nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron en la vista de la causa los abogados don Óscar Cáceres Contreras, por el recurrente y don nombre reservado, por la recurrida. Santiago, 16 de marzo de 2017.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

Proveyendo escritos folios 100084: A lo principal: téngase presnete; al otrosí; a sus antecedentes.

Al escrito folio 100227: A todo, téngase presnete Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Óscar Cáceres Contreras, abogado, en representación de nombre reservado, gendarme segundo, grado 24 EUS, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, por estimar que se han conculcado en forma ilegal y arbitraria, las garantías constitucionales del artículo 19 numérales 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la Republica, al decretar el “DFL N° 2/1968 de Carabineros de Chile” (sic) con fecha 08 de septiembre de 2016, por los fundamentos de hecho y derecho que a continuación expongo:

Pide se deje sin efecto lo decretado por Gendarmería de Chile a través del DFL N° 2/1968 de Carabineros de Chile con fecha 8 de septiembre de 2016, esto es, dejar sin efecto el retiro temporal de la Institución; y se deje sin efecto la medida aplicada de multa del 5% de remuneración mensual.

Funda su pretensión cautelar en que tras el sumario administrativo ordenado instruir en la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería, por disposición de la Resolución Ex. N° 243, de 21 de enero de 2016, en dicho proceso se determinó aplicar la medida disciplinaria de “multa de un cinco (5%), de la remuneración mensual” contemplada en el artículo 121°, letra b) en concordancia con el artículo 123°, letra a) de la Ley N°18.834, por la responsabilidad administrativa, al supuestamente no observar las disposiciones contenidas en el mencionado cuerpo legal, en lo que se refiere a las obligaciones funcionarias, Art. 61°, letras g) e i) de la Ley 18.834.

Señala que la medida disciplinaria se sustenta en haber arrojado positivo Marihuana THC en un control periódico de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, para el personal de Gendarmería. Sin embargo, precisa que nunca ha sido consumidor de sustancias prohibidas y así lo demuestra la contra muestra negativa del Laboratorio Clínica Medicina Nuclear que consta a fojas N° 338 del expediente sumarial. Pese a estos antecedentes, el proceso sumarial solo rebajó la medida disciplinaria, pero no desestimó los hechos que sustentan la medida aplicada.

Agrega que posterior a la aplicación de la medida disciplinaria el recurrente fue notificado del llamado a retiro de la Institución por medio del acta de notificación que da cumplimiento al Oficio Reservado N° 1697, de 17/11/2016, del Sr. Director Regional Metropolitano de Gendarmería de Chile, en relación a la Resolución N° 142/339/2016, de 05 de septiembre de 2016, la cual se encuentra tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 8 de septiembre de 2016 y dispone la siguiente resolución:

1.- Que se dispone el retiro temporal del actor de Gendarmería de Chile, a contar de la total tramitación del respectivo acto administrativo;

2.- Que a contar del día miércoles 23 de noviembre del presente año, el recurrente debe cesar en sus funciones en la Institución;

3.- Que deberá hacer entrega del cargo fiscal que mantenga en su poder y Tarjeta de Identificación Personal (TIP), y/o cualquier otra especie fiscal que le haya sido asignada.

4.- Finalmente, se le hace entrega de una copia del Of. N° 1697, de fecha 17 de noviembre de 2016, de la Superioridad Regional Metropolitana, y se adjunta la Resolución N° 142/339/2016, de fecha 05/09/2016.

Sostiene que en el llamado a retiro temporal se señala: “3.- Que, el funcionario, nombre reservado, con su obrar, ha lesionado gravemente el prestigio, la imagen institucional, la doctrina formativa y los fines institucionales de Gendarmería de Chile y atendido los antecedentes que dan cuenta de los hechos consignados en el considerando anterior , que han sido debidamente ponderados, tanto en su pertinencia, conveniencia y oportunidad, esta Autoridad Superior ha estimado procedente llamar a Retiro Temporal al funcionario, don, nombre reservado, RUN N° RUT reservado, Gendarme Segundo grado 24° E.U.S, de la Planta de Suboficiales y Gendarmes de Gendarmería de Chile, de dotación del C.D.P. de Vallenar”.

