Protección contra Compañía Chilena de Televisión S

Santiago, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que, comparece el abogado don Cristián Rodríguez Kurrer, quien interpone recurso de protección en representación de don nombre reservado, en contra de Compañía Chilena de Televisión S.A. (La Red), representada por don nombre reservado y, en contra de la periodista doña nombre reservado, por amenazar, privar y/o perturbar, de manera ilegal y arbitraria, sus garantías fundamentales, contenidas en los numerales 1° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por una publicación en el portal web, denominado Red de Noticias, realizada el día 6 de septiembre de 2021, escrita por la periodista recurrida, en la que realiza una serie de aseveraciones injuriosas y deshonrosas hacia su persona bajo el título de “Pelao Vade y nombre reservado, dos realidades para un mismo escándalo: uno se juzga y el otro se perdona”.

Funda su recurso señalando que en la columna de opinión antedicha, se informaba al lector, que era “acusado” de “falsificación” por la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante PDI, en razón de que “habría sido acusado por incorporar una firma a un contrato como administrador del edificio en la que se le otorgaba beneficios como tal en caso de que se rescindiera el contrato”, sosteniendo además que: “nombre reservado fue denunciado en la justicia, pero la causa no prosperó pues, el constituyente, llegó a un acuerdo extrajudicial con los demandantes, aunque eso no lo liberó de cometer el delito”;

Afirma que, la causa RIT O-14267 del año 2019, seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, fue sobreseída definitivamente, por la causal contemplada en el artículo 250 letra a), del Código Procesal Penal, (CPP), esto es, cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito.

Sostiene que las recurridas, y en concreto la Sra. nombre reservado confunde en su publicación conceptos jurídicos, deshonrando su prestigio, ya que pone en tela de juicio su honorabilidad para pertenecer al órgano constituyente que en ese entonces se encontraba operativo.

La recurrida, Sra. nombre reservado hace mención que conforme al informe PDI, 1013/2016 de Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, se da por acreditada su responsabilidad penal en la comisión de los hechos y su participación en calidad de autor. Sostiene que, la recurrida al parecer no tuvo acceso completo al expediente investigativo o bien, no realizó un trabajo exhaustivo al leer dicha carpeta, toda vez que eran 4 tomos y requiere un poder de lectura mayor que leer un solo informe de los más de 6 informes de la PDI, que existen en dicha carpeta investigativa. Si bien es cierto, uno de los informes, el Nº 1013/2016 que hace mención la recurrida, señala como conclusión:

“El estudio de la signatura dubitada del ‘presidente edificio Comunidad Alto Mapocho’ se constataron disconformidades caligráficas en el recorrido de líneas, irradiación de ciertos trazos, puntos de ataque y término de grammas, cantidad de momentos gráficos en que se ejecutaron ciertos movimientos y en el dibujo particular de signos constitutivos de las firmas”.

Concluye que, por lo anterior, las recurridas entregan información incompleta y que realizan una interpretación propia, toda vez que utilizan algunas piezas del expediente para fundar sus conclusiones, las que resultan poco certeras, confundiendo al lector en perjuicio del actor, no explicando en detalle y de manera rigurosa los hechos, tal como lo exige un ejercicio serio y ético del periodismo.

Finaliza, previa referencia a las garantías que estima conculcadas y el análisis de un supuesto escenario de colisión de derechos, solicita acoger la acción interpuesta, ordenando reinstaurar el imperio del derecho, mediante el retiro de la publicación de la mencionada columna de opinión, además de otorgar el derecho a rectificación y aclaración, contenido en la Ley N° 19.733, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando informe el abogado don Branislav Marelic Rokov, por doña nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, con costas, en consideración a que lo pretendido por el recurrente consiste en censurar opiniones legitimas que le degradan, sin argumentos jurídicos que permitan acoger la restricción al ejercicio de la libertad de expresión.

Argumenta que sus opiniones no pueden ser calificadas como verdaderas o falsas, ya que estas provienen de un razonamiento personal, propio del ejercicio de su libertad de expresión, siendo el artículo un discurso protegido, ya que trata de una autoridad y es de interés público, basándose en un expediente judicial penal, y no siendo la afectación a la honra del recurrente, una razón para impedir la libre expresión de la información publicada, careciendo los dichos de la “real malicia”, presupuesto requerido para restringir las expresiones sobre autoridades públicas.

En razón de lo anterior, y previa mención a que la normativa nacional e internacional otorga los medios idóneos para corregir informaciones o buscar responsabilidades cuando corresponda, las cuales no han sido ejercidas, afirma que la pretensión del Sr. nombre reservado resulta improcedente e infundada, constituyendo un amedrentamiento al ejercicio periodístico.

