nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, quienes interponen recurso de protección, actuando en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad ghanesa, y en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión, que consideran ilegal y arbitraria, de resolver su solicitud de permanencia definitiva, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 1, 2, 9 inciso final, 16, 24.

Fundan el recurso expresando que, el 20 de diciembre del año 2019, la protegida efectuó solicitud de permanencia definitiva, por primera vez, con la totalidad de antecedentes exigidos hasta ese momento para tal efecto. Con fecha 19 de octubre del año 2020, recibió notificación de “solicitud incompleta o insuficiente” solicitando adjuntar nuevos antecedentes, los cuales fueron remitidos en tiempo y forma al Departamento de Extranjería y Migración, conforme lo certifica el documento “Cumple en plazo otorgado. Avanza a revisión documental” de fecha 17 de noviembre del año 2020.

Añade que, desde entonces, la recurrente no ha obtenido respuesta por parte de la recurrida, a pesar de reiterados llamados y solicitudes a través de la plataforma habilitada por el Ministerio del Interior para tal efecto, cumpliendo más de año y medio sin recibir respuesta, generando como principal consecuencia el vencimiento del carnet de identidad. Agrega que el mismo 17 de noviembre de 2020, recibió notificación de Extranjería de “Solicitud Duplicada”, informando que en el proceso de análisis de la solicitud de permanencia definitiva se detectó que se registra más de una postulación enviada a través de la plataforma informática, hecho que controvierte. Prosiguen señalando que la demora, de más de un año y medio en la tramitación de la regularización migratoria de la recurrente de autos constituye una ilegalidad por exceder el plazo de seis meses que fija el artículo 27 de la Ley N° 19.880 para resolver las solicitudes de los administrados.

En cuanto a las garantías invocadas, arguyen que lo descrito mantiene a la actora en un estado de permanente angustia y desesperación atentando directamente contra su integridad psíquica ya que no puede ejercer en el país prácticamente ningún derecho consagrado en la Constitución Política de la República y Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile. A su vez, la situación de la protegida implica que se encuentre excluida totalmente de los servicios de salud, incluso públicos, no pudiendo acceder a tratamientos básicos odontológicos, psicólogicos a raíz de las crisis nerviosas en las que se mantiene como consecuencia de la situación, intervenciones quirúrgicas, exámenes o cualquier otro procedimiento médico.

A lo anterior, añade que su situación migratoria irregular le impide encontrar un trabajo remunerado, así como de adquirir en propiedad toda clase de bienes corporales o incorporales, pues no puede acceder a productos bancarios ni contratas servicios. Respecto de la garantía de igualdad ante la ley, argumentan que se ha dispensado a la recurrente un trato arbitrario y discriminatorio, sin justificación. Al efecto, cita lo previsto en los artículos 7 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículos 2, 4 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Finalmente, solicitan acoger el recurso, declarando arbitraria e ilegal la omisión del Departamento de Extranjería y Migración, disponiendo el otorgamiento de la respectiva residencia definitiva por haber quedado demostrado en autos que la recurrente cumplió con todos los requisitos legales exigidos para tal efecto o, en subsidio de todo, que se adopten todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que, informando, comparece doña nombre reservado, abogada del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad que pueda afectar, en forma alguna, los derechos fundamentales de los recurrentes, siendo inexistentes los perjuicios que en su libelo sostienen.

Al efecto, expone que, mediante los canales digitales dispuestos por esa autoridad migratoria, con fecha 1 de marzo de 2020, la señora nombre reservado inició solicitud de permiso de permanencia definitiva. Dicha solicitud se realizó dentro del plazo establecido en el artículo 129 del Decreto Supremo N° 597 de 1984, del Ministerio del Interior (en lo sucesivo, “Reglamento de Extranjería”). Contra la presentación de su solicitud se emitió certificado de permiso de permanencia definitiva en trámite, el que conforme a los artículos 157 N° 5, en relación al artículo 135, ambos del Reglamento de Extranjería, acreditó la residencia regular de la recurrente durante todo el período de tramitación de su solicitud, siendo su obligación el obtener prórrogas de la vigencia de dicho documento a través del portal de trámites de esta autoridad migratoria http://tramites.extranjeria.gob.cl.

