CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE RENCA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO TALAGANTE

C.A. de Santiago Santiago, siete de agosto de dos mil dieciocho.

Al escrito folio 18, venga en forma.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se ha deducido recurso de protección por parte de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RENCA en contra de la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO NORTE por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de los Ordinarios Nº 518 y 519, ambos de 18 de abril de 2018, afectando sus garantías constitucionales previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que fueron objeto de una fiscalización con ocasión de dos denuncias, la primera, por no actualizar contrato de trabajo a lo menos una vez al año por el aumento de remuneración derivado del reajuste legal respecto de una trabajadora y, la segunda, por no otorgar beneficio de sala cuna a otra funcionaria. En razón de ello, se cursaron en su contra las Resoluciones de Multa Nº 8506/18/2, por 40 UTM y Nº 8506/18/3, por 153 UTM, respectivamente, ambas de 27 de febrero del año en curso, que le fueron notificadas el día 16 de marzo. Contra ellas, interpuso reclamo administrativo el día 16 de abril pasado y con fecha 10 de mayo fue notificada de los Ordinarios impugnados a través de la presente acción constitucional, en virtud de los cuales se declararon inadmisibles los recursos de reconsideración administrativa por no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Sostiene que la recurrida ha efectuado el cómputo del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo como días corridos y no hábiles administrativos, como es el parecer de la jurisprudencia nacional. Cita al efecto resoluciones de la Excelentísima Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones de Santiago.

Pide se ordene a la recurrida a dejar sin efecto las resoluciones recurridas, con costas.

SEGUNDO: Que informando la recurrida, solicita el rechazo de la presente acción constitucional, con costas. Ratifica que la notificación de las resoluciones de multa se efectuó el día 16 de marzo pasado y con fecha 16 de abril la recurrente presentó solicitud de reconsideración. Al efecto, sostiene que sus Ordinarios se ajustan a derecho, puesto que el plazo que la reclamante tenía para presentar la referida reconsideración era de 30 días corridos contados desde la fecha de notificación de la respectiva multa.

Indica que el plazo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo no puede asimilarse al del artículo 512 del mismo cuerpo legal, que contiene un vacío en cuanto a la forma de cómputo del mismo y, por ende, no se rige por lo dispuesto en el artículo 25 de la ley Nº 19.880. La primera de dichas disposiciones señala que la notificación se entenderá practicada al sexto día “hábil” contado desde la fecha de su recepción por la oficina de correos, de modo que si la intención del legislador hubiese sido computar el plazo de lunes a viernes lo hubiese establecido expresamente. Es así que la Dirección del Trabajo ha mantenido una postura única al respecto, computando el plazo del artículo 508 de días hábiles de lunes a sábado.

Conforme a lo anterior, concluye que se ha enmarcado en las facultades conferidas a la Dirección del Trabajo en la materia, determinando la legalidad de su actuación. En cuanto a la forma de cómputo del plazo, cita jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Por tanto, ante la ausencia de un acto arbitrario o ilegal y la falta de vulneración de las garantías que se denuncian conculcadas, pide el rechazo del presente recurso de protección.

TERCERO: El llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales, frente a menoscabos por acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. En tal sentido, se ha considerado que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

CUARTO: En la especie, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por los Ordinarios Nº 518 y 519, ambos de 18 de abril de 2018, en virtud de los cuales se declaró que dicho servicio no estaba habilitado para conocer de una solicitud de reconsideración, en razón de que la misma no se presentó dentro del plazo legal;

QUINTO: Es preciso remarcar que esta acción constitucional tiene un carácter marcada y esencialmente cautelar, de tutela de urgencia, de manera que no puede transformarse en un sustituto jurisdiccional porque –de ocurrir ello-, se distorsiona su naturaleza;

SEXTO: Ahora bien, la circunstancia de que el artículo 20 de la Constitución Política de la República señale que la procedencia de la protección lo es “sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante los tribunales competentes”, solo confirma esa naturaleza cautelar. Lo que se quiere significar con ese enunciado es que el resultado de la acción constitucional no obsta a las posteriores declaraciones que puedan efectuarse por la sede jurisdiccional respectiva. Empero, no implica que puedan superponerse las acciones o que una reemplace a la otra, ni menos quiere decir que puedan efectuarse declaraciones a través de este medio;

SEPTIMO: La distorsión que se viene señalando se produce en este caso, porque el artículo 512 del Código del Trabajo confiere al administrado el derecho a la correspondiente reclamación judicial, incluso para impugnar la supuesta extemporaneidad de su reconsideración. Prueba de ello es que la situación planteada en esta causa es motivo de frecuentes pronunciamientos tanto por los Juzgados de Letras del Trabajo como por esta misma Corte a través del recurso de nulidad laboral. Únicamente a modo de ejemplo: Roles 295-2011, 265-2011, 345-2013, 1353-17, 1970-15, 1046-2016, 1312-2014, 678-2017, 1963-2017, entre otros;

OCTAVO: En suma, el objeto de esta causa atañe a una cuestión de estricta interpretación de ley o de aplicación del derecho, en términos que no puede ser un asunto que motive y justifique la intervención reclamada, por medio de una acción constitucional de esta índole.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por la Corporación Municipal de Renca.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-39203-2018.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministro (S) señora Inelie Durán Madina y por el Abogado Integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, siete de agosto de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.