Protección contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, en representación del INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, e interpone Recurso de Protección en favor del extranjero don nombre reservado, venezolano, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por vulnerar los derechos constitucionales a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley establecidos en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Funda su arbitrio en que el Sr. nombre reservado luego de no poder realizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de manera presencial, indicando que no se lo permitieron, por lo que, con fecha 04 de agosto de 2021, el recurrente envió, desde su correo electrónico personal DIRECCION000, una carta dirigida al Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, don nombre reservado, con copia a la jefa de la Sección Refugio y Reasentamiento, doña nombre reservado

nombre reservado, solicitando la formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, solicitando que se le remitiera a su correo electrónico personal el respectivo formulario, la que a la fecha de esta presentación no ha sido respondida.

Indica que, el fundamento de su solicitud de refugiado se debe a que en Venezuela vivía en la ciudad de San Fernando, Estado Apure, y trabajaba como médico en el Hospital Público Pablo Acosta Ortiz, en el año 2020 fue víctima de diversas amenazas en contra de su libertad personal y actos de hostigamiento, hechos que atribuye como represalias al haber exigido públicamente una mejora en las condiciones laborales de los médicos de su hospital, y por no estar de acuerdo con la forma que se organizó el trabajo en el contexto de pandemia, refiere que los agentes persecutores son funcionarios administrativos del hospital, todos adeptos al régimen de Nicolás Maduro y a los miembros de los “colectivos” que operaban en su ciudad, no disponiendo de protección estatal, ya que, denunció los hechos a la policía, los que nunca realizaron ninguna investigación, por lo que no puede regresar a Venezuela.

Por lo anterior, solicita que: 1. Se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto recurrido; 2. Se declaren vulnerados los derechos a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2, respectivamente, de la Constitución Política de la República; 3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la recurrida enviar al solicitante de asilo, vía correo electrónico, el formulario que permite formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, en un plazo de cinco días desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, posteriormente recepcionar por la misma vía el formulario completo junto a los antecedentes que acompañe el recurrente y, así, dar inicio al procedimiento de determinación de la condición de refugiado; 4. Se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos y omisiones arbitrarios e ilegales descritos con antelación respecto del afectado; 5. Se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación, como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos, y 6. Se ordene al recurrido que instruya las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados a la igualdad ante la ley y la integridad psíquica.

SEGUNDO: Que, la recurrente acompaña los siguientes documentos, para sustento del recurso: 1. Copia de la Sesión Constitutiva del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 30 de julio de 2010. 2. Copia de la designación de don nombre reservado como Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la que consta en Resolución Exenta número N°219, de fecha 29 de julio de 2019. 3. Mandato judicial suscrito por el director del INDH, don nombre reservado, firmado con fecha 29 de agosto de 2019, ante don nombre reservado 13 Illanes, Notario Público Titular de la Décimo Quinta Notaría de Santiago, y anotado en su repertorio bajo el N° 3649-2019, y cuenta con Firma Electrónica Avanzada, Código de Verificación N° [cuenta reservada]. Copia simple documento de identidad de nombre reservado, pasaporte N° RUT reservado. 5. Copia simple correo electrónico de 4 de agosto de 2021, dirigido desde el correo personal del recurrente DIRECCION000 al jefe DEM, nombre reservado, con copia a la jefa de la SRR, solicitando la formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

TERCERO: Que, informa doña nombre reservado, abogada del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del mismo por no existir acto u omisión de la autoridad que pueda calificarse de arbitrario o ilegal.

Señala que, el extranjero don nombre reservado ingresó a Chile por el aeropuerto nombre reservado con fecha 10 de agosto de 2018; con fecha 21 de agosto de 2018, ante la Gobernación Cordillera, solicita visa temporaria conjuntamente con autorización para trabajar mientras se tramita su visa, mediante Resolución Exenta N°NUM002, de la Gobernación Cordillera, de fecha 21 de agosto de 2018 se le otorga autorización para trabajar con vigencia entre el 21 de agosto de 2018 y el 21 de diciembre de 2018; luego por Resolución Exenta N°NUM001 de la Gobernación Cordillera, con fecha 03 de junio de 2019, se otorga Visa temporaria, en condición de titular, por el período de un año, la cual pese a su notificación no fue estampada.

Agrega que, con fecha 04 de agosto de 2021, el Sr. nombre reservado remite carta al departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ante lo cual mediante oficio N°NUM000 de fecha 11 de agosto de 2021 se le cita para el día 14 de septiembre de 2021 a las 09:30 hrs., a la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ubicada en Chacabuco N°1216 y que, éste no concurre a la cita, no constando otros antecedentes.

Hace presente que, el Departamento ha cumplido con dar respuesta a lo solicitado por la parte recurrente mediante su misiva de fecha 04 de agosto de 2021, el que fue despachado a la dirección de correo electrónico aportado por la parte recurrente otorgándole cita para ser personalmente atendida en dependencias de la Sección de Refugio, y se le ha dado la garantía de no ser objeto de sanciones migratorias hasta la época de su atención, considerando que la dilación de dicha atención se debe únicamente a las restricciones de movilidad impuestas por la autoridad sanitaria y que no pueden ir en desmedro de aquellas personas que han manifestado la voluntad de ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, teniendo presente también el gran volumen de presentaciones, que, no existe negativa a formalizar la solicitud condición de refugiado del extranjero, como afirma en el presente recurso.

