Protección contra Banco del Estado de Chile

C.A. de Santiago Santiago, trece de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha 16 de septiembre de 2021, comparece doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra del Banco del Estado de Chile, representado por su gerente general don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado región Metropolitana, por el acto arbitrario e ilegal cometido en la respuesta dada a la Comisión de Mercado Financiero (CMF), con fecha 19 de agosto de 2021, que afectaría sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que es clienta del recurrido desde el 18 de junio de 2004, y mantiene una cuenta de ahorro platinium N°[cuenta reservada], la que al 30 de noviembre de 2018 tenía un saldo de $5.210.752. Luego indica que el 13 de marzo de 2020 concurrió a la sucursal del Banco ubicada en La Florida y se percató que en dicha cuenta el saldo era de solo $1.670.244, debido a una serie de giros sucesivos hechos desde el 9 de enero de 2019 al 7 de enero de 2020, y que en total ascendían a la suma de $3.693.000.

Esa constatación la motivó a interponer un reclamo ante la mencionada entidad financiera, la que señaló en respuesta, que los giros que se mencionan en su presentación fueron realizados mediante el uso de una tarjeta electrónica; sin embargo, la recurrente aduce que aquello no sería posible, ya que el dispositivo electrónico -tarjeta- solo fue habilitado el día 12 de marzo de 2020, y antes de esa fecha, para poder realizar giros, ella misma debía concurrir a la respectiva sucursal y hacer uso de una Libreta de Ahorros y presentar su cédula de identidad. Señala, asimismo, que el 22 de abril de 2020, le solicitó al Banco la entrega de los antecedentes de las transacciones informadas y que se hiciera efectivo el seguro de fraude contratado junto con la apertura de su libreta de ahorros y por el cual mes a mes le descontaban una prima, agregando que la ejecutiva le respondió que dicha solicitud no sería cursada ya que para el Banco era ella la única responsable de los giros realizados desde su cuenta de ahorro.

Agrega la recurrente que el 1° de diciembre de 2020 ingresó un reclamo ante la Comisión para el Mercado Financiero, en el cual el Banco Estado informa respondió con fecha 18 de diciembre de 2020, desligándose de toda responsabilidad en los hechos y, al mismo tiempo, desconociendo la existencia de un contrato de seguro de fraude asociado a sus ahorros. La misma recurrente indica que existe un parte, N° 25, numero de evento 12241713, de fecha 14 de septiembre de 2021, ingresado a la Fiscalía Local Oriente.

A juicio de la recurrente los hechos descritos demuestran que se ha vulnerado su derecho de propiedad, ya que sin su autorización se giraron $3.690.000 desde su cuenta de ahorro, configurándose de ese modo el acto arbitrario e ilegal que asigna al Banco Estado. En el mismo sentido señala que el derecho de propiedad que le asiste sobre los montos de dinero sustraídos desde su cuenta de ahorro del Banco Estado es indubitado, por lo que se requiere de esta Corte de Apelaciones, la determinación de un remedio que sea pronto y eficaz para su recuperación, de lo contrario, existe riesgo que sus legítimos derechos queden vulnerados y sus expectativas defraudadas.

Indica que considerar, como lo ha hecho el Banco Estado, que solo le corresponde a ella como víctima asumir la totalidad de la pérdida de dinero producto del fraude constituye una violación flagrante al derecho de dominio que ella misma tiene sobre los fondos sustraídos desde su cuenta y que, al contrario, debe ser responsabilidad del Banco custodiarlos, ello según lo establecido en la Circular N°3451 del año 2008, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Respecto a las condiciones generales del contrato de apertura de cuenta de ahorro que suscribió con banco Estado, la actora indica que si bien aquel señala que el titular responderá en situaciones tales como falta de cuidado, indebida reserva, mal uso por usuarios o terceros autorizados o no por el cliente, sería necesario considerar que ella ha sido extremadamente diligente, no ha dado acceso a otras personas a ninguno de los productos que mantiene con la entidad recurrida y que hasta antes de detectar la sustracción de fondos, jamás tuvo una tarjeta electrónica de ahorro que le permitiera hacer retiros, por ello los retiros desde su cuenta solo podían hacerse por caja. Además, reclama que tampoco fue alertada de estos hechos por el banco, por ningún medio. En el mismo orden de ideas, hace referencia a la aplicación en este caso del Capítulo 1-7 sobre transferencias electrónicas de información y fondos, emanado de la Comisión de Mercado Financiero.

