EMPRESA LIDERMAN SPA con TESORERIA GENERAL DE LA RÉPUBLICA

C.A. de Santiago Santiago, trece de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece Pamela Clunes Clavel, abogada, en representación de Liderman SpA, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), representado por su Directora Nacional, Romanina Morales Baltra, y de la Tesorería General de la República (TGR), representada por nombre reservado, por la dictación y ejecución de la Resolución Exenta N° 688, de 9 de febrero de 2022, y de la Resolución Exenta N° 3080, de 11 de noviembre de 2025, ambas del SENCE, mediante las cuales se puso término anticipado al beneficio correspondiente a la Línea de Emergencia Laboral Reactivación Covid-19, ordenándose el reintegro de pagos considerados indebidos y se mantuvo la posibilidad de efectuar retenciones y gestiones de cobro por intermedio de la TGR. Atribuye a dichos actos el carácter de ilegales y arbitrarios, denunciando la vulneración de las garantías contempladas en el artículo 19 N° 2, N° 3 inciso cuarto, N° 22 y N° 24 de la Constitución Política.

Expone que Liderman SpA es una empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad, con una dotación cercana a los 8.000 trabajadores, que durante el período de pandemia participó en las bonificaciones administradas por el SENCE asociadas a la Línea de Emergencia Laboral Reactivación Covid-19 del Programa de Formación en el Puesto de Trabajo, regulado por el Decreto N° 28, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En dicho contexto, la empresa efectuó postulaciones al subsidio respecto de 3.078 trabajadores, registrándose la última de ellas el 14 de agosto de 2021. Como consecuencia de esas postulaciones, el SENCE realizó depósitos entre el 27 de noviembre de 2020 y el 19 de enero de 2022, por un total de $761.133.183.

Con posterioridad, el SENCE habría constatado que en una de las postulaciones -la de 14 de agosto de 2021- fue incorporado el trabajador nombre reservado, quien había fallecido antes de aquella fecha. Según el certificado de defunción, su fallecimiento ocurrió el 8 de agosto de 2021, a las 20:16 horas. La recurrente sostiene que los registros internos de asistencia reflejan actividad del trabajador hasta el 7 de agosto de 2021 y un cambio de estado desde el 9 de agosto siguiente, lo que atribuye a un desfase temporal y operativo propio de la contingencia sanitaria, sin que existiera mala fe o intención de engañar al servicio. Agrega que la empresa pagó las cotizaciones previsionales del trabajador el 10 de agosto de 2021, circunstancia que, a su juicio, demostraría la existencia real del vínculo laboral y el carácter puntual del error.

Sobre la base de ese antecedente, el SENCE dictó la Resolución Exenta N° 688, de 9 de febrero de 2022, por la cual puso término anticipado al beneficio correspondiente al Subsidio al Empleo, Línea Contrata, y ordenó a Liderman SpA reintegrar la suma de $803.684.156, debidamente reajustada conforme al IPC, dentro del plazo de cinco días hábiles desde su notificación. Asimismo, dispuso que, en caso de incumplimiento, los antecedentes serían remitidos a la Tesorería General de la República para su cobranza judicial o administrativa.

Hace presente la recurrente que esa resolución fue dictada de plano, sin audiencia, intervención ni posibilidad de defensa por parte de la empresa. Añade que tampoco existió un emplazamiento válido, pues la resolución habría sido remitida a una dirección electrónica incorrecta.

Explica que la Resolución Exenta N° 688, si bien, individualiza como casilla de notificación el correo correo reservado, la comunicación fue remitida, en los hechos, a la dirección correo reservado, esto es, con una letra “n” adicional, que no corresponde al dominio institucional de la empresa. Para acreditar esa circunstancia invoca antecedentes de NIC Chile, que demostrarían la titularidad del dominio liderman-chile.cl por parte de Liderman SpA y la ausencia de resultados para el dominio linderman-chile.cl. Al efecto, acompaña la reclamante un certificado emitido por el soporte informático de la empresa, que da cuenta que no se encontró respaldo ni evidencia de correos almacenados, enviados o recibidos desde el dominio @sence.cl en la casilla correo reservado durante el año 2022.

Añade que es posible advertir la confusión que el propio SENCE tiene respecto del correo electrónico de Liderman SpA, al revisar el Oficio Ordinario N° 1301, de 8 de septiembre de 2025, cuando al emitir una respuesta a una solicitud de acceso a información pública planteada por la recurrente, indicó dicho organismo que el correo cuya falta de notificación se denuncia fue enviado a correo reservado y que el “sistema de envío no generaba respaldos”.

Expresa que Liderman SpA tomó conocimiento cierto y documentado de la Resolución Exenta N° 688 -de 9 de febrero de 2022- mediante la respuesta a la solicitud de acceso a información pública código AL007T0005217, comunicada por correo electrónico el 9 de septiembre de 2025, a la cual se adjuntó el Oficio Ordinario N° 1301 -donde se señala el correo erróneo al que se remitían las comunicaciones a la actora- y los antecedentes relacionados con los actos administrativos cuestionados.

A partir de dicho conocimiento, el 16 de septiembre de 2025 la empresa interpuso recurso de reposición y, en subsidio, recurso jerárquico, solicitando además la invalidación administrativa. Fundó sus impugnaciones en la notificación defectuosa y consiguiente falta de emplazamiento, la insuficiente motivación de la imputación de falsedad o dolo y la desproporción de ordenar la devolución total de más de $803 millones por un único error dentro de 3.078 postulaciones. Solicitó, además, que se suspendiera la ejecución patrimonial mientras se resolvía la controversia. Luego, el SENCE dictó la Resolución Exenta N° 3080, de 11 de noviembre de 2025, mediante la cual rechazó el recurso de reposición, el recurso jerárquico y la solicitud de invalidación, por estimarlos extemporáneos. Para ello, sostuvo que la Resolución Exenta N° 688 había sido notificada el 2 de marzo de 2022 al correo correo reservado. Asimismo, mantuvo la eficacia de la resolución original y rechazó la suspensión de sus efectos. La Resolución Exenta N° 3080 fue notificada a la recurrente el 31 de diciembre de 2025, fecha que constituye el conocimiento formal que cierra la vía administrativa, mantiene la ejecutividad del cobro y consolida la afectación actual de los derechos fundamentales de la reclamante.

Resalta que la Resolución Exenta N° 3080 reconoce que el procedimiento se encuentra regido por el artículo 77 de la Ley N° 21.306, norma que regula el reintegro de pagos indebidos y que contempla como única impugnación administrativa el recurso de reposición dentro de cinco días hábiles desde la notificación de la resolución que ordena el reintegro. Explica que, rechazado dicho recurso o vencido el plazo sin efectuarse el pago, la norma permite remitir los antecedentes a la TGR para retener devoluciones de impuestos, créditos fiscales y efectuar la cobranza judicial o administrativa.

Releva que el artículo 77 no contempla otros recursos administrativos ni una acción contencioso-administrativa especial que permita revisar el fondo o suspender los efectos del acto, razón por la cual la acción de protección constituiría la única vía judicial urgente e idónea para impedir la ejecución patrimonial.

En cuanto al plazo, afirma que la acción fue deducida oportunamente, pues el conocimiento formal de la decisión que cerró la vía administrativa y mantuvo la ejecutividad del cobro se produjo, como se dijo, el 31 de diciembre de 2025, con la notificación de la Resolución Exenta N° 3080.

Asevera que la falta de notificación válida vulneró las reglas de eficacia de los actos administrativos, los principios de publicidad, contradicción y certeza, y privó a la empresa de la posibilidad de ejercer oportunamente el único recurso contemplado en el artículo 77 de la Ley N° 21.306. Agrega que el órgano recurrido hizo operar plazos preclusivos y consecuencias patrimoniales sin acreditar que la empresa hubiera tenido conocimiento efectivo del acto.

En segundo término, denuncia la vulneración del debido proceso y del derecho a defensa. Expone que la Resolución Exenta N° 688 fue dictada sin audiencia, traslado ni oportunidad para formular alegaciones o rendir prueba. Luego, la Resolución Exenta N° 3080 rechazó las impugnaciones exclusivamente por extemporaneidad, sin examinar los argumentos relativos a la inexistencia de dolo, la cuantía del reintegro, la proporcionalidad de la medida y la falta de notificación. Pone de manifiesto entonces que el procedimiento desconoció los principios de contradictoriedad, motivación y transparencia de los artículos 10, 11 y 16 de la Ley N° 19.880. Afirma que, al clausurar el análisis de fondo sobre la base de una notificación controvertida, el SENCE impidió a Liderman SpA discutir la procedencia del reintegro, su monto y los hechos que lo sustentaban, quedando expuesta a retenciones y cobranzas sin haber contado con una instancia real de defensa.

