G4S SECURITY SERVICES LIMITADA con DIRECCION DEL TRABAJO

Santiago, cuatro de julio de dos mil dieciséis.- Vistos:

1.-) A fojas 7, comparece don Matías Adolfo de la Lastra Jara, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de G4S Security Services Limitada, sociedad comercial domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por su Director Nacional, don Christian Sergio Melis Valencia, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto la recurrida ha vulnerado derechos fundamentales de la recurrente al someterla a un procedimiento administrativo irracional e injusto, con vulneración a las disposiciones legales expresas sobre la sustanciación de los actos administrativos , al haber sustanciado un acto administrativo sobre los mismos hechos sobre los cuales versaba un acto administrativo terminal anterior emitido por la misma recurrida, sin que se hubiere previamente invalidado o dejado sin efecto el primer acto administrativo.

En cuanto a los hechos, señala que la recurrida es una empresa cuyo rubro es la seguridad privada, que presta servicios en obras o faenas de terceros y para ello, contrata personal para desempeñarse en distintos cargos, entre los cuales están, guardias de seguridad, supervisores, jefes de grupo, etc. Agrega, que la empresa administradora de la faena Mall Plaza Vespucio, durante el presente año, comunicó a su representada que había decidido disminuir la dotación de supervisores de seguridad, lo que motivó que en abril de 2016 despidiera a 18 trabajadores por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, entre los que se encontraba el señor nombre reservado, quien una vez notificado del despido reclamó por escrito que ello era ilegal ya que a su juicio gozaba de fuero sindical por ser dirigente de la “ Federación de Sindicatos de Trabajadores de Chile “.

Refiere que luego de una exhaustiva revisión de los antecedentes de la Federación y eventual fuero del señor nombre reservado, pudo concluir que conforme el Ordinario N° 5.215 del año 2014 de la recurrida que responde a una consulta que él mismo le hiciera, cualquier fuero no le era oponible a la recurrente, porque ninguno de sus trabajadores, incluso él, se encuentran afiliados a ninguno de los sindicatos que constituyen la base de la Federación citada.

Expresa que el 05 de mayo de 2016, a raíz de una denuncia del señor nombre reservado, por vulneración de derechos fundamentales, la recurrida realizó una fiscalización en oficinas de la recurrente que estuvo a cargo de la fiscalizadora María Carolina Allán Urzúa y cuyo objeto era obtener toda la información para determinar si el fuero que él alegaba era o no oponible a la recurrente al tenor del Oficio antes citado. Agrega, que sobre el particular la recurrida emitió el Ordinario 723 el 12 de mayo de 2016 en el que se concluía que “ ante la imposibilidad de acreditar la existencia de los hechos que permitirían hacer oponible a la empresa denunciada el fuero esgrimido, se debe dar por finalizada la investigación y el correspondiente procedimiento, el que se entiende concluye con la No Constatación del derecho invocado, disponiéndose por tanto el archivo de los antecedentes, y por ello, esta Institución no presentará denuncia judicial de Tutela de Derechos Fundamentales.

Lo anterior, no impide que el recurrente Sr. nombre reservado, en forma particular, denuncie al Tribunal Laboral competente la Tutela del Derecho Fundamental que considere que ha sido vulnerado o lesionado…”

Añade que el documento anterior, es un acto decisorio en que la Administración se pronuncia sobre el fondo y el procedimiento concluye determinando que no fue posible constatar la existencia de fuero del denunciante, sin que la recurrente haya sido notificada que exista algún procedimiento de invalidación o tendiente a dejar sin efecto el Ordinario 723 transcrito.

Continúa exponiendo, que posteriormente, el 16 de mayo de 2016, se constituyó en oficinas centrales de la recurrente el fiscalizador señor nombre reservado, quien manifestó que lo hacía para fiscalizar la nombre reservado del trabajador nombre reservado, con fuero sindical. Añade que, no obstante habérsele exhibido copia del Ordinario N° 723 ya citado, insistió en que el trabajador debía ser reincorporado por gozar de fuero, lo que no fue aceptado por la recurrente, lo que motivó que levantara un Acta de Fiscalización por nombre reservado de un trabajador con fuero calificando la conducta de ilegal, precisando en el Acta respectiva que se aplicarán sanciones administrativas por infracción al artículo 174 del Código del Trabajo, si en una revisita no se ha corregido la infracción sin que haya mencionado el Ordinario N° 723 .

