nombre reservado con A.F.P. CUPRUM S.A.

Santiago, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.

C.A de Santiago VISTOS:

Comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, contador auditor, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. R.U.T. Nº RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, ignora profesión, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que con fecha 4 de abril de 2018, recibió un correo electrónico por parte de la recurrida, con el objeto de informarle, en su calidad de representante legal de SOCIEDAD nombre reservado Y CÍA. LIMITADA, R.U.T. Nº RUT reservado, que ésta última se encontraba en mora de una deuda previsional por $752.152, indicándole, además, que si dicha deuda no era regularizada a más tardar al 31 de mayo de 2018, se publicaría dicho deuda en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional de DICOM. El origen de la deuda señalada se encontraría en una deuda previsional con el ex trabajador, don nombre reservado, en el año 2004, y ascendería el monto original a un valor nominal de $46.838.

Señala que el actuar de la recurrida evidencia mala fe, pues la legislación nacional provee de instrumentos jurídicos más que suficientes para cobrar deuda previsionales y laborales, y el actuar de la recurrida, en su concepto, importa un método de presión ilegal, señalando, además, que constituye una forma de autotutela o de “tomarse justicia por sus propias manos”.

Por otro lado, indica que la cifra cobrada resulta desproporcionada en relación con el monto original de la deuda, la cual tendría su origen en el año 2004; a este respecto, señala que se debe considerar que dicho monto desproporcionado también se genera como consecuencia de la negligencia en el cobro imputable a la recurrida, quien, en su concepto, quiere aprovecharse de esta situación para cobrar una suma mayor, lo que califica como un aprovechamiento de su propio dolo.

Señala que, sin mediar sentencia judicial alguna en su contra que constate la veracidad y entidad de la deuda reclamada, no sería legal, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 18 de la Ley Nº 19.628, publicar alguno de los datos personales a que hace referencia el artículo 17 de la misma Ley indicada, cuando se traten de obligaciones que superen los cinco años desde que se hicieron exigibles.

Finalmente, señala que se afectaría su derecho a la vida privada y honra, conforme lo dispuesto en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República, toda vez que dicha publicación lo afectaría desde el punto de vista moral, pero también respecto de su actividades comerciales, imposibilitando a la sociedad que representa de participar en licitaciones públicas, pero afectándolo también a él, ya que se vincularía su nombre a la afectación que produce en la honra de la sociedad señalada.

Mediante presentación de folio Nº 15, comparece el abogado Omar Cortés Santander, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. R.U.T. Nº RUT reservado, solicitando, en lo principal de su presentación, que se declare la caducidad del recurso, por ser éste extemporáneo, ya que, de la sola lectura del relato del propio recurrente, él habría tomado conocimiento del hecho del cual sustenta la acción cautelar, con fecha 4 de abril de 2014, señalando que, de acuerdo con el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, el plazo fatal para interponer la acción constitucional vencería, en su concepto, el día 4 de mayo de 2018, siendo interpuesta el recurso constitucional de autos, con fecha 1º de junio de 2018.

En subsidio de la alegación anterior, indica que el recurrente carece de legitimación activa, pues de acuerdo al libelo pretensor, don nombre reservado actúa por sí en estos autos, como queda de manifiesto en numerosos pasajes de su escrito, como también en la petición concreta de tener por presentado en recurso de protección por actos ilegales y arbitrario en contra de su persona.

Manifiesta que el patrimonio y la personalidad de una sociedad de responsabilidad limitada es distinta de los mismos atributos de la personalidad que atañen a sus socios. En este mismo sentido, indica que la deuda impugnada la debe pagar la Sociedad nombre reservado López y Cía. Limitada, y que tal sociedad no comparece en autos, de modo tal que, de producirse la publicación de la deuda, dicho acto eventualmente afectaría a la sociedad señala, pero no al recurrente de autos.

Por otra parte, señala que es importante aclarar que el Boletín de Infractores de la Legislación Laboral y Previsional corresponde a un registro elaborado y administrado por la Dirección del Trabajo y no por su representada, pero que el envío de la información morosa a este Registro estaría dentro del ámbito de sus facultades, toda vez que la obligación de su representada para enviar la información sobre deudores morosos, se encuentra establecida en el Compendio de Normas Previsionales de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título X, Letra A “Información de empleadores morosos para efectos del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, en particular, el Capítulo II que trata de la información que debe enviarse a la Dirección del Trabajo.

Por otra parte, señala que no existe infracción por parte de su representada a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Nº 19.628, o “Ley de Protección de la Vida Privada”, toda que, según indica, dicha Ley no beneficia a ninguna persona jurídica, sino que sólo a personas naturales, y que, como ya lo había indicado, en el recurso aparece el recurrente actuando por sí y no en representación de la Sociedad nombre reservado López y Cía. Limitada, siendo de este modo improcedente cualquier aplicación en la especie a la Ley Nº 19.628.

En cuanto a la deuda previsional impugnada por el recurrente, señala que ésta obedecería a las cotizaciones previsionales de julio, agosto y septiembre de 2004, de don nombre reservado, las cuales fueron declaradas y no pagadas en su oportunidad, por lo que rechaza la afirmación de la contraria en orden a que no tenía conocimiento de la misma deuda por no haber sido notificado de ella, toda vez que, como se indicó, el propio empleador habría declarado dichas cotizaciones. Finalmente, dentro de este mismo punto, indica que se han interpuesto demanda de cobro de cotizaciones previsionales sobre la deuda materia del presente recurso, como también constan antiguos intentos judiciales de cobros de esta deuda, mediante los antiguos Juzgados del Trabajo de Rancagua, en causa Rol 88430-2005 (no menciona a cuál juzgado en particular), sin que conste que el recurrente haya hecho el pago de dichas deudas previsionales.

Finaliza su informe solicitando que se tenga por evacuado el informe del recurso y que, en definitiva, se rechace el recurso de protección, con expresa condena en costas.

Por medio de la providencia de fecha 20 de agosto de 2018, se ordenó informar del presente recurso a la Dirección del Trabajo y a Equifax DICOM.

Mediante presentación de 28 de agosto de 2018, de folio Nº 27, comparece don Mauricio Peñaloza Cifuentes, abogado, Director del Trabajo, en representación de la Dirección del Trabajo, quien evacúa informe señalando que, en virtud del informe solicitado por esta Corte, su representada procedió a buscar la información asociada a los RUT, tanto de don nombre reservado, como de la Sociedad nombre reservado López y Cía. Limitada, resultando en sus registros, figurando ambos como empleadores en sus registros.

Señala que se procedió a buscar en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, por el RUT del señor nombre reservado, quien no registra ninguna infracción publicada en dicho Boletín.

Respecto de la Sociedad nombre reservado López y Cía. Limitada, se procedió a buscar en el referido registro de infractores las publicaciones asociadas a su RUT, resultando con diversas deudas previsionales.

Finalmente, hace presente que la Dirección del Trabajo efectúa el tratamiento de datos personales conforme lo dispuesto por la Ley Nº 19.628, y que dicho organismo se encuentra mandatado por Ley para otorgar certificación pública respecto de la infraccionalidad laboral y previsional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del D.F.L Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Finalidad solicitando se tenga por evacuado el informe solicitado.

Mediante presentación de 5 de septiembre de 2018, de folio Nº 29, comparece doña María Francisca Ahumada Alarcón, abogada, en representación de Servicios Equifax Chile Limitada. Parte indicando en su informe que, revisados los registros de su representada, no se observan morosidades con respecto a don nombre reservado, quien actúa por sí, entablando la acción constitucional de autos.

Indica que, respecto de la Sociedad nombre reservado López y Cía. Limitada, la cual se mencionada en el recurso, éste sí aparece en sus registros con publicaciones derivadas de morosidades respecto a Administración de Fondos de Cesantía (AFC), AFP Capital, AFP Cuprum, y el IPS.

Señala que el registro banco de datos responsable de los datos materia del presente recurso corresponde a la Dirección del Trabajo, a través del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, para la cual es necesario la certificación pública de infraccionalidad laboral señalada en el artículo 43 del D.F.L Nº 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y todo el conjunto normativo incorporado por la Ley Nº 20.123 de 2005.

Señala que, respecto a su representada, ésta procesa y transmite en línea, el denominado “Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, con información suministrada exclusivamente por la Dirección del Trabajo.

Indica que la causa de que su representada publique la información del Boletín Laboral, reside en un contrato adjudicado por medio de licitación pública, convocado por la propia Dirección del Trabajo; por ende, su representada sólo se ha limitado a reproducir la información suministrada por la Dirección del Trabajo, la que ha incorporado a su base de datos, en virtud de contrato legal y válidamente suscrito.

