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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 3850-202020 may 2020

Protección contra Carabineros de Chile

Fecha
20 de mayo de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Undécima
Resultado
DE FALLO
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 3850-2020, sentencia de 20 de mayo de 2020

Resumen

Se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva del General Director de Carabineros y se rechaza la protección contra los demás recurridos, al estimarse que las resoluciones de baja y eliminación del curso se ajustaron a la legalidad y no hubo arbitrariedad.

Texto íntegro

Santiago, a veinte de mayo de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, Ex funcionario de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representada por su General Director don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; en contra de don nombre reservado, Coronel de Carabineros, nombre reservado°11, domiciliado en domicilio reservado; y en contra de don nombre reservado, Coronel de Carabineros, Director de la Escuela de Suboficiales, domiciliado en domicilio reservado, por haber dictado los siguientes actos: 1) La Resolución Exenta Nº03, de 5 de enero de 2020, de la nombre reservado°11, en la cual se dispuso su desvinculación por la medida disciplinaria de “Baja por conducta mala con efectos inmediatos” y; 2) La Resolución Exenta N°06, de 6 de enero de 2020 de la Escuela de Suboficiales, en la cual se dispuso su “Eliminación del curso de perfeccionamiento de suboficial graduado, técnico nivel superior en prevención e investigación policial 3, np3 año 2019 – 2020”, por haber sido dichos actos administrativos emitidos en forma ilegal y arbitraria, al no cumplirse los presupuestos fácticos necesarios a tales determinaciones, vulnerando sus derechos fundamentales del artículo 19º Nºs 1, 2, 3, 9 y 24 de la Constitución Política.

Pide se dejen sin efecto las Resoluciones Exentas Nº03, de 5 de enero de 2020 y N°06, de 6 de enero de 2020, disponiendo la pronta reincorporación a sus funciones como funcionario de Carabineros de Chile, en el mismo puesto en que se encontraba antes de dictar los actos recurridos; se disponga el pago íntegro de sus remuneraciones en el tiempo intermedio y durante toda la tramitación del sumario administrativo; se disponga la devolución de su Carnet de Medicina Curativa, y habilitación en el sistema de salud, a fin de hacer uso de los beneficios previsionales tanto el compareciente como sus cargas familiares; sin perjuicio del resultado que tenga posteriormente el sumario administrativo instruido al efecto, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que desde el año 2005 hasta el 5 de enero pasado, se desempeñó como funcionario de Carabineros de Chile prestando servicios en distintas unidades policiales del país, siendo finalmente de dotación del 8° Escuadrón de la Escuela de Suboficiales “Suboficial Mayor nombre reservado”, dependiente de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros de Chile.

Indica que, el fin de semana de los días sábado 4 y domingo 5 de enero del presente año se encontraba en calidad de franco y viajó a Rancagua a realizar su descanso junto a su familia. Mientras se encontraba en esa ciudad, la madrugada del 5 de enero, en circunstancias que conducía su vehículo particular participó en un accidente de tránsito chocando a otro vehículo, causándole daños al mismo y lesiones leves a su conductor.

Por lo anterior, al lugar de los hechos llegó personal de Carabineros de la 1° Comisaría Rancagua a cargo del Cabo 1° nombre reservado acompañado de otro funcionario a quien no identificó, sin embargo, al paso de unos minutos llegó una segunda patrulla, a cargo del Sargento 1° nombre reservado, acompañado del Cabo 1° nombre reservado quienes adoptaron el procedimiento policial, realizando prueba respiratoria de alcoholemia a ambos conductores, arrojando su examen 1,08 g/l de alcohol en la sangre, en tanto que al otro conductor le arrojó 0,0 g/l.

Ante el resultado del examen, expone que fue detenido por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones leves, dando cuenta al Fiscal de Turno siendo apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando en libertad, en espera de citación por parte de la Fiscalía Local de Rancagua, sin haber hecho notoria su calidad de miembro de Carabineros de Chile.

