nombre reservado con TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

Santiago, once de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada, doña Jocelyn Tamara Labra Barrales, domiciliada en domicilio reservado, quien, actuando en favor de don nombre reservado, empleado, con domicilio en domicilio reservado, ha deducido recurso de protección en contra de la empresa Tanner Servicios Financieros S.A., representada por don nombre reservado, ingeniero comercial o por quien legalmente le represente o subrogue en sus derechos, ambos con domicilio en domicilio reservado, refiriendo como actos ilegales y arbitrarios, la serie de llamados telefónicos con los cuales, la recurrida, busca obtener el pago extrajudicial de una deuda que efectivamente mantiene con la empresa indicada, pero, que la misma, está siendo conocida en la Justicia Civil, lo cual, según pasa a expresar, estaría afectando las garantías constitucionales descritas en los N° 1° y 4° del Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene el recurrente que, ciertamente, es deudor de la empresa recurrida conforme con un crédito ascendente a la suma de $4.431.345.- y que consta en el pagaré que detalla, el cual, en la actualidad, está siendo cobrado por la vía judicial en la causa Rol N° C-14634-2015 del 17° Juzgado Civil de Santiago. No obstante lo anterior y pese a que el cobro de la deuda se encuentra judicializado, acusa que los dependientes de la recurrida, desde el mes de junio de 2015 hasta la actualidad, no han cesado en llamados de cobranzas, tanto a su domicilio como a su lugar de trabajo, señalando que, pese a que se encuentra prohibido, ponen en conocimiento de terceros sus deudas.

En tal sentido, señala que no desconoce el derecho que tiene la recurrida para intentar obtener el pago de la deuda, sin embargo, ello debe ceñirse a las disposiciones legales del caso y son aquellas que precisamente denuncia vulneradas. Así, postula que, en el caso en concreto, se ha infringido el artículo 37 incisos 3° y 5° de la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, el cual reza, en lo pertinente: “Entre las modalidades y procedimientos de la cobranza extrajudicial se indicará si el proveedor la realizará directamente o por medio de terceros y, en este último caso, se indicaran los encargos; los horarios en que se efectuaran, y la eventual información sobre ella que podrá proporcionarse a terceros de conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal. Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envió al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del código de procedimiento civil, y en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.”

Al efecto, indica que, quienes llaman a su parte, tan solo se identifican como trabajadores de Tanner S.A., jamás identificándose y realizando actuaciones ilegales y arbitrarias que importan un hostigamiento a la sana convivencia familiar del deudor, por lo tanto, asegura que se han visto vulneradas las garantías constitucionales que se indicaron, de allí que solicita que se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, derivado de las constantes y repetidas llamadas telefónicas efectuadas por sus empleados a mi cliente y su familia, tendientes a obtener el pago extrajudicial de la deuda que el señor nombre reservado tiene para con Tanner Servicios Financieros S.A, situación que data del mes de Junio del 2015 hasta la fecha, como asimismo, se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a restablecer el imperio del derecho, ordenando, entre ellas: a) Disponer a la recurrida abstenerse de efectuar llamadas telefónicas a mi favorecido y a su grupo familiar, tanto al hogar que comparten, a sus teléfonos personales a al lugar de trabajo de mi favorecido, toda vez que el pago de la deuda que intenta cobrar extrajudicialmente, ya están siendo tramitados por un tribunal de justicia; b) En subsidio, se ordene a la recurrida que se abstenga de efectuar llamadas telefónicas al lugar de trabajo de mi cliente y a sus hijos, con objeto de cobrar la deuda individualizada en estos autos; todo lo anterior, más el pago de las costas de la causa.

SEGUNDO: Que, comparece la recurrida, la cual inicia sus alegaciones realizando una enunciación de aspectos relativos al objeto de la empresa y luego pasa a detallar algunos pormenores respecto a la relación que lo vincula con el recurrente, señalando que su parte otorgó un crédito financiero al recurrente por la suma $4.585.043.-, ello para la adquisición de un vehículo. Agrega que otorgó facilidades para su pago en 48 cuotas mensuales, indicando que el recurrido solo pagó 5 cuotas, estando en mora desde octubre del año 2014, aseverando que, efectivamente, la deuda se encuentra judicializada, sin embargo, no ha podido obtener el cobro de su acreencia por dicha vía e incluso no ha podido incautar el vehículo prendado.