Sostiene que, a mayor abundamiento, su parte no puede emitir pronunciamiento ni hacerse responsable sobre la disponibilidad en línea del artículo aludido, ya que el sitio web es de propiedad de La RED.

Argumenta que el recurrente acusa falsedad del artículo, valiéndose de un expediente judicial que nada tiene que ver con lo informado en su artículo, alegando, según su parecer, hecho falsos, toda vez que el expediente de la causa penal aludida y que fue sobreseída definitivamente corresponde al querellado Sr. nombre reservado, siendo esta la causa pertinente, conocida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el RIT O-513-2016, el cual serviría de fundamento a la información, opiniones e interpretaciones dadas por ella.

Afirma que el reportaje cuestionado, se enmarca en el concepto de periodismo de opinión, el que se enfoca, en este caso, en un asunto político que brinda información verídica y ofrece opiniones e interpretaciones claramente diferenciadas de la información, no prestándose para confusiones.

Previo análisis del reportaje, separado por párrafos, alude al proceso penal antedicho, afirmando que el recurrente fue formalizado el 14 de septiembre de 2020, por falsificación y uso malicioso de instrumento privado y por presentación de pruebas falsas o adulteradas ante tribunal, para posteriormente ser reformalizado, el 15 de febrero de 2021, por el delito de presentación de documentación falsa en juicio, en grado de consumado, siendo objeto de una suspensión condicional del procedimiento con fecha 27 de julio de 2021, por 1 año, comprometiéndose a pagar la suma de $1.500.000, en beneficio de la parte ofendida del delito de falsificación y presentación maliciosa de instrumento adulterado en juicio civil, y renunciar a las acciones civiles que emanaban del documento objeto del cuestionamiento por falsificación.

Luego del desglose de los 18 párrafos que contiene el reportaje objetado, y profundizar sobre las afirmaciones que considera pertinentes y suficientes para rechazar el recurso, cita jurisprudencia y normativa que rige al efecto, solicitando el rechazo en todas sus partes, con costas, el recurso interpuesto en su contra, en virtud de manifiesta improcedencia y falta de fundamento de la acción.

TERCERO: Que, informa el abogado Sr. Marelic Rokov por la Compañía Chilena de Televisión, y solicita el rechazo de la acción intentada, con costas, en consideración a que el recurrente pretende censurar opiniones legitimas que le desagradan, sin argumentos jurídicos, basándose en antecedentes falsos.

Refiere respecto de sus alegaciones, que adhiere a los argumentos esgrimidos por la Sra. nombre reservado en su informe por lo que solo se limita a destacar lo expuesto en relación con la existencia de la causa O-513-2016, RUC 1610001162-3, seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, lo cual es omitido por el recurrente, quien hace referencia a otro proceso, que, a su juicio, no tiene relación alguna con la controversia ventilada en estos autos.

Previa cita de normativa que rige al efecto y de jurisprudencia relacionada, afirma que la pretensión del recurrente es improcedente e infundida, constituyendo un amedrentamiento al ejercicio periodístico, debiendo ser rechazada la acción, con costas.

CUARTO: Que, por su parte, y en razón de instrucción de esta Corte, la Administradora del 7° Juzgado de Garantía, mediante oficio 3143-2022, da cuenta del certificado elaborado por el Jefe de Unidad de Causas de dicho tribunal, con fecha 21 de octubre del año 2022, el cual informa que de acuerdo a lo registrado en el sistema SIAGJ, respecto del señor nombre reservado, que la causa RUC 1610001162-3 RIT 513-2016, seguida por el delito de presentación de documento falso en juicio, previsto y sancionado en el artículo 207 del Código Penal, se encuentra concluida por haberse decretado el sobreseimiento definitivo con fecha 28 de julio del año en curso. Asimismo, informa que en la causa RUC 1201184766-6 RIT 1715–2013, con fecha veintiocho de enero del año dos mil trece, el tribunal aprobó la decisión del Ministerio Público de no iniciar investigación en los hechos denunciados por no ser constitutivos de delito.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

SEXTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental; Se sostiene también, uniformemente, que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

SÉPTIMO: Que, habiéndose planteado por el recurrente y por los recurridos una situación de aparente colisión entre dos derechos fundamentales, a saber, entre la protección a la vida privada y la libertad de información, es menester recordar la preceptiva que da contenido al bloque constitucional que otorga reconocimiento normativo a ambas garantías cardinales.

En relación con el derecho a la protección de la vida privada, aquélla se circunscribe básicamente a lo dispuesto en los artículos 19 N° 4 de la Carta Fundamental, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos que, en lo pertinente, señalan:

1.- Constitución Política de la República:

Artículo 19: “La Constitución asegura a todas las personas:

4°.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;”

2.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Artículo 17:

“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.”

