Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana

C.A. de Santiago Santiago, tres de febrero de dos mil veintitrés.

A los folios 21 y 23; a todo, téngase presente.

Visto y considerando:

Primero: Comparece don Juan Carlos Bello Pizarro, abogado, en favor de doña nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (nombre reservado), representada legalmente por su Presidenta, doña nombre reservado.

Señala que la recurrente es psiquiatra y en el ejercicio de su profesión emite licencias médicas.

Refiere que el 13 de septiembre de 2021, vía correo electrónico, se le notificó 2518 resoluciones administrativas (desde el ORD. N°431513 al ORD. N°434031), en las cuales, la Presidenta de la nombre reservado, le exige que emita un informe y acompañe los antecedentes médicos complementarios que justifiquen cada una de las licencias médicas que se singularizan, otorgando un plazo de tres días hábiles.

Asevera que la recopilación de antecedentes, elaboración y remisión de tal cantidad de informes y antecedentes médicos resulta absoluta y materialmente imposible en el irrisorio plazo de 3 días otorgado por la nombre reservado. Que sólo alcanzo a elaborar 18 informes, solicitando conjuntamente el otorgamiento de un plazo razonable y humanamente posible para la labor exigida, respecto de los cuales la recurrida ni siquiera se pronunció, limitándose a reiterar sus masivos requerimientos con la única finalidad de aplicar sanciones de multa e inhabilitación de la facultad de emitir licencias médicas, conforme al artículo 2 de la ley 20.585.

Agrega que la gran mayoría de las licencias que la requerida cuestiona, en su momento, no fueron objetadas, sino que autorizadas; mientras que otras fueron rechazadas y se entregaron a tiempo los informes correspondientes, por lo que estos ya se encuentran en poder y a disposición de la nombre reservado.

Sostiene que la sanción de suspensión prevista en el artículo citado, se sostendrá indefinidamente en el tiempo hasta poder responder de tal descabellada exigencia, lo que constituye una clara amenaza a los derechos de la recurrente.

Opina que las facultades que la ley otorga a la nombre reservado no pueden ejercitarse de forma abusiva.

Estima que el actuar de la recurrida resulta ilegal, primero por falsa aplicación del artículo 2 de la ley 20.585 toda vez que el plazo para dar respuesta a la solicitud está concebido para un caso concreto, plazo que resulta razonable para una o un par de licencias médicas. Que el artículo 1 de la referida ley alude a una licencia médica. Una segunda ilegalidad, se observa en lo vago e impreciso de los requerimientos, los que recaen respecto pacientes con diferentes patologías a lo largo de más de tres años, de distintos centros médicos y respecto de licencias médicas ya aceptadas, sin siquiera un orden sistemático de ninguna índole, información que por lo demás esta contendida en ficha clínica de estos, lo cual constituye un dato sensible conforme el artículo 12 de la ley N°20.584 en relación al artículo 2 de la ley N°19.628. Una tercera ilegalidad se advierte en que el requerimiento impugnado comprendería la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, esto es, superando el plazo de que disponen los órganos de la Administración del Estado, para ejercer su potestad administrativa sancionatoria, de conformidad con los artículos 94 y 97 del Código Penal.

Por otra parte, asegura que el impugnado es un acto arbitrario, la cual se manifiesta en la imprecisión de dichos requerimientos, sin motivo, sin fundamentos, sin indicación del año de emisión de las licencias, sin expresar cuáles son los antecedentes concretos que se requieren y solicitan en cada uno de ellos, que podrían contener o referirse a datos sensibles de los pacientes. También en exigir informar respecto de licencias médicas emitidas en una época respecto de las cuales la potestad sancionatoria está prescrita. Concluye que dicho actuar vulnera el principio de proporcionalidad.

