nombre reservado con MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

Santiago, doce de octubre de dos mil dieciocho.

Se deja constancia que encontrándose la Ministra (s) señora Riesco con licencia médica, con fecha de hoy se ha recibido la causa con proyecto de fallo.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: En estos antecedentes rol 39301-2018, del ingreso protección de esta Corte, Comparece don Roberto Sagredo Kraunic, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL –antes denominado Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM–, representado legalmente por su Director (S), don nombre reservado y en contra del nombre reservado representado legalmente por su Director, don nombre reservado; por ejecutar un acto arbitrario e ilegal que importa una perturbación de la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, reconocida en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

Relata que don nombre reservado es un zoólogo que por 32 años se desempeñó en el Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en la ciudad de Santiago. Durante dicho período fue Curador del Área de Zoología de Vertebrados de dicho museo, luego Curador Jefe y Jefe Científico y posteriormente Curador Senior del Área Curatorial y en el año 2017, se acogió a retiro. Señala que, conforme lo contempla la institucionalidad en el Museo Nacional de Historia Natural, existe la distinción honorífica de Curador Emérito, la cual se le concede a los profesionales de las áreas científicas de dicho museo que se han acogido a retiro para que sigan vinculados a las actividades del museo, colaborando de manera voluntaria y gratuita. Esta distinción se le concede a un profesional en retiro por acto administrativo del Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a proposición del Director del Museo, siempre que se cumplan una serie de requisitos relativos al trabajo realizado en el Museo. Señala que la regulación de esta distinción se encuentra en la Resolución Exenta N° 556 de la DIBAM, de 24 de mayo de 2017, que aprobó el Reglamento de Designación, Atribuciones y Desempeño de Curadores Eméritos del Museo Nacional de Historia Natural.

Indica que, por cumplir los requisitos para ello, mediante Oficio Ordinario N° 005 del Museo de Historia Natural de 31 de enero de 2018, el director del antedicho Museo Nacional, don nombre reservado, recomendó al Director (S) de Bibliotecas, Archivos y Museos, el nombramiento del recurrente como Curador Emérito del Museo, y asegura que por razones completamente ajenas al recurrente y propias de la demora de la DIBAM -actual Servicio Nacional del Patrimonio Cultural-, el acto administrativo no fue resuelto dentro del plazo sugerido. Agrega que, mientras pendía la dictación de la resolución, el Museo le permitió al señor nombre reservado seguir colaborando profesionalmente y de manera similar a un Curador Emérito en sus dependencias.

Expone que el día 3 de mayo de 2018, llegó a conocimiento de las autoridades del Museo el relato hecho a través de la red social Facebook de doña nombre reservado, acerca de distintos hechos constitutivos de acoso sexual sufridos por ella mientras se desempeñó en el Museo Nacional de Historia Natural, los que habrían sido cometidos por distintos profesionales. Dentro de dicho relato, denunció un supuesto episodio que habría sido constitutivo de acoso sexual por parte del señor nombre reservado en su contra, los que, según su propio testimonio, habrían acaecido en el año 2003. De acuerdo con dicho relato, el señor nombre reservado habría hecho insinuaciones sexuales a la señora nombre reservado cuando ambos acudieron a un congreso en la ciudad de Valdivia; las que el recurrente niega tajantemente y defiende que constituirían un malentendido.

Continúa indicando que el día 4 de mayo de 2018, el Director del Museo se dirigió al señor nombre reservado vía correo electrónico informándole de la denuncia expresada anteriormente y que en razón de ella, una comisión ad hoc convocada por él decidió acordar una serie de medidas respecto de los funcionarios involucrados, y en particular, a su respecto, se decidió revocar la decisión de recomendarlo como Curador Emérito. Juntamente con ello, se decidió terminar todo vínculo entre el Museo y el señor nombre reservado, ordenándole retirar todos sus objetos personales, hacer entrega de documentación y restringiéndole el acceso al Museo en calidad de profesional.

Afirma que en la toma de esta decisión jamás se citó al señor nombre reservado ni se le dio oportunidad de exponer sus descargos. Agrega que nunca se instruyó un procedimiento de sumario administrativo para investigar la verosimilitud de la “denuncia” hecha por la señora nombre reservado, juzgar los hechos objeto de denuncia y tomar las determinaciones en el contexto de un proceso racional y justo, haciendo presente al respecto que existe un procedimiento establecido por la DIBAM y aplicable al Servicio para la denuncia y sanción del acoso laboral y sexual, el que contempla la participación del denunciado para efectos de la investigación y determinación de una posible conducta de acoso. Señala que, además, el Estatuto Administrativo tipifica el acoso sexual y es objeto de sumario administrativo, no facultando a los superiores jerárquicos a tomar una decisión arbitraria.

Luego de esta determinación, el 8 de mayo de 2018, el Director del Museo hizo una declaración pública informando de la denuncia llegada a su conocimiento, de las determinaciones adoptadas por la institución y del compromiso de ésta con la condena al acoso sexual, la que coincide con la situación particular del recurrente.

Alega que los hechos descritos constituyen un acto no sólo arbitrario de parte del Museo Nacional de Historia Natural, cuyo superior jerárquico es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, sino ilegal, que vulnera la garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos del señor nombre reservado al haber sido sancionado de manera sumarísima sin un debido proceso y por una entidad que se constituyó en comisión especial.

Aduce que, a pesar de que el señor nombre reservado no era, en rigor, un funcionario de planta del Museo, sí era sujeto de un acto administrativo que se encontraba iniciado ya, al haber sido recomendado como Curador Emérito del MNHN. Cita que de acuerdo al Reglamento sobre Designación, Atribuciones y Desempeño de Curadores Eméritos del Museo Nacional de Historia Natural, “la proposición de otorgamiento de la calidad de Curador(a) Emérito(a) al Director General de la DIBAM, será atribución del director(a) del Museo Nacional de Historia Natural, quien luego de ponderar los antecedentes de la persona que se retira le propondrá a ésta su intención de otorgarle tal distinción.” Expresa que le corresponde la dictación del acto administrativo de nombramiento al Director del ahora Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; acto administrativo que a la fecha aún no se ha dictado, pero cuyo rol es confirmar, como jefatura de servicio, el nombramiento recomendado por el Director del MNHN.

Alega que la actuación del Director del MNHN es, en primer lugar, arbitraria, porque se trata de una decisión sujeta su libre convicción más que a un acto legal o racional, señalando que, frente a la denuncia como la que se le imputó, lo adecuado habría sido haber iniciado una investigación de manera de poder esclarecer, más allá de toda duda razonable, la existencia de conductas constitutivas de acoso sexual, y si la gravedad lo hubiese ameritado, podría haberse suspendido el procedimiento de nombramiento del señor nombre reservado en calidad de Curador Emérito a la espera de la investigación y de una resolución por parte del servicio.

Aduce que es aún más grave el que la decisión de interrumpir el nombramiento de Curador Emérito y terminar toda relación con el señor nombre reservado fue adoptada por una comisión ad hoc que no está contemplada en ley alguna.

Expresa que la decisión del Director del MNHN es ilegal al vulnerar una serie de normas y principios relativos a la función pública y a la responsabilidad administrativa:

a) El artículo 13 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, referido a la transparencia de la función pública, principio en virtud del cual debe permitirse y promoverse el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella. Esto, pues en el presente caso, el señor nombre reservado no fue informado de un procedimiento que ni siquiera fue respetado para adoptar una decisión sancionatoria en su contra.

b) El artículo 18 de la Ley Nº 18.575, referido al principio de responsabilidad y al derecho a un racional y justo procedimiento por parte de los funcionarios públicos frente al ejercicio de la potestad disciplinaria. Al respecto, señala que no puede sostenerse que existió un procedimiento en términos jurídicos, sino una mera actuación de oficio que no se encuentra contemplada en la ley para sancionar a una persona sujeto de relación administrativa.

c) El artículo 10 de la Ley Nº 19.880, de Procedimiento Administrativo, que consagra el principio de contradictoriedad, en virtud del cual los interesados pueden, en cualquier momento de un procedimiento administrativo, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, en defensa de sus intereses. Frente a la denuncia llegada a conocimiento del Director del MNHN, no existió oportunidad alguna para que el señor nombre reservado se defendiera de las imputaciones falsas que se le hicieron, no pudiendo defender sus derechos ni controvertir la decisión de su superior jerárquico.

d) El artículo 61 de la Ley Nº 19.880, que impide la revocación de oficio de un acto administrativo por el órgano que lo dictó cuando se trata de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente, como ocurre con la Curaduría Emérita.

e) Las normas sobre responsabilidad administrativa contempladas en la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en sus artículos 119 a 145. En particular, el artículo 119, inciso segundo, establece que los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo.

Considerando que las conductas de acoso sexual son causal de destitución, el MNHN o el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural debieron haber instruido un sumario administrativo en contra del señor nombre reservado, siguiendo un procedimiento reglado, fundado, contradictorio y conclusivo, teniendo facultades para suspenderlo de sus funciones a la espera de la acreditación de una infracción de deberes y obligaciones administrativas. Sin embargo, nada de esto ocurrió, pues se puso término a un procedimiento iniciado legalmente y se le separó de sus funciones al señor nombre reservado sin ningún procedimiento.

Por otra parte, menciona que el Código de Ética de la DIBAM contempla un Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual –Resolución Exenta Nº 104 de la DIBAM, de 23 de enero de 2017– que establece las formalidades que debe tener la denuncia, los funcionarios encargados de recibirla, los plazos y los actos que se requiere dictar, luego de lo cual “si la denuncia es procedente, se propondrá a Dirección la instrucción de procedimientos administrativos (Investigación Sumaria o Sumario Administrativo) en contra del o los implicados por la denuncia o la adopción de una o más medidas concretas de solución de conflicto.” Señala que tanto la investigación sumaria como el sumario administrativo son procedimientos reglados, fundados, contradictorios y conclusivos, lo que no corresponde a la determinación adoptada por el Director del MNHN, puesto que no sólo no recibió formalmente una denuncia, sino que actuó de oficio sin ninguna investigación, emplazamiento ni pruebas que permitiesen concluir la necesidad de la sanción adoptada.

Reitera que el Director del MNHN no tiene la facultad de crear una instancia como la comisión ad hoc para efectos de sancionar a una persona que se desempeña en un servicio público, puesto que las formas de denuncia, investigación y sanción de las infracciones administrativas están claramente reguladas y no contemplan la posibilidad de constituir una instancia especialmente formada para dichos efectos, afirmando que dicha comisión es, constitucionalmente, una comisión especial, la que se encuentra prohibida para efectos del debido proceso de acuerdo al artículo 19 N.º 3 inciso quinto.

Alega que en el caso que el señor nombre reservado hubiese incurrido en conductas de acoso sexual, lo legal habría sido que el Museo Nacional de Historia Natural o la unidad del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural establecida para ello recibiera la respectiva denuncia y, por tratarse de una conducta que se sanciona con la destitución, se dictara una resolución que ordena el sumario administrativo por parte del jefe de servicio con facultad para ello, siguiéndose el procedimiento establecido en el Estatuto Administrativo.

Concluyendo, pide ordenar que se deje sin efecto lo determinado por el Director del Museo Nacional de Historia Natural en relación a don nombre reservado, debiendo éste ser autorizado para seguir desempeñando sus labores en el Museo Nacional de Historia Natural, como lo hacía antes de la decisión arbitraria, a la espera de un sumario administrativo en contra del recurrente por los supuestos hechos denunciados por doña nombre reservado; se le nombre al recurrente como Curador Emérito del Museo Nacional de Historia Natural, en circunstancias que fue debidamente recomendado por el Director de dicho Museo y que el cargo honorífico debía ser efectivo el 1º de marzo de 2018 por resolución del Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; todo ello con expresa condena en costas.

Acompaña al recurso la Resolución Exenta Nº 556 de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, de 24 de mayo de 2017, que aprueba el Reglamento sobre Designación, Atribuciones y Desempeño de Curadores Eméritos del Museo Nacional de Historia Natural; Ordinario Nº 005 del Museo Nacional de Historia Natural, de 31 de enero de 2018, que recomienda nombramiento de Curador Emérito de dicho museo a don nombre reservado; Publicación de Facebook hecha por doña nombre reservado, de 3 de mayo de 2018, en la que hace su supuesta denuncia; Correo electrónico del Director del Museo Nacional de Historia Natural, don nombre reservado, a don nombre reservado, de 4 de mayo de 2018, informándole la revocación en su designación como Curador Emérito, entre otras medidas; Declaración pública efectuada por el Museo Nacional de Historia Natural en relación a la denuncia sobre supuesto acoso sexual descrita en este recurso, de 8 de mayo de 2018; Código de Ética de la DIBAM, de marzo de 2017; Procedimiento de denuncia y sanción del maltrato, acoso laboral y sexual, de la DIBAM.

Segundo: En su informe, responde nombre reservado, Director Nacional (S) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural representando a dicho servicio y al Museo de Historia Natural, y solicita el total y absoluto rechazo de la acción de protección, con expresa condena en costas.

Señala que el actor se desempeñó como Curador del Área de Zoología de Vertebrados, Curador Jefe y Jefe Científico y Curador Senior del Área Curatorial del Museo Nacional de Historia Natural, prestando servicios al mencionado museo durante 32 años, y que en diciembre de 2017 se acogió a retiro.

Conteste con los hechos, señala que de conformidad con el Reglamento “Designación, Atribuciones y Desempeño de Curadores Eméritos del Museo Nacional de Historia Natural”, mediante Ord. N.º 005 del Museo Nacional de Historia Natural, ejerciendo una atribución que le es propia, recomendó al Director (S) de la referida Dirección, el nombramiento de don nombre reservado como Curador Emérito del MNHN a partir del 1 de marzo de 2018. Luego de la denuncia publicada por la Sra. nombre reservado, el 4 de mayo de 2018 el Director del Museo de Historia Natural informó al actor sobre su decisión de no continuar con el proceso de nombramiento antes referido.

Afirma que efectivamente existe en el servicio un Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato, acoso laboral y Sexual, aprobado mediante Resolución Exenta N.º 104 del 23 de enero de 2017 de la DIBAM, el que tiene por objeto constituirse en un mecanismo de control social dentro de la organización, a fin de generar las condiciones de respeto y buen trato al interior del servicio, determinando como resultado del mismo, la procedencia o no de un proceso disciplinario al interior del Servicio.

Defendiendo la razonabilidad del acto impugnado, aduce que la actuación del Director del MNHN no corresponde a su libre voluntad o capricho, puesto que, ante los hechos denunciados por la Señora nombre reservado, dicha autoridad convocó a cuatro profesionales a fin de discutir la situación y acordar las decisiones adecuadas para el caso, por lo que la decisión impugnada fue producto de una reflexión de cinco personas sobre el hecho denunciado y las medidas a implementar. Agrega que, considerando la gravedad de las acusaciones y su naturaleza, más allá de la responsabilidad o no del acusado, el acoso sexual constituye una conducta atentatoria contra la dignidad de la persona y al comité le pareció que la duda razonable recomendaba no perseverar en el nombramiento.

Defiende la legalidad del acto impugnado respondiendo a cada uno de los artículos esgrimidos como vulnerados por el actor.

Respecto al artículo 13 de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que todas las actuaciones que determinaron la decisión que se impugna son públicas, siendo incluso algunas de ellas acompañadas por el actor. Agrega que, al hablar el actor de “sanción” en contra del Sr. nombre reservado, se confunde la actora, ya que ellas se identifican con la potestad punitiva que generalmente detentan organismos fiscalizadores dentro de la Administración del Estado, cuyo no es el caso de la actuación que se informa, sino que esta última se trató de una decisión razonada por parte de la autoridad que tiene una atribución facultativa, para no perseverar en el acto trámite (propuesta de nombramiento) que llevará al acto terminal de toma de decisión por parte del Jefe Superior del Servicio (nombramiento propiamente tal del curador emérito).

Sobre el artículo 18 de la Ley N° 18.575 impetrado por el actor, refiere que la naturaleza de la decisión impugnada no es identificable con una sanción y que la responsabilidad administrativa aplica a funcionarios públicos, circunstancia que no concurre en el caso del Sr. nombre reservado.

En relación con el artículo 10 Ley N°19.880 y el principio de contrariedad, refirió que, al ser notificado el actor de la decisión impugnada, éste se habría limitado a manifestar la semana siguiente su sorpresa y molestia, informando de la interposición de diversas acciones en contra de quienes resultasen responsables.

Sobre el artículo 61 de la Ley 19.880 y el impedimento de revocación de oficio de un acto administrativo por el órgano que lo dictó cuando se trata de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente, informa que la revocación de la propuesta del Director del MNHN se encuentra apegada a derecho, por cuanto no constituye un acto declarativo o creador de derechos adquiridos legítimamente, puesto que la propuesta mencionada posee la naturaleza de acto trámite, no generando derechos de ningún tipo en el recurrente, y que tendría como fin la dictación del acto terminal de toma de decisión de nombramiento definitivo como curador emérito por el Jefe de servicio mediante resolución fundada.