En tercer lugar, reprocha la falta de proporcionalidad de la decisión. Explica que, a partir de la inclusión de un solo trabajador fallecido dentro de una nómina de más de tres mil personas, el SENCE dispuso el término total del beneficio y exigió la restitución íntegra de las sumas pagadas, sin individualizar cuáles pagos eran efectivamente indebidos ni limitar el reintegro al subsidio asociado al caso observado.

En cuarto término, alega falta de motivación suficiente. Respecto de la Resolución Exenta N° 688, señala que no explica por qué un error singular justificaría el término anticipado de la totalidad del beneficio ni la devolución íntegra de los subsidios. Tampoco identificaría los períodos, pagos y cantidades que serían propiamente indebidos, ni la relación causal entre el hecho observado y el monto exigido.

En relación con las garantías constitucionales, denuncia, en primer lugar, la afectación del derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Expresa que la orden de reintegrar más de $803 millones reajustados y la posibilidad de que la TGR retenga devoluciones de impuestos o créditos fiscales afectan la disposición de los recursos de la empresa y representan una perturbación, amenaza o privación patrimonial actual.

En segundo lugar, estima vulnerada la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N° 2, pues se aplicó una consecuencia máxima sin una justificación racional y sin ponderar que se trataba de un único caso dentro de miles de postulaciones. A su vez, la empresa quedó en una situación desigual respecto de otros administrados que reciben una notificación válida y pueden ejercer oportunamente sus recursos.

En tercer término, denuncia una discriminación arbitraria en materia económica, contraria al artículo 19 N° 22, porque el SENCE habría impuesto un gravamen extraordinario y excepcional, extendiendo los efectos de un episodio singular a la totalidad de los pagos recibidos, sin una motivación que justificara esa diferencia de trato.

Finalmente, invoca la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, establecida en el artículo 19 N° 3 inciso cuarto de la Constitución Política de la República. Sostiene que el SENCE actuó como juez y parte, al determinar unilateralmente la existencia y cuantía de la obligación, rechazar las impugnaciones y habilitar la ejecución patrimonial, sin asegurar audiencia, contradicción ni una instancia imparcial de revisión.

Solicita que se acoja el recurso y se dejen sin efecto la Resolución Exenta N° 688, de 9 de febrero de 2022, y la Resolución Exenta N° 3080, de 11 de noviembre de 2025. Pide que se ordene al SENCE realizar una nueva actuación conforme a derecho, asegurando un emplazamiento válido, una instancia efectiva de defensa y un pronunciamiento fundado sobre el fondo, delimitando cualquier eventual reintegro únicamente a los montos que se acrediten como efectivamente indebidos o pagados en exceso, con determinación precisa de períodos, cuantías y ponderación de la buena fe.

Pide, asimismo, que se ordene al SENCE abstenerse de remitir nóminas a la TGR, solicitar retenciones o impulsar gestiones de cobranza mientras no se cumpla lo anterior; que se ordene a la TGR abstenerse de efectuar retenciones o cobros asociados al reintegro, adoptándose todas las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y que se condene en costas a las recurridas.

Comparece, a continuación, Pablo Javier Guzmán Navarro, abogado de la Tesorería General de la República (TGR), evacuando informe y solicita el rechazo del recurso por falta de legitimación pasiva, improcedencia de la vía cautelar, inexistencia de un derecho indubitado y ausencia de todo acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a dicho organismo.

Señala que la acción impugna principalmente dos actos administrativos dictados por el SENCE. El primero, la Resolución Exenta N° 688, de 9 de febrero de 2022, que puso término anticipado al Subsidio al Empleo correspondiente a la Línea de Emergencia Laboral Reactivación Covid-19 y ordenó a la recurrente reintegrar la suma de $803.684.156, más reajustes, habilitando su cobranza y retención por parte de la TGR. El segundo, la Resolución Exenta N° 3080, de 11 de noviembre de 2025, que rechazó por extemporáneos el recurso de reposición, el recurso jerárquico y la solicitud de invalidación interpuestos contra la determinación anterior.

En cuanto al régimen legal aplicable, la TGR explica que el artículo 77 de la Ley N° 21.306, de 2020, regula el reintegro de pagos efectuados en exceso o indebidamente por el SENCE. Conforme a dicha norma, si el servicio constata pagos improcedentes respecto de bonificaciones o subsidios que administra, debe ordenar el reintegro de los fondos, debidamente reajustados según la variación del IPC.

