ASOCIACIÓN GREMIAL TRANSPORTE DE PASAJEROS AEROPUERTO CHILE con SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIEN

Santiago, tres de Octubre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 16 de mayo de 2019, recurre de protección don nombre reservado, transportista, en su calidad de representante de la Asociación Gremial Transporte de Pasajeros Aeropuerto, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra de Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A., por el acto arbitrario e ilegal de restringir la libertad de trabajo unilateralmente y sin justificación alguna, constituyendo una grave vulneración a los Derechos y Garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2, 3, 7, 16 y 21 de la Constitución Política de la república, solicitando se acoja la acción constitucional, ordenando a la recurrida dejar sin efecto todas las acciones que denuncia, con expresa condena en costas.

Señala que se desempeñan como transportistas en el aeropuerto “Nuevo Pudahuel” de Santiago, y que en aquel lugar se han creado dos espacios (estacionamientos), para el uso de vehículos autorizados por el Ministerio de Trasporte para el traslado de pasajeros ya sea según decreto 212 (taxi ejecutivo) y DS 80 (transporte privado remunerado de pasajeros-turismo), espacios que son administrados por la recurrida, y para controlar el ingreso a dichas vías, se realiza un trámite administrativo, entregándosele a los conductores autorizados una tarjeta de ingreso, la cual se utiliza para entradas y salidas, debiendo pagar un canon por cada ingreso que asciende a la suma de $2.750 pesos.

Sostiene que con fecha 16 de abril, la recurrida implementó una nueva forma de ingreso, debiéndose los conductores registrar en una plataforma virtual, debiendo ingresar número de vuelo, nombre de pasajero, placa patente del avión, y la identificación de la empresa a la cual pertenece, generándose con esos datos un código QR para poder ingresar a los estacionamientos, fijando un plazo de estadía que no existía, máximo 2 horas y 30 minutos de estadía, pero, que dicha medida sólo afectó a algunos transportistas, y no a las empresas reconocidas del rubro (Apoquindo, Transvip, Delfos, Transfuturo), las cuales se mantiene con la antigua forma de ingreso a través de la tarjeta, generándose una discriminación arbitraria. Agrega que para el cumplimiento de la nueva disposición, han sido amenazados y amedrantados por dependientes de la recurrida y que además han establecido sanciones por el incumplimiento, sanciones consistentes en el bloqueo de ingreso al aeropuerto por 15 días, 30 días o bloqueo indefinido, aclarando que ni él, ni sus representados han suscrito contrato alguno que modifique los ya existentes.

Dicho acto constituye una grave privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales señalados en los números 2°, 3°, 7°, 16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, referidos al derecho a la libertad de trabajo y su protección. Finaliza solicitando que se acoja la presente acción constitucional, con costas.

Segundo: Que don nombre reservado en representación de la recurrida, evacuó el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso con costas.

En primer término señala que desde el año 1997 el Aeropuerto de Santiago fue concesionado y que desde el día 21 de abril de 2015 se encuentra a cargo de la “Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel”, siendo la concesionaria responsable de las vías exclusivas y controladas (VC), y a sus vez “Maxximiza S.A., es subconcesionaria de las vías controladas, desde el 2 de julio de 2013, debiendo ésta cumplir con las bases de licitación respectiva, controlando los accesos de los transportes públicos, debiendo implementar medidas para hacerlo eficiente, existiendo un reglamento de uso de las vías controladas.

Como excepción y defensa alega que el recurso resulta ser extemporáneo; toda vez que los recurrentes ya desde el mes de febrero del presente año sabían de la existencia del alza de tarifas. Alega, además, desde la perspectiva procesal el presente recurso debe ser rechazado por la naturaleza del asunto controvertido, debiendo ser de conocimiento de un juicio de lato conocimiento y no de una acción constitucional y además que la recurrente no es legitimaria activa para impugnar el ejercicio de la facultad de cobro de su representada, la facultad que ha sido ejercida dentro del marco de las atribuciones que le concede el contrato de sub-concesión, sin que su ejercicio halla importado alguna clase de lesión a las garantías de la actora.

Finaliza solicitando se rechace el presente recurso, con una ejemplar condena en costas.

Tercero: Que, como se ha dicho ya reiteradamente por esta Corte, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, conforme a lo que se viene indicando resulta requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta, debiendo interponer dicha acción en el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto: Que corresponde desestimar la extemporaneidad alegada por la recurrida, desde que con data 16 de abril de este año se ha dispuesto una nueva forma de acceso al sector estacionamientos, estableciéndose exigencias de tiempos de permanencia de tiempo en los mismos. Luego, al haberse interpuesto el recurso de protección, conforme a esos antecedentes, el día 16 de abril último, lo han hecho dentro del término establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia. Por lo que no resulta procedente la extemporaneidad imputada.

