SOCIEDAD DE DEPORTES PALESTINO S.A - CLUB PALESTINO con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y OTROS

Foja:85 Ochenta y Cinco C.A. de Santiago Santiago, diez de diciembre de dos mil diez.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°.- Que don nombre reservado, arquitecto, en representación de la Sociedad de Deportes Palestina S.A., y don nombre reservado, industrial, en representación del Club Palestino, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, ha recurrido de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Nacional don Julio Pereira Gandarillas, abogado, y en contra del Director (S) don nombre reservado, cuya profesión u oficio dice ignorar, todos de este domicilio, domicilio reservado°, por estimar que dicha institución habría incurrido en el acto ilegal y arbitrario de haber “emanado el Ord. N° 1017, de 22 de junio de 2010”, conculcando las garantías constitucionales contempladas en los numerales 3°, 20° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

2°.- Que, los recurrentes, fundando la acción de amparo constitucional deducida exponen, en síntesis, en lo pertinente, que el Club Palestino es una institución deportiva, social y cultural que tiene por objeto el conocimiento, la conservación y el desarrollo de los valores de la cultura árabe y su difusión proporcionando, además, los medios necesarios para realizar actividades, entre otras, deportivas, precisando que el inmueble en el cual desarrolla sus actividades es de dominio de la Sociedad de Deportes Palestina S.A., ubicado en domicilio reservado de la comuna de Las Condes, rol de avalúo fiscal 2139-1, de una superficie aproximada de 130.000 m2, inmueble que, tradicionalmente, ha estado exento de pago del impuesto territorial.

Agregan que sus representadas solicitaron el 01 de julio de 2009 al Servicio de Impuestos Internos eximir del 100% del impuesto territorial al predio antes singularizado fundado en la suscripción de un convenio con la Municipalidad de Estación Central –de conformidad con lo establecido en el Párrafo I Letra B), N°3, del Cuadro Anexo de la ley N° 17.235- vigente para los años 2006 y 2007, para el uso gratuito de sus instalaciones por parte de los colegios municipalizados de dicha comuna, convenio refrendado por la Dirección Provincial Santiago-Poniente, respondiéndosele por el Ord. N° 1017, de 22 de junio de 2010, suscrito por el Director (s) del Servicio, don nombre reservado, que “no corresponde otorgar… la exención” requerida, contenida en la señalada disposición “en la forma solicitada”, estimando los recurrentes que el citado ordinario sería un acto arbitrario e ilegal.

Señalan que la recurrida, para justificar el acto impugnado, habría señalado que, si bien se acompañó el referido convenio suscrito el 03 de abril de 2006, con vigencia para los años 2006 y 2007, no se habría acreditado que éste haya sido refrendado por la respectiva Dirección Provincial de Educación durante dichos años, fecha que produciría los efectos que la ley le atribuye, no obstante que en el certificado acompañado se señala que “fue refrendado en su oportunidad por esta dirección” - documento que acompaña en un otrosí-, al cual le restó mérito, según se estima, fuera de sus facultades, ya que éste “no puede interpretar hechos o darle un efecto a expresiones contenidas en actos administrativos de terceras autoridades”, atento a las alegaciones que señala, vulnerando las disposiciones constitucionales que indica, “ejerciendo facultades jurisdiccionales, sin estar facultado para ello, actuando fuera de su competencia” y, como consecuencia de la negación del beneficio tributario requerido, el inmueble en comento se encontraría embargado de pleno derecho, conforme al artículo 173 del Código Tributario, por una supuesta deuda de impuesto territorial.

Hacen presente que, por no otorgarse la exención solicitada en virtud del acto impugnado, la Sociedad de Deportes Palestina S.A. se encuentra emplazada en un procedimiento de cobranza judicial del impuesto territorial asociado al predio rol 2139-01, correspondiente a los años 2006 y 2007, seguido en los autos 1026-2007 y 651-2008 de la Tesorería Provincial de Las Condes, además en el proceso rol N° 9049-2009 del ingreso del 24° Juzgado Civil de Santiago, añadiendo que los montos que arbitrariamente el Servicio de Impuestos Internos pretende cobrar, al negar la exención, superan los $ 153.000.000.

Concluyen solicitando que, en definitiva, en atención a las alegaciones que señalan, en síntesis, consignadas precedentemente, se declare que el acto impugnado infringe las garantías constitucionales que invocan, disponiendo las medidas que sean indispensables para cautelar los derechos de sus representadas, la anulación total o parcial del acto recurrido, o bien su modificación, restableciendo el imperio de la Constitución y la Ley, declarando, además, que se exime del 100% del impuesto territorial al predio rol N° 2139-1 de la comuna de Las Condes, en conformidad a la disposición legal invocada establecida en la ley N° 17235 por haber suscrito el convenio antes referido con la Municipalidad de Estación Central, con costas.

3°.- Que, informando a fs.51 y siguientes, don Julio Pereira Gandarillas, Director, y don nombre reservado, nombre reservado, ambos del Servicio de Impuestos Internos, después de exponer pormenorizadamente los hechos que inciden en el arbitrio sub judice, contraviniendo latamente los fundamentos expuestos por los recurrentes, solicitan el rechazo de la acción cautelar en estudio invocando defectos formales y, en cuanto al fondo, por estimar que en el actuar del Servicio no existe arbitrariedad ni ilegalidad.

Precisan, en lo pertinente, que en la interposición del recurso sub lite se ha incurrido en la impropiedad de considerar de manera conjunta dos situaciones distintas, por una parte, la negativa del otorgamiento de la excepción solicitada y, por el otro lado, el procedimiento de cobro de impuesto territorial que no fue ingresado en arcas fiscales, situaciones distinguibles, pero sin embargo se pretende atribuir a la primera efectos directos en la segunda.

Se añade, después de una extensa exposición, en relación a las solicitudes de excepción del impuesto territorial, que con fecha 22 de junio de 2010, a través del Ord. N° 1017, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 29 de la ley N° 17.235, no se dio lugar, en atención a que analizados los antecedentes aportados por la recurrente se concluyó que si bien se acompañó el convenio invocado, suscrito el 03 de abril de 2006, con vigencia para los años 2006 y 2007, no se habría acreditado que éste hubiera sido refrendado por la respectiva Dirección Provincial de Educación durante dichos años.

En cuanto a los giros del impuesto territorial impago y posterior embargo del bien raíz se precisa que la deuda que refiere el contribuyente se originó por el hecho que el impuesto correspondiente a los años 2006 y 2007 no fue enterado en arcas fiscales, circunstancia de exclusiva responsabilidad del deudor, emitiéndose los giros respectivos, los que fueron remitidos a la Tesorería General para su cobro.

En relación al reclamo de avalúo rol N° 10215-2006 se hace presente que la recurrente dedujo recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, dando lugar a la causa rol N° 718-2007 –INA, precisándose que por sentencia ejecutoriada de 08 de mayo de 2009 se sostiene, en lo pertinente, que “no corresponde conceder la exención solicitada a la propiedad ya que en la presentación efectuada… no se ha demostrado el uso gratuito de las instalaciones deportivas de los colegios aludidos…”, estimándose que con esto se confirma, íntegramente, el avalúo fijado en la tasación al bien raíz rol N° 2139-1 de la comuna de Las Condes, no obstante estimarse por los recurridos que dicha instancia no sería aplicable al procedimiento administrativo.

En lo formal, se señala la extemporaneidad del recurso, en atención a las alegaciones que se invocan, precisándose que el reclamo fue resuelto por sentencia ejecutoriada de 08 de mayo de 2009, oportunidad que la recurrente tuvo conocimiento de la negativa a la exención requerida en virtud del fallo del Director Regional Santiago Oriente, reclamo que se funda en la misma norma que se analiza en estos antecedentes, por lo que no se puede contabilizar el plazo para deducir el presente recurso desde la notificación de Ord. N° 1017, de 22 de junio de 2010, impugnado por el presente arbitrio.

Después de consignar diferentes disposiciones legales, precisan que en la especie el Servicio no ha incurrido en un acto u omisión en los términos que señalan los recurrentes que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario al negar el otorgamiento de la exención solicitada, ya que su actuar se ha ajustado al marco normativo contemplado en la ley 17.235 citando, al efecto, además, fragmento de sentencias que singularizan y que exponen dictadas por la Corte de Apelaciones y la Excma. Suprema estimando, en atención a los fundamentos que extensamente exponen, que la acción en estudio es un intento de los recurrentes de obtener de manera impropia lo que no han podido lograr por las vías declarativas de fondo ante el Servicio.

