nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, dos de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Luis Masferrer Farías, en representación de don nombre reservado, ingeniero aeronáutico, interponiendo en su favor recurso de protección y en contra de la Ilustre Ministra en Visita Extraordinaria doña nombre reservado (en adelante también MVE), por la ilegal privación, perturbación y/o amenaza de garantías fundamentales. Solicita que se declare la ilegalidad de la incautación dispuesta por la ministra recurrida, materializada por el comisario Sr. nombre reservado en dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios Metropolitana, la que recayó en el teléfono IPhone asociado a la cuenta número +[cuenta reservada], en cuyo soporte se contiene información sensible, personal, acceso a cuentas de correos y aplicaciones bancarias y otros y, en consecuencia, se ordene a la ministra recurrida devolver los elementos incautados el 29 de julio de 2021 y el 13 de septiembre de 2021, conminándola además a que se abstenga en lo sucesivo de realizar diligencias intrusivas en perjuicio de don nombre reservado e incluso de investigar estos hechos, los que son materia de distintos procesos seguidos ante la justicia ordinaria; y disponer además las medidas que se estimen adecuadas para restablecer el imperio del derecho, todo con costas.

Expone que en la causa Rol Nº 575-2014 se han ido generando diversas sub causas, a medida que la recurrida descubre que existirían nuevos delitos, las que suman a lo menos 26 cuadernos o letras del mismo Rol. De ellos -dice-, tiene conocimiento que afectan al Sr. nombre reservado los denominados “Proveedor Comercializadora, Importadora y Exportadora CYM S.A.”, “Helicópteros Pumas”, “Avión Cesna” y “Crypto”, en los que son investigados hechos distintos y con imputados diversos, pero que sin más se agrupan al expediente original.

Indica que en dicho proceso, la Justicia Militar investiga respecto del Sr. nombre reservado los siguientes hechos:

a) Caso tenidas pixeladas: Investigación iniciada por querella del competidor directo de la empresa que era de propiedad del Sr. nombre reservado, don nombre reservado, representante de la empresa Comercial Mar Azul Limitada, fundada en la adquisición por parte del Ejercito de Chile de tenidas de vestuario militar (pixeladas) en relación a las Licitaciones Públicas Nº 02-2011 y Nº55- 2014, por un supuesto pago de un mayor valor por concepto de IVA y otros delitos que se indican por las supuestas diferencias encontradas entre las bases de licitación y el contrato suscrito. En ella se acusa al querellado e imputado de haber obtenido un mayor precio por tipo de cambio, haber cobrado un anticipo improcedente, haber constituido una garantía por un menor valor, etc., imputaciones que se han visto descartadas.

Señala que el delito investigado sería fraude al Fisco, y que el 13 de diciembre de 2017 el Fiscal del 2º Juzgado Militar declaró cerrado el sumario. Agrega que mediante el Dictamen N° 168 se solicitó dictar sobreseimiento total y temporal, contando a la fecha con la respuesta del Servicio de Impuestos Internos.

Afirma que el 27 de diciembre de 2018, la señora Ministra en Visita recurrida solicitó remitir la causa para resolver una posible acumulación a su investigación, lo que se materializó mediante resolución de 9 de enero de 2018, pero que tras 2 años de investigación, aún la mantiene abierta.

b) Caso Crypto: Referido a los hallazgos del Informe Final de Investigación Especial N°60 de 2018, de 8 de abril de 2019 de la Contraloría General de la República, para constatar la existencia de presuntas irregularidades en la adquisición de equipos criptográficos y computadores y comisiones al extranjero, en el marco del proyecto de modernización de la Red Cryptofax, en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército. Indica que el delito investigado también sería fraude al Fisco y que, si se produjo tal fraude, el beneficiado sería el Sr. nombre reservado, quien si bien no intervino en el contrato suscrito por el ejército, era a dicha época representante de la empresa que se adjudicó el contrato.

c) Caso Avión Cessna. A partir de los hallazgos de la Contraloría General de la República, se investigan las supuestas irregularidades provenientes de la licitación privada para la compra y renovación de un avión en 2013, la que resultó adjudicada en el 2012 a la empresa Aircraft Sales Corporation.

d) Caso helicópteros Puma: Se investiga la reparación de 3 helicópteros Pumas del Ejército, realizada el 2009.

