nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, dependiente, cédula de identidad N° RUT reservado, quien interpone recurso de protección a su favor, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, en razón del acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el descuento de parte de sus remuneraciones, estimando vulnerada la garantía contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que pide ordenar a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración de la recurrente, restituir los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, con costas.

Para fundar su recurso expone que con fecha 8 de septiembre de 2017, suscribió el pagaré Nº 202.RUT reservado, a favor de la recurrida, por la suma de $2.603.467, por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 18.010, pagaderos en 36 cuotas mensuales y sucesivas de $107.362.

Agrega que perdió su única fuente de ingresos, terminando la relación laboral con su empleador, y al quedar sin trabajo vio perjudicada su situación económica, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento de fecha 30 de abril de 2018, añadiendo que por esta razón la recurrida la demandó ejecutivamente, específicamente el 29 de octubre de 2018, iniciándose la causa Rol C-34048-2018, tramitada ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”

Refiere que en el proceso antes indicado opuso la excepción contenida en el numeral 17° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, “prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva”, la que fue acogida por sentencia de 24 de septiembre de 2020.

Explica que pese a existir una sentencia ejecutiva en que se declaró prescrita la acción cambiaria, al momento de recibir su liquidación de sueldo del mes Agosto de 2021 advierte que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada, debido a un descuento por la suma de $160.841.- por concepto “PRESTAMO CCAF”, el que comenzó a ser aplicado en el mes de junio de 2020, de manera discontinua, lo que motivo que no se diera cuenta, por igual cantidad de dinero, privándole injustificadamente de la suma $1.880.656.

Manifiesta que jamás fue informada previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida, sosteniendo que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar ninguna información previa al recurrente ni a su empleador.

Segundo: Que, evacuó informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien pide el rechazo del recurso.

Alega que otorgó a la señora nombre reservado la operación de crédito código RUT reservado, por un capital de $2.603.467.- a una tasa de 2.09%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota de $107.362.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de noviembre de 2017.

Añade que las cuotas del mes de octubre de 2019 a octubre de 2020 N 24 a N 36, se encuentran en mora, con el estado cobranza en judicial, por lo que en la especie, se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Previo contexto del carácter de los créditos que otorga, refiere que el hecho que haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a la recurrida ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

Indica que la deuda que actualmente se cobra mediante descuentos en la remuneración de la recurrente, conforme al mecanismo establecido el artículo 22 de la Ley Nº18.833, no emana del pagaré cuyo cobro se intentó en la causa ejecutiva tramitada contra la recurrente, sino que su fuente corresponde al contrato de mutuo suscrito entre la recurrida y la recurrente con fecha 8 de septiembre de 2017, cuya acción de cobro se encuentra plenamente vigente, refiriendo que la prescripción debe ser declarada judicialmente, y que habida consideración a que el mutuo en cuestión mantiene en morosidad aquellas cuotas cuyo vencimiento van desde julio de 2017 a diciembre de 2018, es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno.

Tercero: Resulta pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Cuarto: Que, debe acentuarse que esta acción constitucional está destinada a dar protección a derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, lo que no acontece en este caso.

Quinto: Que, en efecto, el recurrente sustenta su pretensión en la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados, los que responden a un crédito que le fue otorgado por parte de Caja recurrida durante 2017, el que dejó de pagar en abril de 2018 y, en ese contexto, esgrime la supuesta extinción por prescripción de la deuda, lo que hizo valer en el juicio respectivo, circunstancia que, a su juicio, tornaría en ilegal y arbitraria la aludida actuación. En cambio, la Caja de Compensación sostiene que está cobrando el mutuo, actualmente exigible, cuya acción de cobro no se encuentra prescrita y que, en todo caso, la prescripción debe ser declarada judicialmente, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente, la obligación existe y es plenamente exigible, y está facultado para efectuar el cobro de acuerdo alo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Sexto: Que, luego de lo dicho, acontece que los derechos que la actora solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado está bajo discusión, sin que exista un pronunciamiento judicial sobre la falta de exigibilidad que la recurrente reclama, situación que no puede ser determinada por medio de esta vía.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra señora Melo.

Protección N°39290-2021.