Expone que la Resolución Exenta N°3, que dispuso su “baja de las filas institucionales", dictada por el Prefecto de Cachapoal, se le notificó el mismo 5 de enero de 2020, determinándose lo siguiente: “SE RESUELVE: A). APLICASE la medida administrativa consistente en la “BAJA POR CONDUCTA MALA, con efectos inmediatos al Sgto. 2° nombre reservado, Código Funcionario N° 970022-T, de dotación del Octavo Escuadrón de la Escuela de Suboficiales “Suboficial Mayor nombre reservado”, a contar de las 00:00 horas del día siguiente al de notificación de la presente resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 127°, N°4, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N°8, en relación con el artículo 23° N°2 letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros N°11, por haberse establecido con el mérito de los antecedentes señalados en los considerandos de la presente resolución, que el día 05.01.2020, a las 06:55 horas, personal de servicio de la 1ra. Comisaría Rancagua de esta Repartición, concurren a calle Illanes con la finalidad de atender procedimiento de accidente de tránsito ocurrido en el lugar, percatándose que momentos antes en circunstancias que el referido PNI, conducía el automóvil particular P.P.U CHTG-54 por calle Illanes de norte a sur, efectuando un viraje a la izquierda deteniendo su marcha, para luego reiniciar la marcha en retroceso colisionando a la camioneta P.P.U HSXY-21, conducida por el ciudadano nombre reservado, C.I. RUT reservado, quien resultó con lesiones de carácter leve además su vehículo presentó daños en la parte frontal a raíz de la colisión”.

“Al someter a ambos conductores a prueba respiratoria de rigor, el Sgto. 2do. nombre reservado arrojó 1,08 g/l, en tanto el otro conductor lo hacía en normal estado, arrojando como resultado 0/0 g/l”.

“Conforme al resultado anterior el señalado P.N.I., fue sometido a Sumario Breve correspondiente, el que determinó que este se encontraba bajo la influencia del alcohol”.

“2.- Que, del procedimiento policial, se dio cuenta telefónica a la Fiscal de Turno de la Fiscalía Local de Rancagua MARCIA ALLENDE CASTILLO, quien instruyó que el Sgto. 2do. nombre reservado quedara apercibido del Art. 26°, quedando en espera de citación. En tanto del hecho se dio cuenta al Ministerio Publico a través del Parte Detenidos N° 112, de fecha 05.01.2020, de la primera Comisaría Rancagua, por Conducir en estado de ebriedad con resultado de lesiones leves y daños en colisión”.

“La conducta del Sgto. 2do. nombre reservado, deja en evidencia la inobservancia de órdenes expresas y vigentes y ha ocasionado un daño a la imagen de la institución, por cuanto el hecho es de conocimiento no solo en el ámbito interno de la institución, sino que también del Ministerio público”.

“Este comportamiento no puede menos que ser considerado un acto que menoscaba la dignidad y el decoro funcionario perjudicando el buen nombre y prestigio de la institución y configura las faltas a la disciplina descritas en el artículo 22° N° 1 letras d) y h) N° 2 letra a) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, concurren las circunstancias agravantes contempladas en el Art. 33° letras 3) y f) y atenuante letra a)”.

Estima que la decisión resulta arbitraria porque no se conforma a la razón o a la lógica, ya que el ejercicio de las potestades públicas que les son conferidas a los órganos del Estado, debe adecuarse a ciertos criterios de ponderación y de raciocinio.

En ese contexto, la decisión administrativa recurrida carece de razonabilidad, pues se basa en un error de hecho, que la deja desprovista de razón o sustento, lo que es suficiente para restarle validez. Quien dicta una resolución sobre la base de antecedentes que se le aportan, en todo caso debe decidir motivadamente y con antecedentes suficientes para darle sustento a su resolución.

Indica que, los hechos que motivaron el acto recurrido ocurrieron en circunstancias que se encontraba de franco, empero, la argumentación jurídica que proporciona el recurrido para la drástica medida disciplinaria adoptada es, supuestamente, el haber incurrido en la conducta descrita en el artículo 22° N°2 letra a) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, norma que describe una situación diametralmente opuesta a la acontecida en la especie, refiriendo el incumplimiento de órdenes superiores relativas al servicio, en circunstancias que todos los hechos ocurren mientras se encontraba franco, fuera del servicio policial.

Algo similar ocurre con la aplicación del artículo 22° N°1 letra h), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, normativa también citada por el acto recurrido para dar sustento jurídico a la drástica medida disciplinaria aplicada. En este caso, la norma describe una conducta que consiste en la ebriedad o intemperancia expuesta al público fuera del servicio, vistiendo uniforme o de civil, situación no discutida, sin embargo, el supuesto de hecho agrega un elemento adicional, esto es, hacer notoria la condición de miembro de Carabineros frente a terceros.

Puntualiza que, al igual que en el caso anterior, de los antecedentes fácticos que motivan el acto recurrido no se desprende que haya acontecido este elemento adicional que exige la norma, puesto que nunca hizo notoria su condición de miembro de Carabineros frente a terceras personas y así queda de manifiesto en la relación circunstanciada de los hechos del propio Parte Policial N°112 dirigido a la Fiscalía Local de Rancagua, en el cual no se describe en parte alguna que hubiere hecho notoria su calidad de miembro de Carabineros, ni tampoco que fuere funcionario de la institución.

Por ello, estima que si bien el recurrido tiene legalmente facultades para disponer su eliminación amparado en el artículo 127° N°4, inciso 5° del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros de Chile N°8, en cuanto a su contenido el acto administrativo es arbitrario, puesto que de los antecedentes fácticos que sustentan la decisión no se desprenden conductas como las descritas en el artículo 22° N°1 letra h), ni en el 22° N°2 letra a) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, siendo precisamente por incurrir en estas conductas, el motivo de su desvinculación inmediata.

Adiciona que, el artículo 127° N°4 inciso 5° del señalado Reglamento N°8, regula una situación especial, en que se autoriza excepcionalmente a la autoridad administrativa a disponer de una medida expulsiva de carácter inmediata configurándose los supuestos que la norma expresa, sin embargo, el ejercicio de esta facultad debe observar los trámites esenciales de un debido proceso, como lo es, al menos, oír al afectado, antes de aplicar una sanción, exigencia que se encuentra establecida en el artículo 12° inciso 1° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, norma que señala que: “Cuando la falta se establezca fehacientemente por la observación de la jefatura con facultades disciplinarias, se requerirá explicaciones verbales al inculpado como trámite previo a la aplicación de una sanción”.

Expone que, en este caso, el recurrido, arbitrariamente, prescindió de este trámite esencial, como el propio acto administrativo reconoce en su parte considerativa numeral 3°, actuar que sin duda es del todo ilegal al contradecir texto reglamentario expreso y arbitrario, al no dar motivo razonable para dicha omisión.

De ese modo, la resolución recurrida vulnera el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental, en cuanto se le ha afectado el derecho de propiedad sobre el cargo y la función que realizaba en Carabineros de Chile, además de sus remuneraciones, sin que hayan mediado antecedentes razonados que le impidan continuar desempeñándola.

Hace presente que se le ha privado de su previsión, situación que queda de manifiesto con el retiro del carnet de medicina curativa, según lo dispone lo resolutivo letra I), de la Resolución sancionadora.

Hace hincapié que, al hacer una errónea aplicación de las normas citadas del Reglamento 11, ajustándolas a un contexto fáctico diametralmente opuesto, además de prescindir de trámites esenciales, es que se vulnera la igualdad ante la ley, garantizado por el artículo 19° N° 2 de la Constitución Política de la República.

En relación con la garantía del artículo 19, N°3, inciso 5° de la Constitución Política, la estima vulnerada por el hecho de haber sido juzgado por una autoridad diversa a la que por Reglamento corresponde, constituyéndose por tanto en comisión especial. En efecto, el artículo 9° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, señala que: “Conocer y resolver las faltas que cometan los subalternos es un deber funcional y propio de la misión o puesto que desempeñan los Oficiales de Orden y Seguridad, Suboficiales Mayores y Suboficiales de Carabineros”. Señala a reglón seguido que: “Esta atribución es inherente al cargo que se haya conferido. En ausencia del titular, pasará al que reglamentariamente lo reemplace, pero si este no fuere oficial, la asumirá el superior jerárquico que aquel, que tenga igual rango”.

Advierte que, el reglamento entrega la facultad de conocer y resolver las faltas que cometan los subalternos a los Oficiales de Carabineros (calidad que sin duda ostenta el recurrido), sin embargo, esta atribución es inherente al cargo que se haya conferido, es decir, es en virtud de ese cargo y precisamente respecto los subalternos que tiene en razón de ese cargo, la jefatura con facultades disciplinarias, debe ejercer dicha facultad, más no en razón del elemento “territorio”, como ha acontecido en la especie, en que el Prefecto de Cachapoal, sin ser su jefatura directa, ni encontrarse dentro de la línea de mando ascendiente, ejerció la potestad disciplinaria, en circunstancias que quienes debieron ejercerla, en virtud del cargo conferido, son el Director de la Escuela de Suboficiales o en su ausencia, la línea de mando ascendiente, debido a que pertenecía a aquella dotación, en la ciudad de Santiago.

En lo que atañe a la vulneración del derecho establecido en el artículo 19º Nº1 de la Constitución Política, expresa que, el haber sido desprendido abruptamente de su cargo por una decisión desprovista de razón y de sustento, dictada con omisión de trámites esenciales como simplemente oírlo, ha lesionado su integridad psíquica, al no tener certeza del tiempo que estará desvinculado de la institución y con la incertidumbre de saber si será reincorporado, aunado al hecho de ser privado de sus remuneraciones, las que constituyen mi sustento económico y de su grupo familiar, no teniendo actualmente ninguna otra fuente de ingreso ni alguna otra profesión u oficio que ejercer, y al privarme además de todos mis derechos previsionales de salud como funcionario de Carabineros de Chile.

Por su parte, estima vulnerado el artículo 19º Nº4 de la Constitución Política, por cuanto su honra se ha visto dañada con el acto administrativo recurrido, dado que, al haber sido dado de baja inmediatamente, para el común de las personas es culpable de la grave falta que se le atribuye, el que da por cierto el hecho de que condujo un vehículo en estado de ebriedad, pese a que tal determinación corresponde únicamente hacerla a los tribunales de justicia.

Agrega que estas medidas disciplinarias son publicadas en el Boletín Oficial de Carabineros de Chile, al cual los 60.000 funcionarios del país tienen acceso, viéndose afectada su honra, ya que para todos, sin existir una sentencia previa que lo condene, fue eliminado por conducción en estado de ebriedad.

En lo que refiere a la Resolución Exenta N°06, de 6 de enero de 2020 en la cual se dispuso su: “Eliminación del curso de perfeccionamiento de suboficial graduado, técnico nivel superior en prevención e investigación policial 3, np3 año 2019 – 2020”, dictada por el Director de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, señala que este acto, es consecuencial a la medida disciplinaria adoptada por el nombre reservado°11, y lo elimina del curso de perfeccionamiento que realizaba en la Escuela de Suboficiales, en la comuna de Ñuñoa.

Respecto de tal acto administrativo, señala que lesiona la igualdad ante la Ley, al hacer una errónea aplicación de lo dispuesto en la Orden General N°1598 de 28 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Carabineros, norma citada en el considerando 4° de la Resolución N° 6, para dar sustento a lo resuelto. Dicha orden General, señala, textualmente, en su numeral primero: “Establécense las siguientes normas de procedimiento aplicables a todo el personal de la institución que sea sorprendido en manifiesto estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, sin estar ebrio en actos del servicio o fuera de este, vistiendo de uniforme o de civil, expuesto al público y haciendo notoria su calidad e integrante de la institución (…)”.

Evidentemente, la situación fáctica que regula dicha Orden General es opuesta a la acontecida en la especie, dado que, no existe ningún antecedente fáctico que dé cuenta del hecho de haber hecho notoria su calidad de miembro de la institución.

