Protección contra Superintendencia de Pensiones

C.A. de Santiago Santiago, ocho de noviembre de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 6 de octubre de 2021, se dedujo acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Pensiones, por haber incurrido ésta en un acto ilegal y arbitrario consistente en la decisión de no dar curso a su reclamo administrativo en contra de AFP Capital, por estimarlo carente de fundamentos, lo que estima vulnera sus garantías fundamentales de los números 2 y 3, inciso quinto, del artículo 19° de la Constitución Política. Solicita que se acoja su acción y se ordene a la recurrida que, dentro del plazo legal, deberá realizar los actos de instrucción y conceder las diligencias probatorias solicitadas en el procedimiento administrativo de reclamo ingreso C20210706-153012, CW N° 81550 y, en definitiva, conforme el mérito del procedimiento, la autoridad no inhabilitada para ello y resuelva la cuestión planteada, dejando sin efecto los Oficios N° 22306 y N° 24948 de la Superintendencia de Pensiones, con costas.

Fundando su acción indica que el 6 de julio de 2021, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones en contra de AFP CAPITAL, tramitado bajo el ingreso C20210706-153012, CW N°81550, por la actuación dolosa o inexcusablemente negligente de AFP y sus agentes, al inducirla a error, viciando su consentimiento al momento de jubilarse en forma anticipada, con el consecuente perjuicio económico asociado, el que no fue admitido a tramitación, decisión contra la cual dedujo recurso de reposición, el que fue desestimado por Oficio Nº 22306, con fecha 9 de agosto de 2021.

Indica que la Superintendencia mediante dicho oficio, le ha impedido acceder a una decisión material o sustantiva del reclamo, al declarar inadmisible su reclamo por manifiesta falta de fundamento en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 19.880, absteniéndose de dar inicio al procedimiento administrativo, dictar los actos de instrucción, de realizar las diligencias probatorias exigidas y de resolver la controversia.

Detalla que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición, el que fue desestimado de plano por Oficio N° 24948, de 6 de septiembre de 2021, sin realizar los necesarios actos de instrucción ni dar curso a las diligencias probatorias solicitadas, negándole valor probatorio a los antecedentes acompañados y desechando sin fundamento las diligencias probatorias solicitadas, al fijar arbitrariamente la forma de probar los hechos mediante 2 documentos que no fueron aportados.

En primer lugar, sostiene que dicho acto es arbitrario, pues conforme lo prescribe el citado artículo 41, la decisión de inadmisibilidad solo procede respecto de solicitudes “manifiestamente carentes de fundamento”, lo que no ocurre en su caso, lo que se evidenciaría de la sola lectura del reclamo y de los antecedentes acompañados.

En segundo término, sostiene que ambas actuaciones son ilegales al infringir lo dispuesto en los artículos 34 y 35 que obliga la Ley N° 19.880, al no dar lugar a las etapas de inicio, instrucción, prueba y finalización del procedimiento administrativo y, en particular, a los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse el acto, ni a las diligencias probatorias solicitadas, en cuanto sólo se pueden rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución fundada, nada de lo que se observa en el caso.

Como tercera cuestión, refiere que al rechazar de plano su reclamo la recurrida ha abdicando de ejercer sus facultades legales, vulnerando gravemente el debido proceso administrativo y el deber legal de ejercer las competencias legales atribuidas del artículo 3°, letra j), del DFL 101/80 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social referida a absolver los reclamos que los afiliados o beneficiarios de las Administradoras, formulen en su contra; del artículo 94 del DL 3.500 sobre fiscalización del funcionamiento de las Administradoras y el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental.

En cuarto lugar, esgrime que se infringe el artículo 41 de la Ley N° 19.880, que obliga que la resolución que ponga fin al procedimiento debe ser fundada y decidir las cuestiones planteadas por los interesados, lo que no se observa en el caso, pues la recurrida no se pronunció sobre el fondo de sus alegaciones, se funda en cuestiones que no son efectivas y ni valoró los antecedentes aportados.

Añade que aportó las comunicaciones sostenidas con la AFP CAPITAL, que demuestran fehacientemente que sus agentes ejercieron fuerza moral para adelantar su jubilación, que le aseguraron que sus fondos de APV no se verían mermados, que reconocieron su actuación perjudicial y que le ofrecieron una forma de revertir la operación, todo lo cual configura en la especie vicios del consentimiento de los artículos 1454 y 1458 del Código Civil.

En quinto lugar, sostiene que se infringe el artículo 34 de la citada ley, ya que iniciado un procedimiento se deben realizar actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse el acto, lo que no se efectuó.

