nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, dos de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, de nacionalidad venezolana, en nombre de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, venezolano, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con domicilio en domicilio reservado, y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con domicilio en domicilio reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos del recurrente, consagrados en el artículo 19 en sus números 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, al dar término al trámite de solicitud de permanencia definitiva, negándole dicha petición y dejándolo en situación de irregularidad en el país.

Solicita que se deje sin efecto la resolución que da por terminada la solicitud de permanencia definitiva, y consecuentemente se tramite dicha solicitud con las prevenciones relativas a los plazos en procedimientos administrativos, y que en definitiva se otorgue la permanencia definitiva al recurrente, con costas.

Explica que el 17 de agosto de 2020, el recurrente ingresó a la plataforma virtual del Departamento de Extranjería, con la finalidad de realizar su postulación a la permanencia definitiva, luego de haber pasado un año con residencia temporaria en el país y manteniendo un comportamiento intachable, adjuntando los requisitos correspondientes y exigidos por la autoridad al momento de su postulación.

Refiere que luego del análisis realizado por la autoridad, se le indicó que debía acompañar un documento faltante, esto es, el certificado de antecedentes penales, otorgándole un plazo de 5 días para subsanarlo y proseguir con el proceso, dicha subsanación se completó y fueron enviados los antecedentes solicitados legalizados, apostillados y vigentes.

Señala que, sin perjuicio de lo anterior, el 1 de septiembre de 2021, el Departamento recurrido emite una resolución cerrando el caso e indicando que los antecedentes no se encontraban apostillados, en circunstancias que los mismos fueron cargados directamente con la apostilla correspondiente y aceptados por el sistema, emitiendo éste un certificado indicando tal situación.

Acusa que, al concluir la tramitación de su solicitud por no presentar el certificado de antecedentes penales debidamente apostillado, la recurrida incurre en una contradicción, ya que, en la misma solicitud, emitió una resolución de cumple lo ordenado, al haber cargado correctamente los antecedentes correspondientes que le solicitaban en una fecha posterior, todo ello asegura que es posible de verificar en las resoluciones emitidas a través del sistema del mencionado Departamento. Asevera que lo anterior, constituye una diferencia de trato puesto que a otros solicitantes si les es tomado en consideración lo subsanado por ellos, y por consiguiente acogido a trámite, sin mencionar que ante situaciones idénticas se ha otorgado una visa temporaria, lo que evidencia un trato distinto entre personas que se encuentran en situaciones casi idénticas, sin fundamentos razonables y objetivos.

Agrega que, en cuanto a la posibilidad de subsanación, la Ley N°19.880 en su artículo 31 dispone que: “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.” Lo anterior permite entender que, ante la falta de requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, en este caso la normativa migratoria, se requerirá al interesado la subsanación de la solicitud, lo cual no ocurrió en el caso de las solicitudes de las hoy recurrentes (sic).

Por otro lado, señala que la nueva plataforma digital implementada por el Departamento de Extranjería y Migración, no permite subsanar con antelación, e incluso una vez notificadas las personas, a pesar de que se les otorga un plazo de 5 días para “subsanar”, en los hechos el sistema al parecer no toma la subsanación que se realiza, puesto que a pesar de haber emitido una resolución donde acepta el documento que faltaba, luego emite una nueva dando por terminada la solicitud sin tomar en consideración lo subsanado.

Arguye, además, que la Ley N°19.880 en su artículo 26 entrega la facultar de ampliar plazos, sobre todo cuando se trata de trámites que requieren un mayor tiempo para su emisión, como es el caso. Aun así, y pese al corto plazo que se le dio al recurrente, afirma que acompañó el documento requerido, por lo que además la decisión se torna desproporcionada.

Estima que, además de vulnerarse la garantía de Igualdad ante la Ley, debido al trato desigual que ha sufrido, se infringe también la libertad de trabajo, su libre elección y libre contratación, dado que en razón al estatus de “irregular” en el que actualmente se encuentran el solicitante de la permanencia definitiva no tiene permitido desarrollar ningún tipo de actividad remunerada, por lo que la pérdida de su puesto de trabajo se hizo inminente. Tampoco podría ser libremente contratado, ni elegir donde trabajar, ya que además de no contar con permiso de trabajo, tampoco cuenta con RUN vigente, siendo este documento fundamental para firmar un contrato de trabajo en notarias, e incluso para superar los procesos de selección en distintas empresas.