Estima que el acto ilegal y arbitrario denunciado vulnera, en la forma que precisa, las garantías consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Solicita se ordene que la recurrida deje sin efecto todos los requerimientos de información remitidos, absteniéndose de formular un requerimiento en términos similares y desproporcionados en lo sucesivo; que se limite al requerimiento a una licencia médica y que se encuentre dentro de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, permitiendo a la administrada recurrente el plazo razonable que ofrece la Ley N°20.585 para cumplir dicha solicitud y que alcanza el máximo de 7 días; que en su defecto, el requerimiento solo pueda recaer en el número razonable de licencias médicas; que en caso de mantenerse intacto el actual requerimiento de informe, se conceda un plazo equivalente a un informe cada tres días, o en su defecto, el plazo razonable y humanamente posible que se estime conveniente, que en ningún caso pueda ser inferior a un informe diario; con costas.

Segundo: Informa por la recurrida, doña nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, por cuanto no existe falta de oportunidad, de fundamentación o de derecho en el requerimiento de los antecedentes que respalden las licencias médicas fiscalizadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; ni en la suspensión de la facultad del prestador de emitir licencias médicas por 15 días.

Estima que la negativa de la recurrente a entregar los antecedentes solicitados dentro del plazo fijado al efecto por la nombre reservado resulta infundada, inexcusable y obstruye el ejercicio de la labor fiscalizadora del ente administrativo.

Afirma que la acción deducida es improcedente en atención a que no es la vía idónea para los fines que persigue la actora. Que el recurso no menciona hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales sino que se dirige en contra de las prerrogativas de la nombre reservado, expresamente regladas en el artículo 2 inciso 4 y 5 de la ley N° 20.585. Que la vía idónea para resolver sobre la legalidad de un acto administrativo es el régimen recursivo previsto en los artículos 59 y siguientes de la ley N° 19.880, de 2003.

Aduce la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria. Que el plazo otorgado para la entrega de los antecedentes o informes complementarios encuentra su sustento en el inciso 2 del artículo 2 de la ley N° 20.585. Que por otra parte, el legislador no prevé un número máximo de licencias médicas que la nombre reservado pueda fiscalizar a la vez. Que si se accediera a la solicitud del recurrente, la nombre reservado tardaría prácticamente 57 años en recepcionar los informes de las 3.019 licencias médicas fiscalizadas. Que el impugnado constituye un acto trámite o intermedio que no le apercibe ni le sanciona de manera alguna, por lo que carece de la aptitud necesaria para privar, perturbar o amenazar alguna garantía constitucional de la recurrente.

Estima que el plazo otorgado es razonable, citando al efecto el artículo 49 del decreto N° 3 (capítulo VII. sobre Responsabilidad y fiscalización del uso de licencias) y los artículos 12 y 13 de la Ley N° 20.584, indicando que por ley, la actora debe mantener un registro de los pacientes a los que ha otorgado licencias médicas y de los antecedentes que las fundamentaron, por lo que la negativa de la actora de entregar los antecedentes solicitados dentro del término fijado al efecto por la nombre reservado es infundada, inexcusable y obstruye el ejercicio de la labor fiscalizadora del ente administrativo.

Hace presente que el recurso de autos fue presentado el día 09 de octubre de 2021, por lo que han transcurrido más de 12 meses desde el requerimiento y, en consecuencia, la recurrente ha tenido tiempo más que suficiente para realizar los informes que se le han solicitado.

Respecto la protección de datos, señala que el artículo 20 de la ley N° 19.628, faculta a los organismos públicos a tratar datos personales dentro de la órbita de sus competencias.

Distingue que el requerimiento en cuestión se enmarca dentro de las labores de Fiscalización de la nombre reservado, mientras que los informes ya entregados luego de rechazadas las licencias corresponde a las labores del COMPÏN “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencia” (artículo 21 del decreto N° 3).

