nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparecen doña nombre reservado y don nombre reservado, en favor y por doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIA DE LOS ANDES y de CAJA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, por el acto arbitrario e ilegal consistente en que la segunda de las recurridas, a partir de los meses de agosto y septiembre del año 2021, dio instrucciones al empleador de la protegida para que descontara de su remuneración las sumas de $66.311 (agosto); $66.331 (septiembre); con motivo del crédito que le había otorgado la Caja de Compensación Los Andes hace más de 3 años, los que se encuentran con la deuda y acción de cobro prescritas como ya se habría resuelto en la causa rol C- 33556-2018 del 10° Juzgado Civil de Santiago, cuya sentencia fue emitida el 29 de julio de 2021, estando firme al momento de efectuar los descuentos.

Lo cual constituiría un acto arbitrario e ilegal que denuncian, y que perturbaría las garantías constitucionales establecidas artículo 19 Nº 3 y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Que la protegida, al momento de recibir su remuneración de septiembre de 2021, dentro de los emolumentos de descuentos previsionales, se percató de la existencia un descuento automático informado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por la suma de $ 66.311. Al revisar sus liquidaciones anteriores, pudo constatar que mismo descuento fue efectuado en agosto de 2021.

Indica que, en su oportunidad, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes interpuso demanda ejecutiva en su contra señalando ser titular del crédito contenido en pagaré N° 008CON100936179, de fecha 26 de febrero de 2018, por la suma de $1.777.132, más intereses. Agrega que en dicho proceso, con fecha 29 de julio de 2021 se dictó sentencia definitiva, en que se declaró prescrita la acción de cobro y se rechazó la ejecución.

Exponen que la protegida permaneció́ mucho tiempo sin trabajo, por lo que estuvo impedida de recibir una remuneración mensual y con ello pagar sus deudas por años. De esta forma, luego de recuperarse se reintegró al mercado laboral, con una remuneración líquida de $500.799. Sin embargo en el mes de agosto y septiembre de 2021, se le informa por su empleador que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, le ordenó a Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana descontar de sus liquidaciones de sueldo la suma de $63.311 mensuales, con ocasión de la deuda antes mencionada, mediante el mecanismo de descuento denominado “Convenio Intercajas”.

Sostienen que la recurrida, mediante el mecanismo de descuento mencionado, ha actuado arbitraria e ilegalmente al ordenar al empleador de doña nombre reservado descontar de la remuneración mensual señalada por el crédito solicitado con fecha 21 de febrero de 2018, ya que tanto la deuda como la acción de cobro se encuentran prescritas, como daría cuenta en la sentencia de la causa ejecutiva previamente mencionada, las que se habría transformado en una obligación natural, quedando su pago sujeto a la voluntad del supuesto deudor. Cobrándose así una deuda improcedente, haciendo caso omiso a la sentencia dictada por un tribunal de la República.

Continúan citando lo dispuesto en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, relativos a la prescripción.

Agregan que el accionar de la recurrida perturba y amenaza su legítimo derecho de propiedad sobre los dineros provenientes de su remuneración o sueldo mensual, importando una disminución de su patrimonio por el descuento arbitrario de la recurrida.

Afirman que en las circunstancias descritas, debe concluirse que las recurridas han actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833, concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan.

Sostienen que este proceder, manifiestamente arbitrario, de las recurridas, corresponde que sea declarado y se otorgue amparo a la recurrente, pues de lo contrario las Cajas de Compensación recurridas obtendrían un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrían mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estimen procedente Concluyen, solicitando acoger la presente acción, adoptando las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, y, declarar que la actuación de las recurridas en cuanto a la aplicación de los descuentos de sus remuneraciones son arbitrarios e ilegales y consecuencialmente, ordenarles que cesen los descuentos, y efectúen la restitución de los montos descontados de manera arbitraria o ilegal, durante los meses de agosto y septiembre de 2021 y todos los descuentos que a futuro efectué cualquiera de las recurridas, durante la tramitación del presente recurso, con expresa condena en costas.

Acompañan a su presentación los documentos que singularizan como sigue: 1. Boleta de Liquidación de Remuneraciones de nombre reservado, mes de agosto y septiembre de 2021, empleador en MUNICIPALIDAD DE RENCA, RUT RUT reservado. Demanda ejecutiva en autos ROL C-33556-2018 del 10° Juzgado Civil de Santiago. 3. Sentencia definitiva en autos ROL C-33556-2018 del 10° Juzgado Civil de Santiago, de fecha 29 de julio de 2021. 4. Captura de pantalla en SITCI de movimientos en Juicio ROL C-33556-2018 del 10° Juzgado Civil de Santiago caratulado “CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado”.

SEGUNDO: Que evacuando informe la recurrida Caja de Asignación Familiar de Los Andes, solicita que el mismo sea rechazado.

Expone que con fecha 21 de febrero 2018, otorgó a la protegida la operación de crédito código 008CON1009361 por un capital inicial de $1.777.132.-, a una tasa de interés de 2.08%, pagadero en un plazo de 42 meses, con una cuota mensual de $66.545., cuyo primer vencimiento correspondió́ el 30 de abril 2018. Que la cuota del mes de abril 2018 fue pagada con fecha 28 de septiembre 2021 a través de cobranza intercaja.

Agrega que a la fecha, la operación de crédito se encuentra manteniendo pendiente las cuotas de los meses de mayo 2018 a agosto 2021, cuotas N° 2 a la N° 41, en estado moroso..

Señala, en consecuencia, que en la especie se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Indica que dada su naturaleza de entidad de previsión social el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Cita al efecto lo dispuesto en artículo 22 de la Ley N 18.833:

“lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de compensación por un trabajador afiliado, deberá́ ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá́ por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Aclara que la deuda que actualmente se cobra mediante descuentos en la remuneración de la recurrente, conforme al mecanismo establecido el citado artículo 22 de la Ley Nº 18.833, no emana del pagaré cuyo cobro se intentó en la causa ejecutiva ROL C-33556- 2018 del 10° Juzgado Civil de Santiago, sino que su fuente corresponde al contrato de mutuo entre la recurrida y la recurrente con fecha 21 de febrero de 2018.

Sostiene que si bien en los hechos, el pagaré en cuestión fue suscrito a modo de garantizar el pago de una de las operaciones de crédito que le fueron otorgadas al recurrente, jurídicamente se trataría de un título abstracto, cuya acción de cobro es totalmente independiente de aquella que emana del contrato de mutuo celebrado entre las partes, y cuya deuda es la que actualmente se cobra a través del mecanismo establecido en la Ley Nº 18.833.

Afirma, que no habría vulneración al artículo 19 No 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833.

Acompaña a su presentación los documentos que singulariza como sigue: 1. Contrato de mutuo suscrito por mi representada y doña nombre reservado con fecha 21 de febrero 2018. 2. Dictamen 2659-2020 de la SUSESO, de fecha 12 de agosto de 2020.

TERCERO: Que, a su turno, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana evacuó informe solicitando igualmente su rechazo.

Expone que la recurrente no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, dicha Caja, a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de esta, ha informado a su empleador la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento y remesando estos a la Caja de Compensación, en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar – Cajas de Chile A.G.. Agrega que a la fecha se han remesado dos descuentos a Los Andes C.C.A.F., correspondientes a agosto y septiembre 2021 por la suma de $66.331 pesos, cada uno.

Señala que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los regímenes legales de carácter previsional y de prestaciones de bienestar social. Refiere también el origen del sistema Intercajas y reitera lo señalado respecto de la potestad contenida en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833. Asimismo cita lo dispuesto en los artículos 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, 58 del Código del Trabajo y las Circulares N°2052 y N°3567 emanadas de la Superintendencia de Seguridad Social, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados.

Concluye afirmando que, en consecuencia, no ha privado, perturbado o amenazado derechos y garantías constitucionales de la actora por cuanto en todo momento, ha obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá́ de la normativa vigente que regula esta materia.

Acompaña a su presentación los documentos que singulariza como sigue: 1. Ordinario N°67989, de 13 diciembre 2016, de la Superintendencia de Seguridad Social. 2. Dictamen N°4527/093, del 2011, de la Dirección del Trabajo. 3. Dictamen N°2659, de 12 agosto 2020, de la Superintendencia de Seguridad Social. 4. Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo, Implementación y Operación del Sistema Nacional de Información de Cajas de Compensación celebrado entre Cajas de Chile A.G. y Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A. de fecha 15 de abril de 2013 y Contrato y Mandato del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de 15 de abril 2013.

CUARTO: Que es menester recordar que como reiteradamente se ha expresado, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que en caso de autos la protegida no discute el otorgamiento de un crédito por parte de la recurrida, pero sostiene que este estaría prescrito, razón por la cual resulta ilícito e ilegal su actual cobro.

SEXTO: Que acerca de esta materia resulta conveniente tener presente que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, corresponden a un beneficio de bienestar social destinado a apoyar al trabajador dependiente, respecto de los cuales la retención de las remuneraciones se encuentra normativamente establecida en el primer inciso del artículo 22 de la Ley N° 18.833, en concordancia con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el artículo 22 inciso primero de la Ley N° 17.322, y el artículo 58 del Código del Trabajo; normas que establecen que las deudas de créditos sociales a una Caja por un trabajador afiliado deben ser deducidos de sus remuneraciones por la empresa afiliada, retenidos y remesados a la Caja acreedora.

En la misma línea de razonamiento, con arreglo al citado artículo 22 , y lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

SEPTIMO: Que, cuanto a la pretendida prescripción de la acción de cobro alegada en el libelo, es menester señalar que de los antecedentes aparejados aparece que la prescripción declarada dice relación con el pagaré que se cobró ejecutivamente, en tanto en la actualidad lo que se está cobrando a la protegida mediante el descuento mensual de sus remuneraciones es la deuda, emanada de un contrato de mutuo celebrado entre las partes.

A lo anterior cabe agregar que la presente vía cautelar de urgencia no es el mecanismo apropiado para discutir tales asuntos, propios de un pronunciamiento enmarcado en un juicio de lato conocimiento ( en tal sentido, Excma. Corte Suprema, en causa rol N°15.032-2016), razón por la que la presente acción constitucional no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir al actor OCTAVO: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la remuneración de la actora las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción: Ministro Dobra Lusic Protección Nº39174-2021 Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señora Dobra Lusic Nadal, señor Alejandro Rivera Muñoz la Ministra señora Jenny Book Reyes.

No firma la Ministra señora Book, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.