Asevera que a lo menos algunos de estos mismos hechos son investigados en paralelo por el Ministerio Público a cargo de diversos Fiscales de la Fiscalía Regional Centro Norte: caso tenidas pixeladas, RUC 1800801467-8, RIT 14.959-18; caso Crypto, cuyo RUC desconoce; caso Avión Cesna, RUC 17000499347, RIT 22551-2017; y causa RUC 1401078417-5, en la que se tomó declaración a la persona por quien se recurre, en calidad de testigo.

En cuanto a las actuaciones de la Justicia Militar y que afectan al Sr. nombre reservado, señala que éste es un civil, y que en tal calidad ha declarado como testigo en la causa RUC 1401078417-5. Agrega que no ha sido procesado ni encausado en ninguna de las aristas o cuadernos que lleva la Sra. ministra recurrida; que no ha sido procesado ni encausado en ellas y que tampoco se le ha citado a declarar; pero que no obstante lo anterior, se han conculcado a su respecto una serie de derechos y garantías consagrados en la Constitución Política de la República (CPR), particularmente la igualdad ante la Ley, consagrada en el artículo 19 Nº 2 y el derecho a un debido proceso e investigación legal, en especial a no ser sometido ni juzgado por comisiones especiales.

Refiriéndose concretamente a las medidas intrusivas que considera ilegales y arbitrarias, señala lo siguiente:

a) En cuanto a la diligencia realizada el 29 de julio de 2021, expone que ésta consistió en la incautación de documentos relacionados con la adquisición del avión marca CESNA, decretada por resolución de 28 de julio pasado y que es del siguiente tenor:

“ (...) Incautación de los antecedentes que a continuación se detallan, desde el domicilio de nombre reservado, ubicado en domicilio reservado, o desde cualquier otro domicilio donde estos se encuentren:

a) Los correo electrónicos b) Los equipos computacionales c) La documentación y toda evidencia relacionada con la adquisición del avión marca CESSNA, modelo Citation Sovereign C-680, alos 2005, matrícula N145BL, ejecutada por el Ejército de Chile en el año 2012 d) Cualquier otro elemento de prueba vinculada con los anteriores y en el contexto de la Instrucción Particular Nro. 690-20, despachada por esta Instructora a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (BRIAC)

Ante la eventualidad que la mencionada documentación reseñada no se encuentre en poder de nombre reservado o no se encuentre en el domicilio antes singularizado, se faculta al personal policial de la BRIAC para proceder a su INCAUTACION desde las dependencias en que aquellos se encontraren y en poder de quien se hallare (…)”

La diligencia se verificó con la presencia de la Sra. ministra recurrida, quien, acompañada por una señora y por diversos funcionarios policiales, concurrió hasta el domicilio del recurrente, ubicado en domicilio reservado, en donde residen también sus padres, de avanzada edad y con graves problemas de salud. Reclama que la repentina aparición de tantas personas le hizo pensar incluso que estaba siendo víctima de un “portonazo”, y refiere que en dicha oportunidad fue interrogado también respecto de los datos del banco y el número de su cuenta bancaria. Indica que durante la diligencia se le advirtió que no debía dar aviso de ella a su empleador, para luego dirigirse al inmueble de domicilio reservado, lugar de trabajo perteneciente a la empresa Seneka, que no tiene vinculación alguna con ninguno de los procesos, causas o aristas ya referidas.

Sostiene que en dicha incautación, originada en solo una orden de incautación, se procedió a la entrada y registro de todo el inmueble del Sr. nombre reservado, subrayando que las medidas intrusivas tienen un carácter y regulación distinta en materia de persecución respecto a civiles, ya que se encuentran reguladas de manera diferenciada en el artículo 205 del Código Procesal Penal, que reglamenta la entrada y registro en lugares cerrados, y por otra, en el artículo 209 del mismo cuerpo legal. En todos los registros de incautación levantados, además, se incautó información que no dice relación con ninguna las investigaciones desarrolladas.

b) En cuanto a las medidas intrusivas del 13 de septiembre de 2021, indica que el 17 de agosto de 2021 el Sr. nombre reservado remitió una carta a la ministra recurrida, solicitando la devolución de las especies que detalla, y que en respuesta a ella recibió una llamada telefónica de un funcionaria policial, realizada el 9 de septiembre de 2021, quien le señaló que tenían algunos elementos incautados disponibles y que debían ser retirados el día 13 del mismo mes, a las 09.00 horas, en oficinas de la BRIAC. Explica que el Sr. nombre reservado se presentó en el lugar y en la oportunidad indicada, ocasión en la que se le señaló que, por orden de la Sra. ministra debía entregar también su teléfono celular asociado al número +56 9 915880939, que había quedado pendiente de la diligencia anterior. Solo se le devolvieron algunos de los documentos incautados.

Refiere que se le requirió además su autorización para acceder a sus correos electrónicos, solicitándole usuario y contraseña, a lo que accedió por no haber contado en ese momento con asesoría profesional.

Finalmente, explica que se le pidió autorización para revisar sus computadores o dispositivos digitales, a lo que también accedió.

Respecto a la investigación del Sr. nombre reservado, en procesos seguidos ante la Justicia Militar, señala que esto se realiza bajo el falso discurso de que “él sería sólo testigo / investigado”, lo que constituye un arbitrio acomodaticio para investigarlo sin respetar sus garantías y el débito proceso, siendo los hechos investigados objeto de indagaciones paralelas. De hecho -agrega-, para la fiscalía militar, en lo formal, aquel sería “testigo/investigado/sujeto de interés” para la realización de medidas intrusivas en su contra, mientras que para el Ministerio Público sería testigo, lo que considera del todo inexplicable. La fiscalía militar está desarrollando una persecución penal pública en contra de don nombre reservado, no obstante que él no reviste la calidad de militar, ni la tenía a la fecha de los hechos. Tratándose de civiles -dice-, la Justicia Militar no es competente, y corresponde que la persecución penal sea dirigida por el Ministerio Público, quien hasta aquí lo ha tratado como testigo.

En cuanto a la existencia de un actuar ilegal y/o arbitrario, sostiene que éste consiste en someter al recurrente, bajo la falsa premisa de su supuesta calidad de testigo, a un procedimiento penal seguido ante la Justicia Militar, por hechos que son materia de investigación y persecución en sede penal ordinaria, en la que ya prestó declaración. Reitera la diligencia vulneratoria de sus derechos, realizada el 13 de septiembre pasado, precisando que con ella se infringe la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política y a las disposiciones contenidas en los artículos 1º (juicio previo y única persecución), 2º (derecho al juez natural y a no ser juzgado por comisiones especiales), 4º (presunción de inocencia), 9º (autorización judicial previa del juez natural para la realización de medidas intrusivas) y siguientes del Código Procesal Penal. Plantea que, tratándose de un civil al que se le imputan delitos de carácter civil, el organismo competente para llevar adelante la investigación es el Ministerio Público a través de la Fiscalía Centro Norte que, con anterioridad al proceso seguido por la MVE, ya se encontraba investigando los hechos. Del mismo modo -dice- el único tribunal competente para autorizar medidas intrusivas en contra del recurrente es el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que radicó su competencia para conocer de los hechos con anterioridad a la recurrida, deviniendo en ilegal toda actuación realizada por ésta en su calidad de “segundo tribunal”.

Arguye que la acción de protección es procedente en contra de las resoluciones judiciales conforme a la doctrina y jurisprudencia que cita, en las que se calificada la decisión adoptada como ilegal y/o arbitraria.