En cuanto a la prescripción de 6 meses, señala que la sola circunstancia que una eventual infracción tenga una sanción pecuniaria no la transforma en una falta penal. Sostiene que el plazo de prescripción aplicable es el de 5 años, ya sea en virtud de las normas que regulan la prescripción básica del Derecho Penal para los simples delitos, puesto que la acción en cuestión representa el ius puniendi del Estado o; del artículo 2515 del Código Civil, atendido su carácter común y supletorio del procedimiento administrativo.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: Que los antecedentes señalados por las partes dan cuenta que la presente acción cautelar se deduce en contra de la recurrida por el requerimiento de entrega de antecedentes e informes de respaldo, en el plazo de tres días hábiles, referidos al otorgamiento de licencias médicas, conforme a 2.518 resoluciones administrativas, por lo que se debe determinar si el haber otorgado a la recurrente el referido plazo para cumplir la exigencia administrativa constituye o no un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace algún derecho constitucional amparado por la presente acción cautelar;

Quinto: Que en primer lugar, se debe tener presente que el requerimiento de antecedentes e informes solicitados por medio de los actos impugnados se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 20.585 que dispone que: “Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días…”.

Por su parte, el artículo 48 del Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, señala que “las nombre reservado y las Isapre, deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica”.

A su turno, el artículo 49 inciso 1° del mismo texto legal dispone que: “el profesional deberá mantener un registro de los pacientes a cuales ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen";

Sexto: En consecuencia, las normas antes citadas establecen a favor de la nombre reservado medidas de control, fiscalización y sanciones para velar por la adecuada emisión y uso de licencias médicas, entendiendo por tal el acto médico en que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la nombre reservado o la Isapre competente, el empleador y la entidad provisional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso, tal como señala el artículo 5° del Decreto Supremo N° 3 antes indicado.

Por consiguiente, no se advierte que la recurrida haya actuado fuera de los casos previstos por la ley o que lo hiciera fuera del ámbito de su competencia, por lo que no existe ilegalidad. En efecto, tanto el artículo 2° de la Ley N° 20.585 como el artículo 49 inciso 1° del DS N° 3, facultan a la nombre reservado a requerir la entrega de los antecedentes o informes complementarios que respalden la emisión de las licencias médicas;

Séptimo: Que sin perjuicio de lo antes indicado, el requerimiento de antecedentes o informes de respaldo relativos a 2.518 licencias médicas que la recurrente debía evacuar en el término de tres días hábiles no resulta proporcional ni racional, especialmente porque el artículo 2° de la Ley 20.585 establece un plazo máximo de siete días corridos, sin que en este caso concreto exista justificación alguna al respecto en los actos administrativos impugnados.

Por consiguiente, se advierte que el plazo de tres días hábiles concedido a la recurrente responde a la sola voluntad de la recurrida, tornando arbitrarios los actos administrativos impugnados, desde que no existe justificación alguna para otorgarle un plazo reducido y no el máximo establecido en la ley, habida consideración que se trata de los antecedentes de respaldo de 2.518 licencias médicas.

En efecto, la recurrida, al fijar un plazo para remitir los antecedentes o información de respaldo, debió considerar la gran cantidad de informes requeridos y, en consecuencia, concederle un término proporcional y adecuado para cumplir con lo solicitado y, además, que resultara acorde con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.585 y, al no hacerlo, se estima que la nombre reservado ha incurrido en actos arbitrarios que han vulnerado la garantía de igualdad ante la ley de la actora, contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que no cabe sino acoger el presente recurso, restableciendo el imperio del derecho, tal como se indicará en lo resolutivo;

Octavo: Que con la finalidad de dar cumplimiento a la tarea anteriormente impuesta, esta Corte tendrá presente lo señalado por Excma. Corte Suprema sobre el particular: “Que considerando el tenor de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 20.585, y el número de informes que han sido solicitados al actor, el otorgarle un plazo menor al que es posible establecer dentro del margen de la ley aparece como desproporcionado y, en consecuencia, vulneratorio de su garantía constitucional de igualdad ante la ley, la presente acción será acogida según se señalará en lo resolutivo”. (Sentencia de 23 de junio de 2022, Rol N° 14.247/2022).

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto se le otorga a la recurrente el plazo de siete días corridos contados desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, para evacuar los informes y acompañar los antecedentes de respaldo que le ha solicitado la recurrida.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-39729-2021.