Finaliza señalando que el espíritu de la legislación actual en materia de información de carácter económica, bancaria financiera o comercial, es proporcionar la mayor cantidad de información al mercado y, en general, a cualquier contratante para que éste pueda estar en condiciones de resolver con una adecuada información, sobre la conveniencia de una determinada transacción o negocio. Cita las sentencias de Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 6175-2008 y 8417-2010, como también la sentencia de Corte Suprema Rol 7056-2008.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de la sola lectura del libelo presentado por el recurrente, es posible advertir que el mismo toma conocimiento del acto que él considera como ilegal y arbitrario, mediante un correo electrónico enviado por la recurrida, AFP Cuprum S.A., con fecha 4 de abril de 2018.

SEGUNDO: Que, conforme lo dispuesto por el Nº 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de fecha 17 de julio de 2015, vigente a época de interposición de la presente acción constitucional, es posible advertir que el plazo fatal de interposición de la acción constitucional de marras es de 30 días corridos, contados desde la ejecución del acto la ocurrencia de la omisión considerada vulneratoria de las garantías constitucionales protegidas por la mencionada acción.

TERCERO: Que, conforme el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la presente acción constitucional es susceptible de ser interpuesta, tanto en la eventual afectación directa de una garantía constitucional habilitada según el artículo en comento, como también por una amenaza o perturbación del mismo derecho. De este modo, el correo electrónico señalado en el primer motivo de esta sentencia constituye la primera noticia que tuvo el recurrente sobre una futura publicación en el Boletín Laboral sobre la deuda previsional señalada en su libelo, y, por tanto, corresponde computar el plazo de caducidad desde esa fecha, esto es, desde el 4 de abril de 2018, resultando el plazo fatal de interposición el 4 de mayo de 2018.

CUARTO: Que, según se aprecia en autos, el recurso fue ingresado con fecha 1º de junio de 2018, resultando, por tanto, extemporánea su interposición; en consecuencia, la presente acción constitucional no podrá prosperar en definitiva por no cumplir con el requisito procesal señalado.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, es menester señalar que, además, según se aprecia de la sola lectura del libelo del recurrente, éste carece de legitimación activa, pues tanto en la comparecencia del recurso, como en el petitorio del mismo, es posible apreciar que éste comparece por sí, y no lo hace en representación de la Sociedad nombre reservado López y Cía. Limitada., persona jurídica que indica como la deudora de una obligación previsional y que se vería afectada con una eventual publicación en el Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

Si bien someramente indica que su nombre se inexorablemente vinculado a la sociedad señalada, no existe una suficiente explicación en cómo se produciría tal afectación de su derecho a la honra.

SEXTO: Que, por otra parte, no se vislumbra como ilegal el acto impugnado, toda vez que, según es posible desprender del artículo 2º letra f) y ñ) de la Ley Nº 19.628, dicha Ley es sólo aplicable a las personas naturales y no las personas jurídicas. En consecuencia, el sustento de la supuesta ilegalidad por infracción al artículo 18 de la norma legal en comento, no resulta posible de acoger.

Por otro lado, la Dirección del Trabajo se encuentra plenamente facultada para incluir la información de deudores morosos en el Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, en virtud de sus facultades contenidas, entre otras, en los artículos 19 del D.L. Nº 3500, 20 de la Ley Nº 18.933 y 505 del Código del Trabajo, máxime cuando, en la especie, las cotizaciones previsionales adeudadas fueron declaradas y no pagadas.

SÉPTIMO: Que, la AFP recurrida ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Compendio de Normas Previsionales de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título X, Letra A “Información de empleadores morosos para efectos del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, en particular, el Capítulo II Nº 2, que indican los requisitos, en el caos de un empleador que haya declarado y no pagado cotizaciones previsiones, para ser enviada dicha información a la Dirección del Trabajo con el objeto de ser publicada en el Boletín Laboral de Infractores de la Legislación Laboral y Previsional.

Por las consideraciones precedentemente expuestas, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, la acción deducida a fojas y folio Nº 1, por don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Alejandro Madrid Croharé.

Rol Protección Nº 38.996-2018 No firma la abogado integrante señora Ramírez, por encontrarse ausente.