nombre reservado con ESTACIONAMIENTOS CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.

Santiago, dos de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparece Francys Foix Fuentealba e interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de Estacionamientos Central Parking System Chile S.A., representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal que consiste en la notificación de la suspensión de relación laboral de la protegida, el que violentaría derechos consagrados en la Constitución Política de la República y en las normas de protección a la maternidad.

Inicia el libelo refiriéndose a los antecedentes de hecho que dan origen a este conflicto y relata que la protegida nombre reservado presta servicios para la recurrida como operadora de sala en el estacionamiento de Mall Plaza Vespucio, ubicado en la comuna de La Florida, gozando de fuero laboral, en virtud del nacimiento de su hija, que actualmente tiene 10 meses de edad.

Continúa señalando que el día 4 de abril la empresa Estacionamientos Central Parking System Chile S.A. le envió un comunicado en el cual le notificó la Suspensión de Relación laboral a contar del 1 de abril de 2020, por lo que debía firmar un anexo de suspensión temporal del contrato de trabajo, por un lapso de sesenta días prorrogables, señalándole que debía concurrir a firmar ese mismo día antes de las 17 horas.

Refiere que la señora nombre reservado se vio obligada a firmar el mencionado anexo, desconociendo sus derechos laborales de protección a la maternidad y fuero, los cuales son irrenunciables en virtud de la legislación laboral, particularmente según señala el artículo 5º del Código del Trabajo. Tal situación la afectó desde el punto de vista económico, pues la Ley de Protección al Empleo contempla un pago del 70% de las remuneraciones el primer mes y un monto inferior a contar del segundo mes.

Continúa exponiendo que lo obrado y notificado por la empleadora de la protegida es ilegal y arbitrario por varias razones. Primero, porque vulnera sus derechos maternales e irrenunciables, ya que el anexo que se vio obligada a firmar implica la extinción o la suspensión de sus derechos laborales de protección a la maternidad, afectando significativamente sus remuneraciones, que se encuentran protegidas por la legislación laboral, en su calidad de amparada por fuero maternal. Segundo, por cuanto -según afirma-, violenta la inembargabilidad de las remuneraciones, ya que su no pago podría estarse a un embargo de éstas por parte del empleador al apropiarse de las mismas. Tercero, pues el pago de las remuneraciones no solo es una de las principales obligaciones que tiene el empleador respecto de sus trabajadores, sino que constituye también, respecto de estos últimos, su medio de subsistencia por tener una naturaleza alimentaria.

Agrega que el actuar de la recurrida es antojadizo y arbitrario, ya que no obedece a principios dictados por la razón, pues de forma unilateral le señaló a la amparada que puede acogerse a la Ley de Protección de Empleo, siendo que esto no le garantiza su remuneración normal y solo podrá acceder al 70% en el primer mes, 55% el segundo mes, 45% el tercer mes y así en forma gradual cada mes un porcentaje menor, viéndose expuesta a perder parte de su fuente de ingreso y por ende renunciar a su derecho de remuneración y protección a la maternidad. Asimismo, estima que resulta arbitrario pues no a todos los trabajadores se les suspendió la relación laboral, existiendo algunos que actualmente prestan servicios y acceden al pago de sus remuneraciones, lo que afecta además, el derecho de igualdad ante la ley.

A lo anterior, adiciona que dejar sin remuneraciones a la actora afecta su salud psíquica, ya que le ha producido una carga de estrés y angustia difícil de llevar en los tiempos en que nos encontramos. Al no contar con sus remuneraciones normales no tiene cómo pagar arriendos, consumos básicos, alimentación, controles de salud de su hija, gastos propios de una mujer en periodo de lactancia, dejándola en el más completo abandono.