Indica que el 29 de noviembre pasado, el recurrente interpuso recurso jerárquico para reconsiderar medida de retiro temporal de la Institución.

Precisa que la medida de retiro temporal de la institución es, en los hechos, la aplicación de una segunda pena sobre el mismo hecho. Indica que la sanción aplicada tras el sumario administrativo es el descuento del 5% de la remuneración mensual, esto es, el mínimo en que puede ser aplicada dicha multa. Sin embargo, añade que se le aplicó la medida de retiro temporal de la institución, por los mismos hechos. Es decir, una de las sanciones máximas a las que puede verse expuesto un funcionario público, careciendo de esta forma de toda proporcionalidad entre la medida aplicada tras el sumario y el retiro de la institución.

Sostiene que esta situación ha significado una amenaza a la integridad física del recurrente, ya que dentro de los efectos propios de la injustificada medida adoptada conlleva la ausencia de los fondos monetarios para solventar eventuales problemas ordinarios o extraordinarios de salud.

A su vez, adiciona que la situación conlleva una grave perturbación a su integridad psíquica, toda vez que la desproporción de las sanciones aplicadas ha provocado la privación de su sustento económico de forma vil provocando una angustia innecesaria y sin justificación racional de por medio.

Puntualiza que el segundo derecho conculcado es el establecido en N° 2 de del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley, toda vez que ante normas idénticas, en los hechos se aplica de forma parcial hacia su persona, vulnerando la garantía constitucional en comento, fundado en la aplicación de dos sanciones por el mismo hecho, sin una proporcionalidad mínima entre ambas, cuestión que lo ubica en una posición de trato desigual en relación al resto de los ciudadanos.

Agrega que el tercer derecho vulnerado es el debido proceso, ya que el procedimiento administrativo, teniendo pruebas científicas que desdicen el informe preliminar sobre consumo de sustancias prohibidas, aun así determinó aplicar una medida disciplinaria menor, cuyo resultado llevó a la Institución a tomar la medida del Retiro Temporal de la misma.

Estima que nos encontramos ante la vulneración del principio non bis in ídem, constituido por la prohibición de que una misma persona sea juzgada y/o sancionada dos veces por un mismo hecho.

Concluye que al partir de un proceso viciado, con una valoración de la prueba allegada, se determinó aplicar una sanción menor, para luego, sobre la misma base y hechos aplicar una de las sanciones máximas que entrega el ordenamiento jurídico a Gendarmería de Chile, vulnerando de esta forma principios taxativos e implícitos de nuestra Constitución Política de la República.

Explica que también se ha conculcado la protección de la honra, establecida en el numeral cuarto del catálogo de derechos fundamentales de la Constitución, la que es violentada como resultado de las medidas aplicadas, ante sus compañeros de profesión, superiores y cercanos, dado que su buen nombre y reputación han sido perjudicados en sobremanera.

Señala que es insoslayable que el recurso de protección es procedente tanto en la amenaza, perturbación o vulneración de una garantía constitucionalmente protegida y si bien desde septiembre del año 2016 que se ha visto amenazado en sus garantías constitucionales, no es sino hasta el 21 de diciembre pasado en que ocurre la vulneración material de las garantías objeto de la presente acción.

Por otro lado, refiere que el 29 de noviembre fue interpuesto recurso jerárquico en relación a la aplicación del retiro temporal, sin que a la fecha exista respuesta que satisfaga las justas pretensiones del actor.

Segundo: Que, comparece don nombre reservado, Director Nacional (S) de Gendarmería de Chile, quien evacua su informe solicitando el rechazo del recurso de protección intentado.

Funda su resistencia en que el protegido ingresó al Servicio con fecha 18 de marzo de 2013, acumulando a la fecha 14 anotaciones de demérito y 3 sumarios administrativos iniciados en su contra, de los cuales en uno se aplicó “censura”. De los sumarios administrativos incoados en contra del ex funcionario destaca, el instruido por Resolución Ex. N°243 de 21 de enero de 2016, con ocasión de consumo o tráfico de drogas y alcohol, siendo sancionado con Multa de 5% de su remuneración mensual.