En respuesta a las supuestas infracciones a las normas sobre responsabilidad administrativa contempladas en la Ley N.º 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en particular, a lo establecido en el artículo 119 inciso segundo, menciona que la decisión que se adoptó en este caso no constituye sanción ni aplicación de una medida disciplinaria, y, por otro lado, la responsabilidad administrativa es la que afecta a funcionarios públicos, carácter que habría dejado de tener el Sr. nombre reservado a partir del 1 de enero de 2018.

Por otra parte, señala que el Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual, aprobado mediante Resolución Exenta N 104 de 23 de enero de 2017, de la entonces DIBAM, constituye un mecanismo de control social dentro de la organización, a fin de generar las condiciones de respeto y buen trato al interior del servicio, determinando como resultado del mismo, la procedencia o no de un proceso disciplinario al interior de éste. Menciona que este procedimiento debe entenderse aplicable a funcionarios frente a una denuncia, cuyo caso sería el de la Sra. nombre reservado, sin perjuicio de que se haya instruido sumario administrativo con el propósito de esclarecer el presunto acoso sexual del que fuera objeto la Sra. nombre reservado en momento que realizaba su práctica de ilustradora en el área de Zoología del MNHN.

En relación a la alegación de la constitución de un comité ad hoc para la toma de decisión impugnada, defiende que se encuentra plenamente acorde con la legalidad, puesto que la decisión razonada de revocar el nombramiento del Sr. nombre reservado fue producto de una discusión y razonamiento de cinco profesionales que reflexionaron sobre el hecho denunciado y las medidas a implementar, tomando en consideración el carácter atentatorio contra la dignidad humana del acto denunciado en su contra.

Finalmente, hace presente que de acuerdo al artículo 178 del DS Nº 6.234 de 1930 del Ministerio de Educación, Reglamento para la DIBAM, “el Director General podrá nombrar a propuesta del Director del Museo y sin derecho a remuneración, colaboradores científicos para desempeñar labores de especialidad que deriven de la subdivisión de las secciones fundamentales establecidas en el artículo anterior”, ante lo cual destaca la naturaleza facultativa de la potestad del Director del servicio en cuanto a designar curadores eméritos, previa propuesta, también facultativa, del Director MNHN.

En cuanto a la vulneración el art. 19 Nº 3 esgrimida por el actor, señala que la actuación del Director del Museo Nacional de Historia Natural no fue el ejercicio de una potestad jurisdiccional, ni tampoco la imposición de una sanción, sino que, frente una situación de denuncia, quiso adoptar una decisión razonada, para lo cual convocó a cuatro profesionales, por lo que la generación de este comité ad-hoc da cuenta de que la decisión adoptada en orden a revocar el nombramiento del Sr. nombre reservado fue producto de una discusión y razonamiento reflexivo de cinco profesionales.

Solicita se rechace la acción de protección interpuesta con expresa condenación en costas.

Acompaña a su informe Carta sin firma de don nombre reservado de fecha 11 de mayo de 2018 y Resolución Tra 81/605/2017 de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de fecha 24 de octubre de 2017, tomada de razón el 10 de noviembre de 2017.

Tercero: Que como es unánimemente aceptado, la presente acción de protección requiere para su procedencia la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Cuarto: Que, el acto reclamado como ilegal y arbitrario consiste en la retractación del Director del Museo Nacional de Historia Natural, de una propuesta realizada por él, al señor Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para la designación del recurrente como Curador Emérito del museo citado, decisión tomada con consulta a una comisión de profesionales, convocada para la discusión y reconsideración de dicha propuesta, a raíz de una imputación realizada en su contra por doña nombre reservado, por distintos hechos constitutivos de acoso sexual sufridos por ella mientras se desempeñó en el museo.