En relación a los aspectos de derecho, cita los artículos 5 y 57 del Código del Trabajo, el Convenio sobre la Protección de la maternidad C103, 1952, la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1966 y la Convención de los Derechos del Niño. Cita además, los artículos 1º y 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República y el artículo 201 del Código del Trabajo que reconoce el fuero maternal, que se traduce en una prohibición de despido sin previa autorización judicial para el empleador durante el período comprendido entre la concepción hasta un año después de expirado el permiso postnatal.

Concluye del análisis de las normas reseñadas, que la situación que afecta a la protegida y las acciones emprendidas por la recurrida al efectuar la suspensión de la relación laboral, afecta derechos constitucionales de la primera, como lo son el derecho de propiedad, los referidos a la libertad de trabajo y su protección, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y el de igualdad ante la ley, todos los cuales se encuentran amparados por la acción constitucional de protección, según afirma.

Pide que se deje sin efecto la aplicación de la suspensión de la relación laboral a la señora nombre reservado, debiendo mantenerse su vínculo laboral y el pago de sus remuneraciones íntegramente.

Segundo: Que comparece el abogado Elías Ortega Cahuas, en representación convencional de la recurrida Estacionamientos Central Parking System Chile S.A. e informa al tenor del recurso, solicitando se rechace en todas sus partes con expresa condena en costas.

Principia refiriéndose a los antecedentes del recurso para luego afirmar que su representada no ha realizado ninguna acción u omisión capaz de privar, perturbar o amenazar derechos, ello por cuanto su actuar encuentra amparo en la Ley Nº 21.227 que “Faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728”, en circunstancias excepcionales y explica que dicha norma establece, en lo relativo a la suspensión de las obligaciones del contrato de trabajo, que éste se producirá de pleno derecho por la dictación del acto de autoridad que impida continuar la prestación de servicios o bien, que las partes de mutuo acuerdo podrán pactar tal suspensión mediante la firma de un anexo de contrato de trabajo, precisando que este último fue el caso de lo ocurrido con la trabajadora que ahora recurre de protección y destaca que la trabajadora no solo accedió a la propuesta de la empresa firmando el anexo de 4 de abril del este año, sino que luego, con fecha 25 de mayo de 2020, firmó un pacto de renovación de la suspensión, en forma absolutamente libre y espontánea.

Señala que ello revela que no existió ninguna obligación o insistencia para la trabajadora recurrente, ni para ningún otro de los trabajadores de firmar el anexo del contrato. Tampoco que la misma desconociera sus derechos laborales en relación con la protección de la maternidad. Más aun, señala, no se entiende la alegación de la actora, considerando que firmó un anexo de renovación del pacto de suspensión con posterioridad a la presentación del presente recurso de protección.

Prosigue refiriéndose a las normas que regulan el fuero laboral maternal como aquella contenida en el artículo 201 del Código del Trabajo, de la cual concluye que el fuero maternal consiste en un beneficio que impide poner término al contrato de trabajo sin previa autorización del juez laboral competente, sin embargo, deduce que no existe norma en el Código del Trabajo que impida a las partes suspender dicho contrato. Destaca que tal institución es justamente un acuerdo que suspende algunas de las obligaciones de la relación laboral de forma tal que la relación de trabajo se mantiene vigente no existiendo vulneración al fuero maternal en la forma pretendida por la contraria.

Por todo ello, infiere que el recurso de protección carece de fundamentos a este respecto pues el fuero laboral nada tiene que ver con la suspensión decretada por la Ley Nº 21.227. Enfatiza también que la ley, al momento de su publicación, señala en su Título Segundo que no es posible el pacto de reducción de jornada para trabajadores con fuero, sin embargo, nada ha dicho respecto de la suspensión de los efectos del contrato regulado en el Título Primero, lo que sólo viene a confirmar que el legislador al redactar la ley tuvo en consideración el caso de los trabajadores con fuero y estimó que sí era procedente la suspensión de la relación laboral de éstos, mas no en el caso de los pactos de reducción de jornada.

Concluye el informe, de todo lo anterior, que no es posible que la recurrida haya ejecutado una acción o omisión susceptible de ser calificada como arbitraria porque no se trata de un acto unilateral y porque no puede ser arbitrario o ilegal un acto que es permitido por la legislación.