La orden de reintegro debe constar en una resolución que otorgue al beneficiario un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para devolver los recursos o interponer recurso de reposición. Vencido ese plazo sin haberse efectuado el reintegro, el SENCE debe remitir a la TGR la individualización de los deudores y el monto adeudado en unidades de fomento, para que ésta retenga las sumas correspondientes de las devoluciones de Impuesto a la Renta o de créditos fiscales. Asimismo, dicha norma dispone que corresponderá al Servicio de Tesorerías ejercer la cobranza judicial o administrativa de las cantidades percibidas indebidamente o pagadas en exceso, de acuerdo con las normas que regulan a dicho organismo y con los procedimientos establecidos en el Código Tributario para el cobro de impuestos morosos.

Respecto de la situación concreta de Liderman SpA, informa que, según antecedentes proporcionados por las áreas competentes de la TGR, el SENCE, mediante el Oficio N° 2080, de 29 de diciembre de 2022, instruyó retener un total de $803.684.156. Explica que las retenciones son ingresadas mediante formularios 10 y permanecen a la espera de las instrucciones del SENCE.

Remarca la Tesorería General de la República que, de acuerdo con su Estatuto Orgánico contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, es el servicio público encargado de custodiar y distribuir fondos fiscales, recaudar y cobrar administrativa y judicialmente impuestos, tributos y demás créditos del sector público, pagar obligaciones fiscales y administrar los recursos financieros del Estado. Precisa, a su vez, que corresponde al SENCE aplicar y fiscalizar el Sistema de Capacitación y Empleo regulado por la Ley N° 19.518, autorizar y fiscalizar los incentivos y subsidios contemplados por la legislación y determinar la procedencia de los reintegros. Releva entonces que mientras el SENCE es el órgano que determina la existencia y cuantía de la obligación, la TGR se limita a efectuar su recaudación o cobranza una vez recibida la respectiva instrucción.

Dicho lo anterior, indica que las objeciones planteadas por la recurrente recaen sobre dos resoluciones emitidas por el SENCE, respecto de las cuales la TGR carece de competencia, intervención o injerencia. Alega que la recurrente no individualiza actos ilegales o arbitrarios concretos ejecutados por la TGR, sino que se limita a controvertir las facultades legales de retención y cobro contempladas en el artículo 77 de la Ley N° 21.306. Señala que esas facultades dependen de la instrucción previa del SENCE y que su ejercicio no puede calificarse de ilegal, por cuanto emana directamente de la ley.

Destaca que la Tesorería no puede revisar la legalidad del reintegro, desconocer una orden de retención, suspenderla ni pronunciarse sobre los fundamentos de hecho o de derecho que originaron el cobro.

Adicionalmente, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver controversias relativas a la existencia, monto o legalidad de un reintegro. Señala que dichas materias requieren procedimientos declarativos o contencioso-administrativos que permitan un debate amplio sobre antecedentes técnicos, prueba, validez de las notificaciones, proporcionalidad y correcta aplicación de la normativa.

En seguida, comparece Jorge Enrique San Martín Céspedes, en representación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, quien solicita el rechazo de la acción, sosteniendo que el Servicio no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario, que las resoluciones impugnadas fueron dictadas conforme a la normativa aplicable y que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada.

Expone, como consideración previa, que el SENCE es un organismo técnico del Estado, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica de derecho público y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Señala que su finalidad consiste en mejorar la empleabilidad y fortalecer las trayectorias laborales, mediante políticas, programas e instrumentos de habilitación laboral e incentivos a la contratación.

Indica que el subsidio objeto del recurso se encuentra regulado por la Ley N° 19.518, que Fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo; la Ley N° 21.306, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público; el Decreto N° 28, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece los componentes, líneas de acción y mecanismos de control del Programa de Formación en el Puesto de Trabajo; y la Resolución Exenta N° 625, de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría del Trabajo, que activó la Línea de Emergencia Laboral Reactivación Covid-19. Refiere que, de acuerdo con el Decreto N° 28 y la Resolución Exenta N° 625, corresponde al SENCE administrar el subsidio denominado IFE Laboral.