En lo que atañe a la vulneración del derecho del artículo 19º Nº1 de la Constitución Política, expone que el simple hecho de haber sido desprendido abruptamente de su cargo como alumno de la Escuela de Suboficiales, dictada como consecuencia de una Resolución ilegal y arbitraria dictada previamente por el Prefecto de Cachapoal, sumado a las erróneas interpretaciones a la Orden General N°1598 de que adolece la Resolución N°6, ha lesionado su integridad psíquica, al estimarle injustamente desprendido de su cargo y empleo.

Añade que, se ha lesionado la garantía del artículo 19 Nº4 de la Constitución Política, dado que fue eliminado del curso de perfeccionamiento que realizaba por haber incurrido en el delito de conducción en estado de ebriedad, situación que determinarla es competencia privativa de los Tribunales de Justicia.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta Nº03 de 5 de enero de 2020 de la Prefectura Cahapoal; 2. Resolución Exenta N°06 de 6 de enero de 2020, de la Escuela de Suboficiales; 3. Orden General N°1598; y 4. Parte N°112.

Tercero: Que, evacua el informe requerido el Coronel de Carabineros don nombre reservado, quien expuso que el 5 de enero del año en curso, se recibió el Documento Electrónico NCU. Nº107898081, en el cual se remitió copia de la Resolución Exenta Nº03, de la Prefectura de Carabineros Cachapoal y el acta de notificación, por la cual, el Prefecto de aquella Repartición, a base de la normativa institucional, resuelve imponer la medida disciplinaria de “Baja Por Conducta Mala”, con efectos inmediatos, porque el domingo 5 de enero de 2020, a las 06:55 horas aproximadamente, personal de servicio de la Primera Comisaría de Carabineros Rancagua, concurrió a un procedimiento de accidente de tránsito, en el cual participó el Sargento 2° nombre reservado, quien colisionó una camioneta particular, resultando el conductor de aquel vehículo con lesiones de carácter leves, siendo ambos conductores sometidos a la prueba respiratoria, arrojando el funcionario 1.08 g/l de alcohol en la sangre, mientras que el otro conductor lo hacía en normal estado de temperancia.

Expone que una vez recibida la documentación, se estimó pertinente proceder a la eliminación del “Curso de Perfeccionamiento de Suboficial Graduado, Técnico de Nivel Superior en Prevención e Investigación Policial”, en virtud de la autonomía académica con la que cuenta el Director, atendido a que el alumno transgredió las instrucciones que deben cumplir aquellos funcionarios que son alumnos del Plantel y como consecuencia de haber sido dado de Baja de la Institución, toda vez que estar en servicio activo es requisito sine qua non, para ser alumno del Plantel.

Refiere que, la eliminación del Curso de Perfeccionamiento, dice relación netamente con una medida docente - académica y en ningún caso guarda relación con una sanción administrativa, habida consideración que dicha medida se encuentra contemplada en el artículo 45 de la Directiva de Organización y Funcionamiento del Plantel, por lo que fue adoptada en virtud de la facultad otorgada al Director para eliminar alumnos en los casos en que concurran alguna de las causales establecidas en el mencionado artículo.

Precisa que existe un “Acta de Instrucciones” que todos los alumnos que integran el Plantel deben firmar, las que se entienden conocidas a cabalidad, donde se señala de manera expresa, las normas de conductas y comportamiento que deben tener los alumnos durante su permanencia en la Escuela, situación que a todas luces no fue cumplida por el funcionario.

En relación con la igualdad ante la ley, expone que el acto administrativo impugnado se desarrolló conforme a la normativa vigente, no existiendo discriminación, ya que se ha seguido el proceso aplicado para todos aquellos casos que se encuentren en dicha situación, máxime cuando la Resolución Nº6, encuentra su sustento en la Orden General Nº1598, emanada de la Dirección General de Carabineros, sin perjuicio de que aquella orden es sólo para poner en contexto la situación, no siendo el fundamento de este acto, toda vez que se hace expresa mención al acta firmada por el recurrente, donde, entre otras conductas, se refiere a la ebriedad, como así mismo a la conducta personal con la que debe actuar un alumno del plantel, citando el numeral 6 del acta.