Por otro lado, al imponérsele una multa debido a su situación irregular, se está amenazando y vulnerando su derecho de propiedad. Igualmente, se le priva de su libertad para desarrollar cualquier actividad económica (artículo 19 Nº21), y para adquirir el dominio de toda clase de bienes (artículo 19 Nº23)

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1.- Certificado de envío de solicitud de permanencia definitiva.

2.- Certificado de plazo para subsanar completado y aceptado.

3.- Documento subsanado en fecha y forma.

4.- Resolución que da por terminado el proceso.

5.- Carnet de identidad del recurrente.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, comparece el abogado Javier Muñoz Reyes, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública solicitando el rechazo de la presente acción, por no existir acto ilegal ni arbitrario desplegado por esta autoridad migratoria que prive, perturbe o amenace la libertad personal y seguridad individual del recurrente.

Indica que es efectivo que el actor ingresó una solicitud de permanencia definitiva, con fecha 22 de octubre de 2019, mediante la plataforma digital dispuesta por la autoridad para tales fines. Así, de conformidad al procedimiento establecido en los artículos 125 y siguientes del Decreto Supremo N°597 que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería, el Decreto Ley N°1.094, aplicable a la época, se efectuó la revisión de los antecedentes acompañados por el solicitante, donde fue posible notar que su solicitud no había sido realizada de la manera correcta, ya que no había acompañado lo necesario, más precisamente aquel certificado vigente de antecedentes penales de su país de origen, debidamente legalizado o apostillado, en conformidad a lo establecido en los artículos 345 N° 2 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Conforme a lo anterior, mediante Comunicación Electrónica Folio N°7450445, de fecha 06 de agosto de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se procedió a otorgar el plazo de 5 días hábiles para efectos de subsanar su solicitud y de esta manera continuar con la tramitación hasta llegar a la etapa resolutiva de la misma, bajo el apercibimiento de tenerse por desistida su solicitud si no lo hiciera en el plazo indicado. Así, tras no haber dado cumplimiento el extranjero a lo requerido, la autoridad procedió entonces a decretar el desistimiento de su solicitud, a través de la Resolución Exenta N°756, de fecha 04 de enero de 2022, según lo dispuesto en el artículo 31 inciso final de la Ley N°19.880.

Arguye que el actor, tuvo a su disposición aquellos recursos administrativos de la normativa especial de marras, como también aquellos contenidos en la Ley N°19.880, que para este caso se aplica de manera supletoria según lo indicado en las normas de procedimiento administrativo.

Refiere la normativa aplicable al caso, en específico, las reglas de procedimiento, dispuestas en el titulo VI del Decreto N°597, donde se disponen, entre otras circunstancias, la forma en que una solicitud se hará efectiva, esto es a través de los formularios proporcionados por la autoridad respectiva según corresponda; los documentos que deben acompañarse a la misma; el plazo en que la solicitud debe ser presentada por el extranjero requirente; la autoridad competente tanto para conocer la solicitud como para proceder a la resolución de la misma. Igualmente, precisa que son las mismas normas las que disponen los efectos y consecuencias en caso de que alguna de estas reglas de procedimiento no sea cumplidas en alguna oportunidad.

Aduce que, en el caso del recurrente de marras, su solicitud no cumplía con los requisitos necesarios para continuar con el análisis de la misma, por lo que la autoridad procedió aplicar aquello dispuesto en el artículo 31 inciso primero de la Ley N° 19.880, otorgándole al interesado el plazo de cinco días para subsanar su requerimiento y de esta manera poder resolver el mismo en tiempo y forma.

Destaca que, pese a lo anterior, el recurrente no acompañó el documento solicitado, esto es, el certificado vigente de antecedentes penales de su país de origen, debidamente legalizado o apostillado, en conformidad a lo establecido en los artículos 345 N°2 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, por lo que procedía aplicar lo establecido en la parte final del inciso primero del artículo 31 de la Ley N°19.880, esto es el desistimiento de la solicitud.

