Protección contra Comisión Médica Central y de la Superintendencia de Pensiones

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, educadora de párvulos, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Comisión Médica Central y de la Superintendencia de Pensiones, por haberse rechazado su solicitud de pensión de invalidez mediante Resolución C.M.C.

N°NUM000, dictada con fecha 30 de enero de 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto carece de fundamento plausible y de racionalidad, al no considerar su enfermedad específica ni las normas de evaluación aplicables, vulnerando con ello los derechos fundamentales de derecho a la vida e integridad física y psíquica, derecho a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Señala que el 10 de febrero del año 2025 se le notificó la Resolución C.M.C. N°NUM000, de la Comisión Médica Central, que confirmó el Dictamen NºNUM001 de la Comisión Médica Santiago Centro, que rechazó su solicitud de pensión de invalidez y declaró que no procedía su otorgamiento bajo la observación de “Incapacidad no configurada”.

Expone que en el año 2017 fue diagnosticada por primera vez con Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) Tipo I, Episodios Mixto y Ciclado Rápido, siendo el más severo de los trastornos anímicos y de difícil tratamiento, presentando cuatro o más episodios al año que a menudo se configuran simultáneamente.

Indica que se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde hace aproximadamente 5 años, con constantes modificaciones en la medicación. Agrega que desde hace más de 3 años se encuentra con licencia médica, y que su situación ha empeorado, lo que ha impedido su reincorporación laboral, especialmente considerando que su trabajo es con niñas y niños de jardín infantil de entre dos y cuatro años, lo cual acrecienta sus episodios de manía o depresión debido al alto desgaste emocional y el peligro que ello conlleva para los párvulos.

Critica el contenido del Acta NºNUM002 de la Comisión Médica Central, que da cuenta sobre el análisis de su situación médica, estimando que adolece de errores graves al basar su diagnóstico acabado de su situación en “sólo una consulta”, sin la debida consideración de la naturaleza del TAB que requiere seguimiento y tratamiento continuo y permanente, a diferencia de una discapacidad física. Sostiene que es erróneo lo señalado en dicha acta respecto a que los rasgos caracterológicos predominantes no han sido abordados en el tratamiento, y que la evaluación realizada por un neurólogo fue insuficiente y no ajustada a su condición psiquiátrica. Afirma que la Comisión parece ignorar que el TAB requiere tratamiento regular, que “no tiene cura” y que su profesión aumenta sus episodios, haciendo su resolución absolutamente arbitraria y vaga.

Funda la ilegalidad del acto recurrido en el incumplimiento de los artículos 11 y 41 inciso cuarto de la Ley N°19.880, que exigen que los actos administrativos que afecten derechos de particulares sean siempre fundados y expresen los hechos y fundamentos de derecho. Sostiene que las resoluciones cuestionadas no precisan las razones del rechazo, omitiendo los antecedentes determinantes y específicos de su caso particular. Además, invoca el artículo 11 del Decreto Ley N°3.500 y el Capítulo XI de las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez, que establecen la necesidad de una entrevista psiquiátrica completa, la que no fue realizada debidamente por un médico especialista, ni por la Comisión Médica Regional ni por la Central.

Argumenta que el acto es arbitrario, al haber actuado la recurrida sin argumentos concretos, razonables, objetivos y empíricamente acreditables y sin fundamentación clínica, lo que convierte la facultad discrecional en arbitraria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la Comisión Médica Regional de Santiago y la Comisión Médica Central –ambas de la Superintendencia de Pensiones–, actuaron de forma ilegal y arbitraria; que se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene otorgar la pensión de invalidez respectiva en su favor, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, la Superintendencia de Pensiones, mediante oficio ordinario N°NUM003, de 30 de junio de 2025, evacuó el informe solicitado, alegando falta de legitimación pasiva.

En cuanto a la falta de legitimación precisa que la acción se interpone porque la recurrente considera que la Superintendencia ha incurrido en una actuación arbitraria e ilegal al rechazar su solicitud de pensión de invalidez y emitir la Resolución C.M.C. N°NUM000, de 30 de enero de 2025. No obstante, refiere que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central no dependen de la Superintendencia de Pensiones ni forman parte de su estructura orgánica para efectos de emitir sus pronunciamientos, gozando de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración, según lo dispone el artículo 18 del Reglamento del D.L. N°3.500 de 1980 (D.S.

N°57, de 1990). Por lo tanto, indica que no tiene la representación judicial ni extrajudicial de las Comisiones Médicas, y sus facultades de derecho estricto no le conceden la prerrogativa de representar a dichas Comisiones, ni de ejercer atribuciones resolutivas de los reclamos contra sus dictámenes de invalidez.

Precisa que si bien la Superintendencia debe designar a los médicos integrantes de dichas Comisiones, estos no son funcionarios dependientes, sino que se contratan sobre la base de honorarios, conforme al artículo 20 del mismo Reglamento.

Igualmente informa que la recurrente no registra presentación ni reclamo alguno ante dicho Servicio en relación con los hechos de su acción cautelar, por lo que la Superintendencia no tiene antecedentes que aportar.

En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el artículo 4° del D.L. N°3.500, de 1980, que establece el derecho a pensión de invalidez y el rol de las Comisiones Médicas en la calificación; el artículo 11 del mismo decreto ley, que crea las Comisiones Médicas Regionales y Central; el artículo 18 del D.S. N°57, de 1990, que consagra la autonomía de estas Comisiones en la calificación de invalideces; y el inciso tercero del artículo 19 del mismo Reglamento, que circunscribe la función de la Superintendencia a la supervigilancia administrativa y la impartición de normas operativas y fiscalización, sin atribuciones para intervenir en los procesos de calificación de invalidez.

Por consiguiente, solicita se declare que carece de legitimación pasiva, o, en subsidio, que no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, ya que la función de evaluar y calificar el grado de invalidez corresponde exclusiva y excluyentemente a las Comisiones Médicas del D.L. N°3.500 de 1980, función que ejercen con plena autonomía técnica; y, sobre esa base, solicita el rechazo del recurso a su respecto.

TERCERO: Que, a su vez, evacuó informe la Comisión Médica Central, a través de su presidenta, Dra. Adriana nombre reservado, exponiendo las razones por las cuales confirmó el dictamen de la Comisión Médica Regional.

Explica que con fecha 29 de mayo de 2024 la recurrente suscribió una solicitud de pensión y calificación de invalidez, indicando que su evaluación correspondió a la Comisión Médica de la Región Metropolitana Santiago Centro, la que, mediante Dictamen de Invalidez N°NUM001, de 11 de septiembre del mismo año, acordó rechazar la invalidez, fundado en que las afecciones alegadas como invalidantes, a la fecha de la evaluación, no configuraban impedimento ni menoscabo laboral permanente. Agrega que entre los argumentos de la Comisión Médica Regional se señaló que la recurrente, de 51 años, presentaba Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) desde hacía 5 años, en tratamiento con diversos fármacos, con un cuadro de difícil manejo y ciclación rápida. Se indicó que estaba con licencia médica prolongada desde noviembre de 2021, sin actividades de rehabilitación, sin ingreso a GES, con rasgos caracterológicos predominantes no abordados en el tratamiento y último ajuste farmacológico hacía 4 meses, concluyendo que el trastorno bipolar correspondía a un impedimento no configurado.

Precisa que el 14 de octubre de 2024 la interesada recurrió en contra de dicho dictamen, siendo resuelto por la Comisión Médica Central mediante Resolución C.M.C.

N°NUM000, de 30 de enero de 2025, por medio de la cual se confirmó la decisión de “impedimento no configurado”. Agrega que en el Acta de Sesión N°NUM002 de la Comisión Médica Central, de igual fecha, se argumentó, entre otros aspectos, que la recurrente, con historia psiquiátrica desde la juventud y tratamiento farmacológico regular, presentaba interferencias en actividades sociales y domésticas, y que si bien se había modificado el esquema de medicamentos cuatro meses antes, aquello no alcanzaba para declararse la invalidez. Menciona que las normas de evaluación de invalidez exigen tratamiento regular, según guías ministeriales, por 1 año para configurar el impedimento, y que en el caso concreto no se cumplía con los requisitos para ello.

En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el artículo 4° del Decreto Ley N°3.500 de 1980, que establece el derecho a pensión de invalidez para aquellos afiliados que sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo; refiriéndose a las “Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones”, que definen “impedimento”, “menoscabo laboral” y “menoscabo laboral permanente”, y los requisitos para que un impedimento se considere “configurado”.

Subraya que en el caso de la recurrente la patología alegada, a la fecha de su evaluación, no poseía el mérito suficiente para causar un menoscabo laboral de carácter permanente, puesto que existían tratamientos médicos en curso (un nuevo esquema farmacológico iniciado hacía cuatro meses), y que la ausencia de alguno de los cinco requisitos de un impedimento configurado implicaba que este se considerara no configurado, impidiendo asignar menoscabo laboral.

Respecto a la legalidad y ausencia de arbitrariedad, la Comisión Médica Central afirma que sus decisiones, y las de la Comisión Médica Regional, estaban respaldadas por el Decreto Ley N°3.500, su Reglamento y las Normas técnicas de invalidez. Sostuvo que las evaluaciones se basaron en los antecedentes acompañados y en nuevas interconsultas practicadas, ponderadas por especialistas, concluyendo la no configuración de impedimento permanente por Trastorno Afectivo Bipolar (TAB).

Precisó que el menoscabo laboral global era del 0% debido a que la afección principal se encontraba con tratamientos médicos pendientes o en curso. Asimismo, indica que el dictamen y las resoluciones se dictaron por autoridades competentes, dentro de sus atribuciones y con apego a la normativa, y que se encontraban debidamente fundadas en las actas de sesión, notificadas al afiliado para proteger datos personales y sensibles conforme a la Ley N°19.628.

CUARTO: Que, la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, sostiene que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Asimismo, se ha sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo, y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

QUINTO: Que, la controversia en estos autos se encuentra circunscrita a la discrepancia de la recurrente con el resultado de la evaluación médica que la Comisión Médica Regional de Santiago y la Comisión Médica Central le realizaron en el contexto de su solicitud de pensión de invalidez, la cual concluyó que la paciente no cumplía con los requisitos para pensionarse por dicha modalidad, y que el menoscabo laboral global era del 0% debido a que la afección principal de la recurrente se encontraba con tratamientos médicos y farmacológicos pendientes o en curso.

SEXTO: Que, en primer término, en cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva de la Superintendencia de Pensiones, esta Corte así lo declarará, atendido a que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4° y 11 del D.L.

N°3.500, de 1980, y artículo 18 del Decreto Supremo N°57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las Comisiones Médicas Regionales gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las invalideces sometidas a su consideración, misma autonomía que se le reconoce a la Comisión Médica Central para el conocimiento de las reclamaciones a los dictámenes emitidos de las Comisiones Médicas Regionales, encontrándose tales facultades radicadas exclusiva y excluyentemente en las mencionadas entidades, sin que la normativa entregue competencia alguna a la Superintendencia respecto a tales calificaciones y a la resolución de las reclamaciones.

Adicionalmente, conforme a lo informado por la Entidad Fiscalizadora, la recurrente no ha efectuado ninguna presentación ante ella en cuyo contexto le haya correspondido emitir algún tipo de pronunciamiento, lo cual refuerza la falta de legitimación pasiva del señalado órgano, o, en última instancia, que no es ella la que ha incurrido en algún acto ilegal o arbitrario en el ámbito de la decisión que la recurrente denuncia afectarle.

SÉPTIMO: Que, ahora, en cuanto al fondo, del mérito de los antecedentes y los informes evacuados por la Comisión Médica Central y la Superintendencia de Pensiones se desprende que la resolución que motiva el recurso –C.M.C.

N°NUM000–, fue dictada en el marco de un procedimiento reglado, conforme a las disposiciones del Decreto Ley N°3.500 de 1980 y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no advirtiéndose que durante la substanciación de éste, ni en la decisión misma, se hubiere incurrido en las ilegalidades y arbitrariedades que se denuncian.

En efecto, la Comisión Médica Central conoció de la reclamación interpuesta por la recurrente, con médicos distintos a los que resolvieron la impugnación previa, evaluando los antecedentes clínicos e informes de especialistas disponibles, confirmando la decisión de la Comisión Médica Regional Metropolitana, en cuanto a rechazar la invalidez atendido que las afecciones alegadas como invalidantes, a la fecha de la evaluación de la protegida, no configuraban impedimento ni menoscabo laboral permanente que justificaré el otorgamiento de una pensión de invalidez, indicándose, además, que la paciente se encontraba con tratamiento farmacológico modificado en curso, según guías ministeriales, de todo lo cual se dejó constancia en el Acta de Sesión N°NUM002 de la Comisión Médica Central que se cita como fundamento de la Resolución C.M.C. N°NUM000.

De este modo, sobre la base a estos antecedentes acompañados es posible concluir que el acto impugnado no deriva de una actuación antojadiza ni carente de razonabilidad, sino del ejercicio de una función administrativa específica y técnica, desarrollada dentro del marco normativo y procedimental que rige la calificación de invalidez. Luego, en las decisiones adoptadas por los distintos órganos que han intervenido en las diversas etapas que supone la tramitación de la solicitud de declaración de invalidez de quien ahora recurre de protección, se han expresado con claridad, precisión y suficiencia las razones médicas que condujeron a la decisión que se adoptó, lo cual permite excluir cualquier reproche de arbitrariedad.

OCTAVO: Que, así entonces, en las condiciones anotadas, no corresponde que por medio del recurso de protección se emitan pronunciamientos declarativos sobre el derecho a una pensión de invalidez, ni que se sustituya el procedimiento previsto en la ley para revisar técnicamente las decisiones administrativas, toda vez que tales materias deben ventilarse en instancias de lato conocimiento dotadas de mayores posibilidades probatorias.

Luego, como se expuso en el considerando séptimo, la resolución impugnada indica que los fundamentos del acto recurrido se encuentran contenidos en el Acta N°NUM002, documento de la Comisión Médica Central que indica explícitamente cuales han sido las razones que se han tenido presente para justificar la decisión que se adoptó, de manera tal que debe estimarse satisfecho el requisito de fundamentación que exige el artículo 11 y el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N°19.880, más aun cuando el inciso final de ésta última norma dispone: “La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma”, habiéndose hecho expresa referencia al Acta N°NUM002 en el párrafo final de la Resolución C.M.C. N°NUM000.

Conforme a lo indicado, evidentemente esta Corte no se halla en situación de calificar esa decisión desde el punto de vista médico, debiendo controlar únicamente que se haya emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezca carente de racionalidad, estimándose en el presente caso satisfechas ambas condiciones, de modo tal que falta el supuesto de hecho esencial que justifica la acción de protección, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal.

NOVENO: Que, por las consideraciones antes señaladas, el recurso interpuesto debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Comisión Médica Central y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo.

Protección – Rol N°3873-2025.

Pronunciada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo, e integrada, además, por el ministro (S) señor Pablo Toledo González y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.