nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

Santiago, doce de julio del año dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Dirección de Crédito Prendario (DICREP), órgano público con rol único tributario 61.504.000-2, representada legalmente por don nombre reservado, abogado, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario y vulnerador de las garantías constitucionales del artículo 19 Nros 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, consistente en haber puesto término anticipado a la contrata de la funcionaria nombre reservado. Explica que esta ingresó a prestar servicios para la recurrida el 1 de octubre de 2016, en calidad de administrativo grado 11 de la contrata, desarrollando funciones en el Departamento de Recursos Humanos, para luego (marzo de 2017) desempeñarse en el Departamento de Bienestar Institucional, en labores fundamentalmente contables. Señala que pese a haber estado siempre calificada en lista 1 (de distinción), no haber sido objeto de investigación o sumario administrativo alguno y que su contrata se renovó hasta el 31 de diciembre de 2018, lo cierto es que el 3 de mayo de 2018 fue notificada de su término anticipado por el señor nombre reservado (Jefe (S) Departamento Administrativo), quién estaba acompañado de su jefa directa, doña nombre reservado, indicándole ambos que se haría una reestructuración de toda la dotación del servicio, a fin de dar mayor eficiencia al mismo. Refiere que el mismo día le entregaron la carta de término anticipado que únicamente hace mención a que “ya no son necesarios sus servicios”, sin explicar cómo o porqué aquello es así. Afirma que el acto recurrido es ilegal y arbitrario por las siguientes razones:

1. En primer término, porque la Contraloría General de la República, especialmente a partir de la instrucción para todos los servicios públicos (Ordinario N°85700 del 28 de noviembre de 2016), indica que la terminación anticipada de una contrata es un acto administrativo, formal y escrito, que debe contener los fundamentos concretos que justifican la decisión.

2. Adicionalmente, el Dictamen 6400 (2 de marzo de 2018), establece que el término anticipado de una contrata debe materializarse en un acto administrativo que satisfaga las características definidas en la Ley N°19.880, debiendo notificarse al afectado con, a lo menos, 30 días de anticipación.

3. En cuanto a la infracción a la Ley N°19.880 sobre procedimiento administrativo, evidente es que se ha vulnerado su artículo cuyo inciso primero indica que “las decisiones que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos”, estableciendo el inciso segundo que se entenderá por actos administrativos “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en los cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”.

4. En el mismo tenor, el reciente Dictamen N°6400 (marzo 2018) de la Contraloría General de la República dispone, en el título VII denominado “Consecuencias de la insuficiente fundamentación del acto que pone término anticipado a una contrata” que, “si el servidor hubiese sido separado de sus labores, la repartición de que se trate deberá reincorporarlo debiendo pagarle las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual permaneció alejado de sus funciones”.

5. Asegura que además de ilegal, es arbitrario, ya que se trata de una funcionaria que desempeñaba funciones esenciales y permanentes de la Dirección de Crédito Prendario, que nunca fue objeto de sanción administrativa y que siempre estuvo bien calificada.

6. No corresponde, en consecuencia, que se hable una “eventual reestructuración” o simplemente “que sus servicios no sean necesarios”, porque aquellas no son razones suficientes. Se trata de simples enunciados que nada dicen en relación a las verdaderas razones de la desvinculación.

7. Por otra parte, que la contrata sea transitoria no significa que deba ser precaria. Como tampoco que la facultad discrecional sea sinónimo de arbitrariedad. Esta, con el fin de evitar desviaciones de poder, exige a la Autoridad Administrativa un estándar de fundamentación y acreditación mucho más elevado.