Termina el informe, sosteniendo que se ha omitido explicar de forma suficiente cómo los hechos relatados habrían afectado las garantías constitucionales que se reclaman. Sin perjuicio de ello, se refiere a cada uno de ellos, explicando las razones por las cuales opina que no se han visto vulnerados.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción de naturaleza cautelar de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben ser adoptadas ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

De este modo, son requisitos indispensables para la procedencia de esta acción cautelar la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-, o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, esto es, que se prive, perturbe o amenace el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado.

Cuarto: Que a fin de determinar la legalidad del acto recurrido que se ha impugnado en este recurso, es obvio que se necesita analizar las normas que lo rigen. Al respecto, debe tenerse presente el artículo 5º de la Ley Nº 21.227, que dispone en su primer inciso: “Los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente, podrán suscribir con el o los trabajadores a los que se hace referencia en el inciso primero del artículo 1, personalmente, o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado, un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, el que se regirá por las normas del presente Título, sin perjuicio de las que se establecen en los siguientes incisos. Este pacto solamente podrá celebrarse fuera de los periodos comprendidos en el evento al que se refiere el inciso primero del artículo 1 y durante la vigencia establecida en el inciso segundo del artículo 16.”

Es claro entonces, que la norma transcrita permite a los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente por el estado de catástrofe declarado por calamidad pública, suscribir con sus trabajadores un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, el que se rige por las reglas que la misma ley dispone. Para ello, se requiere el consentimiento de ambas partes, el que como consta de los antecedentes aportados por la actora y la recurrida, se produjo en el caso que da origen a este recurso, en dos oportunidades.

Así las cosas, solo es dable concluir que el acto impugnado por esta acción de protección se celebró de forma voluntaria por las partes y al amparo de la ley, no siendo posible en consecuencia, calificarlo de ilegal.

Quinto: Que no escapa a esta Corte la circunstancia que con posterioridad a la firma de los convenios de suspensión de contrato de trabajo celebrado entre las partes y que se han impugnado por la presente acción de protección, se modificó la Ley Nº 21.227. En efecto, la Ley Nº 21.232 que entró en vigencia el día 1 de junio de 2020, prohibió la celebración del acuerdo de suspensión del contrato de trabajo a las trabajadoras que gocen de fuero maternal –como es el caso de la recurrente-, al disponer el artículo 6 bis que: “No se aplicarán las normas del presente Título I a las trabajadoras que se encuentren gozando del fuero laboral a que hace referencia el artículo 201 del Código del Trabajo.” Este último precepto ordena que durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, la trabajadora gozará de fuero laboral.

Sexto: Que de esta manera y como se ha expuesto, es claro que al momento de firmarse por la actora y la recurrida los convenios mediante los cuales suspendieron los efectos del contrato de trabajo que las une al imperio de la Ley Nº 21.227, tales acuerdos no se encontraban prohibidos, siendo una consecuencia ineludible de ello -como se dijo-, el que no es posible tacharlos de ilegales. Llegar a la conclusión contraria, esto es, declarar su ilegalidad sobreviniente, significaría otorgarle a la ley Nº 21.232 que modificó la Nº 21.227, un efecto de eficacia en el tiempo que la misma no ha previsto.

Pues bien, ha de aplicarse entonces la regla general en estas materias, prevista en la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, que preceptúa que éstas solo rigen para el futuro y no tienen efectos ni regulan situaciones jurídicas anteriores a su entrada en vigencia. Precisamente, en relación a los contratos, este principio se encuentra expresamente establecido en el artículo 22 de la Ley citada, al disponer que “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.”

Una interpretación distinta conduciría a un resultado carente de toda lógica, pues permitiría el cuestionamiento y posible impugnación de convenciones y contratos válidamente otorgados y en cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos en la ley bajo el imperio de la normativa vigente al momento de su celebración, cada vez que con posterioridad a su celebración, se modifique por el legislador tal reglamentación.