La recurrente, reprocha esta segunda fiscalización realizada transcurridos a tan sólo dos días hábiles de haber emitido el Ordinario N° 723, en circunstancias que el organismo ya había dado término al procedimiento sobre la procedencia del fuero con la dictación de ese instructivo, lo que constituye un acto irregular e ilegal, que carece de causa y atenta contra los derechos fundamentales de G4S.

En cuanto al fondo, la recurrente sostiene tener derecho a un debido proceso y señala que los Tribunales y los organismos de la Administración, deben someter su actuar a un procedimiento racional y justo, citando sobre el particular la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos aludiendo al artículo 51, en orden a que éstos causan inmediata ejecutoriedad con excepciones inaplicables al Ordinario N° 723 que puso término a la primera fiscalización. Señala las posibilidades para dejar sin efecto un acto administrativo que son la invalidación de aquellos contrarios a derecho ( artículo 53); el recurso de reposición y el recurso jerárquico ( artículos 59 y siguientes) y la revisión de oficio ( artículo 61).

Expresa que en el Acta de la segunda fiscalización, no se alude al Ordinario N° 723 dictado por la recurrida con ocasión de la primera y que , en consecuencia, al sustanciarse el segundo procedimiento en su contra se vulnera su derecho a que éste sea racional y justo, que exista un debido proceso lo que está vulnerado. Se ha llevado a cabo a la recurrente una segunda fiscalización, sin ninguna explicación y de esta forma la recurrida procede contra sus propios actos anteriores en que existe una resolución firme. La sustanciación de un acto administrativo al margen de normas legales, importa que G4S esté siendo objeto de una sanción por una Comisión Especial contraviniendo el artículo 7° de la Constitución Política de la República. En efecto, no hay ley que permita a la Dirección del Trabajo, iniciar un nuevo procedimiento respecto de un caso que se encuentra con resolución terminal y la única posibilidad para que la recurrida siga conociendo del asunto es invalidar el acto administrativo anterior con que concluyó la primera fiscalización.

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrente alega vulneración de la garantía de igualdad ante la ley ya que si bien es cierto en la primera fiscalización fueron escuchados G4S y el trabajador, en el segundo procedimiento, sólo éste ha sido escuchado sin perjuicio que no se consideró que el tema se había resuelto sólo ha escuchado al trabajador.

Termina pidiendo que esta Corte, acogiendo el recurso declare que la recurrida, al dictar el “ Acta de Fiscalización por nombre reservado con Fuero Laboral” de fecha 16 de mayo de 2016 suscrita por el fiscalizador señor nombre reservado, ha actuado de manera arbitraria e ilegal en los actos que dicen relación con el segundo procedimiento y que por ello, deberá atenerse a lo que resolvió en el Ordinario N° 723 de 12 de mayo de 2016.

2,-) A fojas 30, el abogado Isaías Rodríguez Reyes, actuando en representación de la recurrida, informa, que en relación con el caso que interesa, existieron los Informes de Fiscalización N° 1308/2016/1364 y N° 1388/2016/45.

El primero, responde a una denuncia del señor nombre reservado que recibió la recurrida , por haber sido despedido por necesidades de la empresa, en circunstancias que alegaba tener fuero sindical en su calidad de Director de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Chile, debiendo G4S contar con la autorización de desafuero respectiva. En este procedimiento por vulneración de derechos fundamentales, activado por la Inspección Comunal de Santiago Sur Oriente, luego de analizar antecedentes proporcionados por la recurrente, se concluyó que no era posible instruirle la reincorporación del trabajador por las razones dadas en el Ordinario N° 723.