Concluye expresando que el acto recurrido vulnera, al menos, tres garantías constitucionales: (1) la igualdad ante la ley, porque pone a esta funcionaria en una posición completamente diferente a la de los demás funcionarios públicos a quienes sí se les respetó el plazo de su contratación (que, por lo demás, está provisto presupuestariamente); (2) la garantía al debido proceso, porque no se respetaron las condiciones de motivación que exige la ley y Contraloría General, dejándola en la más absoluta indefensión al no saber cuáles son las verdaderas razones por las que se ha quedado sin empleo y, finalmente, (3) vulnera la garantía de propiedad sobre las remuneraciones, porque de la arbitrariedad del acto se desprende una privación del derecho a percibir la contraprestación en dinero, hasta el término de su contrata, esto es, el 31 de diciembre de 2018.

Pide se ordene dejar sin efecto el término anticipado de la contrata de la señora nombre reservado, ordenando la prórroga de la misma hasta el 31 de diciembre de 2018 o, en su defecto, el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido percibir de haber continuado en el cargo hasta dicha fecha.

Segundo: Que, informando don nombre reservado, abogado, por la Dirección General de Crédito Prendario, solicita el rechazo del recurso de protección por las siguientes razones que pasa a exponer. En primer término, indica que doña nombre reservado efectuó una presentación administrativa por la misma causa de pedir ante la Contraloría General de la República, la que se encuentra aún pendiente de resolución. No obstante, de forma paralela, dedujo esta acción de protección, no resultando plausible la tramitación en sede jurisdiccional hasta que se falle la fase administrativa. Refiriéndose a la legalidad y fundamento del acto impugnado, indica que doña nombre reservado fue designada a contrata dentro de la Dirección General de Crédito Prendario el 1 de octubre de 2016, contratación que se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018. No obstante, esta contratación fue terminada anticipadamente mediante Resolución RA N°99/50/2018, lo que se ajusta a derecho, ya que la institución denominada “contrata”, que se rige por las disposiciones de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, detenta un carácter esencialmente transitorio, que se extiende como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo que concurra excepcionalmente un acto administrativo en contrario, reconociéndose la posibilidad de poner término anticipado a la contrata, en el evento que no sean necesarios los servicios, para ello, es necesario que se dicte una resolución que dé los fundamentos del término, situación que concurre en caso. Explica que los servicios de la señora nombre reservado (Asistente de la Oficina de Bienestar), ya no eran necesarios, en razón de principio de eficiencia porque su labor era desempeñada por dos funcionarias. Expone que no se puede aplicar el principio de confianza legítima, pues aquel no establece la inamovilidad del cargo, ni menos desnaturaliza la temporalidad de la contrata, haciendo presente que ni siquiera habían transcurrido dos años en el cargo. Señala que no se observó el trámite de la toma de razón, de conformidad al artículo 7 N°16 de la Resolución N°10 de 2017, que fija normas sobre exención de ese trámite. Finalmente, concluye que no se vulneran las garantías invocadas por las siguientes razones:

En primer término, en relación a la igualdad ante la ley, el precepto no prohíbe la discriminación y en este caso se actuó de conformidad a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y la decisión se encuentra fundamentada.

En segundo lugar, porque no se vislumbra infracción al debido proceso, ya que la recurrente ha podido franquear todos los recursos que le ley pone a su disposición.

Por último, el derecho de propiedad no se vulnera porque no existe un régimen de estabilidad absoluta del empleo, ni siquiera en materias del Código del Trabajo y menos aún en un empleo a contrata que se caracteriza por su transitoriedad.

TERCERO: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

CUARTO: Que constituyen entonces presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, en el caso en estudio, la acción cautelar que se dedujo a favor de doña nombre reservado, se sustenta en que, por Resolución Exenta RA N° 99/50/2018 de 3 de mayo del año 2018, se puso término en forma anticipada a su contrata, vulnerando en su concepto, las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que son hechos los siguientes:

a) El cargo que servía la recurrente era a contrata.

b) El vínculo entre las partes se inició con fecha 1 de octubre del año 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año y mientras sean necesarios sus servicios.

c) Por Resolución TRA N°49, de 29 de marzo del año 2017, se prorroga la contrata de la recurrente hasta el 31 de diciembre del año 2017.