Quinto: Que para resolver, se han tenido a la vista: Resolución Exenta N° 56 de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, de 24 de mayo de 2017, que aprueba el Reglamento sobre Designación, Atribuciones y Desempeños de Curadores Eméritos del Museo Nacional de Historia Natural; Ordinario N° 005 del Museo Nacional de Historia Natural, de 31 de enero de 2018, que recomienda nombramiento de Curador Emérito de dicho museo a don nombre reservado; Publicación de Facebook de la denuncia hecha por doña nombre reservado, de 3 de mayo de 2018; Correo electrónico del Director del Museo Nacional de Historia Natural, don nombre reservado a don nombre reservado, de 4 de mayo de 2018, informándole la revocación en su designación como CURADOR Emérito, entre otras medias; Declaración pública efectuada por el Museo Nacional de Historia Natural en relación a la denuncia sobre supuesto acoso sexual descrita en el recurso, de 8 de mayo de 2018; Código de ética de la DIBAM, de marzo de 2017; Procedimiento de denuncia y sanción de maltrato, acoso laboral y sexual de la DIBAM; la Carta sin firma de don nombre reservado de fecha 11 de mayo de 2018 y Resolución Tra 81/605/2017 de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de fecha 24 de octubre de 2017, tomada de razón el 10 de noviembre de 2017.

Sexto: Que, la primera garantía constitucional que el actor reclama conculcada es la contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso quinto, señala​: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”

Argumenta la recurrente que la comisión ad hoc que se constituyó para la reevaluación de la propuesta como Curador Emérito es homologable a las comisiones especiales a que hace mención el artículo transcrito.

Sin embargo, ocurre que la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso quinto, invocada por el recurrente, hace referencia al ejercicio de una potestad jurisdiccional y punitiva, en tanto que la ley asigna al Director del Museo Nacional de Historia Natural el cometido discrecional de proponer a una persona como Curador Emérito. En ese entendido, el Director es libre para proponer y también para retractarse cuando lo estime inconveniente para el servicio, siendo irrelevante que se convenza por si sólo o lo haga asesorado por una comisión de profesionales, como ocurrió en el presente caso. Esta situación es muy distante y que no puede homologarse a las Comisiones Especiales a que se refiere la norma constitucional en referencia.

De otra parte, el Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual –Resolución Exenta Nº 104 de la DIBAM, de 23 de enero de 2017– contenido en el Código de Ética de la DIBAM y las disposiciones de la Ley 19.880, son aplicables únicamente a los funcionarios en ejercicio, y por ende, no procedía iniciar un sumario administrativo en contra del recurrente quien no revestía tal carácter a la época de la denuncia de doña nombre reservado ni del acto que se reclama como arbitrario e ilegal, -3 y 4 de mayo de 2018- porque ya se había acogido a retiro en diciembre de 2017.

En suma, sólo cabe desestimar la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 5° invocada por el actor.

Séptimo: Que, esta Corte estima que el acto del Director del Museo, que se reclama, no es arbitrario, desde que, por una parte, se encuentra acreditada la existencia de una denuncia que ameritaba la reevaluación de la propuesta para la designación como Curador Emérito del actor, y por la otra, porque la decisión final corresponde al Director del Reglamento para la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos y es facultativa, acorde dispone el artículo Art. 178. del Decreto N°. 6.234 de 1929, Reglamento para la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, del siguiente tenor: “El Director General podrá nombrar, a propuesta del Director del Museo y sin derecho a remuneración, Colaboradores científicos para desempeñar labores de especialidad que deriven de la subdivisión de las secciones fundamentales establecidas en el artículo anterior.”

Octavo: Que, en ese estado de cosas, esta Corte entiende que de la propuesta del Director del Museo Nacional de Historia Natural no surge algún derecho adquirido que pueda verse privado, amenazado o siquiera perturbado, sólo una mera expectativa o simples esperanzas de adquirir un derecho, fundadas en la ley vigente ( Excma. Corte Suprema, recurso de casación en el fondo, 16 de marzo de 1967, publicado en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXIV, 2° parte, Sección 1°, pág. 47).

Noveno: Que en consecuencia, el hecho de que la propuesta haya sido reevaluada por el Director del Museo, en uso de sus facultades, a raíz de la denuncia ya referida en la presente sentencia previo asesoramiento profesional, y por constituir la propuesta una mera expectativa de obtener el nombramiento por el Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, antes Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, DIBSM y teniendo en consideración los anteriores razonamientos, aparece que el acto reclamado no constituye hecho que amerite protección constitucional, al no tener el carácter de arbitrario ni ilegal.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado Roberto Sagredo Kraunic, en representación de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra (S) señora María Luisa Riesco Larraín, quien no firma por encontrarse con licencia médica.

N° Protección 39301-2018