nombre reservado con MINISTERIO DE SALUD

34 Foja 33.

Treinta y tres.

Santiago, veintiuno de agosto de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, recurre de protección don nombre reservado, Ingeniero en Control de Gestión, en contra del Ministerio de Salud, representado por su Ministra doña Helia Molina Milman, por la adopción de la decisión arbitraria e ilegal consistente en el término anticipado de sus servicios laborales desempeñados en la Subsecretaria de Redes Asistenciales, dependiente de dicho Ministerio, afectando con ello sus garantías constitucionales de los numerales 2, 16, 17, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó al servicio, para desarrollar un cargo técnico, bajo la modalidad a contrata en enero de 2012, la cual le fue prorrogada a diciembre de ese año y luego de enero a diciembre del presente año.

Agrega que al volver de sus vacaciones, en marzo del año en curso, y habiendo asumido las nuevas autoridades del Ministerio, se encontró con que no tenía un lugar físico donde trabajar, ni funciones que cumplir. Siendo posteriormente notificado el día 2 de junio de este año, de la resolución por medio de la cual se le comunicaba el término de su contrata “por no ser necesarios sus servicios”.

Asevera que el acto es arbitrario pues carece de fundamentación, pues por una parte no se ha invocado la causal por no ser necesarios sus servicios profesionales ni tampoco una mala evaluación de su desempeño; por el contrario, la misma sólo menciona que se pone término anticipado por necesidades del servicio, sin que se dote de contenido fáctico a dicha expresión.

Por otra parte, el acto es ilegal, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes quedando en evidencia que no existe motivación del acto administrativo.

En cuanto a las garantías conculcadas, esto es, la de igualdad ante la ley, afirma que fue discriminado en comparación a otros funcionarios que sí se mantuvieron en funciones, referente a su derecho de propiedad, se ve vulnerado al no poder percibir sus remuneraciones hasta el término de su contrata; referente a su derecho a desarrollar una actividad económica lícita, espeta que al prescindirse de sus servicios sólo lo fue por razones políticas; igualmente se afectó su libertad de trabajo y su protección, ya que con su desvinculación se pretende beneficiar a otros en desmedro suyo. Y, finalmente, se afectó de derecho de admisión a todas las funciones y empleos públicos, pues el término de su contrata tiene únicamente como motivación el haber ingresado en la administración pasada negándole la posibilidad de seguir sirviendo en la administración actual.

Por todo lo anterior solicita, se deje sin efecto la decisión adoptada, ordenando su reincorporación y el pago de todas sus remuneraciones, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuando informe la recurrida solicita el rechazo del recurso, con costas, fundado, principalmente, en que el acto recurrido no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad alguna. Dicha afirmación la funda en que la dictación de la misma se ajustó a derecho, tanto en su motivación como en su legalidad, y la Contraloría tomó razón del mismo el día 23 de mayo del año en curso, no obstante encontrarse sus efectos suspendidos al haberse concedido orden de no innovar en estos autos.

Agrega que en la resolución recurrida su motivación está en la inclusión de la cláusula “por no ser necesarios sus servicios”, y no en terceras razones o posteriores consideraciones, que corresponda darle a conocer al recurrente. No siendo por lo demás la resolución dictada a consecuencia de un proceso disciplinario.

Refiere que el recurrente no explica cómo se ven afectadas sus garantías constitucionales, ni la relación de causalidad entre esos hechos y el contenido específico de cada una de ellas, ni menos aún, si esa supuesta causalidad se verifica como amenaza, perturbación o vulneración de las mismas. Igualmente ante esta ambigüedad, tampoco explica ni distingue qué considera arbitrario y qué ilegal, ni menos aún cita normas legales en cuya infracción fundamenta su recurso, con excepción del artículo 11 de la Ley 19.880, cuya prescripción la recurrida por lo demás cumple cabalmente.