A mayor abundamiento, arguye que tampoco se registró alguna solicitud de ampliación del plazo otorgado en alguna oportunidad, como así lo dispone el artículo 26 de la Ley N°19.880.

Concluye que, conforme a lo anteriormente señalado, se desprende que la recurrida ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de la autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de la recurrente respecto de las garantías constitucionales incoadas.

Adjunta a su informe:

1. Comunicación Electrónica Folio N°7450445, de fecha 06 de agosto de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

2. Comunicación Electrónica Folio N°18151787, de fecha 01 de septiembre de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

3. Copia de Resolución Exenta N°756, de fecha 04 de enero de 2022, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, el asunto que se trae a conocimiento de esta Corte y se reclama como ilegal y arbitrario, corresponde a la Resolución Exenta de fecha 4 de enero de 2022 dictado por la autoridad recurrida, en la que se tuvo por desistida la solicitud del extranjero don nombre reservado, toda vez que no subsanó su solicitud en el plazo que correspondía.

Al respecto es dable precisar, que el actor no recurrió respecto de Comunicación Electrónica Folio N°7450445, de fecha 06 de agosto de 2020 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se procedió a otorgar el plazo de 5 días hábiles para efectos de subsanar su solicitud y de esta manera continuar con la tramitación hasta llegar a la etapa resolutiva de la misma, bajo el apercibimiento de tenerse por desistida su solicitud si no lo hiciera en el plazo indicado. Así, tras no haber dado cumplimiento el extranjero a lo requerido, la autoridad procedió entonces a decretar el desistimiento de su solicitud, a través de la Resolución Exenta N°756, de fecha 04 de enero de 2022, según lo dispuesto en el artículo 31 inciso final de la Ley N°19.880.

Quinto: Que en cuanto a la normativa aplicable resultar pertinente indicar que, el inciso 1° del artículo 13 de la Ley de Extranjería, establece que “las atribuciones que corresponden al Ministerio del Interior, para el otorgamiento de visaciones, para la prórroga de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por éste, atendiéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y la reciprocidad internacional, previo informe de la Dirección General de Investigaciones”, norma que se encuentra redactada en términos idénticos al artículo 13 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 -Reglamento de Extranjería-.

Asimismo, el artículo 41 de la Ley de Extranjería se indica que “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

Este permiso se otorgará por resolución del Ministerio del Interior.

Además, el artículo 2 inciso primero de la Ley de Extranjería establece que: “Para ingresar al territorio nacional los extranjeros deberán cumplir los requisitos que señala el presente decreto ley, y para residir en él deberán observar sus exigencias, condiciones y prohibiciones”.

Por su parte, el artículo 63 del D.L. N° 1094 dispone que: “Deben rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios:

1.- Los que ingresen a Chile, no obstante hallarse comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 15;

2.- Los que con motivo de actos realizados o de circunstancias producidas durante su residencia en el país queden comprendidos en los números 1 ó 2 del artículo 15;

3.- Los que entren al país valiéndose de documentos de ingresos falsificados o adulterados o expedidos a favor de otra persona, y los que incurran en iguales falsedades con respecto a la documentación de extranjería otorgada en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 y de la responsabilidad penal a que haya lugar, y 4.- Los que no cumplan con los requisitos que habilitan para obtener el beneficio impetrado”.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Extranjería dispone que “Las atribuciones que correspondan al Ministerio del Interior, para el otorgamiento de las visaciones, para la prórroga de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por éste, atendiéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y a la reciprocidad internacional, previo informe de la Dirección General de Investigaciones”.

Asimismo, prescribe el artículo 64 del Decreto Ley N° 1.094 que, “(…) Asimismo, podrán rechazarse las peticiones por razones de conveniencia o utilidad nacionales” y conforme al inciso segundo del artículo 67 revocada o rechazada que sea alguna de las autorizaciones a que se refiere el Decreto Ley, el Ministerio del Interior procederá a fijar a los extranjeros afectados un plazo prudencial no inferior a 72 horas para que abandonen voluntariamente el país.

