nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES COMISION CENTRAL MEDICA

Santiago, nueve de septiembre de dos mil catorce.

Vistos y considerando:

PRIMERO : Que, a fojas 6 y siguientes, comparece don nombre reservado, quién lo hace en representación de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por don nombre reservado.

Aduce el recurrente que dicha institución y su personero, han incurrido una actuación ilegal y arbitraria consistente en la injustificada revocación del dictamen Nº 213.0125.2014 de la Comisión Médica Nº 2 de la Región Metropolitana, de 25 de marzo de 2014, que después de interconsultas con especialistas en reumatología y psiquiatría le concedió a la protegida la invalidez total definitiva, señalando que el menoscabo es del 72%.

Precisa que, con fecha 14 de abril de 2014, se interpuso reclamo ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, por parte de don nombre reservado., actuando por la aseguradoras que indica, solicitando la revocación del Dictamen antes mencionado, el que es acogido, otorgando invalidez parcial transitoria a la reclamante, con incapacidad global de 54%, situación que constituye un acto arbitrario e ilegal que afecta las garantías constitucionales que indica. Añade que no fue escuchada.

Termina solicitando que se declare nula la apelación, porque el reclamante de las Compañías de Seguros que singulariza carece de personería para actuar; que la recurrente tiene derecho a que se le califique positivamente la invalidez total definitiva y se le pague la pensión que corresponde; y que el pago de la pensión sea retroactiva al 13 de noviembre de 2013, con costas.

SEGUNDO: Que don nombre reservado, a fojas 32 y siguientes de autos, informa al tenor del recurso en estudio, sosteniendo, en primer término, que la Comisión Médica Metropolitana Nº 10, mediante Dictamen Nº 1013.0012.2013, de 8 de enero de 2013, le otorgó a la recurrente un menoscabo de capacidad de trabajo del 34,00%, concluyendo que las enfermedades de la protegida no alcanzan a provocar una pérdida de a lo menos un 50%, por lo que rechazó la invalidez.

Añade el informante que la trabajadora apeló de ese Dictamen adjuntando diversos informes y exámenes médicos.

Pormenoriza, que la Comisión Médica Central resolvió mediante Resolución Nº C.M.C. 3760/2013 de 13 de mayo de 2013 el rechazo del reclamo y confirmó el Dictamen objetado, que rechazó la invalidez.

Destaca que, posteriormente, con fecha 3 de junio de 2013 la recurrente presentó reposición y que la Comisión Central confirmó mediante Resolución CMC 00546/2013 la CMC 3760/2013 antes referida.

Precisa que la recurrente presentó una nueva pensión de invalidez con fecha 13 de noviembre de 2013, ante lo cual la Comisión Médica Regional ordenó nuevos exámenes e informes de médicos intraconsultores reumatólogo, psiquiatra y neurólogo, para resolver, en definitiva, mediante Dictamen de Invalidez Nº 213.0125/2014 de 25 de abril de 2014, un menoscabo de un 72%, por lo que acuerda aceptar invalidez defintiva total, a contar del 13 noviembre de 2013.

Añade que las Compañías de Seguros indicadas en el informe reclamaron a la Comisión Médica Central del último Dictamen de la Comisión Médica Regional, con los fundamentos que allí se indican y, notificada la recurrente de la referida reclamación, presentó sus observaciones, formulando también unas alegaciones a la reclamación de las Compañías de Seguros.

Sostiene que La Comisión Médica Central resolvió la reclamación d las Compañías de Seguros, aceptando el reclamo resolviendo otorgar invalidez parcial transitoria.

Refiere que la situación excede del ámbito del recurso en análisis, ya que por esta vía solo es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no constituyendo un procedimiento de naturaleza declarativa.

Formula a continuación diversas consideraciones jurídicas y aduce que la Comisión ha actuado dentro de sus facultades y conforme a las normas legales y procedimientos establecidos por el DL 3500 del año 1980 y su reglamento y que tampoco su proceder es arbitrario porque de las actas de las sesiones correspondientes consta que sus resoluciones se encuentran debidamente motivadas.

Por último, esgrime que ni las Comisiones Médicas que han intervenido en el caso ni la Superintendencia de Pensiones informante han realizado actos u omisiones que produzcan agravio a la recurrente en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados en el recurso.

Termina peticionando que se declare improcedente el recurso de interpuesto y, en subsidio, se lo rechace, con costas.

TERCERO: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas por la Carta Magna del ordenamiento.

CUARTO: Que, con lo precedentemente expuesto, han quedado cabalmente determinadas las respectivas posturas tanto de la accionante de autos, o sea, de don nombre reservado, por doña nombre reservado, como de la accionada la Superintendencia de Pensiones, de suerte que resulta ahora procedente determinar por esta magistratura si ha existido o no ilegalidad o arbitrariedad en el obrar del ente público recurrido, que permita acoger la acción cautelar en estudio.

QUINTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que la alegación formulada en la acción de protección examinada, es improcedente en lo que hace al cuestionamiento de la intervención del profesional que lo hizo por las Compañías de Seguros, esto es, su participación en los hechos examinados por estos jueces, ya que esa intervención se enmarca a cabalidad dentro de lo que dispone el artículo 110 del Decreto Ley 3500 y a que se encontraba habilitado para actuar por ellas durante todo el año 2013. Por otra parte, se encuentra establecido a plenitud que la trabajadora tuvo la oportunidad de ser oída en cuanto a sus planteamientos, de modo que esa alegación resulta injustificada.

SEXTO: Que, con todo, para esta Corte resulta notorio que el recurso en análisis da cuenta de hechos que no se encuadran ni subsumen a cabalidad en los presupuestos establecidos por el constituyente para estimar favorablemente el recurso o acción constitucional articulado en estos autos por la accionante, en atención a que la materia en que incide el presente recurso excede los márgenes a que habilita el artículo 20 de la Constitución Política. En efecto, como fuere y en último término, se ha llamado a esta Corte a examinar y resolver sobre un asunto que, a su parecer, debe ser resuelto en un procedimiento de cognición, ante el juez natural, ya que lo que en verdad se reprocha por la accionante a la recurrida, dice relación con derechos que no son indubitados, ni tampoco se encuentran exentos de controversia, aspectos para cuya resolución, además, es menester analizar aspectos técnicos y científicos muy especializados, de suerte que no se divisa en razón de qué circunstancia esos temas, podrían ser revisados en sede de protección, cuando de modo uniforme, tanto la doctrina como la jurisprudencia, lo han descartado. Luego, también los fundamentos que se aducen para acoger la acción de protección revelan que se trata de un asunto que para su resolución exige de prueba y bien se sabe que la protección no es un juicio, de modo que, si en esta sede no cabe rendir prueba, se ha privado a las partes de su derecho a contradecir en torno a los hechos que pudieran o no configurar la ilegalidad o arbitrariedad que se atribuye a la institución accionada.

SÉPTIMO: Que, en las condiciones descritas en el basamento que antecede, es parecer de esta magistratura, que la presente vía resulta inidónea e inadecuada para obtener el propósito que persigue la recurrente, en atención a que los planteamientos formulados en el escrito introductorio de estos antecedentes requieren de una etapa confirmatoria, dentro de la cual los contendientes tengan la oportunidad de arrimar las probanzas necesarias para justificar sus afirmaciones acerca de las cuestiones fácticas debatidas, fase procesal que no se encuentra contemplada en las normas que regulan este recurso, por resultar ajena a su finalidad.

OCTAVO: Que, con todo, analizados los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, al entender de estos jueces, en el actuar de la institución recurrida no se divisan comportamientos reprochables que den cuenta de los vicios o defectos establecidos en la normativa que establece la acción cautelar analizada, necesarios para emitir un pronunciamiento favorable a lo peticionado por la recurrente, y, en tales circunstancias, no resulta viable estimar favorablemente el reparo incoado objeto de actual estudio, que asigna ilegalidad o arbitrariedad a las conductas que se atribuyen a la accionada.

NOVENO: Que, como ya se dejó precedentemente asentado, en esta sede no resulta posible constatar las circunstancias fácticas cuestionadas por el recurso constitucional en estudio y, por ende, tampoco la existencia de alguna arbitrariedad o ilegalidad, de suerte que se hace impropia la realización de análisis acerca de si existe alguna garantía constitucional conculcada en perjuicio de la accionante.

DÉCIMO: Que, en las condiciones expuestas en la parte motiva que antecede y como se dirá en lo conclusivo de este pronunciamiento jurisdiccional, resulta enteramente procedente negar lugar a lo peticionado en lo principal de la presentación introductoria de fojas 6 y siguientes.

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección impetrado a fojas 6 y siguientes por don nombre reservado, quién lo hace en representación de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por don nombre reservado.

Redacción del abogado integrante señor Eugenio Benítez Ramírez.

Regístrese y archívese, sí no se apelare.

N°Protección- N° 38574 - 2014.

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Pilar Aguayo Pino e integrada por el Ministro señor Jorge Luis Norambuena Carrillo y por el abogado integrante señor Eugenio Benítez Ramírez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago la sentencia que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.