En relación a la ilegalidad del acto recurrido, hace referencia a los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, ello porque el actuar del Banco Estado a su juicio, viola la ley del contrato, ya que deriva de las condiciones generales de apertura de cuentas a la vista y/o ahorro, que la misma institución financiera establece y publica en su página web, que el contrato celebrado entre ambos, corresponde a un contrato de depósito irregular, en el cual el banco se hace dueño de los dineros depositados, obligándose a devolver otros tantos del mismo género y cantidad. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

Respecto a la arbitrariedad, señala que un acto es arbitrario si no se somete a los principios de lógica y razonabilidad y si carece de fundamentos, y en el caso de autos el acto del Banco Estado de no restituir los fondos que le han sido sustraídos es derechamente arbitrario, por cuanto la priva y perturba el ejercicio de la garantía constitucional estipulado en el artículo 19 N° 1 el derecho a la integridad psíquica y el articulo 19 N° 24 el derecho a la propiedad que asiste como afectada.

En razón de lo expuesto, solicita se acoja el recurso, y declarar en la sentencia de protección que la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario con fecha 19 de agosto de 2021, al comunicar su negativa a la restitución del dinero sustraído desde la cuenta de ahorros de la recurrente, por lo que, en consecuencia, con ese actuar, ha vulnerado su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental y, también su derecho a la integridad psíquica, asegurado en el numeral 1° del mismo artículo 19 constitucional, aparejando, como consecuencia, que se le ordena a la recurrida restituir a la recurrente la suma de $3.693.000, equivalente a la que le fuera sustraída desde su cuenta de ahorro, con costas.

Evacúa informe la recurrida Banco del Estado de Chile, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, se refiere en general al objeto del recurso de protección, citando jurisprudencia en el sentido que indica y, además, hace alusión a los requisitos de la acción exigidos por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

A continuación, como primer argumento para desestimar el recurso, alega su extemporaneidad, atendido que este se dedujo el 16 de septiembre de 2021, en circunstancias que la recurrente tomó conocimiento del acto u omisión que le causa agravio, esto es, de la negativa de restituir los fondos girados desde su cuenta de ahorros, por carta emitida por el Banco del Estado de Chile con fecha 18 de diciembre de 2020, misma misiva que tuvo por objeto atender reclamo ingresado por la actora a través de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que es esta última fecha la que debe contabilizarse para verificar el cumplimiento del plazo para la interposición del recurso. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

Como segundo argumento, señala que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la conducta desplegada por el Banco, ya que si bien en el recurso se afirma que se han vulnerado los sistemas de seguridad de la recurrida, en los presentes autos la actora no ha acreditado la vulneración de las medidas de seguridad del Banco del Estado de Chile, de manera tal que no es posible sostener que las transacciones que se impugnan se hayan verificado en razón de dicha supuesta vulneración. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

En tercer lugar, refiere que no existe un derecho indubitado o indiscutido que cautelar en este caso, y que siendo este un requisito esencial del recurso de protección, el deducido en autos no podría prosperar. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

En un cuarto acápite la recurrida expresa que los hechos descritos en el recurso exceden las materias que deben ser conocidas por la acción de protección, ello ya que no se condicen con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente del mismo recurso.

Finalmente arguye que el presente recurso debe ser rechazado por improcedente, en razón del principio de especialidad en materia de protección de los derechos de los consumidores. Afirma que existen recursos especiales sobre la materia objeto de la presente acción de protección por lo que aquellos deben preferirse para resolver el conflicto que se plantea por la actora. Lo anterior ya que las transgresiones a la norma contenida en el artículo 12 de la Ley 19.496 se deben reclamar ante el Juzgado de Policía o el juez de letras en lo Civil respectivo, según corresponda, de acuerdo con la preceptiva de los artículos 50 y siguientes de dicha Ley N° 19.496, por lo que, si existe un sistema de tutela jurisdiccional expresamente establecido por la ley, no tiene cabida la presente acción cautelar, ya que ésta no puede ser un sustituto de las acciones consagradas en el estatuto protector o tuitivo de los consumidores financieros.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

En cuanto a la extemporaneidad:

Segundo: Que previo a entrar a conocer del fondo del asunto y habiéndose alegado la extemporaneidad en la interposición del presente recurso, es deber de este tribunal revisar la regularidad formal del procedimiento en lo que atañe a dicho trámite.

Tercero: Que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección establece que esta acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Cuarto: Que, en la especie, la acción de protección de derechos constitucionales se deduce mediante presentación de 16 de septiembre de 2021, en la que se señala que se recurre en contra de la respuesta dada por Banco de Estado de Chile a la Comisión de Mercado Financiero (CMF), con fecha 19 de agosto de 2021, negando lugar a la restitución de los dineros girados desde la cuenta de ahorro que la actora mantiene en la aludida institución financiera.