En cuanto al derecho a la vida, sostiene que no es posible acoger dicha tesis, toda vez que al ser eliminado del plantel, no se ha realizado un acto contrario a derecho, sino motivado a consecuencia de su actuar, por verse involucrado en un procedimiento policial o conflicto, estando bajo la influencia del alcohol, hecho fáctico señalado por el mismo recurrente en su escrito, el que es contrario a la disciplina y señalada como causal de eliminación de este Plantel Educacional, en el artículo Nº45 letra b) de la Directiva de Organización y Funcionamiento.

Hace presente que, incluso ante la eventualidad, que la Resolución de Baja de las Filas de la Institución, fuera considerada contraria a derecho y revocada, la Resolución de Eliminación como Alumno, continuaría ajustada a derecho, toda vez que fue consecuencia de un acto, que se enmarca en el artículo 45 de la Directiva de Organización y Funcionamiento.

En cuanto al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona, indica que bajo ningún concepto el recurrente fue eliminado del Plantel, por la comisión de un delito, ya que no es la sede en que ello se debe determinar, sino que por contravenir normas de conducta y comportamiento que deben tener los alumnos del Plantel, reiterándose que es una medida docente­ académica.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, el recurrido acompañó el Acta de Obligaciones e Instrucciones de los Alumnos de la Escuela de Suboficiales y los actos administrativos impugnados.

Quinto: Que, informa al tenor del recurso, el Prefecto de Cachapoal N°11, Teniente Coronel don nombre reservado, quien reproduce los antecedentes fácticos que motivaron el procedimiento policial que culminó con la detención del recurrente, quien fue sometido a un sumario breve, el que determinó que se encontraba bajo la influencia del alcohol.

Respecto del procedimiento policial, indica que se dio cuenta telefónica a la Fiscal de Turno, quien instruyó que el recurrente quedara apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando en espera de citación, dándose cuenta del hecho al Ministerio Público a través del Parte Detenidos Nº112, de 5.01.2020 de la Primera Comisaría Rancagua, por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones leves y daños en colisión.

Precisa que el mando de la época adquiere la convicción sobre la inconveniencia de la permanencia del recurrente en Carabineros de Chile, pues resulta inaceptable que un funcionario policial, quien por definición debe fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento legal, conduzca un vehículo motorizado en estado de ebriedad y participe en un accidente de tránsito, causando daños y lesiones leves, menoscabando el buen nombre y prestigio de la institución, por lo cual dicta la Resolución impugnada, pues considera que los hechos referidos configuran un quebrantamiento de las normas que reglan el sistema jerárquico y disciplinario en los términos del artículo 22º Nº1 letra d) y letra h) y 22 Nº 2 letra a).

Agrega que, en la misma fecha, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo, mediante la Orden Nº13635/1, con la finalidad de esclarecer fehacientemente los hechos descritos, pues la sanción tiene el carácter condicional y queda sujeta al resultado final del proceso administrativo.

Estima que la medida expulsiva conlleva la instrucción de un Sumario Administrativo, con una tramitación de lato y acabado proceso administrativo, en el que el recurrente contará con todas las instancias reglamentarias y legales para ejercer los derechos que estime pertinente, respetándose sus garantías con apego a los principios de defensa, debido proceso y legalidad.

Menciona que para la procedencia del recurso, el actor debe estar en posesión de un derecho indubitado, que en el caso particular no concurre, toda vez que la garantías que esgrime vulneradas son producto de un acto que tiene un carácter condicional al resultado de un proceso que necesariamente debe tramitarse con apego a la legalidad.

Estima que la intención del actor es tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que está pendiente y en tramitación un sumario administrativo cuyo propósito es esclarecer fehacientemente la ocurrencia de los hechos, situación que da cuenta de la inexistencia de una supuesta ilegalidad y/o arbitrariedad como pretende argumentar el actor.

Cita una sentencia en causa rol 22.244-2015 de la E. Corte Suprema.

Expone que Carabineros de Chile tiene un sistema disciplinario especial al cual está sujeto el personal institucional, conforme al inciso final del artículo 36 de la Ley Nº18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, que dispone: “El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”.

