Protección contra Universidad Tecnológica Metropolitana

C.A. de Santiago Santiago, dos de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana, por la actuación que estima ilegal y arbitraria en negarse a concluir el proceso de congelación del segundo semestre del año 2025 por no pago de los aranceles según respuesta final del 6 de enero 2026, por lo que pide se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, otorgando la debida protección al recurrente.

Relata que tiene 22 años, padece enfermedad celíaca y depresión incorporada al sistema GES, siendo hijo de padres divorciados, con una madre pensionada por invalidez psiquiátrica y un padre adulto mayor con enfermedad cardíaca.

Señala que ingresó a la UTEM el año 2024, donde cursaba regularmente su carrera, hasta que a inicios del segundo semestre de 2025 sufrió un grave deterioro emocional que le impidió cumplir con sus obligaciones académicas. Entre octubre y noviembre de 2025, su cuadro se agravó con ideación suicida activa, lo que determinó su internación hospitalaria. Durante dicho período, su padre gestionó ante la Vicerrectoría Académica la congelación extraordinaria del semestre, la que fue aceptada según consta en correo del Sub Director de Docencia de fecha 17 de noviembre de 2025. No obstante, con fecha 6 de enero de 2026, la Vicerrectoría de Administración y Finanzas condicionó la conclusión del trámite al pago íntegro de los aranceles del semestre congelado.

En cuanto al derecho, sostiene que dicha exigencia resulta desproporcionada e inconsistente con la naturaleza de la congelación, que retrotrae la situación al inicio del semestre, criterio que debe extenderse al ámbito económico. Invoca, además, el artículo 13 del Protocolo de San Salvador sobre accesibilidad a la enseñanza superior.

Respecto de la vulneración de garantías, argumenta que la negativa afecta su integridad psíquica al impedirle continuar sus estudios, elemento esencial de su recuperación, y que la aplicación mecánica del reglamento sin considerar sus circunstancias excepcionales constituye una diferencia arbitraria y discriminatoria.

Pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, otorgándosele la debida protección.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Universidad Tecnológica Metropolitana en el siguiente tenor.

En primer término, hace presente que es una Institución de Educación Superior del Estado, creada por la Ley N°19.239, regulada además por la Ley N°21.094 sobre Universidades del Estado, gozando conforme al artículo 2° de esta última de autonomía académica, administrativa y económica, lo que le confiere la potestad de crear sus propios fines, políticas y lineamientos institucionales, así como de dictar la normativa interna que regula sus procesos administrativos.

En cuanto al fondo, señala que para efectos de cursar el año académico 2025, el recurrente suscribió contrato de prestación de servicios educacionales (folio NUM000) con esta casa de estudios el día 27 de diciembre de 2024, obligándose contractualmente a conocer y respetar la reglamentación académica, disciplinaria y general vigente en la universidad.

Agrega que, conforme a la Resolución Exenta N°NUM001 de 20 de diciembre de 2024, se aprobó el “Calendario de Actividades Académico Administrativas” para el año 2025, en el cual en el apartado 1.3 titulado “Presentación de Solicitudes Especiales Pregrado”, se indicó que el plazo ordinario para solicitar la congelación del segundo semestre de 2025 venció el 26 de septiembre de 2025, y que la solicitud del recurrente fue presentada recién el 13 de noviembre de 2025, siendo aceptada excepcionalmente el 17 de noviembre siguiente, indicándosele en esa oportunidad la necesidad de cumplir con los requisitos reglamentarios correspondientes.

Respecto de dichos requisitos, invoca la Resolución Exenta N°02866 de 5 de septiembre de 1994, que establece que solo se dará curso a congelaciones cuando el alumno tenga pagada la cuota del mes correspondiente, y que si la solicitud se efectúa fuera de plazo, deberá pagarse el semestre o año completo. En igual sentido, cita la Resolución Exenta N°05218 de 26 de diciembre de 2022, que reitera dicha exigencia para solicitudes extraordinarias. Precisa, además, que la universidad hizo una excepción en favor del recurrente al condonarle la cuota de diciembre de 2025, requiriendo únicamente el pago de las cuotas de octubre y noviembre.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, sostiene que el recurso carece de una relación circunstanciada suficiente, limitándose a calificar la actuación universitaria como desproporcionada, injusta y discriminatoria, sin ofrecer razón suficiente ni acreditar que la universidad haya obrado de manera distinta en situaciones idénticas, tratándose en definitiva de una mera disconformidad con actos administrativos que resulta improcedente impugnar por esta vía cautelar.

Pide, en definitiva, se rechace la presente acción de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de concluir el proceso de congelación del segundo semestre del 2025 por no pago de los aranceles por pago del actor de los meses correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025.

QUINTO: Que, la revisión de los documentos aparejados por la recurrida y de los dichos de las partes, nos es controvertido que las partes suscribieron a un contrato de prestación de servicios educacionales el 27 de diciembre de 2024, que a través de la Resolución Exenta N°NUM001 del 20 de diciembre de 2024, se aprobó el Calendario de Actividades Académico- Administrativas para el año 2025, que el actor, a través de su padre, solicitó el 13 de noviembre de 2025 la congelación de sus estudios para el segundo semestre de 2025, siendo el plazo ordinario para solicitar aquello el 26 de septiembre de 2025 y que dicha petición fue aceptada el 17 de noviembre de 2025, informándosele el 6 de enero de este año que a esa fecha el procedimiento de congelación no se encontraba debidamente completado en cuanto se encontraban pendientes de pago las cuotas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, pero que se haría una excepción cursando la solicitud de congelación previo pago de las cuotas de arancel correspondientes únicamente a los meses de octubre y noviembre, sin considerar el mes de diciembre de 2025.

SEXTO: Que, esta vía cautelar constitucional de excepción tiene cabida únicamente en tanto se trate de derechos indubitados y no discutidos, lo que en lo absoluto ocurre en el caso presente, considerando además lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N°21.094, respecto a la cual se encuentra adscrita la recurrida en su calidad de universidad estatal, en cuanto a que dicha institución goza de autonomía académica, administrativa y económica.

SÉPTIMO: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir legalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa legal y contractual, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°3848-2026.