nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de junio de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 30 de enero de 2026, comparece don nombre reservado, trabajador dependiente, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haber dispuesto la ejecución de descuentos unilaterales en sus remuneraciones mensuales, lo que vulnera el derecho fundamental de propiedad garantizado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política, por lo que solicita se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenar el cese de todo tipo de retención desde su remuneración, restituir los descuentos ya efectuados —así como los que se verifiquen durante la tramitación de la acción— y disponer la expresa condena en costas.

Refiere que, tras suscribir un préstamo de consumo con la recurrida, el cual incluía una cláusula de aceleración y la facultad de descuento por planilla, sus condiciones financieras decayeron hasta incurrir en mora. Indica que se percató del actuar de la caja ya que en su liquidación de diciembre de 2025 figuraba un descuento de $79.078 efectuado por su empleador, SITE CHILE S.A., por orden de la recurrida.

Sostiene que dicho cobro se realizó de manera unilateral, sin notificación previa o carta certificada, vulnerando la legítima expectativa de percibir su salario íntegramente. Por lo que entiende que el ejercicio de la facultad dispuesta en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es caprichoso y abusivo.

Adicionalmente, afirma que los descuentos exceden el máximo legal del 25% de la remuneración líquida establecido por la Superintendencia de Seguridad Social, lo que califica como un abuso del derecho y enriquecimiento sin causa.

Concluye que se lesiona directamente su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, privándolo de beneficios económicos a que tiene derecho y que son indispensables para su subsistencia y el cumplimiento de sus obligaciones personales.

Segundo: Que, a folio 7 de estos antecedentes, comparece don Julio Villalobos Villarroel, abogado, en representación convencional de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien evacúa el informe de rigor solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección deducida.

Argumenta que existe una obligación civil plenamente válida y vigente, consistente en un préstamo de dinero inicial con fecha 07 de noviembre de 2012 por la suma de $6.803.115.-, el que fue reprogramado con fecha 01 de agosto de 2018 correspondiendo actualmente al crédito N°008-000520578, por un monto de $7.133.115, fraccionado en 120 cuotas de $84.443.-, que se encuentra moroso.

Sostiene que la modalidad de cobro mediante descuento por planilla no constituye un acto arbitrario ni ilegal, toda vez que se sustenta en la facultad imperativa conferida por el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que obliga al empleador a retener y remesar las sumas adeudadas por concepto de crédito social bajo las mismas reglas de las cotizaciones previsionales.

Arguye, asimismo, la plena vigencia del principio "pacta sunt servanda" contenido en el artículo 1545 del Código Civil y la ejecución de buena fe de los contratos del artículo 1546 del mismo cuerpo legal, enfatizando que la extinción de las obligaciones por prescripción requiere de una declaración judicial expresa, de conformidad al artículo 2493 del Código Civil, lo que en la especie no ha acontecido, manteniendo, por tanto, su derecho a perseguir el cobro del crédito adeudado.

Refuerza su postura citando la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y los dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, los cuales ratifican la legalidad del sistema "intercajas" y la subsistencia de la obligación de cobro con prescindencia del cambio de empleador del deudor.

Concluye afirmando que la recurrida Caja ha actuado en el ejercicio legítimo de sus atribuciones legales, sin vulnerar el derecho de propiedad del actor, pues el descuento se funda en el resguardo de un fondo de bienestar social que beneficia a todos los afiliados.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que, en esa misma disposición, se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, en el caso sub lite, no existe controversia sobre la existencia del crédito entre las partes. Por tanto, corresponde determinar si la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, al efectuar descuentos por planilla sobre la remuneración de la recurrente, incurrió en un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Al respecto, cabe recordar que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.833, las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de previsión social. En consecuencia, las deudas por créditos sociales contraídas con ellas constituyen obligaciones con instituciones de previsión social.

Por su parte, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Dicha disposición debe relacionarse con el artículo 58 del Código del Trabajo, que establece la obligación del empleador de deducir de las remuneraciones las sumas que la persona trabajadora adeude a instituciones de previsión social.

De lo anterior se desprende que el descuento por planilla no constituye, en principio, un acto voluntario o caprichoso de la recurrida, sino el cumplimiento de una obligación legal impuesta al empleador para el cobro de obligaciones contraídas con entidades de previsión social. Por ello, no puede calificarse como ilegal.

Tampoco resulta arbitrario, desde que se enmarca en un procedimiento reglado y autorizado por la normativa especial aplicable a las cajas de compensación de asignación familiar, así como por la interpretación administrativa de la Superintendencia de Seguridad Social.

Quinto: Que, respecto de la alegación del recurrente, en orden a que los descuentos excederían el tope legal, de la liquidación de remuneraciones acompañada por aquel se advierte que dicha afirmación carece de sustento. En efecto, el descuento efectuado se encuentra dentro de los límites legales.

Sexto: Que, en consecuencia, el reinicio del cobro del crédito por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, mediante descuentos por planilla, no constituye un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida. Dicho mecanismo, como se señaló, cuenta con base legal en el artículo 22 de la Ley N.° 18.833 y se encuentra administrativamente regulado. Por ello, no se advierte vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Séptimo: Que, como corolario de lo razonado, solo cabe desestimar la acción interpuesta.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional impetrada por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

N° Protección 3901-2026.