Séptimo: Que entonces, ante la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida, corresponde desechar al recurso de protección.

Octavo: Que adicionalmente, de todo lo expuesto se deduce que el conflicto que se ha traído a esta Corte por la vía constitucional, es uno que requiere de un juicio de naturaleza declarativa que debe ser conocido por el tribunal laboral correspondiente, con las garantías que un debido proceso otorga a las partes, incluida la posibilidad de acreditar en la oportunidad y por los medios legales sus afirmaciones, así como también el de impugnar la sentencia definitiva a través de los recursos que la ley contemple. Luego, dado que la materia de la acción deducida excede los márgenes del ya citado artículo 20 de la Constitución Política de la República, es otra razón más para que el recurso deba ser desestimado, sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Y visto, además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos a favor de nombre reservado en contra de Estacionamientos Central Parking System Chile S.A., sin costas.

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Leyton quien estuvo por acoger el recurso, por las siguientes razones:

1º) Que la protección a la maternidad responde a un derecho de carácter universal, consagrado no sólo en el Código del Trabajo, sino que también en la Constitución Política de la República y en los Tratados, Pactos y Convenios Internacionales que se encuentran vigentes ratificados por Chile. En nuestro ordenamiento jurídico, se reconocen tales derechos en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República y el Código del Trabajo, en sus artículos 194 y siguientes consagra, en el capítulo “De la Protección a los Trabajadores”, el Título II sobre la “Protección a la Maternidad”. Dentro de este capítulo el artículo 201 estatuye el “Fuero Maternal”.

2º) Que el conjunto de normas citadas tiene, entre otros, por objeto proteger la estabilidad de la fuente laboral de la madre, nacida del contrato de trabajo durante el embarazo y hasta un año después de vencido el descanso de maternidad, mediante un fuero, que prohíbe proceder a su despido sin previa autorización judicial. Consecuencialmente, dicho estatuto de protección no sólo tiende a la mantención del empleo, sino del mismo modo a proteger el que la trabajadora perciba su remuneración.

3º) Que aclarado lo anterior, la Ley Nº 21.227 en su texto vigente a la fecha celebración de los convenios de suspensión, nada decía en relación a los trabajadores sujetos a fuero, lo que permite estimar que en esa época el acto impugnado se ajustaba al texto de la citada ley. Sin embargo, al resolver la materia sometida a esta Corte, ha de aplicarse el nuevo estatuto protector de la maternidad que produjo la modificación legal explicada en el motivo quinto de esta sentencia. Por ello, la modificación legal que introdujo la Ley 21.232 a la Ley 21.227 permite concluir que el actuar de la recurrida deviene en ilegal, afectando la garantía fundamental de la recurrente contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al no respetar a su favor la normativa que es protectora para todas las trabajadoras que gozan de fuero maternal.

4º) Que por último, el argumento relativo al consentimiento otorgado por la recurrente en los acuerdos de suspensión, no es aceptable desde que mientras subsista el contrato de trabajo, los derechos establecidos por leyes laborales son irrenunciables según el artículo 5 del Código del Trabajo y operan como derechos mínimos, de manera cualquier situación que venga a mejorar la condición en que se encontraba la trabajadora al tiempo de la suscripción de la primitiva convención, debe necesariamente que entenderse incorporada a ella, pues no puede olvidarse que de acuerdo a lo sostenido en forma invariable por la doctrina, las leyes laborales rigen in actum, esto es, son de aplicación inmediata, atendida la naturaleza de orden público del Derecho del Trabajo que limita la autonomía de la voluntad de las partes al establecer derechos mínimos elevados a la categoría de irrenunciables.

Redacción de la Abogado Integrante señora Carolina Coppo Diez.

No firma el Ministro señor Mera, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Regístrese y comuníquese.

N° 39.512-2020.