Protección contra referida Asociación

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, administradora pública, en su calidad de Consejera Nacional electa de la Asociación de Guías y Scouts de Chile, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la referida Asociación, corporación de derecho privado representada legalmente por su Presidenta Nacional, doña nombre reservado, con motivo de los actos que estima ilegales y arbitrarios, consistentes en la imposición y mantención indefinida de medidas de resguardo que califica de desproporcionadas, en el marco de un procedimiento de investigación seguido en su contra conforme a la Ley Karin, así como en la ejecución de vías de hecho destinadas, según afirma, a excluirla de sus funciones institucionales y restringir su libertad de desplazamiento.

Expone, en síntesis, que en septiembre de 2025, durante un debate electoral para postular al Consejo Nacional, emitió opiniones referidas al funcionamiento institucional y la complementariedad entre voluntarios y trabajadores, expresiones que la Dirección Ejecutiva de la corporación consideró ofensivas para el personal remunerado. Añade que, con fecha 17 de octubre de 2025, se le notificó la adopción de "medidas de resguardo" a raíz de una denuncia presentada en su contra por el Director de Métodos Educativos, consistentes en la prohibición absoluta de contacto directo (físico u online) con el denunciante y en la orden de abstenerse de efectuar comentarios que afectaran al personal contratado de la institución.

Denuncia que dichas medidas se han prolongado por más de 90 días, excediendo con creces el plazo máximo legal de 30 días dispuesto en el artículo 211-C del Código del Trabajo, lo que a su juicio las transforma en una sanción de facto.

Asimismo, alega que el 13 de enero de 2026, mientras participaba en un Campamento Nacional, fue abordada por la Consejera Nacional, quien de manera verbal le exigió confinarse en un solo sector del recinto, cesar sus labores de servicio y le sugirió retirarse del evento, lo que califica de una exclusión política y social sin debido proceso.

Estima que estas actuaciones conculcan las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente en sus numerales 2, igualdad ante la ley, 3, derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y debido proceso, 4 respeto y protección a la honra, 7 libertad de desplazamiento y 16 libertad de trabajo y ejercicio de funciones.

En definitiva, solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la mantención de las medidas de resguardo, se ordene el cese inmediato de toda restricción y se intime a la recurrida a concluir la investigación y notificar sus resultados en un plazo de 48 horas.

Segundo: Que, evacuando informe, doña nombre reservado, en representación de la recurrida Asociación de Guías y Scouts de Chile, solicita el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas.

Comienza formulando una alegación previa de falta de oportunidad de la acción, por haber cesado la presunta afectación de derechos. Al respecto, informa que con fecha 13 de marzo de 2026, la recurrente doña nombre reservado presentó de manera voluntaria e irrevocable su renuncia escrita al cargo de Consejera Nacional, renuncia que fue formalmente aceptada por el Secretario del Consejo Nacional, y de la cual se tomó conocimiento oficial en la sesión ordinaria del Consejo celebrada el 14 de marzo de 2026.

Por consiguiente, sostiene que al no detentar ya la actora la calidad de dirigente ni formar parte del directorio de la corporación, la acción de protección ha perdido su objeto y utilidad legítima.

En cuanto al fondo del asunto, expone que los hechos se originaron el 22 de septiembre de 2025 en un conversatorio virtual transmitido públicamente, en el cual la recurrente emitió declaraciones que el personal de la planta ejecutiva consideró denigrantes. Esto motivó que el Director de Métodos Educativos, formalizara una denuncia por acoso bajo la Ley Karin el 16 de octubre de 2025.

Explica que, dada la calidad de miembro del directorio de la denunciada, la corporación representaba la figura del empleador, por lo que legalmente se vio impedida de instruir una investigación interna y procedió a derivar los antecedentes de forma inmediata a la Dirección del Trabajo para su substanciación, registrándose bajo el número de solicitud NUM000. En consecuencia, argumenta que cualquier dilación en la resolución del proceso no es atribuible a su representada, sino al órgano fiscalizador estatal competente que lleva adelante la investigación.

Añade que las medidas de resguardo notificadas el 17 de octubre de 2025 se decretaron en estricto cumplimiento del deber de protección del empleador consagrado en la Ley N°21.643, revistiendo un carácter meramente preventivo y temporal, destinado a evitar el contacto entre denunciante y denunciada y a resguardar el clima de trabajo, descartando que constituyan una sanción o medida disciplinaria encubierta.

Respecto de lo ocurrido en el Campamento Nacional, niega la existencia de vías de hecho o confinamiento geográfico, aclarando que al tratarse de un evento masivo donde el denunciante desempeñaba funciones de coordinación logística esenciales, otra integrante del Consejo Nacional sugirió a la recurrente evitar deambular por zonas de contacto directo con el trabajador para asegurar el cumplimiento de la orden de separación de espacios vigente, actuando en todo momento con deferencia y apego a la legalidad.

Por lo anterior, sostiene que la corporación ha obrado bajo el imperio de mandatos legales imperativos y sin incurrir en actos ilegales o arbitrarios, reiterando la solicitud de rechazo del recurso.

Tercero: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías que dicha disposición enumera, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que importen privación, perturbación o amenaza de aquellas, correspondiendo a esta Corte adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En consecuencia, para que prospere la acción intentada, es menester que el acto u omisión denunciado revista el carácter de ilegal —esto es, contrario al ordenamiento jurídico— o arbitrario —esto es, carente de razonabilidad—, y que de él derive una afectación actual y efectiva de alguna de las garantías protegidas, de modo que exista una situación susceptible de ser corregida por esta vía urgente y cautelar.

Cuarto: Que, de los antecedentes acompañados, consta correo electrónico remitido por doña nombre reservado, con fecha 13 de marzo de 2026, mediante el cual adjuntó carta de renuncia voluntaria al cargo de Consejera Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Asimismo, consta correo de acuse de recibo y aceptación de dicha renuncia por parte de la Secretaría del Consejo Nacional, fechado el 16 de marzo de 2026.

Quinto: Que el objeto principal de la acción deducida se dirige a obtener el cese de las medidas de resguardo que, según sostiene la recurrente, le impedían ejercer sus funciones como Consejera Nacional, particularmente por la mantención de una prohibición de contacto y de ciertas limitaciones espaciales que, a su juicio, afectaban su desempeño como dirigente electa, su integración en el Consejo de la corporación y su libertad de trabajo.

Sexto: Que, sin embargo, habiendo cesado la recurrente voluntariamente en el cargo directivo que invocaba como fundamento de la afectación denunciada, las perturbaciones, amenazas o privaciones que afirma haber padecido respecto del ejercicio de dicho cargo han perdido actualidad.

En efecto, al haber dejado de integrar el Consejo Nacional de la recurrida, las medidas preventivas destinadas a separar espacios de contacto físico u online entre la recurrente y el trabajador denunciante no aparecen, en lo actualmente debatido, como generadoras de una afectación vigente de las garantías invocadas en relación con el ejercicio del referido cargo.

De esta forma, no se advierte actualmente una situación concreta que requiera ser cautelada por esta sede, desde que la controversia planteada ha devenido carente de objeto práctico en aquello que constituía el núcleo de la pretensión deducida.

Séptimo: Que, por las consideraciones precedentes, no configurándose un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a la Asociación de Guías y Scouts de Chile que prive, perturbe o amenace actualmente el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, la acción de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal del folio 1 por doña nombre reservado en contra de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-3903-2026.