Hace presente que mediante Resolución N° 94, de 10 de enero de 2017, el Sr. Director Regional Metropolitano (S), Coronel nombre reservado, dispuso la reapertura del sumario administrativo ordenado por Resolución Exenta N° 243/21/01/2016, habida consideración del mérito que arrojan las diligencias del proceso y lo dispuesto en el artículo 140 inciso 2°, de la Ley N°18.834, a objeto de afinarlo correcta y definitivamente.

Señala que según consta en este acto administrativo, dicha decisión fue adoptada para dar cumplimiento a lo ordenado en Minuta N°8, de 4 de enero de 2017 del Abogado Jefe del Área Jurídica Regional, don nombre reservado. Sobre el particular, constituye un imperativo consignar que las observaciones contenidas en la mencionada minuta están referidas a otros funcionarios objeto de la investigación sumarial, no habiendo reparos o corrección alguna respecto de la tramitación o gestiones referidas al protegido Sr. nombre reservado.

De acuerdo al Proceso de Calificación anual que tiene por objeto evaluar el desempeño del personal afecto al D.F.L. N°1791 “Estatuto de Personal Perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile”, en el período 2013 - 2014 fue calificado en Lista N° 1, denominada lista de Distinción. Cabe señalar que en los periodos calificatorios año 2014 - 2015 y año 2015 - 2016 en Lista N°2, Buena, por lo que queda de manifiesto la baja que ha tenido su desempeño funcionario.

Señala que en relación a la alegación del recurrente de que nunca ha sido consumidor de sustancias prohibidas, lo que demostraría presentando contra muestra realizada en laboratorio “Clínica Medicina Nuclear’’, dicha muestra es completamente extemporánea y no se acoge a los protocolos establecidos por el Laboratorio encargado de realizar los exámenes en el Servicio de Gendarmería de Chile. Agrega que los hechos ocurrieron en el mes de octubre del año 2015, cuando el personal de delegados de prevención y control de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicos del personal de Gendarmería de Chile, conjuntamente con el personal del Laboratorio Corthon Quality (Chile), realizaron examen que se encuentra regulado por el Decreto N° 944, que consistió en una toma de muestra de orina código N° 48934 que, tras ser sometida al análisis preliminar y resultado confirmatorio, arrojó positivo ante la presencia de THC.

Ante estos hechos, indica que el protegido no presentó dentro del plazo establecido una segunda contra muestra de examen, sino hasta el mes de julio del año 2016 que se realizó la notificación de los artículos 131, 132 y 133 del Estatuto Administrativo, en cuya oportunidad manifiesta no tener causales de implicancia o de recusación en contra de los miembros de la Fiscalía Administrativa.

Agrega que el 8 de junio del año 2016 el protegido presta declaración voluntaria que rola a fojas 72 del sumario administrativo, a consecuencia de la “Formulación de Cargos” y presentó escrito de descargos que rola de fojas 384 a 389 de la pieza sumarial instruida. Reitera que el sumario administrativo se encuentra en proceso de reapertura por cuanto sus piezas son secretas, motivo por el que no se acompañan al presente informe.

Respecto a la sanción impuesta en sumario administrativo al ex funcionario nombre reservado, en lo relacionado a la contra muestra “negativa”, la Fiscalía Administrativa desestimó la prueba debido a que fue presentada nueve meses después de los resultados preliminares, aplicando finalmente una sanción de multa del 5% de sus remuneraciones mensuales. Señala que el artículo 119 del D.F.L. N° 29, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, establece: “Ei empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias”. El inciso 2° de este artículo establece: “Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo”.

Los artículos siguientes de esta ley, se refieren a las medidas disciplinarias en particular y al procedimiento que se debe seguir para establecer la responsabilidad administrativa, otorgando al funcionario la posibilidad de interponer las acciones o recursos correspondientes en el evento que se impusiere alguna medida disciplinaria.

Luego de citar dictámenes de la Contraloría General de la República relativos a la forma de sustanciar los sumarios administrativos, señala que la dictación de la Resolución Trámite N°142/339/2016, de 5 de septiembre de 2016 debidamente notificada al ex - funcionario Sr. nombre reservado, corresponde a una facultad discrecional de la Jefatura de Servicio y que dice relación con la evaluación objetiva del comportamiento inadecuado y contrario a la normativa y lineamientos institucionales, considerando especialmente la gestión interna, la eficiencia, eficacia, continuidad y calidad del cumplimiento de las funciones y quehacer penitenciario, no resultando, por ende, el citado la persona idónea para el desempeño de esas labores atendiendo a la naturaleza de las mismas, decisión adoptada con absoluta independencia del Sumario Administrativo incoado en su contra.

Agrega que los antecedentes recabados del funcionario Gendarme Segundo grado 24° E.U.S., don nombre reservado, le fue detectado un consumo de marihuana (positivo A D THC) lo que fue informado a la Autoridad en el marco del proceso de control de consumo de sustancias prohibidas a funcionarios públicos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 20.000 de 2005 que sustituye a la Ley N° 19.366, que sanciona el Tráfico ilícito de estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y D.S NP 944 de 2011 del Ministerio de Justicia, que establece normas que aprueban reglamento que establece un procedimiento para la realización del control periódico de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, para el Personal de Gendarmería de Chile.

Así las cosas, indica el informante que, en su calidad de Director Nacional de Gendarmería de Chile y en atención a lo dispuesto en el artículo N° 109 del D.F.L. N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, que “Establece Estatuto del Personal de Carabineros de Chile”; lo prescrito en la Ley 19.195, del año 1993, que “Adscribe al personal que indica de Gendarmería de Chile al Régimen Previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile”, como asimismo a las facultades conferidas en virtud a lo establecido en la Ley Orgánica Institucional de Gendarmería de Chile, que mediante la Resolución Trámite procedió a llamar a retiro temporal de Gendarmería de Chile a don nombre reservado, Resolución que fue “tomada de razón” por la Contraloría General de la República el 8 de septiembre de 2016, acreditándose que se encuentra plenamente ajustada a derecho.

Refiere que el recurrente manifiesta que se ha actuado en forma arbitraria e ilegal y que se ha violado el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, como asimismo la vulneración y privación del legítimo ejercicio de la garantía de Igualdad ante la Ley, y que la medida adoptada carece de causa legal.

Estima que con los antecedentes expuestos se demuestra que no se ha cometido ningún tipo de acto u omisión arbitraria e ilegal que pueda amenazar, perturbar o restringir los derechos garantizados por la Carta Fundamental invocados por el protegido. Muy por el contrario, se ha actuado de conformidad a la normativa vigente y dentro del ámbito jurídico y facultades otorgadas al Director Nacional, sin que exista omisión alguna que transforme el acto administrativo cuestionado en ilegal o arbitrario.

Recalca que el llamado a retiro temporal en las funciones del protegido se produjo mediante Resolución Trámite dictada por la autoridad administrativa competente, esto es, el Director Nacional de Gendarmería de Chile, estableciéndose al efecto una fecha cierta del cese de las funciones. Dicha facultad se ejerció de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del DFL N° 29, de 2004, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. De la misma forma, indica que actuó conforme al D.L. N° 2859, de 15 de septiembre de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, que en sus artículos 4°, inciso 3° y 6°, números 1°, 10° y 24° establece los fundamentos legales que tuvo a la vista el Director Nacional para ejercer la facultad de llamar a Retiro Temporal al protegido, respaldado por dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos judiciales, tanto de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago como de la Excma. Corte Suprema.

Precisa que el acto reglado es el que se sujeta a la ejecución de ciertos preceptos normativos, en cambio el acto no reglado o discrecional es aquel que emana de la actividad de la administración del Estado, que se dicta en función de su facultad de administrar, sin entrar necesariamente a ejecutar una norma preestablecida, lo que obviamente, esta facultad no puede estar al margen del derecho, máxime cuando se considera una potestad jurídica de la autoridad ejecutora, procediéndose a emitir por ésta, actos jurídicos administrativos.

Colige que la decisión adoptada no es arbitraria ni tampoco ilegal, toda vez que la facultad ejercida por el Jefe Superior del Servicio se encuentra enmarcada dentro de los actos discrecionales que puede realizar la autoridad administrativa, dentro de las facultades concedidas u otorgadas por la misma norma, situación que claramente se produce en el caso sub lite y que de ninguna manera ha sido contra legem.