Agrega que, el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, Nº11, establece en su artículo 23, Nº2, letra e), que la “Baja por Conducta Mala” es una de las sanciones disciplinarias que se puede aplicar al personal institucional. Luego, en el artículo 25, Nº9), de ese mismo cuerpo normativo, se establece que la sanción en comento se aplicará según lo dispuesto en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros Nº08.

Adiciona que, el Capítulo VIII del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, Nº8 dispone, en el inciso quinto del número 4) del artículo 127, que: “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación”.

Precisa que la aplicación de una sanción es una facultad y atribución del mando que, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, Nº11, deberá aplicar con arreglo al propio juicio que se haga respecto de las faltas. Así, es la Autoridad Institucional la que aprecia y pondera los hechos para determinar la sanción o medida a aplicar, sin perjuicio que ello deba expresarse en un acto administrativo motivado, lo que sí ocurrió en la especie.

Destaca que las faltas atribuidas al recurrente dicen relación precisamente con el incumplimiento de los deberes funcionarios entre los cuales se encuentra la obligación de mantener un estricto apego al principio de probidad, manteniendo una conducta moralmente intachable, obligación que pesa sobre los funcionarios públicos independiente de al momento de su comisión se encuentran ascendidos en su cargo, es decir, tanto en la vida pública como en la vida privada.

Hace presente que si bien la normativa establece la posibilidad de requerir explicaciones verbales al inculpado, no se entiende como un trámite esencial ni obligatorio, debido a que el ejercicio de su derecho a defensa debe materializarse durante la tramitación del respectivo proceso administrativo, en particular, por el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros Nº 15 y, en general, por la Ley 19.880.

En relación con las garantías constitucionales denunciadas, precisa que el Prefecto de la época en cuya “jurisdicción” (sic) ocurrieron los hechos que motivaron la medida expulsiva, sí tenía facultad disciplinaria para imponerla, conforme las normas citadas.

En cuanto al derecho a la honra, sostiene que es un escenario independiente del que fundamenta el recurrente, principio reconocido por el artículo 13 del Reglamento de Disciplina, que señala que los resultados de un proceso penal no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en relación a los mismos hechos.

Relacionado con el derecho de propiedad no vislumbra conculcación de dicha garantía, toda vez que el actuar administrativo se encuentra ajustado a la normativa vigente, descartando un actuar arbitrario o ilegal.

Sexto: Que, si bien el informe señala acompañar copia del sumario administrativo, lo cierto es que el mismo no fue incorporado.

Séptimo: Que, contesta el recurso interpuesto el General Director de Carabineros don nombre reservado, quien solicitó el rechazo de la acción intentada, reproduciendo los mismos antecedentes facticos señalados por los informantes anteriores.

Como primera alegación, reclama la falta de legitimidad pasiva del recurrido, por cuanto el actor debió necesariamente dirigir su acción en contra de aquella autoridad que cometió la supuesta actividad arbitraria e ilegal, que en el caso particular, resulta ser el Prefecto singularizado y el Director de la Escuela de Suboficiales, verificándose la circunstancia de que los actos que se alegan como inconstitucionales, emanaron de una autoridad distinta a la Autoridad Institucional informante.

Explica que Carabineros de Chile es un órgano desconcentrado, conforme el artículo 101 de la Constitución Política y, además, por lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Señala que la desconcentración supone la entrega por el legislador de facultades privativas en ciertas decisiones o materias a los servicios públicos, sin alterar la línea jerárquica de dependencia entre el órgano central y el desconcentrado. En el caso, la potestad en la materia recurrida, radica en un órgano distinto a la de esta Máxima Autoridad Institucional, quedando de manifiesto la falta de legitimidad del informante, desde que los actos impugnados emanan de otras autoridades de Carabineros.

Luego, reproduce la alegación de ausencia del actor de un derecho de carácter indubitado, el que se tiene por reproducido.

Posteriormente, analiza la normativa institucional relacionada con las sanciones disciplinarias, en términos similares a los demás informantes, por lo que se tienen por reiterados dichos argumentos. Lo mismo ocurre en el análisis de las garantías fundamentales.

