nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.
- Fecha
- 28 de marzo de 2022
- Sala
- Novena
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 39567-2021, sentencia de 28 de marzo de 2022
Resumen
Se rechaza el recurso de protección porque la Caja Los Andes reconoció la prescripción de la deuda y dispuso el cese de los descuentos y la restitución de lo cobrado desde septiembre de 2021, por lo que la acción perdió oportunidad.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veintidós.
Vistos y considerando:
Primero: Comparece don nombre reservado, e interpone recurso de protección constitucional en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.
Señala que es trabajador dependiente de empresa RYQ INGENIERIA S.A. desde el 14 de junio de 2021. Que, en su liquidación de sueldo del septiembre de 2021, ha aparecido un descuento bajo la nomenclatura “Crédito Personal caja La Araucana” por una suma total de $441.496. Que al consultar con el personal de recursos humanos de su empleador a que se debía este descuento, se le indicó que tal descuento se producía porque la empresa recibía mes a mes instrucciones por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, la que le indicaba por medio de una “nómina mensual de retenciones” a qué trabajadores debían efectuárseles descuentos por préstamos a Cajas de Compensación.
Da cuenta que el año 2016 trabajó para la empresa Minera Altos de Punitaqui, la que se encontraba afiliada a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes. Que a esa caja de compensación, solicitó un crédito o mutuos de dinero otorgado el 02 de marzo de 2016 por la suma de $15.302.836, Contrato identificado bajo el número 052CON100072011, donde se pactó un pago en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $442.828 pesos, el que tuvo como primera fecha de pago/vencimiento, el día 31 de mayo del año 2016 y la última de ellas el día 30 de abril del año 2021. Que a mediados del año 2016 fue desvinculado de Minera Altos de Punitaqui y al momento de efectuar el finiquito, se le informó que los saldos por concepto de créditos de consumo serían pagados directamente por el liquidador a la caja de compensación a la que se hallaba afiliada.
Agrega que se sorprendió cuando aparece en su liquidación de remuneraciones un descuento por una deuda contraída el año 2016 y que 5 años después pretende ser cobrada extrajudicialmente por las recurridas a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa, por la suma mensual de por una suma total de $441.496, deuda que en todo caso se halla prescrita de acuerdo a las reglas del derecho civil.
Consigna que descubrió que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes inició gestión preparatoria de la vía ejecutiva en causa C-60-2019, del Juzgado de Letras de Ovalle la que se archivó el de 21 de febrero de 2019 y se tuvo por no presentada la demanda, la cual nunca le fue notificada.
Hace presente que jamás ha suscrito un contrato de afiliación con la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por lo que presume que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes habría instruido a la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, la práctica de descuentos por planilla.
Estima se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales: 3, 16 y 24.
Puntualiza que la garantía de igualdad ante la ley se ha vulnerado toda vez que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues a aquellos, para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que las recurridas han obviado presuntamente amparadas en una norma de la ley de cajas de compensación. Cita jurisprudencia.
Precisa que se ha vulnerado su derecho de propiedad al ser privado de parte de la retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña; y de su derecho de libertad contractual, al ser vinculado ilegalmente con una caja de compensación a la que nunca ha pertenecido, a saber, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, y a otra, a la que no pertenece hace más de 5 años, a saber, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.
Solicita se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a las recurridas el reintegro y devolución de la suma descontada de la remuneración del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución, y; abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “RYQ INGENIERIA S.A”., o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado.
Segundo: Informando doña Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicita el rechazo de la acción.
Señala que don nombre reservado, no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de esta, su representada ha informado al empleador del recurrente la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G., y de las normas legales que hará referencia, para posteriormente y una vez recibido remesarlo a la Caja acreedora. Agrega que conforme sus registros, en octubre de 2021 se remeso por parte del empleador del recurrente, la empresa R Y Q Ingeniería S.A., la suma de $441.496 pesos, descontada en septiembre de 2021.
Da cuenta que la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en Circulares N°2052 del año 2003 y N°3567, y en este contexto las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso. Agrega que este contrato ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833. Asevera que el sistema intercajas se encuentra refrendado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), tal como puede apreciarse, de entre varios, en el Dictamen 56554-2015.
Señala que el descuento efectuado al recurrente por medio del Sistema InterCajas, no sólo es validado por la jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N°67989 de 13 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Seguridad Social, sino también validado por la Dirección del Trabajo en dictamen N°4527/093 del año 2011, e incluso por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia dictada el 21 de abril 2016 Rol N°15032-2016.
Refiere que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322.
Cita el Dictamen 2659-2020 de 12 de agosto de 2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, el cual dispone: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”.
Concluye que su representada no ha vulnerado garantía constitucional alguna, no existiendo de su parte una actuación ilegal o arbitraria, por cuanto en todo momento ha obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida.
Tercero: Comparece informando don Matías Amigo García, abogado, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo de la acción interpuesta por falta de oportunidad.
Indica que con fecha 2 de marzo de 2016, dicha caja otorgó al Señor nombre reservado la operación de crédito código 052CON100072011, por un capital de $15.302.836 pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $442.828, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de mayo de 2016. Que las cuota del mes de mayo a septiembre de 2016 Nº 1 a Nº 5, se pagaron durante el periodo 10 de junio de 2016 al 10 de octubre de 2016, mientras que las cuotas del mes de octubre de 2016 a abril de 2021 Nº 5 (SIC) a Nº 60, se encuentran en mora.
Cita el artículo 22 de la Ley N° 18.833.
Señala que su representada se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho.
Agrega que no obstante lo informado, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en su recurso, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador; y asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde septiembre de 2021.
Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.
Quinto: Habiendo reconocido la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, que no obstante encontrarse prescrita la deuda que se le ha descontado al recurrente, esa institución procederá a restituirle esos fondos y a no continuar con esa práctica en lo sucesivo, debe colegirse que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, ya que no hay medidas que esta Corte pueda adoptar.
Por lo anterior, el recurso debe ser rechazado.
Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:
Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, dirigido en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.
Regístrese, comuníquese y archívese.
N°Protección-39567-2021.
Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral, e integrada, además, por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y la ministra (S) señora Isabel Margarita Zúñiga Alvayay.
En Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.