nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Santiago Santiago, once de julio de dos mil diecisiete.

Proveyendo al folio 272644, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece Jaime Saavedra Candia, abogado, quien recurre de protección en contra de la Tesorería General de la República y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en una retención de impuestos respecto del año tributario 2017 por concepto de deuda de crédito universitario, la cual a su juicio es improcedente.

Expone que en año 1997 cursó estudios en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso los cuales financió con crédito universitario, sin que dicha casa de estudios haya iniciado gestión alguna de cobro de la eventual deuda que se haya generad.

En este contexto, señala que solicitó una devolución de impuestos en el presente año tributario por la suma de $2.200.277, la cual fue autorizada por el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, el 11 de mayo del presente año Tesorería General de la República efectuó la retención de este monto por concepto de deuda crédito universitario.

Indica que Tesorería General de la República efectuó esta retención con el sólo mérito de una nómina que le envía la Universidad recurrida, desconociéndose documentos y forma de cálculo de la misma, agregando que el crédito a él concedido se rige por la ley 19.083 que establece diversos beneficios a los deudores.

Además, atendida la fecha de la deuda se trataría en la actualidad de una obligación natural y no civil A su juicio este acto vulnera el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad, garantías consagradas en el artículo 19 números 3 y 24 de la Constitución Política de la República, al privársele de la devolución de impuestos que le corresponde.

Pide en definitiva se ordene la restitución de los fondos retenidos SEGUNDO: Que, informando el recurrido Tesorería General de la República: expone que efectivamente la declaración de impuestos AT 2017 de la recurrente arrojó un saldo a su favor de $2.200.277, cantidad que su parte debía restituir en el mes de mayo de 2017. Sin embargo, tal devolución no se verificó debido a que el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso solicitó a Tesorería General de la República, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 19.989 y su reglamento, retuviera de esta devolución las deudas correspondientes al crédito solidario universitario regulado en la ley 19.287, entre las cuales se encuentra la deuda de la recurrente. Por ello Tesorería, en cumplimiento de este mandato legal y de conformidad a lo informado por la entidad acreedora, realizó la retención.

Alega la improcedencia del presente recurso toda vez que, al haber actuado en cumplimiento de un deber legal, se ha configurado un actor ilegal o arbitrario, y además acrecería de legitimación pasiva respecto de la presente acción al haber actuado en cumplimiento de este mandato legal.

En cuanto al fondo, el recurso igualmente debe ser rechazado porque al efectuarse la retención que se reclama y remitirla al Administrador del Fondo Solidario, ha actuado en el ejercicio de la facultad legal antedicha.

En cuanto a la tutela de derechos de la recurrente, agrega que Tesorería General de la República no ejerce funciones jurisdiccionales, que su función es simplemente administrativa y que el recurrente tiene a salvo las vías jurisdiccionales para impugnar la retención. Indica que la recurrente ha tenido su oportunidad de presentar descargos y hacer valer sus medios de defensa ante el administrador del fondo, en la forma dispuesta en el artículo 6 del reglamento de la ley 19.989, específicamente en el artículo 6°, que señala que los deudores, una vez notificados que se llevará a efecto la retención tiene un plazo de 10 días para solicitar que el administrador del Fondo aclare la situación del deudor.

Además, siendo Tesorería un órgano de la administración del Estado, el recurrente tiene a salvo todos los recursos contemplados en la ley 198801.

TERCERO: Que en su informe, la Pontificia Universidad de Valparaíso alega en primer término la extemporaneidad de la presente acción, toda vez que el recurrente habría tenido pleno conocimiento de los supuestos actos ilegales y arbitrarios que reclama toda vez que se le han efectuado retenciones de su devolución de impuesto desde el año 2005, sin que hubiese reclamado con anterioridad de las mismas.

En cuanto al fondo, explica que el recurrente durante el año 1997 cursó la carrera de derecho en dicha casa de estudios, siendo beneficiado con el Crédito Solidario Universitario. En esa oportunidad, el deudor suscribió un pagaré el 3 de marzo de 1997 por la sula de 38,08 UTM. Si bien el contribuyente jamás se acercó a las dependencias de la Universidad para regularizar su situación, la Universidad ha obtenido el pago parcial de lo adeudado mediante el mecanismo de las retenciones a contar del año 2005 en adelante.

La última de las retenciones, correspondiente al año tributario 2017, fue comunicada a los deudores mediante la publicación de la lista de deudores morosos del crédito solidario universitario en el Diario La Nación desde el 1° al 15 de enero de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3| número 2 Reglamento que Fija el Procedimiento para la Retención de la Devolución del Impuesto a la Renta. Lugo, y atendido que la deudora no ejerció el derecho de impugnación – aclaración que le confiere el artículo 6° del precitado reglamento, se procedió a la retención.

Por último, en lo que respecta a la supuesta prescripción, alega que éste no es la vía idónea para pronunciarse respeto de la misma CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, ésta será rechazada, en atención a que el acto en contra del cual se recurre consiste en la retención efectuada respecto del año 2017. Desde la fecha en que el contribuyente alega haber tenido conocimiento de la presente retención, el 11 de mayo de 2017, hasta la deducción del presente recurso, ocurrida el 9 de junio último, no ha transcurrido el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema para la tramitación del presente recurso de protección.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, para que proceda el recurso de protección, se requiere que, de manera indubitada, se hayan realizado actos o incurrido en omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de un derecho del reclamante que se encuentre garantizado y amparado por el texto constitucional y lo que se pretende es una terminación rápida, inmediata o eficaz del entorpecimiento en el ejercicio de un derecho indubitado.

SEXTO: Que, en la especie, de los antecedentes aportados y allegados a estos autos, resulta que las alegaciones vertidas por el recurrente exceden el marco de la presente acción constitucional, toda vez que la determinación del estado de su deuda por concepto de crédito universitario, su eventual prescripción, y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para efectuar la retención a su devolución de impuestos, corresponde sean ventiladas en un procedimiento de lato conocimiento, no existiendo derechos indubitados en esta materia.

Por estas consideraciones y de conformidad con dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acodado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: 1) que se rechaza la alegación de extemporaneidad deducida, 2) se rechaza el recurso de protección interpuesto Jaime Saavedra Candia, en contra de Tesorería General de la República y en contra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Regístrese comuníquese y archívese.

N°Protección-39386-2017.- Pronunciada por la Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Luis Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro Fernando Ignacio Carreño Ortega y por el Ministro (S) señor Juan Opazo Lagos.