Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación

Santiago, once de abril de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que, con fecha 11 de octubre de 2021, comparece Randy, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, que contiene la interpretación del artículo 12 de la Ley Nº 20.830 en mérito de la cual se niega a subinscribir el término unilateral de Acuerdo de Unión Civil que lo mantiene unido a su ex pareja, lo que estima vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Pide que se ordene a la recurrida dejar sin efecto Resolución Exenta N° NUM000 y se dé curso legal al Acta de término Unilateral de Acuerdo de Unión Civil, conforme al artículo 26, letra e) la Ley N° 20.830 y que, se decreten las demás medidas que esta Corte estime, con costas.

Explica que se encuentra casado en los Estados Unidos de América con su ex pareja, vínculo que contrajo en el Estado de Nevada, el 22 de enero de 2015 en "Viva Las Vegas Wedding Chapel". Dado que, a esa fecha, la legislación chilena no reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo, la forma de reconocerlo en Chile era mediante el Acuerdo de Unión Civil, que en la especie es de fecha 15 de junio de 2016, inscrito en la circunscripción Central bajo el número 30. Añade que conforme a la respuesta de su reclamo número NUM001, con fecha 11 de septiembre de 2021, tomó conocimiento de la negativa de la recurrida a cursar la solicitud de Subinscripción de Término Unilateral del Acuerdo de Unión Civil celebrado en Estados Unidos, a pesar de haber cesado su relación.

Señala que el rechazo antes indicado, se funda en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 20.830, de 2015, que crea el Acuerdo de Unión Civil, que señala que los acuerdos de unión civil, contratos equivalentes o matrimonios igualitarios celebrados en el extranjero e inscritos en nuestro país, terminan de acuerdo a lo dispuesto en la ley aplicable a su celebración, es decir, a la ley del país donde se celebró el acuerdo. Conforme a ello, para poner término a su Unión, Civil registrada en Chile, deberán previamente poner término al matrimonio en Estados Unidos, para luego subinscribir el documento en que conste dicho divorcio en el Registro Especial de AUC.

Explica que, de esta manera, queda en una posición muy distinta a la que se encuentra cualquier persona que haya celebrado un Acuerdo de Unión Civil en Chile, y que dicha distinción le provoca un desmedro que constituye una discriminación arbitraria, toda vez que carece de una debida motivación y justificación, lo que amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la igualdad ante la ley.

Dice que en Chile el matrimonio entre personas del mismo sexo no existe pero que si se considera que su Acuerdo de Unión Civil tiene en Chile los mismos efectos, implicaría reconocer su existencia. Sin embargo, si el legislador hubiese querido reconocer la existencia del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, les habría dotado de los mismos derechos y deberes que se le imponen a un matrimonio de dos personas de distinto sexo, a saber, la adopción de hijos, los deberes de fidelidad, socorro mutuo y convivencia a los contrayente o cónyuges.

Así, el matrimonio celebrado en Estados Unidos y el Acuerdo de Unión Civil chilenos son dos actos distintos, con efectos y consecuencias diferenciadas, malamente se pueden confundir y hacerlos dependiente uno del otro en cuanto a sus efectos, porque estos, se rigen por la ley chilena y no extranjera. Así, el Acuerdo de Unión Civil que el recurrente celebró en Chile, no tiene relación jurídica con el matrimonio de dos personas del mismo sexo que celebró en Estados Unidos.

Además, sostiene que remitir la terminación de un acto ejecutado en Chile, a la realización de otro acto ejecutado en el extranjero, es doblemente arbitrario, en primer lugar, por cuanto los requisitos que exige la ley extranjera son excesivamente gravosos para el recurrente, ya que afirma que se le exige "Residencia" en Estados Unidos para poder ocurrir ante el juez con competencia de Familia a solicitar el divorcio lo que, conforme a la ley de Estados Unidos, requiere radicarse por un prolongado tiempo, con todas las dificultades migratorias en dicho país, teniendo el recurrente que abandonar su trabajo, familia, amistades y hogar en Chile, y en segundo lugar, porque implica restarle soberanía a nuestra ley para regular todas las materias de los ciudadanos y las ciudadanas de Chile.