Como es posible advertir del mérito de los antecedentes allegados, tal decisión le fue informada previamente, en idénticos términos, en carta de 18 de diciembre de 2020, por la que la institución financiera da a conocer su negativa a devolverle los fondos que alega, le habrían sido sustraídos desde su cuenta de ahorro, sin su conocimiento.

Luego, resulta incuestionable que el presente recurso de protección es extemporáneo, puesto que el conocimiento a que hace referencia la regulación precedentemente citada dice relación con el acto u omisión que ocasiona la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho tutelado por esta acción constitucional, lo que evidentemente, de ser efectiva la vulneración que se reclama, tuvo lugar al menos el 18 de diciembre de 2020, sin que sea aceptable permitir que transcurrido con creces el plazo que establece el Auto Acordado que reglamenta la tramitación de este arbitrio, la recurrente soslaye un actuar omisivo propio, aduciendo la persistencia de una conducta ilegal y/o arbitraria, mediante la reiteración de una respuesta orientada únicamente a hacerse de un nuevo término para interponer esta acción cautelar, exegesis que de aceptarse podría conllevar la absoluta negación de la existencia de un plazo asociado a la interposición de esta acción constitucional.

Así las cosas, es indudable que la pretendida transgresión de garantías constitucionales fue conocida por la recurrente a lo menos en diciembre de 2020 y, por consiguiente, habiéndose deducido la presente acción cautelar el 16 de septiembre de 2021, esto es, casi ocho meses después de haber tomado la actora conocimiento cierto del acto que objeta, lo fue luego de transcurrido el plazo señalado en el considerando tercero de esta sentencia.

En cuanto al fondo:

Quinto: Que, como se advierte, por una parte la recurrente reprocha la decisión del banco recurrido de asignarle a su cargo el costo de un eventual fraude bancario y, por otra, el mismo banco denunciado esgrime que la determinación de no asumir los costos del fraude reclamado tiene como sustento un trabajo de investigación que arrojó como resultado que los giros se efectuaron utilizando la tarjeta y clave secreta de la reclamante, así la institución financiera enfatiza que no se comprobó transgresión alguna a sus sistemas de seguridad.

Sexto: Que constituye un hecho de la causa, de acuerdo a lo relatado por la propia actora, que la supuesta sustracción de fondos de su cuenta de ahorro se verificó entre el 9 de enero de 2019 y el 7 de enero de 2020, esto es, prácticamente durante el lapso de un año.

Séptimo: Que, así definido el contexto fáctico de la controversia, no es posible calificar la negativa del banco recurrido a restituir los dineros girados o transferidos desde la cuenta de la reclamante como arbitraria o ilegal, por cuanto no resulta manifiesta una supuesta vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de la entidad bancaria, debiendo tenerse presente que aquellas operaciones o transacciones fueron concretadas usando la tarjeta y clave de la propia recurrente.

Octavo: Que, como reiteradamente ha venido sosteniendo la Corte Suprema en esta materia, es indispensable analizar cada caso en su mérito, pues las circunstancias de hecho suelen diferir entre las diferentes disputas sometidas al conocimiento jurisdiccional. En efecto, tratándose de determinar el grado de diligencia que el banco y el cliente han empleado en el cumplimiento de sus obligaciones, en este caso en particular, no es posible formular soluciones de general aplicación.

Noveno: Que cabe recordar que la naturaleza propia de la acción constitucional de protección y del procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, hace que constituya un arbitrio destinado a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales que se dicen afectados estén indubitados y no discutidos, lo que no acontece en el caso propuesto. De modo que, siendo la acción intentada de naturaleza cautelar, no es la sede para debatir y resolver cuestiones propias de un procedimiento declarativo, en que lo discutido es si el banco recurrido ha incumplido o no debidamente su obligación de resguardar los dineros que la recurrente mantiene en una cuenta de ahorro.

Décimo: Que, en otras palabras, la reclamante apunta más bien a obtener una sentencia declarativa invocando un supuesto incumplimiento contractual del Banco Estado, no posibilitando que este último pueda desvirtuar –atendida la naturaleza propia de este arbitrio- la concurrencia de los elementos de la responsabilidad contractual demandada, particularmente la de tener la oportunidad de acreditar un actuar diligente. En este sentido, no pude soslayarse que la actora alega un incumplimiento de obligaciones contractuales que le ha causado daño, solicitando ser indemnizada, incumplimiento que es rechazado por su banco, el que ha justificado de manera suficiente su postura en orden a no haber sido violados sus dispositivos de seguridad.

Lo anterior necesariamente conduce a desestimar el presente recurso de protección.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Banco del Estado de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad archívese.

No firma la Ministra señora Hasbun, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal.

N°Protección-38918-2021.