Respecto a las supuestas vulneraciones de las garantías constitucionales invocadas como conculcadas, en atención a los fundamentos que señalan, contravienen pormenorizadamente las razones sustentadas por los recurrentes.

Acompañan a su informe diferentes documentos –sin indicar la finalidad-, los cuales se mantienen en custodia, según atestado que se lee a fs.73.

4°.- Que, previo al análisis del negocio sub lite, cabe precisar, como reiteradamente en los últimos años lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

5°.- Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1° del Código Civil - o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de estos antecedentes.

6°.- Que, atendido lo consignado en los basamentos precedentes, es dable concluir que son variadas las exigencias que deben concurrir respecto de la presentación del arbitrio constitucional antes indicado, así como para acogerse por el tribunal respectivo, atendida su naturaleza.

7°.- Que, corresponde, asimismo, tener presente, que el recurso cautelar de derechos constitucionales constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos preestablecidos e inconcusos, y a juicio de esta Corte, en la especie, no se desprende de los hechos descritos en lo principal de la presentación de fojas 25, fundando el acto impugnado, la existencia de tales derechos de las características antes precisadas establecidos en favor de las recurrentes que sean susceptibles de ser cautelados mediante el presente recurso, pues éstos han sido controvertidos fundadamente por la recurrida –Servicio de Impuestos Internos-, , según se infiere de lo consignado, en síntesis, en el considerando 3°, ya que éste no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos tributarios, pues para ello está la vía jurisdiccional, ya que el pronunciamiento que persiguen las recurrentes, para su adecuado reconocimiento y determinación, debe ser objeto, necesariamente, de una controversia, en que las partes procesalmente puedan acreditar en forma legal sus pretensiones -discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean procedentes- propósito que, como reiteradamente lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema en situaciones análogas a las planteadas por el recurso en estudio, no es posible lograr a través de esta sede constitucional de excepción, sin perjuicio de tener presente, según lo expuesto por la recurrida, la pretensión de las actoras –fundada en los mismos hechos-, ha sido resuelta con antelación en otras sedes.

8°.- Que, en consecuencia, conforme a lo razonado en los considerandos que anteceden, puede concluirse, sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis en cuestión que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, ya que esto implicaría, en definitiva, un pronunciamiento judicial declarativo.

9°.- Que, a mayor abundamiento, corresponde tener presente, que dada la naturaleza cautelar, no contradictoria y sumaria del arbitrio constitucional en estudio, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, lo que en la especie, a juicio de esta Corte, no ocurre, por lo que, atendida su naturaleza cautelar, impide que el recurso en comento pueda emplearse para dilucidar situaciones como las que se han planteado en estos antecedentes, como tampoco el procedimiento para su solución de cuestiones ajenas al presente amparo cautelar.

10°.- Que, en estas condiciones, no procede acoger la acción cautelar intentada, por carecer de base indubitada, sin perjuicio de otros derechos ejercidos por la vía procesal correspondiente, si fuera procedente.

11°.- Que, atendido lo concluido precedentemente, resulta irrelevante entrar al análisis de otras cuestiones que latamente vienen planteadas en lo principal del libelo de fojas 25 y siguientes, como asimismo, es inoficioso pronunciarse acerca de si se conculcaron las garantías constitucionales mencionadas como vulneradas.

12°.- Que, por lo tanto, la acción cautelar intentada no puede prosperar y, consecuencialmente, debe ser rechazada, en los términos que se dirá en lo resolutivo.

13°.- Que, los documentos aparejados a estos antecedentes, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, en nada altera lo concluido en el basamento que antecede.

Y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19° y 20° de la Constitución Política de la República, 1°, 3° y 5° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA el recurso deducido en lo principal del escrito de fojas 25 y siguientes.

Redacción del Ministro señor Raúl Héctor Rocha Pérez.

Regístrese y archívese, en su oportunidad, conjuntamente con el sobre en custodia.

N°Proteccion-3970-2010.

Pronunciada por la Séptima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago presidida por el Ministro señor Raúl Héctor Rocha Pérez e integrada por la Ministro señora María R. Kittsteiner Gentile y por la abogado integrante señora Regina Clark Medina.