Con el propósito de reafirmar la legalidad del acto impugnado, hace presente que es profusa la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que ha manifestado invariablemente que es una facultad legal inherente al cargo que actualmente detenta el informante, la aplicación de las normas citadas. A modo de ejemplo, los siguientes Dictámenes: N° 33763, de fecha 22 de junio de 2010; N° 12623, de fecha 09 de marzo de 2010; N° 45473, de fecha 10 de agosto de 2010; N° 4040, de fecha 22 de enero de 2010; N° 72757, de fecha 03 de diciembre de 2010; y, N° 5962, de fecha 31 de enero de 2011.

A mayor abundamiento, en la Resolución Trámite N° 142/339/2016 del 5 de septiembre de 2016, que llamó a retiro temporal al Sr. nombre reservado se consigna: “Que, la decisión adoptada no constituye la aplicación de una medida disciplinaria, pues se trata de una determinación cuya naturaleza es esencialmente independiente de la eventual responsabilidad penal y/o administrativa que pudiera establecerse en el caso particular, constituyendo, en suma, la manifestación de una facultad legal que se funda en fas razones expuestas, que fueron debidamente ponderadas por esta Autoridad Superior y que se enmarcan en el ejercicio de (a correcta administración del servicio y de las funciones institucionales, en concordancia con las atribuciones que el ordenamiento jurídico me confiere” (sic).

En relación a las garantías constitucionales conculcadas, sostiene que la administración de forma o manera alguna ha transgredido la garantía del derecho a la vida e integridad psíquica, por cuanto el llamado a retiro temporal y su notificación se efectuó de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la Ley N° 19.880, que contiene las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración pública, y que dispone “Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro”.

En relación a la garantía de igualdad ante la ley, sostiene que al protegido se le aplicó en igual forma la norma jurídica relativa al retiro temporal que al resto de sus pares que han estado o incurrido en situaciones similares en el Servicio, por lo que no tiene asidero alguno la supuesta contravención reclamada por aquél.

En cuanto a la garantía del debido proceso señala que las diversas investigaciones administrativas incoadas en contra del protegido se han realizado con estricto apego a lo dispuesto por la Ley N° 18.834 y demás cuerpos legales, pudiendo formular las alegaciones del caso, siendo prueba de ello que se dispuso la reapertura del sumario administrativo dispuesto respecto de los funcionarios en que tras un control de drogas arrojaron positivo, entre los que se encuentra el Sr. nombre reservado.

En adición a lo anterior, acerca de la supuesta infracción al artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, relativo a “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, al estimar el recurrente que el retiro temporal de la Institución constituiría una afectación arbitraria e ilegal del trabajo que legítimamente ejercía el ex funcionario, del cual es privado por el actuar de la autoridad administrativa penitenciaria y previo a cualquier pronunciamiento o resolución derivada de las indagaciones realizadas por la fiscalía administrativa, acerca de si un hecho específico protagonizado por algún inculpado constituye o no una falta administrativa, es necesario precisar que, tal como ha sostenido el órgano contralor, “la circunstancia de instruirse un sumario administrativo, cuya finalidad es determinar responsabilidades por faltas cometidas y aplicar las sanciones respectivas, no impide que la superioridad correspondiente ejerza sus facultades en orden a llamar a retiro temporal al personal afectado por ese proceso, sin desmedro de que éste siga tramitándose hasta su normal término, anotándose en la hoja de vida del afectado la sanción que del mérito del sumario determine acorde con lo estipulado por el artículo 147 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo”.

En cuanto a la supuesta afectación al derecho a la honra, la tramitación de la pieza sumarial se realizó con las reservas del caso, no pudiendo endilgar a la recurrida la responsabilidad por la conducta del protegido, más aún a sabiendas de la prohibición que sobre él recae por la normativa interna de Gendarmería de Chile y el cuidado que ha de tener por su calidad de funcionario público.

Por tanto, de lo informado colige que no se han cometido actos que pudiesen haber perturbado, amenazado o conculcado derecho alguno del protegido, toda vez que el llamado a retiro temporal se encuentra conforme a derecho. En este orden de ideas, hace presente que se actuó dentro de las atribuciones que confiere el artículo 6° del D.L. N° 2.859, Ley Orgánica Institucional, como asimismo en virtud a lo establecido en el D.F.L. N° 2, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile y artículo 1° de la Ley N° 19.195, que adscribe al Personal que indica de Gendarmería de Chile al Régimen Previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, cuya legalidad han refrendado diversos dictámenes de la Contraloría General de la República, los que señalan que ello no supone la aplicación de una medida disciplinaria, sino que el ejercicio de una facultad legal, privándolo, por consiguiente, de toda arbitrariedad.

Tercero: Que en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Ficha Personal del ex - funcionario Sr, nombre reservado; 2.- Hoja de Anotaciones merito/demerito del ex – funcionario; 3.- Resolución TRA N° 142/339/2016, tomado de razón 8 de septiembre de 2016, Dispone Retiro Temporal; 4.- Resolución N° 94/2017, de 10 de enero de 2017, Dispone reapertura de sumario administrativo; 5.- Resolución que aplica medida disciplinaria N° 109, de 24 de agosto de 2016; 6.- Oficio Reservado N° 6/2016, de 2 de agosto de 2016, Remite informe año 2015 de la comisión de pesquisa de Drogas; 7.- Minuta N°8, de 4 de enero de 2017.

Cuarto: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la “ilegalidad” y la “arbitrariedad” pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, pero la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocida a un sujeto natural; y la segunda importa una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos. Comúnmente se estima que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea una manifestación del simple capricho del agente.

Sexto: Que, los actos impugnados son dos, a saber, la Resolución N°142/339/2016 de 5 de septiembre de 2016, notificada al recurrente el 17 de noviembre de 2017, por la cual se dispuso su retiro temporal; y la resolución dictada en el Sumario Administrativo por la cual se le aplicó una multa del 5% de su remuneración mensual.

Séptimo: Que, en relación a los actos impugnados, esto es, la resolución que dispuso el retiro temporal del recurrente y la resolución que aplicó la medida disciplinaria de multa, resulta pertinente precisar que el auto acordado de la Excma. Corte Suprema que regula esta acción constitucional señala que el plazo fatal para interponerla es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Octavo: Que, en consecuencia, el recurso deducido en la especie debe ser rechazado por extemporáneo. En efecto, no obstante que artificialmente el recurrente pretendió establecer que el recurso habría sido presentado dentro de plazo, contando para ello el plazo desde el 21 de diciembre, fecha en que habría dejado de percibir su remuneración, lo cierto es que el propio actor reconoce haber sido notificado de la Resolución que dispuso su retiro temporal el 17 de noviembre de 2016, motivo por el cual, desde dicha fecha se produjo la supuesta conculcación efectiva de las garantías que señala se encuentran lesionadas.

Noveno: Que, en relación a la medida disciplinaria de multa aplicada al recurrente, la misma fue dispuesta por resolución de 24 de agosto de 2016 y desde esa fecha ha de computarse el plazo para la presentación de la acción constitucional. No obstante el mérito de los documentos acompañados por la recurrida, aunados con el propio reconocimiento del recurrente, se establece que con fecha posterior se dispuso la reapertura del Sumario Administrativo para el solo efecto de disponer el envío de los antecedentes al Ministerio Público, conforme da cuenta el punto II, letra A de la Minuta [cuenta reservada] acompañada por la recurrida y para acompañar las certificaciones que den cuenta de las notificaciones, cuestión que no altera ni modifica la resolución sancionatoria, ni menos el cómputo del plazo respectivo.

Décimo: Que, pese a no estar acreditado en autos y con el solo mérito de lo señalado por el actor, en el sentido que presentó un recurso jerárquico, dicha presentación no varía el hecho que ha transcurrido con creces el plazo para la interposición de la presente acción constitucional, pues el recurso administrativo no interrumpe el plazo de treinta días que dispone el Auto Acordado sobre la materia. En efecto, lo que ha causado agravio al recurrente son las Resoluciones N°109/Interna y N°142/339/2016, de 24 de agosto y 5 de septiembre de 2016, respectivamente, por las cuales se dispuso, en la primera, aplicar una medida disciplinaria de multa, y en la segunda, en uso de la facultad contenida en la Ley N°20.426 y artículo 14 del D.S. N°944 de 2011 del Ministerio de Justicia, el retiro temporal de la mencionada institución del recurrente señor nombre reservado.