Señala que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país, plazo que además no es fatal.

Además, al ser su situación migratoria regular, no existe acto vulneratorio de las garantías constitucionales, conforme dispone el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Extranjería, en relación al 81 y 133 del mismo cuerpo legal.

Finaliza señalando que en el caso la autoridad recurrida ha actuado siempre dentro de la esfera de sus competencias, acorde con la Constitución y las normas legales y reglamentarias dictadas conforme a ella, y en estricta observancia de los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile.

CUARTO: Que, la recurrida acompañó Oficio Ordinario N° NUM000 de fecha 11 de agosto de 2021, remitido a la recurrente por esta autoridad migratoria.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEXTO: Que, en el presente caso, la recurrente ingresó al país con visa temporaria y alega haber solicitado al Departamento de Extranjería y Migración, a la Sección Reasentamiento y Refugio formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, negándosele la entrega del formulario respectivo.

SÉPTIMO: Que, el procedimiento formal de solicitud de asilo, de conformidad a la Ley N°20.430, indica que ella debe formalizarse en los términos del artículo 1° inciso 2° del Reglamento de la ley contenido en Decreto N°837, de 17 de febrero de 2011, que dispone que se entenderá como solicitante de la condición de refugiado todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y formalice su intención de ser reconocido. Esta formalización debe realizarse en cualquiera de las oficinas de Extranjería, de manera presencial, debiendo completarse un formulario que es proporcionado por la autoridad migratoria y un anexo en el cual el solicitante expone los motivos por los cuales debió salir de su país de origen, y demás antecedentes relevantes para decidir.

Asimismo, el artículo 19 de le referida ley, dispone que el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, establecida en el artículo 20 de la norma legal citada.

En cuanto al procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado, conforme al artículo 25 de la ley en análisis, éste se regirá por las disposiciones de este cuerpo legal y su reglamento, y, en lo no regulado por éstos, se aplicará supletoriamente la Ley N°19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Por su parte, su artículo 26 expresa que podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile sea que su residencia fuere regular o irregular, lo que guarda concordancia con el artículo 6° de la citada ley, que previene que no se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten dentro de los 10 días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades alegando una razón justificada; y tiene correspondencia, además, con lo señalado en el artículo 8 del Reglamento, que dispone que los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello y con lo contemplado en el artículo 32 del Decreto 837, que previene que podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su ingreso o residencia en el país fuere regular o irregular.

A su vez, el artículo 10 de la Ley de Extranjería, establece que corresponderá a la Dirección General de Investigaciones controlar el ingreso y salida de los extranjeros y el cumplimiento de las obligaciones que este decreto ley les impone.

OCTAVO: De acuerdo a la normativa legal y reglamentaria aludida precedentemente, se advierte la existencia de un procedimiento reglado para formalizar la solicitud de la condición de refugiado, que resulta aplicable a todos aquellos extranjeros que se encuentre en el territorio nacional y formalicen su intención de ser reconocidos como tales; procedimiento que, en el presente caso, ha sido inobservado por la autoridad administrativa, desde que se le ha negado a la recurrente la entrega del formulario respectivo para hacer efectiva su presentación en los términos que prevé el artículo 36 bis del Decreto 837.

NOVENO: Que, en consecuencia, la recurrida al negar e impedir a la recurrente el ejercicio de los derechos que se reconocen a los extranjeros por la normativa ya reseñada, en especial, por no permitir formalizar su solicitud, ha incurrido en ilegalidad al someter a la actora a una entrevista y rechazar su solicitud verbalmente, contraviniendo, de esta forma, la normativa que regula la materia.

DÉCIMO: Del mismo modo, se constata que la decisión de rechazo en los términos formulados y sin apego al procedimiento legalmente establecido carece de motivación, por lo que deviene, además, en arbitraria.

UNDÉCIMO: Como corolario de la ilegalidad y arbitrariedad constatada, la recurrida ha afectado el derecho de igualdad ante la ley de la recurrente, garantizada en el numeral 2 del artículo 19 del texto constitucional en comparación con otros extranjeros que han podido formalizar su solicitud, lo que conduce a acoger la presente acción de cautela, en los términos que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado, en contra de Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sólo en cuanto se ordena a la recurrida entregar a la recurrente el formulario que le permita formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, en un plazo de cinco días desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, y una vez recepcionado el documento, conjuntamente con los antecedentes pertinentes, dar inicio al procedimiento de determinación de la condición de refugiado, conforme al procedimiento reglado establecido en la Ley 20.430 y su Reglamento y normas supletorias aplicables a la materia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el abogado integrante Sr. Lepin.

N°Protección-38761-2021.

No firma el abogado integrante señor Lepin, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por el ministro don Antonio Ulloa Márquez e integrada por la ministra (i) doña Ana María Osorio Astorga y el abogado Integrante don Cristián Lepín Molina.