Segundo: Que, con fecha 20 de octubre de 2021, comparece la recurrida evacuando su informe. Pide el rechazo de la acción.

Explica que con fecha 15 de junio del año 2016 se inscribió el matrimonio civil celebrado por los contrayentes Randy y Rigoberto celebrado el día 22 de enero de 2015 en Las Vegas, Estado de Nevada, Estados Unidos de América. Dicha inscripción se practicó en la Circunscripción de la Oficina Central, bajo el Nº NUM002 del año 2016.

Indica que posteriormente, mediante formulario "Requerimiento escrito para inscripción de AUC, contratos equivalentes o matrimonios celebrados por personas del mismo sexo", Ord. Nº NUM003, de la Oficina Santiago, se solicitó con fecha 10 de junio de 2016, la inscripción de matrimonio civil celebrado por los contrayentes la cual se fundó en el Certificado de Matrimonio Nº NUM004, del Estado de Nevada, emitido con fecha 22 de enero de 2015.

Con fecha 2 de septiembre de 2021, ante el Oficial Civil de la oficina de Peñalolén, el recurrente suscribió Acta de Término Unilateral de su Acuerdo de Unión Civil (AUC), la que quedó en estado de ingresada en el Sistema Informático de AUC, y se despachó a la Unidad de Acuerdos de Unión Civil para su procesamiento. Recibida dicha Acta de Término Unilateral la Encargada de la Unidad, con fecha 10 de septiembre de 2021, procedió a rechazar la solicitud de subinscripción de término, mediante la dictación de Resolución Exenta Nº NUM005, en consideración a la normativa que regula la materia, a saber, artículo 12 de la Ley Nº 20.830.

Refiere que mediante Memorándum AUC Nº NUM006, de fecha 16 de septiembre de 2021, se remitió la Resolución Exenta Nº NUM000, y documentación fundante de la solicitud de Subinscripción de Término Unilateral de AUC, a la Oficial Civil de la Oficina Peñalolén.

Explica que el artículo 12 de la Ley Nº 20.830, de 2015, que crea el Acuerdo de Unión Civil, establece que: "Los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes, no constitutivos de matrimonio, que regulen la vida afectiva en común de dos personas del mismo o distinto sexo, sujetos a registro y celebrados válidamente en el extranjero, serán reconocidos en Chile, en conformidad con las siguientes reglas: (...) 4º La terminación del acuerdo v los efectos de la misma se someterán a la ley aplicable a su celebración". Por su parte, el Decreto Supremo Nº 510, de 2015, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 20.830, señala en su artículo 17 que: "De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 20.830, los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes no constitutivos de matrimonio celebrados en el extranjero, y los actos auténticos en que conste su terminación, serán reconocidos en Chile. Sus requisitos de forma v fondo se regirán por la ley del país en que hayan sido celebrados u otorgados. Para que el acuerdo, o su término produzcan efectos en Chile, deberá inscribirse el documento en que conste el acto, en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil, debidamente autenticado conforme a la ley chilena".

Estima que conforme a dichas las reglas, los términos del acuerdo de unión civil y los efectos que de este acto deriven, se regirán por la ley aplicable a su celebración, dándose así, al principio del derecho internacional privado denominado "locus regit actum", el cual presupone que la Ley del Estado donde un acto se genera, determina las formalidades del mismo; por tanto solo tendrá validez formal si se han respetado las solemnidades establecidas por la ley del país en que se celebró el acto o contrato.

Añade que no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, estatuto jurídico que contiene una normativa que señala claramente las formas de adquirir determinadas calidades, por lo que no resultaría procedente hacer distinciones de ninguna especie. Las normas jurídicas son iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias. En consecuencia, y conforme lo señalado precedentemente y la normativa que rige la materia, corresponde que el recurrente ponga término a su unión civil celebrada en Estados Unidos, para luego requerir la subinscripción correspondiente, en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil acompañando el acto auténtico en que conste su terminación, debidamente apostillado y traducido, si correspondiere.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que el conflicto se generó ante la negativa del Servicio de Registro Civil a subinscribir el término unilateral de Acuerdo de Unión Civil, por lo que estima vulnerado su derecho fundamental a la igualdad ante la ley, entendiendo que en Chile no existe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sexto: Que, la discusión consiste en que el recurrente pretende poner término unilateral a su Acuerdo de Unión Civil como si éste se hubiere celebrado en Chile como un acto autónomo, lo que la recurrida rechaza por constituir dicho acto un reflejo de su matrimonio celebrado en el extranjero, por cuanto sostiene que para proceder a dicha terminación debe previamente obtenerse el divorcio de su antedicho matrimonio de acuerdo a la ley del lugar donde fue celebrado, esto es, la del Estado de Nevada de los Estados Unidos de América, por tratarse de la ley aplicable a su celebración.

Tal es el quid de fondo del caso de marras.

Séptimo: Que, a efectos de resolver el asunto, debe estarse a la normativa que regula la materia, a saber, el artículo 12 de la Ley Nº 20.830, que reza como sigue: "Artículo 12.- Los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes, no constitutivos de matrimonio, que regulen la vida afectiva en común de dos personas del mismo o de distinto sexo, sujetos a registro y celebrados válidamente en el extranjero, serán reconocidos en Chile, en conformidad con las siguientes reglas: 1ª. Los requisitos de forma y fondo del acuerdo se regirán por la ley del país en que haya sido celebrado. 2ª. Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el acuerdo celebrado en territorio extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 7°, 8° y 9° de esta ley. 3ª. Para que el acuerdo otorgado en país extranjero produzca efectos en Chile, deberá inscribirse en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil que establece el artículo 6°. Los efectos de este acuerdo, una vez inscrito conforme a lo señalado precedentemente, se arreglarán a las leyes chilenas, aunque los contrayentes sean extranjeros y no residan en el territorio nacional. 4ª. La terminación del acuerdo y los efectos de la misma se someterán a la ley aplicable a su celebración. 5ª Las sentencias que declaren la nulidad o la terminación del acuerdo, dictadas por tribunales extranjeros, serán reconocidas en Chile conforme a las reglas generales que establece el Código de Procedimiento Civil. 6ª. Los actos auténticos en que conste la terminación de uno de estos acuerdos serán reconocidos en Chile, en conformidad con la legislación chilena vigente en esta materia".

Octavo: Que, la disposición precedentemente transcrita, es clara y expresa en cuanto a que la "la terminación del acuerdo y los efectos de la misma se someterán a la ley aplicable a su celebración", según dispone el N° 4 del artículo citado.

En consecuencia, acierta la recurrida al sostener que para poner término al mentado Acuerdo de Unión Civil, el recurrente debe previamente obtener el correspondiente divorcio en el ya señalado Estado de Nevada de su matrimonio celebrado con Rigoberto.

Noveno: Que, consecuente con lo que se viene razonando, de la revisión de los antecedentes resulta claro que la recurrida se limitó a aplicar la normativa vigente al dictar el acto que se impugna.

No se vislumbra entonces de qué forma la recurrida pudo haber vulnerado o amenazado aquellas garantías consagradas en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como pretende el recurrente.

Décimo: Que, la documentación acompañada por la recurrente en nada hace variar lo señalado.

Undécimo: Que, por lo antes expuesto, sólo cabe concluir que el presente recurso de protección no puede prosperar y será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional interpuesta por Randy en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Acordada con el voto en contra del Ministro Suplente señor Carvajal Schnettler, quien fue del parecer de acoger el recurso de protección, disponiendo la tramitación de la solicitud del recurrente de conformidad con la normativa legal aplicable al acuerdo de unión civil celebrado en nuestro país, teniendo para ello en consideración: 1° Que, el matrimonio contraído en el Estado de Nevada de la Unión Norteamericana por el recurrente con una persona del mismo sexo, el día 22 de enero del año 2015, al reunir las exigencias descritas en la Ley N° 20.830, configuró un acuerdo de unión civil ante las leyes chilenas. Esta forma de reconocimiento prevista en el inciso final del artículo 12 de la citada preceptiva, no es otra cosa que la conversión legal de un acto carente efectos jurídicos en otro distinto, al que son adscritas determinadas consecuencias según la ley del lugar donde ha sido invocado por los contrayentes, pero alterando o truncando el fin perseguido por las partes que lo celebraron. Se trata de una medida que, de una parte, busca impedir los efectos de un evento que ya se produjo, pero, por la otra, ofrece paliativos contemplados por el ordenamiento jurídico local para no perjudicar situaciones estables, aportando certeza y previsibilidad.

Sin embrago, lejos de tratarse de un problema nominal, se está frente a un hecho no jurídico a los ojos de la ley chilena en vigor a la época el matrimonio entre personas del mismo sexo que ha devenido en uno que surtirá consecuencias legales menores, correspondientes a otro negocio jurídico que aquel sobre el que versó el consentimiento que lo generó, a partir de su catastro en el en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil, por haber mediado una adecuación satisfactoria a los requisitos de validez que exige la ley chilena para estos acuerdos, junto a la ausencia de impedimentos y prohibiciones que la misma establece. 2° Que, en las condiciones reseñadas en el motivo que precede, no se está frente a un acuerdo de unión civil o contrato equivalente, no constitutivo de matrimonio, celebrado en el extranjero, de los que se ocupa el artículo 12 de la Ley N° 20.830. En la especie, la pretensión de reconocimiento por contrayentes del mismo sexo invocando un matrimonio celebrado en el extranjero, derivó en un acuerdo de unión civil que, de no mediar esta especie de conversión legal, habría sido estimado carente de todo efecto, vale decir, desconocido completamente por la legislación chilena de la época. Luego, no es propiamente un matrimonio lo que vincula a las partes ante la ley, sino llanamente un paliativo desde la óptica de la voluntad de los otorgantes, como se dijo, correspondiente a un acuerdo de unión civil.

De este instituto no puede predicarse, sin evidente abuso del lenguaje, su celebración en país extranjero, desde que las partes contrajeron matrimonio, recayendo en este objeto el concurso de voluntades necesario para su celebración. 3° Que, al mencionado arreglo institucional denominado acuerdo de unión civil, se contrae el valor atribuido por el legislador al acto celebrado por las partes en el extranjero, del que derivan sus efectos, consecuencias y régimen jurídico aplicable a su terminación. Se trata de una verdadera metamorfosis que prescinde de la voluntad de los contrayentes al ofrecerles efectos diversos a aquellos en los que consintieron. De consiguiente, no se trata de un contrato que corresponda arreglar a las leyes chilenas, sino, como se dijo, de un hecho al que se dispensan efectos bajo un régimen distinto al matrimonial, propio de los equivalentes funcionales que el derecho comparado reconoce en materia de acuerdos o contratos que no son constitutivos de matrimonio, destinados a regular la vida afectiva en común de dos personas del mismo o de distinto sexo, tales como los pactos de solidaridad, de conveniencia o uniones convencionales.