Si bien el artículo 54 inciso segundo de la ley 19.880 plantea que la reclamación administrativa –en este caso, recurso jerárquico- interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, más, como reiteradamente lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, tal interrupción no alcanza al plazo contemplado en el mencionado Auto Acordado para ejercer la acción que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, pues se trata éste, precisamente, de un arbitrio constitucional que no puede verse afectado por lo que señala la norma legal citada. Es decir, los plazos para ejercer acciones ante la judicatura se interrumpen por la interposición de una reclamación administrativa en contra del acto respectivo, con excepción del plazo de treinta días contemplado en el Auto Acordado de la Corte Suprema para deducir el llamado Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Undécimo: Que, en efecto, sobre este particular el más alto tribunal ha dicho que “es lo cierto que la norma del artículo 54 aludida se encuentra en completa contradicción con el artículo 20 de la Constitución Política de la República” pues el “recurso de protección se ha establecido como un estatuto jurídico sustantivo y procesal cuyo fin es amparar de manera eficaz, pero en procedimiento breve y sumario, determinadas garantías de rango mayor y de especial respeto, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, que afecten el legítimo ejercicio de tales derechos esenciales”, de modo que, continúa la Excma. Corte Suprema, “frente a la afectación del legítimo ejercicio de un derecho o garantía, expresamente protegido por el artículo 20 de la Constitución, se alza como contrapeso a dicho gravamen esta acción cuyo objetivo básico es, a través de providencias cautelares urgentes, restablecer el imperio del derecho. Es obvio que el ejercicio de esta facultad es jurisdiccional, pero por su relevancia se le exige a los tribunales, además, el ejercicio legítimo de sus facultades conservadoras cuyo sentido histórico y jurídico fue precisamente entregarle a este Poder del Estado, como función conexa relevante, la de asegurar el respeto de las garantías y derechos que la Carta Fundamental contempla en favor de las personas”, concluyendo que, de lo anterior, “emerge como una consecuencia básica que el amparo que asegura la acción constitucional deducida, no es condicional, ni accesorio, no puede interrumpirse, ni suspenderse en modo alguno, puesto que el texto del precepto busca como objetivo básico el poner pronto remedio, frente a los efectos que puede ocasionar, a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que prima facie, puede reputarse como arbitrario o ilegal y que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de tal derecho. Y desde esta perspectiva, el constituyente completó la idea, estableciendo en la parte final del inciso primero, que el ejercicio irrestricto de la acción de protección lo era sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes” (Rol 1717-2006). Y esta Corte hace suya dicha doctrina.

Duodécimo: Que de este modo, el llamado recurso de protección es compatible con el ejercicio de cualquier otra acción jurisdiccional y administrativa dirigidas a enervar los efectos nocivos de un acto que se dice ilegal o arbitrario, “compatibilidad que por su establecimiento de carácter constitucional prevalece respecto de cualquier intento legislativo que pretenda coartar el ejercicio de esta acción suprema, porque precisamente ese fue el espíritu del constituyente nítidamente manifestado en la discusión sobre el tema. En este sentido, sostener que una simple ley pueda impedir, interrumpir o suspender el derecho de esta acción, sería precisamente darle la razón al temor manifestado por los comisionados redactores del precepto en estudio, en cuanto a que por la vía de una norma de rango inferior a la Constitución se colocara límites al ejercicio legítimo que le asiste a toda persona de recabar de protección cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte garantías fundamentales”, como acota la Corte Suprema en el fallo citado.

Décimo Tercero: Que, en consecuencia, al haberse presentado el recurso de protección el 19 de enero de 2017, la acción constitucional intentada resulta absolutamente extemporánea como se ha analizado en los motivos precedentes, cuestión que conlleva a rechazo del arbitrio intentado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, por extemporánea, la acción constitucional deducida por don Óscar Cáceres Contreras a favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3913-2017.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega y la Ministro (S) señora María Paula Merino Verdugo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.