El segundo, responde a un nuevo requerimiento del trabajador en que hizo presente al Director del Trabajo, que en la causa RIT 0-5383-2014 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se rechazó la petición de desafuero del señor nombre reservado que planteara la recurrente y que por este motivo no se encontraba autorizado judicialmente para proceder a la separación provisional del cargo y/o despido del trabajador, ya que ello implicaría vulneración de derechos fundamentales. Se informó a la recurrente que debía abstenerse de llevar a cabo el despido del señor nombre reservado y, no obstante haber sido notificado de ello, no se allanó a la reincorporación. A raíz de esto, citó a las partes al Centro de Conciliación y Mediación DRT Metropolitana Oriente a una mediación instancia que terminó sin acuerdo.

Refiere que la recurrida, se ha ajustado a derecho en su actuar y no hay atisbo de arbitrariedad en lo obrado, respetando todos los principios y normas aplicables al caso, siendo un deber de la administración acatar y cumplir los fallos de los Tribunales de Justicia y que en este caso, la recurrida sólo buscó que se diera cumplimiento a una sentencia firme y ejecutoriada del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que había calificado la existencia de fuero del trabajador, lo que era oponible a la recurrente.

Finalmente, indica que no se dan los requisitos para la procedencia del recurso de protección toda vez que la recurrida ha actuado en forma legal, haciendo, asimismo, presente la inexistencia de un derecho indubitado y la materia no corresponde que sea resuelta en esta sede en que no hay derechos amagados que deban ser amparados por esta vía, insistiendo sobre la ausencia de arbitrariedad e ilegalidad.

3.-) A fojas 45, se hizo parte en el recurso don nombre reservado y en su presentación, señala que en los autos RIT. 0-5383-2014 del Primer Juzgado de Letras En Lo Laboral, por sentencia de 25 de junio de 2015, se rechazó la acción de desafuero intentada en su contra por la recurrente, agregando que desde su contratación el 08 de agosto de 2014 ha denunciado en forma permanente sus incumplimientos laborales.

4.-) A fojas 121, la abogado Ruzy Nora Mitrovic López, apoderada del señor nombre reservado, acompaña un CD y documentación con antecedentes de 1.698 multas por incumplimientos laborales de la recurrente cursadas por la Dirección Nacional del Trabajo en distintas oficinas a lo largo del país en los años 2014-2015, los que esta Corte tuvo por agregados al recurso.

A fojas 40 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como se ha sostenido en forma reiterada por esta Corte el Recurso de Protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, es una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. En consecuencia, es requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o bien, arbitrario o sea, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que, el acto que motiva el recurso en examen, está representado por el “ Acta de Fiscalización por nombre reservado con Fuero Laboral” de fecha 16 de mayo de 2016 del fiscalizador de la Dirección Nacional del Trabajo señor nombre reservado, en el que deja constancia que requiere a la recurrida la reincorporación del señor nombre reservado, por haber una resolución judicial que le había reconocido fuero, lo que la recurrente no se allanó a cumplir, actuación que sería arbitraria e ilegal por cuanto, la recurrida debió atenerse a lo que ella resolvió en el Ordinario N° 723 de 12 de mayo de 2016, esto es, que en un primer procedimiento de fiscalización, determinó que no existían antecedentes para estimar que el denunciante señor nombre reservado gozaba de fuero sindical.

Tercero: Que, entonces, en los hechos, el acto que motiva el recurso, se inscribe dentro de un procedimiento en el que la recurrida, fue requerida para constatar si la recurrente había dado cumplimiento a una sentencia judicial dictada en un juicio laboral en que se había rechazado la petición de desafuero intentada por G4S en contra el señor nombre reservado, de forma tal que es el Acta que da cuenta de la negativa de la recurrente a reincorporarlo, el acto que se considera arbitrario e ilegal con afectación de las garantías constitucionales que se estiman supuestamente vulneradas pues previamente, debía invalidarse el acto administrativo que recayó en el denominado, primer procedimiento. .

Cuarto: Que, de lo expuesto no cabe atribuir ilegalidad de la recurrida, cuando el fiscalizador en el acto administrativo que ataca la presente acción cautelar, concurre ante la recurrida a representarle que conforme una sentencia judicial de un Tribunal de la República se había rechazado la acción entablada por ella para obtener la autorización del desafuero del trabajador señor nombre reservado procediendo la reincorporación, procedimiento distinto al primero de carácter administrativo, que había concluido con lo señalado en el Ordinario N° 723, cuya invalidación previa no era requisito para validar el cometido del que se deja constancia en el Acta en que a la recurrente se le notificaba lo dispuesto por la judicatura.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la recurrida al proceder en lo que se ha denominado el segundo procedimiento, no estaba obligado a escuchar a las partes intervinientes en la controversia, lo que ya había sido acontecido ante el Tribunal de la causa, por lo que la alegación de la falta de un debido proceso por el que se insta en este recurso carece de causa.

Quinto: Que la actuación de la recurrida en lo que se ha denominado el segundo procedimiento, responde a las atribuciones legales que le competen para supervigilar la aplicación de las leyes de carácter laboral que garantizan los derechos de los trabajadores. En efecto, conforme al artículo 1 del DFL N° 2 , de 1967 es un organismo técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social al que, entre sus atribuciones, le corresponde fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, precisando su artículo 5 que a su Director le corresponde velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República. A su turno, su artículo 20 consagra que los Inspectores Provinciales, tienen en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social, salvo en las que le son privativas y por su parte el artículo 23 de la referida normativa, confiere a los Inspectores del Trabajo el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, añadiendo que los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituyen presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Sexto: Que ha sido en cumplimiento de sus funciones que la recurrida a través de sus fiscalizadores ha tenido presencia en la controversia existentes entre G4S y el trabajador señor nombre reservado, en términos tales que ante una situación clara y precisa resuelta por un Tribunal de la República, su intervención se ajustó a constatar si la recurrente había cumplido con aquello o dispuesto en un fallo judicial sin que para formalizar el acto representado en el “ Acta de Fiscalización por nombre reservado con Fuero Laboral” de fecha 16 de mayo de 2016, fuese imperativo, primero dejar sin efecto el Ordinario N° 7231 desde que, en este caso, lo resuelto a nivel administrativo, no habría sido compartido en la instancia judicial a la que finalmente, habrá que ajustarse.

Séptimo: Que, asimismo, no es dable motejar de arbitrario el acto administrativo cuestionado con motivo del segundo procedimiento de la recurrida, toda vez que en lo que interesa y que es la discusión de fondo, esto es, el rechazo de la demanda de desafuero y despido injustificado, fue adoptada por la judicatura y atribuirle arbitrariedad al órgano de la administración que constata si ello era cumplido constituye un reproche baladí. Como se ha sostenido por esta Corte, el ejercicio de las facultades legales de la recurrida no pueden reducirse a un mero formalismo, y para el caso de discrepancias con la administración, existen procedimientos para enjuiciar el mérito y la justificación de la decisión, aspectos ajenos al ámbito de una acción de naturaleza eminentemente cautelar.

Octavo: Que, consecuente con lo que se ha venido sosteniendo en los basamentos anteriores, no estando acreditados los supuestos básicos del recurso interpuesto, a saber la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, se desestimará el recurso, sin que sea menester analizar con mayor detención la vulneración de las garantías constitucionales que se denuncian desde que no existen antecedentes claros y precisos para suponer infracciones a las normas de un debido proceso y la igualdad ante la ley, ambas fundadas en apreciaciones subjetivas hechas valer por la recurrente.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, SE RECHAZA el deducido en lo principal de fojas 7, por don Matías Adolfo de la Lastra Jara, actuando en representación de G4S Security Services Limitada.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Guerrero Pavez .

Rol Protección Nº 39266-2016 Dictada por la Séptima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por la Ministra señora Pilar Aguayo Pino y el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

No obstante haber concurrido al acuerdo, no firma el Ministro señor Moya Cuadra por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Autoriza el (la) Ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, cuatro de julio de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.