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”

3.- Convención Americana de Derechos Humanos:

Artículo 11: Protección de la Honra y de la Dignidad:

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Por su parte, la normativa del bloque constitucional referente al derecho a la libertad de información se radica en los artículos 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, (CPR); 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto expresan:

1.- Constitución Política de la República:

Artículo 19: “La Constitución asegura a todas las personas:

12°.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. (..)”

“Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida. (…)”

2.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Artículo 19:

“1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”

3.- Convención Americana de Derechos Humanos:

Artículo 13: Libertad de Pensamiento y de Expresión:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”

“2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”;

“3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. (..)”

OCTAVO: Que, a su vez, constituyen, entre muchas otras, leyes de desarrollo o reguladoras de los derechos en comento, destinadas a ponerlos en práctica, asegurando su capacidad operativa, los artículos 1° inciso primero y tercero y 30 de la Ley 19.733, que en lo pertinente señalan:

Artículo 1°, incisos primero y tercero:

“La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley”.

(…) “Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”.

Artículo 30: “Al inculpado de haber causado injuria a través de un medio de comunicación social, no le será admitida prueba de verdad acerca de sus expresiones, sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren a lo menos una de las siguientes circunstancias:

a)

Que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real;

b)

Que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios de tal ejercicio.

En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el juez procederá a sobreseer definitivamente o absolver al querellado, según correspondiere.

Para lo dispuesto en el presente artículo se considerarán como hechos de interés público de una persona los siguientes:

a)

Los referentes al desempeño de funciones públicas;

b)

Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real;

c)

Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso;

d)

Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social;

e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, y f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos.”

“Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica, salvo que ellos fueren constitutivos de delito”.

NOVENO: Que, en ejercicio de la labor propuesta precedentemente, aparece necesario, en primer término, determinar el derecho a la protección de la vida privada, identificando el ámbito de la realidad a la que alude y el tratamiento que le otorga la normativa legal vigente sobre la materia, con el objeto de explicitar, al menos someramente, su contenido y alcances, además de los límites que devienen de su propia naturaleza.

“La correcta delimitación del derecho precisa el ejercicio legítimo del derecho, la aparente o real tensión con otro derecho, las limitaciones o restricciones que pueden afectar al derecho y el espacio dejado al legislador para su regulación. Así, ningún operador jurídico puede afectar el contenido constitucionalmente delimitado del derecho, constituyendo este un límite”. (nombre reservado, Tópicos Constitucionales sobre la Vida Privada y la Libertad de Información ante la Informática en Chile”, pág. 4);

DÉCIMO: Que, así las cosas, resulta novedoso recordar que al no ser precisada por la Carta Fundamental ni tampoco por los Tratados Internacionales, la noción de vida privada constituye un concepto jurídico de carácter indeterminado, cuya configuración ha quedado en manos de la doctrina y de la jurisprudencia.

De este modo, y más allá de reconocer que la definición de “vida privada” es y ha sido variable en el tiempo, desde sus primer reconocimiento a fines del siglo XIX, en Estados Unidos de Norteamérica, en que un juez lo identificó con el derecho a ser dejado tranquilo, a ser dejado en paz o simplemente a estar solo, “right to be alone”, lo cierto es que hoy puede afirmarse que esta garantía se encuentra referida básicamente a la facultad de la que están dotados todos los individuos, sujetos de derechos fundamentales, de sustraer del conocimiento del común de las personas, aspectos que ellos mismos consideran de su más íntimo ámbito.

Para dilucidar, ahora, hasta qué esfera de intimidad es posible extender legítimamente la protección de este derecho, aparece revelador lo expresado por el legislador en el artículo 30 de la Ley N° 19.733 precedentemente transcrito.

Esta delimitación conceptual permite identificar los intereses protegidos y las actuaciones que eventualmente pudieren interferir en su satisfacción;

UNDÉCIMO: Que, cabe recordar que, en el caso de autos, los actos que el recurrente acusa como arbitrarios o ilegales, corresponde a la columna de opinión de la periodista y recurrida de autos señora nombre reservado, publicada el 06 de septiembre de 2021, en el portal web denominado La Red Noticias, titulada:

“Pelao Vade y nombre reservado, dos realidades para un mismo escándalo: Uno se juzga y el otro se perdona”.