d) Por Resolución RA N° 99/113/2017 se prorrogó nuevamente la contrata hasta el día 31 de diciembre del año 2018, desempeñándose en el Departamento de Bienestar.

e) Por Resolución RA N° 99/50/2018 de mayo del año 2018, se le puso término a su contrata, indicándose “La necesidad de reestructurar fehacientemente la dotación de nuestros servicios, poniendo énfasis en las Unidades de Crédito, las cuales necesitan funcionarios con un perfil administrativo. Y que dichas dependencias (Departamento Jurídico, Crédito y Administrativo) cuentan con personal suficiente para llevar a cabo las tareas de su competencia.”

f) Dicha decisión se le notificó a la recurrente el 3 de mayo del año 2018.

SEPTIMO: Que el Estatuto Administrativo señala que los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”. Los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes. La diferencia con los contratados radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. A su vez, el artículo 10 de la Ley N°18.834 dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

OCTAVO: Que, en el caso de autos, la autoridad administrativa, en uso de sus facultades decidió, mediante Resolución Exenta RA N°99/50/2018, de 3 de mayo del año 2018, poner término a la contrata, sin justificar la decisión, como consta de lo transcrito en la letra e) del motivo sexto y ratifica al evacuar el informe.

NOVENO: Que la decisión adoptada por la recurrida de poner término en forma anticipada a la contrata de la funcionaria recurrente, si bien se ajusta a la legalidad vigente, ya que no se desconoce que la autoridad tiene la facultad de adoptar tal decisión, toda vez que la contrata es de carácter temporal y que la permanencia del empleo en el tiempo está entregada a la necesidad de la institución de contar con sus servicios y existencia de recursos presupuestarios, no puede aceptarse la discrecionalidad administrativa. Por ello, si un acto administrativo nace sin un motivo que lo justifique, es simplemente arbitrario, pues está obligado a expresar las razones jurídicas y fácticas que sirvieron de sustento a la decisión.

DECIMO: Que, la obligación de la autoridad pública de fundamentar sus decisiones constituye un imperativo contemplado tanto en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo artículo 13 inciso segundo dispone que la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella; como también en la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, el que señala en su artículo 16, que el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.

UNDECIMO: Que, en este contexto, se puede concluir que el acto impugnado aparece desprovisto de fundamento y plausibilidad, toda vez que conforme consta de su texto, no contiene las motivaciones que llevaron a la recurrida a adoptar tal decisión, solo hace una mera enunciación, sin indicar las razones de hecho y de derecho que la justifican y sirven de necesario sustento, en términos que de su sola lectura permita conocer el raciocinio de dicha decisión, por lo que se transforma en una actuación arbitraria, en la medida que se pone término anticipado a los servicios que debieron extenderse hasta el 31 de diciembre del año 2018.

DUODECIMO: Que, por todo lo antes razonado, debe concluirse que el acto por el cual se puso término anticipadamente a la contrata de la recurrente, ha sido arbitrario y ha conculcado la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, en la medida que, a la recurrente se le impidió continuar desempeñando sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2018 y, por lo tanto, a percibir la remuneración acorde a la labor para la cual había sido contratado hasta esa fecha.

DECIMO TERCERO: Que, en consecuencia, corresponde acoger la acción constitucional en estudio, pero atendida la fecha de la presente resolución, no procede reintegrar a la recurrente a sus funciones, pero sí que se deje sin efecto la resolución impugnada a fin que le paguen las remuneraciones que le hubieren correspondido -desde la fecha de la separación de sus funciones hasta el día 31 de diciembre del año 2018-, de no haber mediado la actuación arbitraria de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Nº RA 99/50/2018 y notificada el día 3 de mayo del año 2018, que puso término anticipado a las funciones de nombre reservado, disponiéndose únicamente que la recurrida solucione todos los estipendios que le corresponden desde la fecha de la separación arbitraria de sus funciones hasta el día 31 de diciembre del año 2018.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

Protección Nº38.515-2018