Respecto de los derechos conculcados, estima que se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 Nº 2 CPR, pues, aún cuando el recurrente no ostente legitimación pasiva en los hechos, por encontrarse fuera del ámbito de aplicación del Código de Justicia Militar en su calidad de “civil”, la ministra recurrida, sin explicación, fundamento o motivo razonable, persiste en perseguirlo, investigarlo y decretar diligencias intrusivas en su contra.

Asimismo, refiere como vulnerada la garantía contenida en el inciso 5° del numeral 3º del artículo 19 de la CPR, al encontrarse frente a lo que cataloga como “un fraude de etiquetas”, consistente en que la justicia militar, para poder desarrollar contra el recurrente una investigación sin respetar sus derechos y garantías, utiliza la expresión “testigo o sujeto de interés de la acción penal”. Además, considera infringido el derecho al juez natural, puesto que bajo dicho rótulo se encuentra en la situación de ser juzgado por una Comisión especial, esto es, un tribunal distinto al establecido por ley que, en este caso, sería el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Asevera que se ha transgredido adicionalmente el principio non bis in ídem, al encontrarse sujeto a investigaciones paralelas por los mismos hechos, existiendo afectación a su derecho a defensa así como al debido proceso al ampliar ilegalmente el ámbito de aplicación del Código de Justicia Militar y otras vulneraciones a la garantía del debido proceso, tales como no conocer los antecedentes de la investigación, no poder cuestionar las medidas intrusivas, afectación de la garantía del control judicial previo de las medidas intrusivas, entre otros.

Finalmente, denuncia como afectado el derecho de propiedad garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la CPR, el que se ha visto afectado por las actuaciones de la recurrida adoptadas en su contra.

Previas citas legales, doctrinales y jurisprudenciales, solicita se declare:

a) La ilegalidad de todas las resoluciones dictadas y de las diligencias decretadas por la MVE recurrida, en el contexto de los procesos Cuadernos (1) “Avión Cessna”, y de conocerse otras de similares naturalezas en los Cuadernos; (2) “Proveedor Comercializadora, Importadora y Exportadora CYM S.A.”; (3) “Crypto”; y (4) “Pumas”, todos seguidos ante la Justicia Militar.

b) La ilegalidad de la diligencia de incautación realizada en el domicilio del recurrente, en calidad de “testigo/investigado”, el 29/07/2021, así como de las autorizaciones solicitadas por la MVE recurrida a don nombre reservado, en el mismo acto de incautación, sin la presencia de abogado defensor, cuyas diligencias y medidas intrusivas se mantienen a la fecha y se siguen ejecutando por órgano persecutor.

c) La ilegalidad de la diligencia de incautación realizada en el domicilio del Sr. nombre reservado, en calidad de “testigo/ investigado”, el 13/09/2021, así como de las autorizaciones solicitadas por la recurrida a don nombre reservado, en el mismo acto de incautación, sin la presencia de abogado defensor.

d) Ordenar a la MVE recurrida abstenerse de realizar diligencias intrusivas en perjuicio del actor en lo sucesivo, así como de investigarlo por los mismos hechos, los que son materia de distintos procesos seguidos ante la justicia ordinaria.

e) Ordenar la devolución de todas las especies incautadas en las diligencias realizadas los días 29/07/2021 y 13/09/2021.

f) Que se adopten las medidas adicionales que se estimen adecuadas para restablecer el imperio del derecho.

g) Que se condene en costas a la MVE recurrida.

SEGUNDO: Que comparece la Ministra en Visita Extraordinaria de la Iltma. Corte Marcial, doña nombre reservado, evacuando el informe solicitado.

Señala que el objeto del recurso consiste en que se declare la ilegalidad de todas las resoluciones y diligencias decretadas respecto del actor en cuatro de los cuadernos que componen la causa como, asimismo, la ilegalidad de la diligencia de incautación realizada el 29 de julio de 2021 y la del 13 de septiembre pasado, la abstención de realizar diligencias intrusivas a su respecto y la devolución de todas las especies incautadas en las referidas diligencias, por afectación de las garantías contenidas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la CPR.