Octavo: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Noveno: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Décimo: Que, en relación con la alegación de falta de legitimación pasiva opuesta por el General Director de Carabineros, debe precisarse que la misma se ha fundado en el hecho de no haberse dictado por parte del Alto Mando, ninguna de las resoluciones exentas que dispusieron la baja del funcionario recurrente. En efecto, la resolución que ordenó la baja inmediata del actor, fue dictada por el Prefecto de Cachapoal, mientras que la Resolución que dispuso la salida del curso de formación, fue dictada por el Director de la Escuela de Suboficiales, sin que haya intervenido de manera alguna el recurrido General Director de Carabineros informante.

En consecuencia, si los actos impugnados no fueron dictados por la autoridad recurrida, procede acoger la alegación formulada, a fin de resguardar el principio de congruencia procesal y la correcta legitimación pasiva, como se indicará en lo resolutivo.

Undécimo: Que, en cuanto al fondo, cabe tener presente que el Capítulo VIII del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N°8, que trata sobre “Eliminaciones”, dispone, en el inciso quinto del número 4) del artículo 127, que: “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por ‘conducta mala’, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación”.

Duodécimo: Que, de esta forma, la autoridad recurrida está jurídicamente habilitada para adoptar la decisión que motiva el recurso y la misma, según se lee de su texto, aparece suficientemente fundada en los términos requeridos por dicha norma.

Décimo tercero: Que, en ese sentido, la desvinculación dispuesta antes de concluir el sumario administrativo ordenado instruir no constituye una separación ilegítima por no estar precedida de un procedimiento administrativo cabalmente tramitado y en consecuencia, los actos impugnados no pueden ser calificados como actos terminales que conculquen de manera cierta y definitiva, los derechos constitucionales denunciados.

Por lo demás, conviene precisar que se trata de una facultad especial y, aunque ciertamente inusual en el ámbito del poder público, explicable por la importancia que la buena conducta de los integrantes de la Institución reviste en relación con la naturaleza y objetivo de sus funciones.

En este escenario es importante destacar que la mencionada separación no tiene carácter irreversible, pues queda supeditada, como el mismo artículo 127 citado lo dispone, al resultado final del sumario administrativo que se tramite.

En consecuencia, no existe contraposición entre el ejercicio de dicha facultad y el texto de la letra d) del artículo 43 de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, conforme al cual el retiro absoluto del personal de la Institución se produce, entre otras causales, “Por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo”, puesto que la eliminación del funcionario se producirá, de forma definitiva, concluido que sea el sumario administrativo que ha de seguirse.

Tampoco se advierte una privación de derechos constitucionales de orden procesal, pues la desvinculación de que se trata no perjudica las herramientas de defensa de que pueda valerse el recurrente en el proceso sumarial que se seguirá contra ellos, al estar plenamente facultado para ejercer todas sus defensas y recursos.

Décimo cuarto: Que, en relación con los beneficios de salud y la remuneración, que constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo, el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Institución dispone que: “El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan”.

Por tanto, si como consecuencia de un procedimiento disciplinario, como sucede en la especie, se produce la desvinculación inmediata de funciones, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues la labor a remunerar ya no se realiza.

Décimo quinto: Que, la resolución que dispuso la baja del actor de las filas de Carabineros se encuentra condicionada al resultado definitivo del proceso disciplinario incoado en su contra, de manera tal que, si la sanción aplicada no resulta ser la eliminación, el efecto que deviene será el de ordenar su reincorporación a la Institución, junto al pago de todas las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio.

Décimo sexto: Que, en conclusión, los recurridos legitimados pasivamente, han procedido sin apartarse de la legalidad y de un modo justificado, por lo que no se verifican en la especie los presupuestos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia del recurso de protección, lo que conduce al rechazo del interpuesto, tal como fue determinado en el fallo apelado.

Décimo séptimo: Que, por lo demás, los razonamientos antes enunciados han sido debidamente consignados por la E. Corte Suprema, en causa Rol 26.985-2019.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que, se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el General Director de Carabineros don nombre reservado, rechazándose a su respecto la acción de protección incoada.

II.- Que, se rechaza, sin costas la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, en contra de don nombre reservado y de don nombre reservado.

Redacción del Ministro señor Muñoz Pardo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3850-2020.