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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 39291-202129 jun 2022

nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Fecha
29 de junio de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Tercera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 39291-2021, sentencia de 29 de junio de 2022

Resumen

Se rechaza el recurso de protección porque la Caja de Compensación La Araucana ya devolvió los descuentos por préstamo C.C.A.F. y cesó las retenciones, de modo que no subsiste acto arbitrario o ilegal que amparar, perdiendo oportunidad la acción.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto que estima arbitrario e ilegal cometido por las recurridas, que conculcaría sus garantías fundamentales contempladas los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda el recurso en que el día 01 de septiembre de 2021 solicitó su liquidación de sueldo correspondiente a los meses de julio y agosto del mismo año, percatándose que existían descuentos en su remuneración por un monto de $75.813.- por concepto de “préstamo C.C.A.F.”, sorprendiéndose, según señala, toda vez que no recordaba haber solicitado dicho crédito, advirtiendo además que los descuentos se habrían realizado desde el mes de junio y que su actual empleador ILOP S.A. no tendría mayores antecedentes.

Indica que consultando directamente en una Sucursal de la Caja de Compensación Los Andes, se le informó que el descuento fue practicado por haber recibido de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana una nómina de retenciones en la que figuraba el recurrente en atención al “Convenio Intercajas”, por lo que estaban obligados a remesar los montos que se indicaban, en consideración a que el protegido habría adquirido un préstamo con dicha institución en abril del año 2005, por la suma de $1.516.470.-pactado en 36 cuotas, quedando 24 pendientes, que ascienden actualmente a $1.819.512.- Sostiene que desconocía la deuda, en razón de que han transcurrido 16 años entre la solicitud del préstamo y el cobro, enfatizando en que este asunto no ha sido conocido por tribunales competentes, aun cuando la deuda se hizo exigible en mayo de 2016, según lo informado por la institución recurrida.

Afirma que el descuento efectuado constituye un acto ilegal y arbitrario en consideración a que el denominado Convenio Intercajas se formalizó en el año 2013, esto es, posterior a la solicitud del crédito, por lo que en este caso no media autorización o aceptación de manera alguna del protegido para que un tercero ejerza el cobro de una deuda.

A mayor abundamiento, refiere que la actuación unilateral de las recurridas es ilegal, arbitraria y caprichosa, pues las recurridas persiguen el cobro de una obligación después de haber transcurrido más de 16 años desde que el recurrente incurrió en mora, por ende, no procede que utilice el mecanismo de descuentos de la remuneración del trabajador para satisfacer una obligación, ahora natural, en que sólo se puede retener el pago voluntario del deudor, lo que no ocurre en la especie.

Por todo lo anterior, previa cita de jurisprudencia y normativa que rige al efecto, solicita acoger la acción deducida ordenando el cese inmediato del descuento de remuneraciones por parte de las recurridas, por cuanto esta supuesta deuda no tiene sustento judicial ni título ejecutivo alguno, además de no haber autorizado el recurrente un descuento Intercajas, además de disponer la devolución de los dineros retenidos, con costas.

Segundo: Que, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes recurrida evacuó informe solicitando el rechazo de la acción deducida, en razón de los argumentos que expone.

En cuanto a los hechos, indica que a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “proyecto intercajas”, la Caja de Compensación La Araucana les solicitó la gestión de descuentos en la remuneración del recurrente para el pago de las cuotas del crédito otorgado por la referida institución.

Refiere que, de acuerdo a los compromisos contractuales contraídos, según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, y a partir del mes de abril de 2014, las Cajas de Compensación en su conjunto utilizan un sistema integrado de recaudación de créditos sociales, el que le permite que la Caja de Compensación en que el trabajador se encuentra actualmente afiliado, pueda recaudar deudas pendientes o vigentes contraídas con otras Caja de Compensación.

En el caso en concreto el crédito que se cobra corresponde al N°002000608475, otorgado a través de Caja La Araucana, a nombre del señor nombre reservado, efectuándose el descuento correspondiente durante los meses de julio a octubre de 2021, por un monto de $75.813.- mensual, los cuales fueron recaudados y transferidos a la respectiva Caja, no disponiendo de más antecedentes respecto al crédito de marras.

Luego de describir en que consiste el convenio y mandato reciproco “proyecto intercajas” y la legislación que lo ampara, sostiene que Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833, encontrándose además regulado lo pertinente respecto a la diputación para recibir el pago en los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato.

Por estas consideraciones, previa cita de la normativa que rige al efecto y jurisprudencia asociada a la materia, solicita rechazar el recurso de protección interpuesto, por no existir acto ilegal o arbitrario.