En primer término, denuncia la duplicidad del recurso, sosteniendo que entre el recurrente y el señor nombre reservado existe o existió una vinculación, al menos laboral, desde que el actor trabajó en conjunto con el segundo, particularmente en relación con el contrato que da pie a la investigación que se sigue en contra de funcionarios militares.

En este contexto, indica que el 7 de noviembre de 2020 el abogado Samuel Donoso Boassi, en representación de nombre reservado, presentó el recurso de protección ingreso Rol 94.717-2020 de esta Corte de Apelaciones, el que resulta ser llamativamente similar al presente, puesto que estructuralmente son idénticos, al igual que su contenido y alegaciones, texto, párrafos, títulos, subtítulos y, en definitiva, las palabras utilizadas en gran parte del libelo e incluso su petitorio, lo cual no puede estimarse una mera casualidad, puesto que es un hecho público que tanto el señor nombre reservado y el señor nombre reservado han interpuesto sendos recursos de amparo y protección, e incluso un recurso de amparo gremial ante el Colegio de Abogados con la finalidad de entorpecer infundadamente la investigación, todas las cuales fueron rechazadas.

En segundo lugar, alega la improcedencia formal de la acción por cuanto debe ser conocida por la Corte Marcial, ya que además de lo expuesto precedentemente, el recurso deducido por el señor nombre reservado fue declarado inadmisible el 10 de noviembre de 2020 por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones por estimar que la acción no reunía los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, al no ser la vía idónea al efecto, lo que fue confirmado en forma unánime por la Corte Suprema.

Agrega que no puede soslayarse que de encontrarse la causa Rol 575-2014 regida por las normas del Código de Justicia Militar, corresponde que los recursos por las resoluciones y/o diligencias que se hubieran decretado en el marco de la sustanciación de la causa corresponden ser conocidos por el tribunal de alzada militar, por lo que la presente acción también debe seguir la misma suerte, desde que si bien en la actualidad el recurrente es un civil – aunque sí fue militar-, las actuaciones por las cuales recurre fueron ordenadas en la tramitación de una causa seguida ante la Justicia Militar y en contra de la Ministro Informante, por lo que quien debe conocer es la Corte Marcial.

Hace presente que, con anterioridad a los recursos señalados, el Señor nombre reservado presentó recurso de amparo ingresado bajo el Rol 2065-2020, en el cual la Corte de Apelaciones de Santiago se declaró incompetente, ordenando la remisión de los antecedentes a la Corte Marcial, decisión que fue apelada y confirmada por la Corte Suprema.

Advierte que el supuesto hecho establecido es sufrir arbitraria o ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el artículo 20 de la CPR señala, y que si bien el actor indica vulneradas las garantías de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la CPR, sólo respecto de la primera específica la hipótesis vulneratoria alegada, señalando que se trataría de un actuar ilegal. En cambio, omite indicar lo mismo respecto de las demás garantías señaladas.

Respecto de las actuaciones impugnadas, señala que el recurrente solicita en el petitorio que esta Corte de Apelaciones declare la ilegalidad de las resoluciones, diligencias dictadas y/o practicadas que singulariza en cada caso, de lo cual se advierte que el abogado recurrente ha tenido conocimiento de una indagación que se encuentra, actualmente, en estado de sumario al cual, al menos legalmente, no se le ha dado acceso, por lo que esta sola observación podría justificar, eventualmente, una investigación por filtración del sumario, dado que se trata de piezas amparadas bajo la reserva del sumario penal. Por lo mismo -agrega-, y considerando el estado procesal de la causa, solo se limitará el informe a lo expuesto por el abogado del recurrente.

En cuanto a lo peticionado en la letra a) del recurso, se reclama respecto de todas las resoluciones y diligencias decretadas, sin especificación, las que además se han dictado y realizado en un solo cuaderno. Señala que lo anterior le resta toda verosimilitud a la alegación y le impide a la informante hacerse cargo de ella.

