nombre reservado con CAJA DE COMP. GABRIELA MISTRAL

Santiago, once de julio del año dos mil dieciocho.- VISTOS:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Gabriela Mistral y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en perseguir el cobro de una obligación después de haber transcurrido más de cinco años desde que incurrió en mora. Señala que no procede que se utilice el mecanismo de descuentos de su remuneración para satisfacer una obligación prescrita, cuyo pago solo puede ser voluntario por parte del deudor, lo que no ocurrió en la especie. Hace presente que en el año 2007, solicitó un crédito social a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Gabriela Mistral, el cual dejó de pagar a contar del mes de junio del año 2009, porque su empleador fue declarado en quiebra. Precisa que pagó solo 20 cuotas de las 44 en las que se parcializó el crédito y, que la última cuota venció en el mes de junio de 2011. Señala que las instituciones recurridas efectuaron un descuento en virtud del proceso denominado "descuento intercajas", lo que denuncia ocurrió a instancia y bajo supervisión de la Superintendencia de Seguridad Social, utilizando un mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Agrega que la recurrida ha enviado cartas de cobranza a su antiguo empleador y que su actual empleador ha descontado de la remuneración la suma de $38.449 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), pues la recurrida le ha señalado que es obligación de las entidades empleadoras realizar mensualmente la retención y el pago de las cuotas de créditos sociales de sus trabajadores, ya sean estas deudas contraídas con la Caja a la que se encuentran actualmente afiliados, como también con otras Cajas donde pueda haber estado afiliado el deudor con anterioridad. Sostiene que esta actuación unilateral de la recurrida es ilegal, arbitraria y caprichosa y ha vulnerado la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues se le he privado con el descuento indebido de parte de su remuneración. Cita jurisprudencia que avala su tesis jurídica. Pide se acoja el recurso deducido y, en definitiva, se restablezca el imperio del derecho resolviendo que:

a) La Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, deberá cesar de manera inmediata los descuentos efectuados, informando por el medio más expedito a su empleador, Esteva Hnos. Cía. Ltda. sobre dicha cesación; y b) La Caja de Compensación deberá hacer devolución de los dineros retenidos, con motivo del crédito que funda esta acción cautelar.

SEGUNDO: Que la “Caja de Compensación 18 de septiembre” informa que el crédito que la C.C.A.F. Gabriela Mistral concedió a la actora es cobrado actualmente mediante la plataforma INTERCAJAS. Señala que el cobro de las cuotas del crédito efectuado mediante el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833, de una obligación vigente, no es sino la forma en que puede y debe pagarse lo adeudado por la recurrente a esta C.C.A.F.; de conformidad a la normativa que regula la materia. Según se expone en la página web corporativa de la C.C.A.F. 18 de Septiembre, “Las Cajas de Compensación La Araucana, Los Andes, 18 de Septiembre y Gabriela Mistral, pertenecientes a Cajas de Chile A.G., han implementado un sistema integrado de recaudación de deudas de afiliados a alguna de las entidades señaladas, que permite que dichas deudas puedan ser recaudadas por la Caja en que el trabajador se encuentre actualmente afiliado. El sistema pretende incentivar un ordenamiento financiero de las personas y evitar su sobreendeudamiento, para lo cual las Instituciones adscritas al proyecto han concordado en que sea la Caja de la última afiliación, la que recaude las deudas contraídas con anterioridad, la cual podrá ofrecer, a dichos afiliados, alternativas de financiamiento en la medida que éstos así lo requieran.” Así entonces, el sistema INTERCAJAS se limita a dar aplicación a la normativa que regula la forma de pago del crédito social aludida en los párrafos anteriores, posibilitando –con estricto apego a derecho- la recaudación de las cuotas correspondientes a operaciones de crédito cuyos deudores se encuentran afiliados a una Caja distinta a la Caja acreedora. Naturalmente, se excluyen del sistema las deudas extinguidas de conformidad a la legislación común, cuyo no es el caso de la deuda que mantiene la señora nombre reservado con la C.C.A.F. Gabriela Mistral. Del propio tenor del recurso se desprende que en caso alguno la obligación de la actora para con su acreedora se ha extinguido por prescripción. Así, no se ha invocado la existencia de un proceso judicial en que se haya analizado por un Tribunal de la República los antecedentes, y decretado en su caso, mediante la dictación de la correspondiente sentencia judicial, la prescripción parcial o total de las acciones de cobro, sino que se limita a invocar el paso del tiempo, pretendiendo al parecer que se prescinda de los requisitos que el legislador ha fijado al efecto. No puede entonces, sin infracción de ley, estimarse que el crédito otorgado a la recurrente se encuentre “prescrito”, en tanto al no existir una declaración judicial en tal sentido previa discusión de los antecedentes de hecho que se hace necesario revisar en esos casos- no ha operado el modo de extinguir referido. A su turno, plantea la actora que el cobro sería “arbitrario”, lo que también debe rechazarse, pues no es procedente que se alegue que los deudores que eluden dolosamente el cumplimiento de sus obligaciones quedarían libres de aquellas por el sólo hecho que las gestiones de la acreedora -tendientes a conseguir el pago de lo adeudado- no resulten eficaces. Tal situación, por cierto, resulta inaceptable. Por lo demás, la eventual ausencia de gestiones de cobro extrajudicial no determina en caso alguno la extinción de la obligación objeto del cobro, como pretende la actora. En consecuencia, lo que se cobra a la actora, corresponde a una obligación vigente, que la propia señora nombre reservado reconoce haber extinguido sólo parcialmente mediante el pago. Así entonces, no puede establecerse la “arbitrariedad” del cobro. Cita al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema. Finalmente, hace presente que en relación al crédito de la actora, se ha procedido al descuento de dos cuotas, de $38.449 cada una, en los meses de abril y mayo de 2018, pero que luego de haberse notificado la orden de no innovar, se dispuso el cese del descuento a la espera de lo que se resuelva en definitiva.

TERCERO: Que don nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Gabriela Mistral, informa que en el año 2007 la recurrente solicitó un crédito social del que pagó 21 de las 44 cuotas pactadas. El crédito N° 864420-9, fue cursado el 13 de Septiembre de 2007, por un monto capital de $1.691.756 pagaderos en 44 cuotas de $38,449 cada una, de las cuales ha pagado 21 hasta esta fecha. Las restantes 23 se encuentran impagas. Señala que, a pesar de las gestiones que hiciera la Institución para ubicar el paradero de la recurrente, no fue posible hacerlo sino hasta cuando comenzó a trabajar en la Empresa Esteva Hnos. Cia. Ltda, enviando las planillas de descuento respectivas para cobrar lo que la recurrente adeuda hasta el día de hoy. Tiene presente que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 señala que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. A su vez, el artículo 58 del Código del Trabajo establece que el empleador deberá deducir de las remuneraciones las obligaciones con instituciones de previsión social. Así las cosas, señala que no resulta ser un acto arbitrario ni ilegal el envió de planillas de cobranza requiriendo el descuento de las cuotas del crédito social adeudadas. Manifiesta que la Superintendencia de Seguridad Social, ha señalado en diversos dictámenes, que la prescripción de la acción ejecutiva extingue únicamente el medio de apremio que la Ley le confiere al acreedor, dejando vigente la obligación para su cobro a través de la acción ordinaria e incluso aquella subsiste como obligación natural, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 1470 del Código Civil, por lo que una vez cumplida, autoriza a retener lo dado o pagado en razón de ellas. Consecuentemente, y de acuerdo a las reglas generales que rigen esta materia, la prescripción, para que produzca sus efectos, debe ser alegada por el deudor y declarada judicialmente. Mientras esto no suceda, el acreedor puede seguir ejerciendo acciones de cobranza extrajudicial. Por otra parte, señala que la acción de protección no es idónea, pues la misma naturaleza cautelar del recurso de protección impide que pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, para el análisis de interpretaciones de normas jurídicas o para dilucidar criterios de aplicación de leyes o de contratos. En este sentido, el asunto que la recurrente ha propuesto al análisis y resolución de esta Corte, excede los objetivos del recurso de protección de garantías constitucionales. De esta manera, tanto la existencia o inexistencia de la deuda, la prescripción de la acción de cobro o la forma en que la informante ejerce su facultad legal de cobrar lo que se adeuda, son materias que deben ser resueltas en un proceso de lato conocimiento, razones por la que solicita el rechazo del recurso.

CUARTO: Que el denominado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

QUINTO: Que constituyen entonces presupuestos de la acción cautelar- en el carácter de copulativos-, los siguientes:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es el descuento que ha realizado la empresa Esteva Hnos Limitada a la recurrente en su remuneración del mes de abril del presente año, por la suma de $38.449, correspondiente a un préstamo informado por la Caja de Compensación Gabriela Mistral, que se cobra a través del sistema Intercajas, sin su consentimiento, por lo que se ha vulnerado el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

SEPTIMO: Que conforme a los antecedentes aportados por las partes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana critica, es posible establecer los siguientes hechos:

a) Que el recurrente en el año 2007 obtuvo un préstamo de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Gabriela Mistral, por un capital de $1.691.756, que debía pagar en 44 cuotas, a contar del mes de octubre del año 2007.

b) Que la recurrente pagó 21 de las 44 cuotas, quedando pendientes de pago 23 cuotas.

c) La recurrente ingresó a trabajar para Esteva Hnos., en el mes de enero del año 2018.

d) Que la recurrente se encuentra actualmente afiliada a la Caja de Compensación 18 de Septiembre, quien le informó a la actual empleadora de la recurrente, el monto a descontar de la remuneración del mes de abril del año 2018.

e) Entre las Cajas de Compensación Gabriela Mistral y 18 de Septiembre, existe un convenio por la que una Caja de Compensación- a la que actualmente se encuentre afiliado el trabajador- puede recaudar los créditos de otra Caja en la que el éste registra deudas sociales.

OCTAVO: Que es efectivo que la Ley N° 18.933, faculta a las Cajas de Compensación para otorgar a los trabajadores afiliados créditos sociales; y también que en el artículo 22, estos pueden ser deducidos de su remuneración por la entidad empleadora pagadora quien debe remitir tales dineros a la Caja acreedora, aplicándose las mismas normas de pago y de cobro que para las cotizaciones previsionales.

NOVENO: Que conforme a los hechos establecidos, el descuento efectuado a la recurrente, se ha fundado en la existencia de un crédito que se le otorgó por la Caja de Compensación Gabriela Mistral, cuyo cobro actualmente se efectúa a través del empleador, por la Caja de Compensación 18 de Septiembre, en la que la actora actualmente se encuentra afiliada.

DECIMO: Que no se ha cometido ningún acción arbitraria e ilegal por las recurridas, desde que el descuento de la remuneración de la recurrente se ha realizado de acuerdo con la normativa vigente, por lo que no se ha incurrido en ningún vulneración a la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, pues existe una deuda social que no se ha pagado por la recurrente, la que a la fecha no se ha declarado extinguida por ninguno de los modos que la ley contempla.

UNDECIMO: Que por otra parte cabe hacer presente que la prescripción debe alegarse por la vía y procedimiento pertinentes, pero no a través o por intermedio de la presente acción cautelar, ya que no se aviene con la naturaleza de este procedimiento.

DUODECIMO: Que por todo lo antes razonado, solo cabe rechazar la acción cautelar en análisis.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

N° Protección 38.431-2018