Sin embargo, no se trata de uno de tales acuerdos aquel celebrados en país extranjero, sino de un matrimonio al que, por razones de seguridad y paz jurídica, se permite a las partes registrarlo como acuerdo de unión civil y conformarse con los efectos prácticos disponibles en el derecho local, que no son los que efectivamente buscaron al celebrarlo. De ello se sigue que es inaceptable el abandono de ese desconocimiento a la hora de ajustar su terminación y exigir para ésta la aplicación de las normas del lugar donde se celebró el referido matrimonio por los órganos judiciales competentes según esa preceptiva.

De consiguiente, al someter el Registro Civil e Identificación al recurrente a exigencias previstas para los acuerdos de unión civil o contratos equivalente celebrados en el extranjero, según el artículo 12 N° 4 de la citada preceptiva, ha incurrido en una ilegalidad, aplicando un régimen jurídico que no es exigido a todos quienes se encuentran en la misma situación, afectando el derecho del recurrido a la igualdad ante la ley que la Constitución asegura a todas las personas.

No puede soslayarse, a riesgo de reiteración, el proceder arbitrario de la recurrida que deriva, además, en la afectación del derecho fundamental apuntado. Por cierto, se llegó al acuerdo de unión civil por una suerte de conversión legal de un matrimonio que, de no mediar ésta, habría sido estimado carente de efectos. En tales condiciones, en materia de terminación, se exige un proceder contemplado para los vínculos matrimoniales, a un acto que no mereció ese reconocimiento. Al matrimonio contraído el día 22 de enero del año 2015 por el recurrente se le prodigó un efecto que pugna con la intención de los contrayentes, desmembrándolo y tornando su significado ajeno a los deberes primordiales que impone la unión matrimonial. Sin embargo, ahora se exige el resultado de un procedimiento propio de esa garantía de instituto que se desconoció para reconocer su terminación. Esta aporía manifiesta no permite sustentar la exigencia que impone el Registro Civil e Identificación al recurrido. 4° Que, el inciso final del artículo 12 de la antes citada legislación expresa que "Los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo serán reconocidos en Chile como acuerdos de unión civil si cumplen con las reglas establecidas en esta ley, y sus efectos serán los mismos del referido acuerdo".

Como se ha expresado, el criterio aquí sustentado es que no se está frente a un conflicto de leyes al resultar aplicable la ley chilena a la terminación del acto dada la de la conversión y origen del acuerdo con su registro en Chile.

Sin embargo, para el caso de entender que se está frente a un vacío, en el sentido de no aparecer definido si la norma citada remite a la preceptiva local aplicable al acuerdo celebrado en Chile o foránea a aquel pactado en el extranjero, el Servicio de Registro Civil e Identificación ha estimado que un matrimonio contraído en el extranjero es un acuerdo de unión civil o equivalente funcional convenido en el extranjero, al que, de consiguiente, deben aplicarse las normas del lugar de su celebración. De tal suerte, esta calificación analógica deriva en la preeminencia del principio lex locus regit actum, que plasma el citado artículo 12 N° 4 de la Ley N° 20.830, en lo concerniente al régimen de la terminación del mencionado acuerdo.

Según se ha razonado previamente, el recurrido yerra al valorar como matrimonio el acto que antes ha desconocido en cuanto tal, limitándose a registrarlo como acuerdo de unión civil. Este error le impide privilegiar la aplicación de la ley del lugar de ejecución del acto, procedente de cara a lo que requiere optimizar el interés del administrado frente a la mencionada laguna normativa.

Esta asimilación enarbolada para determinar el régimen de terminación, sin ampararse en la afectación de derechos de terceros, de intereses colectivos, de la carga fiscal y administrativa que el procedimiento implicaría, ni en cálculos instrumentales, o en una mirada sensible a las consecuencias, o a las implicancias prácticas probables, no puede prosperar. Ella desconoce que los derechos fundamentales son construcciones ideadas para proteger intereses, que operan como constreñimientos a la discreción administrativa y de sus oficiales, en este caso, a la discrecionalidad para integrar un vacío legal.

Regístrese y notifíquese Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia y del voto disidente, su autor.

Protección N° 39.756-2021