Manifiesta que el artículo 6° bis del Decreto N° 28 dispone que la presentación de antecedentes falsos para obtener beneficios de la Línea de Emergencia impide continuar participando en ella, sin perjuicio de las demás acciones legales procedentes. Agrega que quienes obtengan beneficios mediante antecedentes falsos deben ser denunciados por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, contemplado en el artículo 470 N° 8 del Código Penal. A su vez, expresa que el artículo 77 de la Ley N° 21.306 faculta al SENCE para disponer el reintegro, debidamente reajustado conforme al IPC, de los pagos en exceso o indebidos correspondientes a las bonificaciones o subsidios que administra.

Expone que Liderman SpA efectuó diversas postulaciones al Subsidio al Empleo, Línea Contrata, respecto de 3.078 trabajadores, y que su última postulación se realizó el 14 de agosto de 2021, mediante la solicitud N° 280195, posteriormente aprobada por la Resolución Exenta N° 2.922, de 22 de septiembre de 2021. Según los antecedentes del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas, la empresa postuló al beneficio a nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, pese a que éste había fallecido el 8 de agosto de 2021, mientras que la postulación se efectuó el 14 de agosto de 2021. Asevera que dicha presentación constituyó la entrega de antecedentes falsos, en los términos del artículo 6° bis del Decreto N° 28 de 2011, pues se postuló a una persona que ya se encontraba fallecida.

A partir de lo antes descrito, explica que de conformidad con el artículo 77 de la Ley N° 21.306, el Servicio dictó la Resolución Exenta N° 688, de 9 de febrero de 2022, mediante la cual puso término anticipado al beneficio y ordenó el reintegro de los pagos indebidos correspondientes a la Línea de Emergencia Laboral Reactivación Covid-19.

Afirma que dicha resolución fue notificada el 2 de marzo de 2022 al correo electrónico correo reservado.

Seguidamente, reconoce que en el Oficio Ordinario N° 1.301, de 8 de septiembre de 2025, emitido en respuesta a una solicitud de transparencia, se indicó que el correo había sido enviado a correo reservado y que el sistema de envío masivo no generaba respaldos. Sin embargo, sostiene que esa información no era correcta y que obedeció a un error involuntario de digitación al confeccionar ese oficio. Expresa que dicho error creó expectativas en la empresa recurrente, pero que no refleja la dirección a la cual se remitió efectivamente la Resolución Exenta N° 688.

Asimismo, hace ver que la empresa inicialmente ingresó postulaciones con el correo correo reservado, con dos letras “r”, y que luego modificó su dirección a correo reservado, registrándose la última modificación el 15 de agosto de 2021.

Indica que las notificaciones se realizan mediante un sistema de correo masivo (sistema de mailing) administrado por la Unidad de Tecnologías de la Información, utilizando los datos contenidos en la base respectiva.

Arguye finalmente que, en este caso, la controversia exige determinar la efectividad y validez de una notificación, cuestión que requiere rendición y valoración de prueba en un procedimiento de lato conocimiento.

Y teniendo presente:

Primero: Que, como cuestión previa, habrá de consignarse que la Tesorería General de la República es el órgano encargado de la recaudación fiscal y cobranza de las obligaciones fiscales, mientras que la determinación de un reintegro corresponde al respectivo órgano girador que ostenta la respectiva competencia, en este caso, el SENCE tratándose de eventuales pagos en exceso o indebidos de las bonificaciones o subsidios que le corresponda administrar, entre ellos, los contemplados en programas de capacitación, intermediación laboral y de empleo.

Segundo: Que, como es dable advertir de la parte expositiva de esta sentencia, los reparos planteados por la recurrente dicen relación con dos actos administrativos emanados del SENCE, en el ámbito de sus atribuciones, donde la Tesorería carece de toda competencia o injerencia, siendo el SENCE que, de modo exclusivo, es el que determina la procedencia de una devolución o reintegro, siendo la propia ley la que mandata luego a Tesorería efectuar el cobro, previa instrucción del organismo que deba definir el respectivo cargo. En otras palabras, la Tesorería no es la entidad que ha determinado, calificado o girado el reintegro que se cuestiona, pues se trata de cometidos que han sido entregados por ley únicamente al SENCE.