Respecto de la diligencia practicada el 29 de julio de 2021, y a pesar de la escueta argumentación que se realiza, señala que el recurso es evidentemente extemporáneo, desde que éste se dedujo el 28 de septiembre de 2021. Sin perjuicio de lo anterior, precisa que los hechos ocurrieron en forma opuesta al relato expresado en el recurso, puesto que no existió el supuesto “portonazo”: el actor -dice- accedió voluntariamente a las peticiones realizadas y a la forma en que se efectuó la misma, al tomar conocimiento que en el inmueble residían los padres del recurrente y la situación de salud que los afectaba. Aclara que no es efectivo que haya dado la instrucción de prohibir al señor nombre reservado dar aviso a su empleador; más aún, la concurrencia a su lugar de trabajo fue a instancias de éste, desde que arguyó no poder acceder, en ese momento, ni a su computador ni a su correo personal desde su domicilio.

Afirma que toda la diligencia se hizo procurando causar las menores molestias posibles, al tenor de lo dispuesto en el artículo 156 del Código de Procedimiento Penal, incautando solo la información y elementos estrictamente necesarios, los que les fueron devueltos, manteniéndolo en poder de la BRIAC Metropolitana únicamente el tiempo necesario para poder obtener la información que se requería. Agrega que si bien existe documentación que aún no se ha devuelto, ello obedece a que resulta necesaria para continuar con las indagaciones que se siguen en contra de los funcionarios militares investigados, quedando de todo ello registro en las actas respectivas, como también de que el ingreso a la empresa Seneka fue autorizado por su representante legal.

Indica que llama la atención el argumento de que se requiere la autorización previa del juez de garantía para la práctica de las diligencias, careciendo de todo sustento y análisis al tramitarse la presente causa en sede de justicia militar. Respecto de la afirmación de haberse realizado la incautación “sin aviso previo”, señala que son obvias las razones vinculadas al éxito de la diligencia, que no revisten mayor análisis.

En cuanto a la incautación del 13 de septiembre de 2021, expone que la entrega del celular y de las claves de acceso al mismo, según consta del acta respectiva, se hizo en forma voluntaria por parte del señor nombre reservado a los funcionarios de la BRIAC Metropolitana, quienes dieron cumplimiento a la orden legalmente decretada.

Por otra parte, hace presente que las principales alegaciones dicen relación con que el recurrente estaría siendo investigado supuestamente en la causa en calidad de imputado y que, siendo un civil, no puede ser penalmente perseguido por la justicia militar, aclarando en tal sentido que al actor no se le ha atribuido de forma alguna la calidad de imputado, y de ser así, no se comprendería que a la fecha no se haya presentado patrocinio y poder a fin de comparecer en tal calidad y hacer las defensas respectivas si fuere el caso.

Recalca que la informante tiene cabal conocimiento sobre el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 20.477, modificado por la Ley 20.968, de manera que no desconoce ni ha desconocido la calidad de civil del señor nombre reservado. No obstante -dice-, ello no impide decretar diligencias a su respecto en su calidad de testigo civil, desde que la investigación llevada a cabo ha permitido el esclarecimiento de los hechos indagados.

En cuanto a la composición de la causa Rol 575-2014, señala que desde sus orígenes esta causa era conducida por el Ministro señor Omar Astudillo, y se ha informado mensualmente al Presidente de la Excma. Corte Suprema y también al Pleno del Máximo Tribunal por distintos motivos. La causa que se ha tramitado por cuerda separada contando a la fecha con 45 cuadernos, los que se tramitan separadamente por tratarse de investigaciones desvinculadas una de otras y con el solo objeto de avanzar en ellas, encontrándose en estados procesales distintos incluso con sentencia definitiva, otro sobreseído y archivado, los demás en sumario y otros inclusive se iniciaron luego de ser remitidos por los tribunales militares por orden de la Corte Marcial, dentro del contexto de la competencia asignada por la Corte Suprema. Por lo anterior, no existe nada anómalo en la tramitación de una causa dividida en cuerdas separadas, lo que no contraviene la ley o la Constitución.