Sexto: Que resulta útil considerar que existe un contrato de concesión suscrito entre Maxxmiza y la concesionaria Nueva Pudahuel que considera la realización de todas las obras necesarias para prestar los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos exigidos en las Bases de Licitación, lo establecido en el Anteproyecto Referencial entregado por el MOP y las obras que no hayan sido proyectadas en el Anteproyecto Referencial, pero que son requeridas para efectos de la ejecución de las obras contempladas en las Bases de Licitación.

En dicho contrato se encuentra una serie de obras y servicios a ejecutar por el concesionario, dentro de los que se encuentra el servicio no aeronáutico obligatorio, esto es el servicio de gestión de la infraestructura asociada al transporte público.

Séptimo: Que la reglamentación sobre taxis y transportes que operan el aeropuerto, aparece regida en el DS N°212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 1992, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de pasajeros.

Dicha normativa contempla en el artículo 20 que “Los servicios de transporte público remunerado de pasajeros podrán prestarse con buses, trolebuses, minibuses y automóviles de alquiler. Con los últimos podrán prestarse las modalidades de servicio de taxi básico, de taxi colectivo y de taxi de turismo.”.

Por su parte, el artículo 72 del mismo cuerpo normativo, establece: “Los servicios de transporte de pasajeros en taxis podrán efectuarse en una de las siguientes modalidades:

a) servicio de taxi básico que atiende viajes cuyo origen y destino es determinado por los pasajeros que lo utilizan, pudiendo contar con paraderos.

Los taxis, cualquiera sea la modalidad de servicio que presten, podrán contar con el apoyo de sistemas de radiocomunicación o telefónicos, los que deberán ajustarse a la ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, y sus reglamentos.

b) servicio de taxi colectivo que atiende un trazado previamente establecido, y c) servicio de turismo que a tiende viajes destinados principalmente a pasajeros de hoteles, aeropuertos y otros orientados a turistas y que operan con tarifa convencional o con taxímetro, cuando la Secretaría Regional autorice la instalación de este último…”.

El artículo 72 bis del mismo DS, dispone: “No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, el Secretario Regional mediante resolución fundada, podrá autorizar la operación de una submodalidad de taxi básico, que se denominará taxi ejecutivo entendiéndose por tal aquel que sólo atiende viajes solicitados a distancia por cualquier persona, a través de los distintos medios de comunicación no pudiendo atender viajes solicitados en la vía pública”.

Octavo: De los antecedentes aportados aparece que los transportistas de taxi de turismo que operan en el aeropuerto y que hacen uso de la Infraestructura asociada al transporte público administrada en la actualidad por Maxximiza obedecen a 2 grupos principales: sindicato N°1 de Trabajadores Independientes de Taxi Turismo y Taxis Turismo Transvip.

Noveno: que en el caso de la especie, es la propia recurrente la que señala que las exigencias y condiciones nuevas que cuestiona, se aplican a tipos de taxis distintos de aquellos que ella representa, al indicar, que en el aeropuerto Nueva Pudahuel, textualmente “… que en aquel lugar se han creado dos espacios (estacionamientos), para el uso de vehículos autorizados por el Ministerio de Trasporte para el traslado de pasajeros ya sea según decreto 212 (taxi ejecutivo) y DS 80 (transporte privado remunerado de pasajeros-turismo), espacios que son administrados por la recurrida…”

Décimo: Que conforme a lo informado y antecedentes proporcionados, es evidente que la pretensión de regular la actividad, de transporte de pasajeros desde el aeropuerto a la ciudad, tiene el evidente objeto de descongestionar las vías, y no afectar la calidad del servicio a los pasajeros y usuarios.

Además, de lo hasta ahora señalado, y habiendo analizado los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, no se advierte la existencia de algún acto ilegal o arbitrario, que conculque o amague los derechos y garantías denunciadas como infringidas por los actores sobre todo pues se trata de normativa, que en verdad, está dirgida a otro tipo de transporte de pasajeros, según se ha indicado precedentemente.

Duodécimo: Conforme a lo que se viene indicando, no aparece que el actuar de la recurrida Maxximiza, se aleje de los marcos establecidos por la legislación señalada, lo cual descarta estar en presencia de un acto ilegal, como pretende la recurrente.

Debiendo además señalarse que no se advierte del quehacer de la recurrida, alguna actuación arbitraria o carente de razón, y más bien lo atacado en el presente arbitrio de orden constitucional, aparece sustentada en antecedentes que demuestran su pertinencia.

Décimo Tercero: De lo anterior se sigue, que no existen garantías constitucionales, según los antecedentes del caso subjudice, que pudieran haber sido vulneradas, resultando así, de acuerdo a lo dicho, innecesario hacerse cargo de las garantías que se denuncian como vulneradas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, en su calidad de representante de la Asociación Gremial Transporte de Pasajeros Aeropuerto y en contra de la empresa Maxximiza, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro (S) Sr. Andrade.

Rol Nº 39.059.2019 Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz.