nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiuno.

Al escrito folio 15: a todo, téngase presente.

Vistos:

Comparece Hereward Ledger Vadillo, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, factor de comercio, en contra de nombre reservado, Administradora del Condominio “Edificio Studio Bellas Artes”, Rol Único Tributario N°53.229.230-3.

Fundando el recurso expone que el actor es el único dueño y propietario del estacionamiento para vehículo motorizado N°210 ubicado en el segundo subterráneo del edificio señalado, signado con los números 458-462 de la calle Santo Domingo de la comuna de Santiago, el que adquirió por compraventa celebrada en el mes de diciembre de 2005 debidamente inscrita en el Conservado de Bienes Raíces de Santiago.

Refiere que desde la adquisición de su estacionamiento el actor dio como dirección postal la del edificio por ser más práctico y conveniente que su domicilio particular ubicado en la comuna de Lo Barnechea, retirando periódicamente la correspondencia, consistente en cartas, sobres, encomiendas y otros paquetes y cajas de diversos tamaños.

Afirma que el 21 de marzo pasado a Administradora comunicó al actor que se había dispuesto la prohibición de recibir cualquier correspondencia o cualquier tipo de entrega dirigida a su nombre, dando la opción de que en caso de insistencia tales encargos serían dejados en el estacionamiento e instruyendo a los conserjes de no recibir nada a nombre del recurrente, rechazando y devolviendo cualquier entrega postal destinada a él.

Agrega que el actor concurrió al Condominio con el propósito de intentar razonar con la Administradora, no logrando acuerdo alguno.

Precisa que el Edificio Studio Bellas Artes se encuentra acogido a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, citando al efecto los artículos 1°, 2°, 3°, 13° y 22°, y que conforme al relato efectuado consta que se ha vulnerado los derechos y garantías contempladas en los numerales 24 y 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto al derecho consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta fundamental, que se vincula con el artículo 582 del Código Civil y lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19.537, señala que el dueño de cualquier unidad del condominio está facultado para hacer uso de todos los bienes y servicios comunes del mismo, salvo que expresamente se lo impida alguna disposición del respectivo reglamento de copropiedad, por lo que al ser dueño de estacionamiento puede recibir en el mismo correspondencia de cualquier tipo y la administración está obligada a permitir el ingreso de los portadores de tales especies, recibir las mismas y mantenerlas , bajo su custodia y responsabilidad, a disposición del destinatario y hasta que éste las retire.

Respecto del derecho de igualdad ante la ley, señala que no existen copropietarios de primera y segunda clase y que, si bien en las asambleas el derecho a voto no es igualitario, dependiendo del porcentaje de derechos de cada uno, ello no resulta relevante en el presente caso.

Previas citas legales, solicita se declare que la recurrida está obligada a permitir y a dar instrucciones al personal de trabajadores del Condominio de permitir que el actor reciba su correspondencia dirigida a dicho Condominio.

Acompañó copia de la inscripción de fs. 6.279 N°10.046 del Registro de propiedad del CBR de Santiago del año 2006.

En su informe la recurrida, nombre reservado en su calidad de Administradora del Edificio Studio Bellas Artes, señala que efectivamente el recurrente es propietario del estacionamiento para vehículo motorizado número 210, ubicado en el segundo subterráneo del “Edificio Studio Bellas Artes”, signado con los números 458-462 de Calle Santo Domingo de esta ciudad, encontrándose el edificio acogido a la Ley N°19.537.

Indica que tal como se expone en el recurso el actor es dueño solamente del estacionamiento, teniendo derecho a ingresar por la puerta principal del edificio, y ocupar y transitar por los espacios comunes, prerrogativas que nunca han sido limitadas por la comunidad ni por la Administración, no realizándose distinción alguna entre propietarios o residentes, ni menos establecidos copropietarios de primera y de segunda clase.

Alega, además, que producto de la situación de pandemia que vive el país, la Administración se ha visto en la necesidad de realizar cambios en la recepción de cartas, deliverys y encomiendas, informando a la comunidad que cualquier encargo debe ser retirado de conserjería tan pronto llegue la edificio, a fin de evitar la circulación de personas ajenas a la comunidad, y no recargar el trabajo del personal, lo que es informado a través de carteleras, puesto que el edificio cuenta con 67 unidades departamentos y otros tantos estacionamientos y bodegas.

Precisa que el edificio cuenta con casilleros para correspondencia, pero no con unidades de almacenamiento de paquetes ni encomiendas, por lo que se ha insistido en el pronto retiro para no producir atochamientos en conserjería.

Afirma que, el caso del recurrente al no residir en el edificio los paquetes que llegan a su nombre no hay donde almacenaros, los que generalmente son de gran tamaño y llegan con frecuencia, los que sólo son retirados cuando concurre al edificio al tener su residencia en la comuna de Lo Barnechea o manda personas ajenas al edificio a retirarlos.

Reitera que la comunidad no cuenta con espacio especial de almacenamiento y el personal debe cumplir las funciones propias de su cargo, por lo que asignarles la función de custodia y almacenamiento de un propietario no residente complica las tareas asignadas, sumado a la delicada situación de seguridad a que se ven expuestas las comunidades, por lo que se está frente a un en presencia de un tema de espacio y funciones más que de vulneración del derecho de propiedad.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca una actuación precisa, la que estima arbitraria e ilegal y que consistiría en la prohibición de recibir cualquier correspondencia o cualquier tipo de entrega dirigida a su nombre y la instrucción dada a los conserjes de no recibir nada a nombre del recurrente, rechazando y devolviendo cualquier entrega postal destinada a él, lo que vulneraría las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por ambas partes, lo cierto es que no hay certezas de la efectividad de lo señalado en el recurso, siendo que la recurrida niega tal situación, manifestando que producto de la situación de pandemia que vive el país, es que la Administración se ha visto en la necesidad de realizar cambios en la recepción de cartas, deliverys y encomiendas, informando a la comunidad que cualquier encargo debe ser retirado de conserjería tan pronto llegue la edificio, a fin de evitar la circulación de personas ajenas a la comunidad y no recargar el trabajo del personal, lo que incluso es informado, sin contar con unidades de almacenamiento de paquetes ni encomiendas, por lo que se ha insistido en el pronto retiro para no producir atochamientos en conserjería.

Quinto: Que, por otro lado, el tipo de asunto planteado se vincula más bien con aspectos propios de la administración de condominios, los que se encuentran regulados en el Título II de la Ley N° 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, particularmente en sus artículos 17 y siguientes, cuya competencia corresponde conocer, según dispone el artículo 33 de la misma legislación, a los Juzgados de Policía Local correspondientes los que se sujetan al procedimiento establecido en la Ley Nº 18.287, destacando las contiendas que se promuevan entre los copropietarios o entre éstos y el administrador, relativas a la administración del respectivo condominio, para lo cual esos tribunales estarán investidos de todas las facultades que sean necesarias a fin de resolver esas controversias, no siendo por ende esta le sede para decidir este tipo de asuntos.

Sexto: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, como ya se dijo, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así ha acontecido.

Séptimo: Que, a la conclusión precedente se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “La Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos.

Octavo: Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado que la habilite para reclamar por el presente medio, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera ejercer en la sede correspondiente, circunstancias que llevan a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección y, por ende, no es posible advertir las vulneraciones a las garantías constitucionales que alude la recurrente en su libelo.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Administración del Condominio “Edificio Studio Bellas Artes”, ubicado en los N°s. 458 al 462 de calle Santo Domingo, en la comuna de Santiago Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección Nº 3938-2021.