En cuanto a la afectación de la garantía de igualdad ante la ley, el recurrente no puede pretender que por el ejercicio legítimo de una cláusula de reserva que él conoció desde su contratación, la invocación de la misma ahora lo ponga en situación de discriminación. Tampoco se afecta su libertad de trabajo, pues el recurrente no se encuentra en ninguna de las situaciones de hecho que contempla la norma. En cuanto a su garantía de no ser admitido en todas las funciones y empleos públicos, esta no se encuentra entre aquellas respecto de las cuales procede la acción de protección. De la misma manera no se vulnera su derecho a desarrollar una actividad económica, ni menos su derecho de propiedad, pues la contrata y la calidad de contratado no puede proporcionar al recurrente ninguno de los atributos de derecho de dominio.

Tercero: Que, en primer término, cabe precisar que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, ahora bien, de los antecedentes aparejados en el proceso, se establece que el recurrente cumplía servicio bajo la modalidad a contrata. Al respecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al referirse a los empleados a contrata, señala que son aquellos de carácter transitorio en la dotación de una institución. Enseguida el mismo texto legal aborda en su artículo 10 la permanencia en esta clase de cargos, estableciendo que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley, esto es, está implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada. Es posible, en consecuencia, constatar que las expresiones: “como máximo” y “mientras sus servicio sean necesarios”, han sido establecidas para posibilitar en éstos nombramientos un período de vigencia menor al que reste para finalizar el año en que éstos se efectúen.

Quinto: Que, en consecuencia, la Ministra de Salud, no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de lo expuesto en el párrafo precedente se colige que toda designación de funcionarios a contrata en la administración pública es esencialmente transitoria y, en efecto, no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir, es decir, su principal característica es la precariedad en su duración, la cual está supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera tal que al invocar la causal esgrimida en la resolución que se impugna, razones de buen servicio, sólo se ha ejercido una facultad legal al estimar que los servicios del recurrente ya no son necesarios.

Sexto: Que, asimismo, de ninguna manera es ilegal recurrir a la fórmula “razones de buen servicio” para dejar sin efecto una contrata si en la propia Resolución de nombramiento del recurrente, no objetado por éste en su oportunidad, se incluyó dicha posibilidad, como ya se ha visto. Y, por cierto, si la Administración, estando facultada para ello, ha dejado sin efecto una contrata utilizando esta fórmula, esa es la fundamentación necesaria que la recurrente echa en falta, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa.

Séptimo: Que, por consiguiente, la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado que ha dado fundamento a este recurso conduce necesariamente a su desestimación, puesto que la autoridad administrativa no ha actuado en forma ilegal ni arbitraria, pues su actuación obedece a una facultad exclusiva y excluyente de ella.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de fojas 6, sin costas en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

Acordada contra el voto del ministro señor Gajardo, quien estuvo por acoger la acción constitucional de fojas 6 y dejar sin efecto la Resolución 37 de 08 de mayo de 2014, en virtud de las siguientes consideraciones:

La Resolución antes mencionada sólo se limita a considerar, luego de un visto que no aporta basamentos de derecho, acto seguido, predicar: “Pónese término por no ser necesarios sus servicios los contratos de, entre otros funcionarios, nombre reservado”.

En concepto de ese juez esa actuación administrativa no está revestida de fundamentos que la hagan razonable y, por consiguiente, se tiñe del defecto de la arbitrariedad. Este aserto se basa en que no hay basamento jurídico ni fáctico para apreciar legitimada la decisión que exonera; el sentido común no califica como razonable una premisa espetada a la manera de la que se cuestiona.

El artículo 10 de la Ley 18.834, expresa que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre y la autoridad ha creído atenerse a esa norma con el solo recurso, en los contratos correspondientes, a la expresión “hasta cuando sus servicios sean necesarios”. Pues bien, habida cuenta el principio que recoge el artículo 11 de la Ley N° 19.880 -perentoria fundamentación de los actos administrativos que afecten derechos funcionarios- no cabe juzgar razonada una decisión que análoga o identifica la terminología “como máximo” al mero arbitrio del empleador. Ningún mérito existe para considerar que la expresión legal “como máximo…hasta el 31 de diciembre de cada año” pueda significar “hasta la mera voluntad del contratante”.

Por consiguiente, a falta de fundamento de razón, el decreto que se impugna es susceptible de reproche de arbitrariedad.

Redacción del Ministro señor Valderrama.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° 38764-2014.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por el ministro señor Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y la ministro (S) señora Dora Mondaca Rosales.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintiuno de agosto de dos mil catorce, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.