Como sexta cuestión, alega que se infringe el principio de contradictoriedad y el artículo 35 de la Ley N° 19.880, que regula la prueba en el procedimiento administrativo, en sus tres dimensiones, como libertad probatoria; como deber de la administración y como prueba del interesado.

Concluye que ello vulnera sus garantías fundamentales de igualdad ante la ley, entre interesados y que asegura que la autoridad pública reguladora velará por aplicar el principio de contradictoriedad, ya que la Superintendencia ha tenido una actitud beligerante y exigente, en cuanto le ha impuesto acreditar sus alegaciones con prueba no disponible para ella, desechado la prueba acompañada y rechazado las diligencias probatorias solicitadas y, en cambio, respecto de la denunciada no ha solicitado siquiera un informe sobre los graves hechos denunciados, lo que constituye una diferencia arbitraria en el trato. Asimismo, sostiene que se conculca su derecho de no ser juzgado por comisiones especiales, al constituirse como comisión especial y obrar fuera de sus competencias.

Segundo: Que informando la Superintendencia de Pensiones, solicita el rechazo del recurso.

Señala que por carta de 12 de marzo de 2021, AFP Capital S.A. solicitó un pronunciamiento respecto de la solicitud de la actora para dejar sin efecto su pensión de vejez anticipada, suscrita el 6 de agosto de 2020, informando que para el trámite de pensión la trabajadora solicitó considerar en el saldo no sólo los fondos acumulados en su cuenta de cotizaciones obligatorias, sino también las cotizaciones voluntarias y los depósitos convenidos enterados a su nombre. Añadió que el 30 de octubre de 2020, la trabajadora seleccionó la modalidad de pensión, optando por retiro programado por un monto de UF 56,21, iniciándose el pago de la pensión en enero de 2021, y que la afiliada manifestó su intención de anular su pensión de vejez anticipada para pensionarse por vejez ( edad ), con el objeto de liberar los fondos correspondientes al saldo acumulado en su cuenta de Ahorro Previsional Voluntario, excluyéndolo de su pensión, ya que por la modalidad elegida no podía retirar tales montos como excedente de libre disposición.

Refiere que mediante el Oficio N° 9828 de 15 de abril de 2021, la Superintendencia hizo presente que el artículo 61 del D.L. N° 3.500, de 1980, prescribe que, cada afiliado podrá optar por una de las modalidades que establece esa misma norma, para hacer efectiva su pensión. Agregó que su inciso cuarto dispone que si el afiliado no optare por alguna de las alternativas antes señaladas, podrá postergar su decisión de pensionarse, a menos que la consulta al Sistema definido en este artículo, se hubiese ocasionado por una solicitud de pensión de invalidez cuyo dictamen se encuentre ejecutoriado, y detalló el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, no dando lugar a la petición.

Señala que por Ordinario N° 19.428, de 7 de julio de 2021, se rechazó la reconsideración presentada por la recurrente, reiterando lo resuelto, habida cuenta que no existían nuevos antecedentes que permitieran modificar lo resuelto.

Detalla que mediante la Consulta Web- 83337, de 6 de julio de 2021, se recibió un reclamo directo de la recurrente en contra de la Administradora, solicitando que se ordenara a AFP Capital S.A. dejar sin efecto su pensión por vejez anticipada, admitiendo a tramitación una solicitud de pensión por vejez por cumplimiento de la edad legal; que se declarara que le asiste el derecho a retiro del máximo legal de APV que correspondería a un titular de pensión de vejez por edad y que se aplicaran sanciones administrativas a AFP Capital S.A., donde acompañó, como medio de prueba de sus afirmaciones sobre la supuesta negligencia y eventual dolo en que habrían incurrido empleados de la Administradora, una serie de capturas de pantalla de las comunicaciones (whatsapp) que la afiliada habría sostenido con un asesor, quien no es de la AFP sino que la propia actora individualizó como su “ejecutivo y asesor patrimonial de SURA ASSET MANAGEMENT CHILE”, reconociendo que se trata de dos empresas diferentes.

El referido reclamo fue rechazado pues, de las respuestas proporcionadas a las presentaciones de la AFP, resulta claro que esta Superintendencia se pronunció de manera oportuna respecto de la situación previsional de la señora nombre reservado y su solicitud de dejar sin efecto la pensión por vejez anticipada, la que se estima válidamente solicitada.