En efecto, el artículo 67 del D.L. N° 1094 prescribe que: “Corresponderá al Ministerio del Interior resolver sobre las revocaciones a que se refieren los dos artículos precedentes.

Revocada o rechazada que sea alguna de las autorizaciones a que se refiere este decreto ley, el Ministerio del Interior procederá a fijar a los extranjeros afectados un plazo prudencial no inferior a 72 horas, para que abandonen voluntariamente el país.

La medida de abandono voluntario del país se podrá sustituir por el otorgamiento de la visación de residente que corresponda por el período especial que se determine, caso en el cual el extranjero afectado deberá poner su pasaporte a disposición de la autoridad en el plazo que al efecto se fije en la resolución respectiva.

Al vencimiento de los plazos a que se refieren los incisos precedentes, si el extranjero no hubiere cumplido lo ordenado por la autoridad, se dictará el correspondiente decreto fundado de expulsión”.

Por otro lado, el artículo 142 del Decreto Supremo N° 597 del Reglamento de Extranjería contempla que, al practicarse la notificación por carta certificada, deberá entenderse practicada luego de tercero día de su recepción por la oficina de Correos.

Por su parte, el derecho a recurrir en contra de la resolución denunciada se reconoce expresamente en el artículo 142 bis del Reglamento de Extranjería, el que tiene como consecuencia la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido.

Por otro lado, en especial resulta relevante tener presente el artículo 31 de la Ley N° 19.880 dispone que: “Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento”.

Sexto: Que, de conformidad al marco regulatorio antes señalado, correspondía al recurrente acompañar el documento que le fuera requerido, esto es, el certificado de antecedentes de su país de origen apostillado o legalizado, conforme lo disponen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, otorgándosele para estos efectos el plazo de cinco días previsto en el artículo 31 de la Ley N°19.880, comunicación que por lo demás, no fue recurrida por el actor en el presente arbitrio constitucional y como consecuencia de dicha omisión o falta de subsanación de lo requerido por la recurrente, la autoridad migratoria la tuvo por desistida de su petición, en atención a que dicha consecuencia es la contemplada en la citada normativa.

Séptimo: Que, por lo demás, la autoridad migratoria informó que, tampoco se registró alguna solicitud de ampliación del plazo otorgado en alguna oportunidad, como así lo dispone el artículo 26 de la Ley N°19.880.

Octavo: Que, por otro lado, del tenor de la signada resolución exenta, le reserva al extranjero los recursos de reposición y jerárquico contemplados en la Ley N°19.880 sobre las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, los que se desconocen si efectivamente fueron interpuestos, de lo que colige que, el acto administrativo ahora impugnado por la vía judicial corresponde o no a un acto firme, resuelto en sede administrativa.

Noveno: Que, entonces, al haber constatado la administración que el recurrente no acompañó todos los antecedentes requeridos oportunamente en la tramitación de su solicitud de permanencia definitiva, procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N°19.880, habiéndose adoptado la decisión por la omisión en que incurrió el propio interesado en su oportunidad y no por la ilegalidad denunciada de parte de la autoridad.

Décimo: Que, de esta forma, se colige del tenor de la resolución recurrida y sus fundamentos, que aquella pone en conocimiento de la amparada los fundamentos de la decisión recurrida y los antecedentes tenidos a la vista para adoptar la decisión.

Undécimo: Que, en estas condiciones, se evidencia que la resolución impugnada por la presente acción constitucional fue ordenada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus facultades legales, con estricto apego a la Constitución y las leyes, por tener motivo plausible para ello, no advirtiéndose, por tanto, acto ilegal alguno de parte de la autoridad recurrida que prive, perturbe o amenace los derechos alegados por el actor.

En consecuencia, no se advierte la existencia de un acto ilegal, por cuanto el actuar de la autoridad recurrida se ajustó al marco regulatorio legal para las solicitudes y tramitación de visas de residencia definitiva, toda vez que el acto recurrido emanó de parte de la autoridad determinada para ello, en los casos previstos por la ley.

Por estas consideraciones y teniendo presente, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la Republica y en el auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, el recurso deducido en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 38.430-2021.