Tercero: Que evacuando informe la Caja de Asignación Familiar La Araucana, solicita el rechazo de la acción deducida por falta de oportunidad, toda vez que el motivo alegado para interponer el recurso son los descuentos en su remuneración practicados desde julio de 2021 por un monto de $75.813 pesos, por concepto de crédito otorgado en el 2005 por quien informa.

Sostiene en relación al crédito aludido que el deudor no pagó la totalidad del crédito social folio N°2000608475 que le fue concedido en mayo de 2005, por un monto de $2.729.268, pactado en 36 cuotas mensuales sucesivas e iguales de $75.813 pesos cada una, mediante la modalidad de pago indicada en el artículo 22 de la Ley N°18.833, esto es, la facultad de descontar las cuotas de un crédito social desde la remuneración del trabajador. Crédito respecto del que se han pagado 14 cuotas, existiendo 22 cuotas impagas.

Indica que a diferencia de lo que señala el recurrente en su acción, esta no se trata de una obligación natural, atendido lo dispuesto en el artículo 1470 del Código Civil, y la no configuración de sus causales, por lo que en el caso de autos se trata de una obligación civil y por tanto da derecho para exigir su cumplimiento.

En atención a lo anterior razona que, existiendo una obligación impaga por parte del recurrente, la que se encuentra vigente al no haber operado ninguno de los modos de extinguir las obligaciones como lo exige el artículo 1.567 del Código Civil, se configura el contexto legal y válido para que opere la modalidad de descuento establecida en el artículo 22 de la Ley N°18.833, cuya aplicación resulta ser legal, pertinente y oportuna.

Luego de exponer la institucionalidad de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y la normativa que lo rige, destaca que los beneficios económicos otorgados por dichas entidades están destinados a incrementar o mejorar la calidad de vida de sus afiliados, por lo que la disminución de este impide que se mantengan los recursos necesarios y suficientes para generar más beneficios a otros afiliados, perdiéndose, en consecuencia, la finalidad que el legislador asigna a las Cajas de Compensación.

Afirma respecto a la controversia de autos que hecho de solicitar al empleador de la recurrente que se practiquen los descuentos conforme el mecanismo de cobro establecido en el citado artículo 22 de la Ley N°18.833, no es más que el ejercicio de una disposición legal que resulta aplicable ante la falta de pago en que se incurrió respecto de un mutuo otorgado con cargo al fondo social que administra esta parte, de manera que no se trata de un actuar ilegal o arbitrario de la C.C.A.F. La Araucana.

Luego de citar normativa que rige al efecto y jurisprudencia que dice relación con la controversia de autos, afirma que no existe privación, perturbación o amenaza de derechos de quien recurre, toda vez que se ha obrado conforme a derecho, en atención a las facultades otorgadas por ley, ya que el mecanismo de descuento solicitado aplicar para efecto de descontar lo adeudado por la recurrente, corresponde a un atribución legal y es el que rige para todos los créditos sociales que se otorgan, siendo procedente, conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deducir por el empleador lo adeudado de las remuneraciones, en la medida que no haya operado alguno de los modos de extinguir las obligaciones contenido en el artículo 1.567 del Código Civil, lo que en el caso de marras no ha acontecido.

Sin perjuicio de lo anterior, y no obstante lo informado precedentemente, no reconociendo la extinción de la deuda, la recurrida señala que ha dispuesto el cese del descuento y la devolución de las sumas descontadas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 por la suma total de $227.439 pesos, por lo que solicita el rechazo de la acción deducida por haber perdido oportunidad.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, en mérito de los antecedentes acompañados consta que la recurrida Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana hizo devolución al recurrente sr. nombre reservado de la suma total de $379.065 correspondientes a los descuentos efectuados en los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, por la suma de $227.439 pesos, más la suma de $151.626 pesos, por concepto de descuentos efectuados en octubre y noviembre 2021, cada uno de $75.813 pesos, procediendo al cese de los descuentos a partir de diciembre de 2021.

Quinto: Que, en estas circunstancias, no existiendo acto arbitrario o ilegal, respecto del cual esta Corte pudiere adoptar alguna medida urgente para poner término a la situación que afecta al recurrente, teniendo especialmente en consideración lo pedido por éste en cuanto a dejar sin efecto el descuento referido y la devolución del mismo, el que ha sido efectuado por la recurrida Caja de Compensación La Araucana, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción constitucional interpuesta por haber perdido oportunidad.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-39291-2021.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por el Ministro señora Dobra Lusic Nadal, el Ministro (S) señora Maria S. Jorquera Binner y el Abogado Integrante señor Joel Arturo Gonzalez Castillo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.