Por otra parte, se hace presente que los antecedentes remitidos por la trabajadora junto al reclamo de 6 de julio de 2021, no constituían elementos de juicio suficientes para modificar los pronunciamientos emitidos a través de los citados Oficios Ordinarios N° 9828 y 19.428, ambos de 2021, ni para incoar procedimientos sancionatorios en contra de AFP Capital S.A. pues, tal como se señaló previamente, de los antecedentes acompañados por la propia recurrente, consta que las recomendaciones de una pensión anticipada provinieron de un ejecutivo de Sura Asset Management, y no de AFP Capital S.A., empresas que, si bien pertenecen al mismo grupo empresarial, tienen giros diferentes y desarrollan su objeto social con independencia. Más aún, los antecedentes adjuntados por la reclamante dejan en evidencia que la información que le proporcionó AFP Capital S.A., antes de que ella suscribiera la solicitud de pensión, le indicaba claramente las opciones de retiro de excedente de libre disposición para el caso de pensionarse a los 60 años, y no para una pensión de vejez anticipada.

En contra de dicha decisión, la recurrente presentó un recurso de reposición interpuesto el 12 de julio de 2021, el cual fue desestimando por Oficio Ordinario N° 22.306, pues, analizados nuevamente los antecedentes acompañados en forma previa y los demás aportados, concluyó que se había pronunciado en tiempo y forma sobre su solicitud de dejar sin efecto la pensión de vejez anticipada en el Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, así como sobre su derecho a retiro del Ahorro Previsional Voluntario en virtud de una pensión de vejez por cumplir la edad legal, ya que se emitieron una serie de pronunciamientos mediante los cuales, de manera oportuna y pronunciándose claramente sobre lo planteado en cada uno de los requerimientos efectuados a través de AFP Capital S.A., se fundamentó la imposibilidad de acceder a sus peticiones y de los Oficios Ordinarios N° 9828, de 15 de abril de 2021, y N° 19.428, de 7 de julio de 2021.

Adiciona que el 13 de agosto de 2021, la afiliada interpuso un nuevo recurso de reposición, el que fue rechazado con fecha 6 de septiembre de 2021 por no haber acompañado en sus presentaciones evidencia que permita arribar a tal conclusión y se aclaró a la actora que la Superintendencia no tiene facultad de fiscalización alguna sobre la sociedad antes mencionada ni sobre sus dependientes, y que la simulación de pensión que acompañó se le informó claramente el monto que habría recibido, con y sin retiro de máximo de Excedente de Libre Disposición (ELD), en caso de pensionarse a los 60 años. No se acompañó simulación en caso de pensión anticipada, si es que fue solicitada a la AFP, por lo tanto, no es posible verificar si los dependientes de la Administradora le dieron información errada, como ella afirma.

Luego de esta cronología de los hechos, alega la extemporaneidad de la acción, indicando que por Oficio N° 9828 de 15 de abril de 2021, se rechazó la solicitud de la actora, quien habiendo tomado conocimiento de la decisión, hizo una presentación directamente ante la Superintendencia, la que fue respondida mediante Oficio Ord. N° 19428, en el que se reiteraron los argumentos del oficio precedentemente citado. Posteriormente, el 12 de julio de 2021, la afiliada interpuso reposición, siendo rechazado su recurso mediante el Oficio Ord. N° 22306 de 9 de agosto de 2021. Añade que la petición de 13 de agosto de 2021, efectuada en los mismos términos de la presentación de fecha 12 de julio de 2021, no fue más que una actuación tendiente a crearse artificiosamente un plazo para recurrir de protección.

En segundo lugar, alega la falta de legitimación pasiva, ya que las actuaciones que la afiliada reclama como fundantes del vicio de su voluntad, habrían sido cometidas por el señor nombre reservado, descrito por la recurrente como su “ejecutivo y asesor patrimonial del grupo empresarial SURA ASSET MANAGEMENT CHILE”, conforme a los antecedentes (chat de Whatsapp) que ella misma adjuntó, cuya fiscalización corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero y no a su parte.

Como tercera cuestión, sostiene que en base a los preceptos legales citados, se analizó la situación de la señora nombre reservado, adoptando una decisión teniendo como antecedente el hecho que la afiliada en su oportunidad, ejerció válidamente su opción de modalidad de pensión del D.L. N° 3.500, de 1980.

Agrega que la afiliada no ha aportado ningún antecedente suficiente que sirva para justificar su petición, en cuanto a que su manifestación de voluntad haya adolecido de algún vicio que pudiera dar lugar a dejar sin efecto aquel acto jurídico.

En cuarto término, señala que el reclamo fue rechazado pues, de las respuestas proporcionadas a las presentaciones de la AFP, por lo que resulta claro que su entidad se pronunció de manera oportuna respecto de la situación previsional de la señora nombre reservado y su solicitud de dejar sin efecto la pensión por vejez anticipada, la que se estima válidamente solicitada.

Adiciona que los antecedentes remitidos por la trabajadora junto al reclamo de 6 de julio de 2021, no constituían elementos de juicio suficientes para modificar los pronunciamientos emitidos a través de los citados Oficios Ordinarios N° 9828 y 19428, ambos de 2021, ni para incoar procedimientos sancionatorios en contra de AFP Capital S.A. pues de estos consta que las recomendaciones de una pensión anticipada provinieron de un ejecutivo de Sura Asset Management, y no de AFP Capital S.A., y ellos dejan en evidencia que la información que le proporcionó AFP Capital S.A., antes de que ella suscribiera la solicitud de pensión, le indicaba claramente las opciones de retiro de excedente de libre disposición para el caso de pensionarse a los 60 años, y no para una pensión de vejez anticipada.

En quinto lugar, respecto de la afirmación que no se habría dado tramitación a su reclamo y al recurso de reposición presentado anteriormente, se debe señalar que, tal como se le hizo presente en el Oficio Ordinario N° 22.306, en su oportunidad se analizaron los antecedentes acompañados a su presentación de fecha 6 de julio pasado, así́ como los demás antecedentes que obran en su poder, los que motivaron el pronunciamiento indicado.

Por otro lado, sostiene que dio oportuna y completa respuesta a todas y cada una de las solicitudes de la recurrente, tanto aquellas efectuadas directamente por ella como las que dirigió a este organismo a través de AFP Capital S.A., y revisó exhaustivamente todos los antecedentes del caso, a fin de determinar si existió un perjuicio a los derechos previsionales de la recurrente, lo que no observó, pues aquélla está percibiendo una pensión en las condiciones que fueron requeridas.

Tercero: Que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, perturbación o amenaza, mediante la adopción de medidas concretas destinadas a restablecer el imperio del derecho y poner fin a dichos actos u omisiones.

En consecuencia, para su procedencia se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción reprochada;

b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción;

c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y, d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.

e) En lo formal, que se interponga dentro del plazo legal.

Cuarto: Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, el plazo fatal para interponerlo es de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que lo motiva, que según la recurrente, correspondería al 6 de septiembre de 2021 al rechazar la reposición interpuesta respecto de la resolución que declaró inadmisible su reclamo por manifiesta falta de fundamento en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 19.880, absteniéndose de dar inicio al procedimiento administrativo.

Quinto: Que sin embargo, de lo expuesto por ambas partes en estos autos, no cabe dudas que la situación que la actora reclama se arrastra por lo menos desde el 15 de abril de 2021, oportunidad en que se dictó por la Superintendencia de Pensiones la primera decisión en relación a su petición de acceder al retiro de fondos previsionales, y que desde el mes de julio del mismo año la recurrente ha presentado sucesivas peticiones de reposición administrativa frente a las negativas de la autoridad, conforme se detalla en el basamento precedente, resultando inconcuso su conocimiento del acto originario que motiva actualmente la presentación de este recurso de protección, siendo la fecha antes indicada ( 15 de abril de 2021 ), la que debe ser considerada para el cómputo del plazo en estudio, y no la invocada por ésta, la que en lo que interesa al presente recurso mantuvo la decisión anterior.

Sexto: Que por lo anterior, habiéndose deducido el presente recurso solamente con fecha 6 de octubre del presente año, como consta de los autos, la presente acción resulta haberse interpuesto en forma extemporánea, y por ende no puede prosperar.

Séptimo: Que, sin perjuicio que lo concluido precedentemente, constituye motivo suficiente para desestimar el presente recurso, no está de más tener presente que tal como aparece de la lectura del libelo, lo que se pretende por la actora es reemplazar el régimen o sistema de jubilación al que se encuentra acogida, lo cual corresponde a una materia de seguridad social que no se encuentra protegida por el presente recurso.

Octavo: Que a lo anterior se suma que las actuaciones que la afiliada reclama como fundantes del vicio de su voluntad, habrían sido cometidas por el señor nombre reservado, quien era su “ejecutivo y asesor patrimonial del grupo empresarial SURA ASSET MANAGEMENT CHILE”, por lo cual no se divisa el motivo por el cual la recurrida sería su legítimo contradictor.

Noveno: Que las razones que hasta aquí se han expresado permiten concluir que en la especie no concurren los fundamentos que hacen procedente el recurso de protección, por lo que se desestimará el que ha sido intentado.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se rechaza el interpuesto en estos autos.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministro Dobra Lusic Nadal.

N° 39. 637-2021 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señora Dobra Lusic Nadal, señora Jenny Book Reyes y el abogado integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé.

No firma la ministra señora Jenny Book Reyes, por encontrarse haciendo uso de feriado legal, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, ocho de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.