Tercero: Que, consecuentemente, respecto de la Tesorería General de la República no concurre el requisito fundamental de la legitimación pasiva, tornándose jurídicamente imposible que se restablezca el imperio del derecho a través de ella, la cual no ha hecho más que atenerse a sus competencias legales. De modo que, en lo que dice relación con esta recurrida, la acción de protección ha sido erróneamente dirigida, desde que, además, Tesorería carece de facultades para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de un reintegro girado, o si éste es desproporcionado o irracional, debiendo solamente cumplir con su función legal de recaudación.

Cuarto: Que, por consiguiente, no correspondiendo atribuir responsabilidad a la Tesorería General de la República por supuestos vicios en la determinación del reintegro o en la resolución de recursos administrativos que son de competencia de otro organismo público, se acogerá su alegación de falta de legitimación pasiva.

Quinto: Que, como se sabe, la notificación es un presupuesto de validez frente al administrado, más aún cuando la Administración sostiene la extemporaneidad de actuaciones de impugnación y pretende activar mecanismos de cobro. Entonces, la carga de acreditar que se realizó de manera correcta una notificación recae en el órgano que invoca su eficacia.

Sexto: Que esta exigencia no puede satisfacerse con meras afirmaciones o con referencias no verificables de un supuesto envío. Esto adquiere especial relevancia pues incide en la oportunidad real de probar, refutar o contradecir por parte del afectado, particularmente tratándose de una sanción con efectos individuales que, en la especie, implica el reintegro de una elevada suma de dinero. Actuando la Administración como “juez”, debe ésta seguir rigurosos estándares que demuestren que el administrado tuvo la posibilidad de justificar sus alegaciones en un procedimiento contradictorio.

Séptimo: Que la notificación por medios electrónicos -que constituye la regla general-, para que produzca certeza acerca de su idoneidad, necesariamente debe cumplir exigencias de trazabilidad, esto es, que pueda constatarse su emisión y recepción. En efecto, conforme a los principios de responsabilidad, impugnabilidad y transparencia de los actos administrativos, el SENCE debió estar en condiciones de comprobar la exactitud del correo electrónico al que se remitió la Resolución N° 688, de 9 de febrero de 2022, a fin de practicar la notificación al interesado, cuestión que no sucedió en la especie.

Octavo: Que, como acertadamente plantea la actora, si la Administración hace valer una notificación electrónica como hito de cómputo de plazos de impugnación, debe acreditar que el mensaje fue dirigido a una dirección electrónica vigente y, especialmente, que existe un registro verificable de su remisión y recepción, descartando errores de digitación, desde que el interesado ha controvertido de manera plausible la efectividad de haber recibido la comunicación de que se trata.

Noveno: Que, en este orden de ideas, no es posible soslayar que con arreglo al artículo 77 de la Ley N° 21.306, la reposición es la forma de refutar administrativamente la orden de devolución que imparte el SENCE en el ámbito de sus competencias, de modo que el ejercicio de este único medio de impugnación depende de una notificación válida, iniciándose con ella un breve plazo para formular los descargos o defensas.

Décimo: Que, por consiguiente, no encontrándose acreditada la notificación con un estándar suficiente de certeza, se configura una transgresión a los principios de transparencia y contradictoriedad que informan la Ley N° 19.880, tornando ilegal la decisión que mantiene la ejecutividad del reintegro con los efectos patrimoniales que conlleva.

Undécimo: Que esta conducta de la Administración de consolidar una decisión sobre la base de una notificación cuya efectividad se encuentra seriamente controvertida, ha privado a la reclamante de una revisión administrativa efectiva, colocándola en una posición desigual frente a otros administrados que, recibiendo una notificación cierta, pueden ejercer oportunamente el arbitrio de reposición en el ejercicio de su derecho de defensa. De ello se sigue indefectiblemente la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve lo siguiente:

I.- Que se rechaza el presente recurso de protección deducido por la abogada Pamela Clunes Clavel, en representación de Liderman SpA, en contra de la Tesorería General de la República, por carecer ésta de legitimidad pasiva.

II.- Que se acoge esta acción cautelar respecto del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 3080, de 11 de noviembre de 2025, ordenándose retrotraer el procedimiento administrativo al estado de que este último organismo se pronuncie sobre el fondo de los recursos interpuestos por Liderman SpA el 16 de septiembre de 2025, en contra de la Resolución Exenta N° 688, de 9 de febrero de 2022.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

N° Protección-3961-2026.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner e integrada por el ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y por la abogada integrante señora Catalina Infante Correa. No firma el ministro señor nombre reservado por encontrarse con permiso administrativo.