Finalmente, alega la ausencia de arbitrariedad e ilegalidad, subrayando que la arbitrariedad no puede atribuirse a las resoluciones judiciales que ordenaron las incautaciones, ni menos aún, a la diligencia misma, pues ellas encuentran su sustento y fundamentación en los antecedentes surgidos de la investigación, que permitieron presumir fundadamente que en el domicilio del recurrente podría encontrarse documentación relevante para el proceso. Concluye que la diligencia y la tramitación de la causa ha sido llevada a cabo dentro del marco que autoriza el legislador.

TERCERO: Que como ha señalado reiteradamente esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción de naturaleza cautelar y de urgencia que, como tal, está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos esenciales que dicha disposición enumera, mediante la adopción de medidas tutelares por parte de la Corte de Apelaciones competente ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que la presente acción de protección constitucional se funda en la ilegalidad y arbitrariedad que el recurrente le asigna a las diligencias decretadas por la MVE recurrida, materializadas en el marco de la investigación que se lleva a cabo actualmente en la causa Rol Nº 575-2014, compuesta de diversos cuadernos. En concreto, las mencionadas diligencias consisten (a) en la incautación decretada mediante resolución de 28 de julio de 2021, practicada el día 29 del mismo mes y año en el domicilio del recurrente ubicado en domicilio reservado; y (b) en la actuación verificada el día 13 de septiembre de 2021 en dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios Metropolitana, ocasión en la que, como parte de la diligencia antes referida, se le requirió al recurrente la entrega del teléfono IPhone asociado a la cuenta número +[cuenta reservada], y la autorización para acceder a él y a sus correos electrónicos, computador y/o dispositivos electrónicos, lo que aprobó voluntariamente, según se expresa en el mismo recurso.

QUINTO: Que de lo expuesto por el recurrente, lo informado por la MVE recurrida y los antecedentes acompañados al proceso, se tiene por establecido que las diligencias reclamadas como ilegales y arbitrarias provienen de resoluciones judiciales dictadas por tribunal constituido con sujeción a lo dispuesto por los artículos 559 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

Debe observarse, además, que para el desempeño de tales funciones, circunscritas en cada caso al objeto u objetos que motivan la visita extraordinaria, el artículo 560 inciso 1º del mismo Código establece que “Las facultades del ministro en visita en los casos a que se refiere el artículo anterior, serán las de un juez de primera instancia”, agregando a continuación que “contra las resoluciones que dictare en los procesos a que hubiere lugar en dichos casos, podrán deducirse los recursos legales como si se dictaren por el juez visitado.”

SEXTO: Que por lo señalado precedentemente, y teniendo en cuenta esta Corte que las diligencias y actos cuestionados de ilegalidad y arbitrariedad se encuentran sometidos actualmente al imperio del derecho y al control jurisdiccional, mediante los recursos y remedios procesales establecidos por la ley para la revisión de las resoluciones judiciales que se estiman lesivas o jurídicamente erradas, no puede entender que existe en la especie un acto u omisión arbitrario e ilegal que vulnere las garantías constitucionales que se invocan en el recurso. Cualquiera sea la calidad procesal que tenga la parte recurrente en el proceso seguido ante la Sra. Ministra nombre reservado, pues, lo concreto es que sus derechos se encuentran debidamente cautelados por la normativa procedimental aplicable en dicho proceso vigente, siendo esa la vía idónea para reclamarlos y hacerlos efectivos -si fuere el caso- más no ésta de carácter cautelar urgente y extraordinaria.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, debe considerarse que, como señala la propia recurrente, ésta tomó conocimiento de la resolución de 28 de julio de 2021, que dispuso la incautación de la que se reclama, el día 29 del mismo mes, cuando se materializó en su domicilio. Por ello, en lo que concierne a dicha diligencia y considerando que el recurso de autos se interpuso el día 28 de septiembre de 2021, queda en evidencia que el plazo de 30 días para interponerlo se encontraba largamente vencido.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Luis Masferrer Farías, en representación de don nombre reservado, en contra de la Ministra en Visita Extraordinaria doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el abogado Integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

N°Protección-39314-2021.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Lilian Leyton Varela e integrada por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y por el Abogado Integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé. No firma el Abogado señor Jequier por encontrarse ausente.