Añade que, en el análisis de su solicitud, y conforme al término y apercibimiento del artículo 31 de la Ley N ° 19.880, con fecha 19 de octubre de 2020 se le requirió a la extranjera remitir imagen escaneada de su pasaporte válido y certificado de antecedentes penales de su país de origen debidamente legalizado o apostillado. Luego, dentro del plazo conferido, no remitió la documentación requerida, por lo que no es posible para la autoridad migratoria otorgar lo pedido, toda vez que la recurrente no cumplió con todos los requisitos exigidos para ello.

Luego, mediante Resolución Exenta Folio N° 22290091, de fecha 11 de febrero de 2022, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se resuelve hacer efectivo el apercibimiento del artículo 31 de la Ley N° 19.880, y se tiene por desistida a la extranjera de su solicitud de permanencia definitiva, dando término al procedimiento administrativo.

Por lo tanto, independiente del hecho de ser improcedente la acción, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria; tampoco existe vulneración de derechos fundamentales, desde que el motivo que llevó al actor a interponer su recurso tampoco no se verifica, puesto que el procedimiento administrativo se encuentra concluido y próximo a ser notificado. En consecuencia, el desistimiento se basa en el certificado de antecedentes del país de origen no vigente, no legalizado ante consulado chileno en el país de origen y el Ministerio de Relaciones exteriores, o no apostillado por el país respectivo. Todo esto en virtud de los artículos 345 N°2 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, señala que la autoridad ha actuado conforme a la Constitución y las normas legales y reglamentarias vigentes, dentro de la esfera de sus competencias, y siguiendo los procedimientos que dichas normas establecen para el procesamiento y resolución de una solicitud de permiso de permanencia definitiva, en especial lo dispuesto en los artículos 125 y siguientes del Decreto Supremo N° 597 de 1984, y supletoriamente lo señalado en la ley N° 19.880, motivo por el que el recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que el otorgamiento y prórroga de las autorizaciones solicitadas por extranjeros, constituye una atribución del Ministerio de Interior, conforme prescribe el artículo 13 del Decreto Ley N°1094 de 1975, norma vigente a la época de los hechos denunciados y que también prevé que, para tal pronunciamiento, debe atenderse a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión, prerrogativas que han de ejercerse de manera reglada y con pleno respeto a las garantías que la Constitución y las leyes concede a los habitantes de la República.

Quinto: Que los antecedentes aportados por los intervinientes en sus presentaciones, dan cuenta de que a la recurrente, al momento de analizar su solicitud, se le requirieron una serie de antecedentes que habrían sido omitidos en su presentación, carga a la que la parte entiende haber dado cumplimiento y que la autoridad controvierte, desde que reprocha, en la resolución que la tiene por desistida de la gestión pendiente, la omisión de aportar el Certificado de antecedentes del país de origen debidamente legalizado o apostillado, en atención a que el que se adjuntara en el plazo que prevé el artículo 31 de la Ley 19.880, carece de tales elementos requeridos.

Sexto: Que, en consecuencia, no es posible atender la petición contenida en el recurso, ya que la autoridad obró dentro del ámbito que la ley le permite al solicitar los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre lo pedido, los que no fueron aportados de la forma requerida, por lo que el supuesto sobre el cual descansa la pretensión hecha valer, como es la completitud de los elementos necesarios resolver la gestión correspondiente, ha sido desvirtuado, por lo que no asiste a la interesada el derecho indubitado que esgrime, en orden a obtener el pronunciamiento final sobre la solicitud hecha valer, situación que determina el rechazo del recurso.

Por estas consideraciones, atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Al folio 17: a todo, estése al mérito de lo resuelto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-38815-2021.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral, e integrada, además, por la ministra señora Carolina Brengi Zunino y el abogado integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé.

En Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.