En este sentido, reconoce que sus dependientes han realizado llamados a la recurrente para obtener el cobro extrajudicial, aduciendo que no existe disposición legal que disponga alguna incompatibilidad de realizar ambas cobranzas, máxime cuando el deudor muestra una completa indiferencia a las resoluciones de la judicatura.

Finalmente, advierte los términos generales en que se han efectuado los actos fundantes de la supuesta vulneración de derechos, lo que, a su juicio, le impide configurar la vulneraciones que reclama el recurrente, ya que no ofrece ninguna prueba ni especifica los hechos, más bien parece la natural molestia de quien se resiste a pagar una deuda cuando su acreedor, legítima y moralmente, se lo reclama.

Así las cosas, asegura que no se han visto afectadas ninguna de las garantías que se enuncian y pide que se rechace el recurso presentado.

Tercero: Que, previo al análisis del fondo del Recurso, es preciso consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario todo aquello que implica antijuridicidad, violación o vulneración del ordenamiento jurídico- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntarismo de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de autos.

Quinto: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, se puede concluir que el acto impugnado ha existido por cuanto ha sido reconocido por ambas partes, sin que haya tenido mayor cuestionamiento por la recurrida, salvo que para ella resulta ser del todo compatible con las acciones judiciales que se encuentran en curso y lo justifica ante la imposibilidad de la falta de resultados de las última para obtener el pago de la deuda que se ha perseguido en contra del recurrente, sin que haya podido obtener la ubicación del vehículo para cuya compra se concedió el crpédito que se cobra.

Sexto: Que tal como se ha dicho en el motivo anterior, la existencia del acto que constituye el fundamento de hecho de este recurso al estar reconocido por las partes en disputa, se entiende que ha sido cometido por la recurrida en la forma descrita por la actora de protección, lo que resulta suficientemente para determinarlo como arbitrario ni ilegal, toda vez que no corresponde al ejercicio legítimo de una facultad que la legislación y la ley del contrato le otorga a la entidad recurrida, en la forma que dichos actos, consistentes en reiteradas llamadas telefónicas, tanto, a su domicilio, como a su trabajo y a familiares, fuera de los horarios permitidos por la ley, especialmente en la ley N° 19.496, excediéndose de dicho marco normativo y también afectando los derechos que establece la ley N° 19.628, sobre protección de datos personales.

Séptimo: Que amén de lo anterior, lo que resulta suficiente para tener los actos imputados a la recurrida como arbitrarios e ilegales, se suma para tenerlos como tales, la circunstancia que dicha deuda materia de los requerimientos telefónicos, que son verdaderos hostigamientos en contra del recurrente, se encuentran actualmente judicializada ante el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en causa 14.634-2015, que constituye actualmente la única forma legítima de obtener el cobro de la deuda, materia de los hostigamientos efectuados a quien actúa como recurrente en estos autos.

Octavo: Que de la forma como se ha razonado, los hechos denunciados y tenidos como ilegales y arbitrarios, afectan directamente las garantías constitucionales del recurrente, contenidos en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, su vida privada y honra, al hacerse saber en forma ilegal y arbitrarias a terceros distintos del actor la circunstancia de mantener éste deudas cuyo conocimiento se encuentra radicado ante el Tribunal Ordinario Civil correspondiente, a través de un proceso que es la forma como se debe proceder en estos casos; y asimismo, se ha afectado su derecho a su integridad psíquica de dicho recurrente, los que se encuentran debidamente protegidos por las normas constitucionales invocadas.

Noveno: Que, en virtud de todo lo razonado resulta forzoso concluir que en este caso la recurrida ha conculcado los derechos fundamentales ya referidos del actor de protección, con su actuar arbitrario e ilegal, que lleva necesariamente al acogimiento del presente recurso.

Y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se acoge el recurso deducido por doña Jocelyn Tamara Labra Barrales, en favor de don nombre reservado, en contra de la empresa Tanner Servicios Financieros S.A., en virtud de la cual dicha empresa recurrida debe cesar o abstenerse en forma inmediata de seguir con los actos de hostigamiento efectuados fuera de la ley, respecto del recurrente y su familia, para obtener el pago extrajudicial de la deuda que éste mantiene con la recurrida y que se encuentra debidamente judicializada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Poblete.

Protección N° 39.074 - 2017.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por la Ministra señora María Soledad Melo Labra y el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez.