nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y nombre reservado

Santiago, veintidós de julio de dos mil catorce.

A fojas 97, Agréguese a los autos los documentos.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO:

Que don Francisco Javier Caballero Germain, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, funcionaria pública y profesional de la educación domiciliada en domicilio reservado, ha recurrido de protección contra la MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA, representada por su Alxcalde señor nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra de doña nombre reservado, Jefe del Departamento de Educación de la referida Municipalidad, domiciliada en domicilio reservado, pidiendo se adopten las medidas necesarias para el debido restablecimiento del derecho, en particular que se reconozca a la recurrente su calidad de funcionaria de planta y ordenar a las recurridas abstenerse de toda actuación o medida que desconozca su calidad funcionaria debiendo dar respuesta inmediata y fundada a la petición de ésta de ocupar el cargo de Inspectora General en la Escuela Diferencial Madre Tierra. En subsidio de esto último solicita se declare que continúa sirviendo como profesional de la educación en el Complejo Educacional Eduardo Cuevas Valdés y, finalmente solicita se condene a las recurridas a pagar las costas de la causa.;

SEGUNDO:

Que fundamentando la acción cautelar intentada, la recurrente señala lo siguiente: a) que con fecha 14 de marzo de 2008 la recurrida, mediante Decreto Alcaldicio N°596, nombró a la recurrente Inspectora General del Liceo San José de Lo Barnechea; b) que con fecha 25 de marzo de 2011, mediante Decreto Alcaldicio N°1792, la recurrente fue nombrada como Inspectora General en el Instituto Estados Americanos; c) que con fecha 16 de octubre de 2012, la recurrente fue designada en comisión de servicio hasta el 31 de diciembre del mismo año para cumplir labores de apoyo en la Inspectoría en el Colegio Diferencial Madre Tierra; d) que en el año 2013, la recurrente retornó a prestar servicios en su cargo de Inspectora General en el Instituto Estados Americanos; e) que con fecha 19 de diciembre de 2013 la recurrente se informó que el día anterior, es decir, el 18 de diciembre, la recién nombrada Directora del Establecimiento Educacional Instituto Estados Americanos había determinado que de acuerdo al artículo 34 C de la Ley 19.070, correspondía declarar de su exclusiva confianza el cargo de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica de Educación Básica y el de Inspector General del referido establecimiento, lo que implicaba que se podría prescindir de los cargos del equipo directivo por lo cual se le ofrecen algunas alternativas para desempeñar horas académicas en otros colegios, debiendo dar respuesta dentro de los cinco días siguientes; f) que dentro de plazo la recurrente dio respuesta a a la opción propuesta por la Municipalidad de Lo Barnechea; g) que las recurridas no sólo no dieron respuesta a la carta de la recurrente sino que, consultados acerca de aquello le informaron que su contrato había caducado.

TERCERO:

Que, según el recurrente, el proceder de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario que “priva, perturba o amenaza” garantías que la constitución reconoce a todas las personas, en particular, los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO:

Que, informando los recurridos a fs.73 en forma conjunta, expresan en primer lugar, que el recurso no cumple con los requisitos y condiciones establecidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que en la especie no existen actos u omisiones por parte de la ia que se puedan calificar de arbitrarias o ilegales y menos que pudieren provocar perturbación o amenaza de los derechos garantidos por la Constitución de propiedad.

En cuanto a la legalidad de la resolución, la recurrida afirma que ésta es plenamente legal pues se dictó por la autoridad competente en uso de las atribuciones exclusivas que la ley le otorga sobre el particular. Cita al efecto el Decreto Supremo N°1 de 1997; Ley N°19.070; y, Ley N° Ley 20.501.

En relación a la supuesta arbitrariedad imputada a la resolución impugnada, la recurrida sostuvo en estrados que la resolución impugnada en ningún caso podría ser considerada arbitraria o caprichosa, pues fue el fruto de un detenido estudio que guardó plena armonía con el espíritu de la ley.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, a juicio de esta Corte, para resolver el asunto sometido a su conocimiento y decisión, se debe determinar, en primer término, la procedencia del recurso de protección interpuesto, para luego, si fuera del caso, analizar el acto denunciado como ilegal o arbitrario y determinar si éste afecta las garantías constitucionales de la recurrente.

SEXTO: Que, en relación a la procedencia de la acción intentada se debe considerar lo siguiente:

El recurso de protección –como es unánimemente aceptado- requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos. Entre ellos, -la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; -que dicho acto viole, perturbe, conculque o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y, finalmente, -que quién lo interpone, se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado. Tan solo en este último caso se le puede reconocer al que acciona de protección, legitimidad activa.

SEPTIMO: Que, analizando los referidos requisitos en un orden inverso al recién señalado, esto es, estudiando en primer lugar la legitimación activa, cabe tener presente que el derecho comparado la ha definido señalando: “el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo o negativo actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real. Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quién ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta” (Tribunal Constitucional de España, STC52/2007).

OCTAVO: Que, por su parte La Excma. Corte Suprema de Chile ha sostenido sobre el particular: “la voz interés utilizada en esa disposición, (se está refiriendo al artículo 292 del Código del Trabajo), porque si bien la norma otorga legitimación activa a cualquier interesado, no por eso cualquier persona puede accionar en esta materia, ya que se precisa de interés y el interés procesal es el móvil del actor y debe ser actual, no basta con que sea futuro o eventual; directo, o sea, particular de quien lo ejerce y legítimo, es decir, lícito”. El mismo fallo agrega que la acción de autos no es popular.... (24 de marzo de 2009, rol 196-09).

De la misma manera, el máximo tribunal ha resuelto: “Aun cuando se puede recurrir de protección por sí o por otro a su nombre, es requisito básico para que la acción sea acogida que quien, o para quien se pide protección, sea un sujeto específico "afectado" en el ejercicio legítimo de su derecho, que es el legitimado para accionar, aunque otro deduzca la acción por él, por cuanto no se trata de una acción popular, desde que el imperio del derecho que hay que restituir es el que ha sido alterado por el menoscabo que sufre en su derecho el afectado con el agravio, mediante un interés personal, concreto y actualmente comprometido. (19 de marzo de 1997, rol 4658-96)

NOVENO: Que, planteado lo anterior resulta útil para el análisis que se viene desarrollando, establecer ciertos antecedentes fácticos que rodean el presente recurso de protección:

DECIMO: Que, compartiendo estos sentenciadores las opiniones transcritas del Tribunal Constitucional de España y de la Excma. Corte Suprema de Chile, en relación a la legitimación activa, se observa que en la especie que el recurrente no tiene “una relación unívoca” con “el objeto de la pretensión....., debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real.”

UNDECIMO:

Que, en efecto, del tenor de la acción constitucional intentada y del tenor del documento de fojas 98 y siguiente que da cuenta que la recurrente mantiene un juicio laboral vigente en que se discute, precisamente, la legalidad de su despido, demuestra desde ya, que su alegado derecho constitucional amenazado, conculcado o perturbado, no se encuentra indubitado DUODECIMO : Que, en tales circunstancias, la acción cautelar interpuesta por Francisco Javier Caballero Germain en representación de doña nombre reservado deberá desecharse.

Por lo expuesto, resulta que, sin perjuicio que la recurrente no ha aportado antecedentes que formen convicción suficiente para estimar que en el presente caso, exista un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de los derechos que la Constitución asegura a todas las personas y de acuerdo también a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, Se rechaza, con costas, el recurso deducido en lo principal de fojas 15..

Redacción del Abogado Integrante señor Cruchaga.

Regístrese y archívese..

Nº3857-2014 No firma el Ministro (S) señor Gómez, por encontrarse ausente.

Dictado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el Ministro señor Mario Gómez Montoya y por el Abogado Integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintidós de julio de dos mil catorce, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.