nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha treinta de enero de dos mil veintiséis, comparece don Rodrigo Alexis Campos Espinoza, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por haber dispuesto y ejecutado descuentos unilaterales, sorpresivos y arbitrarios en la remuneración mensual del recurrente bajo el concepto de pago de cuotas de un crédito social, vulnerando con ello los derechos fundamentales de su representado, específicamente el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 número 24, por lo que solicita la adopción de medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho.

Expone el recurrente que contrajo un préstamo de consumo con la institución recurrida, el cual fue documentado mediante la suscripción de un pagaré que incluía una cláusula de aceleración y la facultad del acreedor para descontar las cuotas directamente de sus emolumentos, ya sea a través de su empleador actual o futuro.

Relata que, debido a un deterioro en sus condiciones económicas personales, incurrió en mora respecto de dicha obligación.

En este contexto, manifiesta que el 31 de diciembre de 2025, al recibir su liquidación de sueldo correspondiente a dicho mes y el depósito de su salario por parte de su empleador, la empresa Marple Plastic Solution Group S.A., advirtió una retención por la suma de $249.813.-, la cual fue ordenada unilateralmente por la recurrida sin que existiera comunicación previa sobre el inicio de esta modalidad de cobro tras el periodo de incumplimiento.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la parte actora sostiene que el actuar de la Caja de Compensación constituye un ejercicio abusivo de la facultad conferida por el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Argumenta que, si bien la ley permite el descuento de prestaciones de crédito social de las remuneraciones, la jurisprudencia de los tribunales superiores ha establecido que las entidades deben otorgar noticia previa de sus determinaciones, respetando la legítima expectativa del trabajador de percibir sus ingresos de forma íntegra.

Adicionalmente, denuncia que el monto descontado contraviene las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social contenidas en su Compendio de Normas, las cuales fijan como tope máximo de descuento el 25% de la remuneración líquida mensual del trabajador, límite que en la especie habría sido sobrepasado, afectando gravemente su capacidad de subsistencia.

Respecto de la transgresión constitucional, el recurrente afirma que el acto impugnado vulnera la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha producido una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de sus facultades de dominio sobre su remuneración mensual.

Sostiene que el salario, al ingresar al patrimonio del trabajador como contraprestación por sus servicios, goza de protección constitucional frente a actos caprichosos de terceros que pretendan hacerse pago de acreencias por vías de hecho o mediante el uso abusivo de potestades legales, especialmente cuando tales descuentos se apartan de los marcos regulatorios vigentes y carecen de un procedimiento informado que permita al deudor ajustar su economía doméstica.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida el cese inmediato de todo tipo de retención o descuento en su remuneración, la restitución de la totalidad de las sumas deducidas arbitrariamente bajo esta modalidad —incluyendo aquellas que se verifiquen durante la sustanciación de la causa— y la condena en costas de la contraria.

Segundo: Que, informando al tenor de la acción constitucional de autos, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado solicita el íntegro rechazo del recurso de protección, basándose en los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

En cuanto a los hechos, señala que el recurrente suscribió dos créditos sociales: el primero, con fecha 16 de enero de 2020, bajo el folio N° 1310189878, por un capital de $4.566.490.-; y el segundo, el 19 de enero de 2021, bajo el folio N° 1310199159, por la suma de $3.000.000.-.

Aduce que el señor nombre reservado incurrió en mora respecto de ambos créditos a contar del vencimiento del 10 de agosto de 2021, lo que motivó el inicio de gestiones de cobranza extrajudicial y, posteriormente, el ejercicio de la acción ejecutiva ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, causa ROL C-5395-2022, la cual resultó infructuosa para la recuperación total de lo adeudado.

En virtud de lo anterior, en diciembre de 2025 se reanudó el cobro mediante la modalidad de descuento por planilla.

Respecto de los fundamentos de derecho, la recurrida sostiene que su actuación carece de ilegalidad o arbitrariedad, por cuanto el artículo 22 de la Ley N° 18.833 impone a las entidades empleadoras la obligación de deducir de las remuneraciones de los trabajadores las sumas adeudadas por concepto de crédito social, rigiéndose estas por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Refuerza esta tesis citando el artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 22 de la Ley N° 17.322, enfatizando además la existencia de un mandato contractual contenido en la cláusula quinta de los pagarés suscritos, mediante el cual el recurrente facultó expresamente a sus empleadores, actuales o futuros, para realizar tales deducciones.

Asimismo, afirma que los descuentos se ajustaron al límite legal del 25% de la remuneración líquida, conforme al numeral 3.1.9 del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social.

Finalmente, informa que, sin perjuicio de la legalidad de su obrar y sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad, ha dispuesto de manera voluntaria el cese de los cobros y la restitución de las sumas descontadas desde diciembre de 2025, solicitando los datos bancarios del actor para tal efecto.

Concluye solicitando que se tenga por evacuado el informe en los términos referidos y, en definitiva, se rechace la acción interpuesta.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: Que ahora bien, teniendo en consideración que lo fundamentalmente alegado por el recurrente como acto ilegal y arbitrario, son los descuentos ordenados efectuar por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado en su remuneración respecto de las cuotas acordadas con ocasión de préstamos sociales que le fueron otorgados los años 2020 y 2021 y que, a su turno, la recurrida ha señalado que se allana a la presente acción, en lo que atañe a los créditos mencionados, y que no realizará más descuentos, y que efectuará devolución al recurrente de los descuentos correspondientes, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en su favor.

Atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo;

Quinto: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección Rol N° 3904-2026.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Graciela Gómez Quitral, conformada por el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo