en cuanto a la del numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política, ésta requiere que ante casos similares o idénticos la interpretación de la norma no sea hecha de manera uniforme, lo que no se desprende de los antecedentes agregados a la causa.

10° Que a mayor abundamiento es dable tener presente que la acción de protección ha sido instituida por el constituyente como un arbitrio procesal destinado a poner rápido remedio a la conculcación o vulneración de garantías y derechos fundamentales indubitados expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en cuanto ellos hayan sido afectados por una actuación ilegal o arbitraria por parte de las autoridades o los particulares.

En consecuencia, de acuerdo a los antecedentes incorporados en el proceso, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto habido entre las partes, por cuanto el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los alegados por el recurrente, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda -previsto en los artículos 59 y siguientes de la ley N° 19.880-, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

11° En este orden de ideas, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte de la autoridad recurrida.

12° Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado, sin perjuicio de lo cual se considera que la autoridad recurrida, atento lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley N° 20.585, debiera otorgar a la recurrente el plazo de siete días corridos para que dé cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones administrativas que van desde los Ordinarios N° 102485 al N° 109.108, esto es, debiendo emitir el informe requerido y se acompañen los antecedentes médicos complementarios que justifiquen las licencias médicas que se singularizan en cada caso, con el nombre y R.U.T. del paciente y el número de cada una de ellas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-39785-2021 Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señor Tomás Gray Gariazzo, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Óscar Torres Zagal.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, treinta de marzo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

_1741683794.unknown