Para efectos ilustrativos, se transcriben algunos párrafos:

“(…) Hoy la mesa de la Convención envió los antecedentes sobre la situación de Vade a la Fiscalía centro norte para que investigue y se discute su permanencia en la Convención. ¿Hicieron lo mismo con nombre reservado? … No. ¿Debieron? Claro que sí, no puede escribir la constitución alguien que raya en la ilegalidad” (…)

“nombre reservado, el falsificador: En julio de este año, a poco de asumida la convención constituyente, nombre reservado fue acusado de falsificación tras un informe de la PDI en el cual se comprobaba que el abogado había agregado una firma a un contrato como administrador de edificio en la que se otorgaba beneficios como tal en caso de que se rescindiera el contrato. nombre reservado fue denunciado en la justicia, pero la causa no prosperó pues el constituyente llegó a un acuerdo extrajudicial con los demandantes, aunque eso no lo libró de haber cometido el ilícito, pero si le valió una retipificación del delito.” (…)

“¿Es mejor un constituyente mentiroso que uno acusado de estafa con pruebas irrefutables, o acaso ambos deberían estar juzgados con el mismo sesgo?” (…)

El Sr. nombre reservado, imputa a las recurridas que, en la publicación referida se decía que era acusado por la PDI, de falsificación, lo cual deshonra su prestigio, buen nombre, reputación y, puso en tela de juicio su honorabilidad que requería para ejercer el cargo de Convencional Constituyente, del órgano que redactaba la Carta Magna. Sin embargo, la información contenida en el artículo no era correcta, por cuanto, a esa fecha, la causa ventilada en el 7° Juzgado de Garantía había sido sobreseída definitivamente, porque el hecho investigado no era constitutivo de delito.

Las recurridas, por su parte, niegan tales imputaciones, señalando que el reportaje se fundó en fuentes fidedignas; la publicación cuestionada, se enmarca en el Periodismo de opinión; se enfoca en un asunto político que brinda información verídica, contiene opiniones e interpretaciones; corresponden a un ejercicio del derecho a la libertad de expresión; el artículo periodístico es un discurso protegido ya que trata sobre una autoridad pública y es de interés público.

DUODÉCIMO: Que, así las cosas, esta Corte no advierte en el fundamento que dio pábulo al acto recurrido, una justificación que haga efectiva referencia a algún ámbito del derecho a la privacidad que sea indispensable proteger y que pueda entenderse, razonablemente, que forma parte, en realidad, del contenido de dicha garantía fundamental.

DÉCIMO TERCERO: Que, en efecto, y teniendo en consideración los antecedentes proporcionados por las partes y los sustentos fácticos y jurídicos mediante los cuales se sustentan ambas hipótesis, no es posible soslayar, que el contenido de la columna de opinión recurrida, del fundamento de ésta y de los antecedentes que la avalan, efectivamente ella no atenta contra el derecho al honor del convencional nombre reservado, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la CPR; y, es más, en este caso, se configura una de las hipótesis en que, precisamente, el derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, - garantía asegurada en el inciso primero del artículo 19 N° 12 de la CPR y en el artículo 1° de la Ley N° 19.733-, está sobre el derecho al honor, por cuanto la opinión vertida en la publicación respecto a la conducta del Sr. nombre reservado se enmarca, precisamente, en varias de las hipótesis señaladas en el artículo 30° inciso tercero, letras a), b), c) d) y f), de la Ley 19.733, ya transcritos en el basamento octavo de la presente sentencia.

Refuerza lo anterior, lo señalado en el inciso segundo del artículo 29 de la ley en comento, que indica: Artículo 29°: “Los delitos… (…)”

“No constituyen injurias las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.”

En efecto, el artículo periodístico, en este caso, columna de opinión, es un discurso protegido ya que trata sobre una autoridad pública -convencional constituyente- y es de interés público, por cuanto fue elegido (entre otros) para redactar la nueva Constitución; por lo anterior, sus actuaciones y comportamiento tiene un mayor estándar de exigencia por la ciudadanía que cualquier persona que no detente un cargo o desarrolle una función pública; y, además, del tenor de la columna de opinión cuestionada no se advierte el propósito de injuriar.

DÉCIMO CUARTO: Que, en la línea de lo reflexionado, más allá de reconocer que en el ámbito de la privacidad, los terceros, en principio, sólo pueden penetrar con el consentimiento del sujeto afectado, aparece de toda razonabilidad que no sea posible extender dicha esfera de protección a los actos públicos de las personas, (en especial de aquellas que desempeñan funciones de relevancia pública, como el caso en estudio), esto es, a aquéllas actuaciones externas que trascienden a quien las ejecuta, afectando el orden o la moral pública, en la medida que dichos actos causan daños a terceros; cuando tales actuaciones poseen relevancia pública en virtud del acto mismo o de la persona que lo ejecuta, cuya difusión satisfaga la función de formación de una opinión pública libre; o cuando ellos afecten al bien común.

Al respecto la Corte Suprema ha sostenido: “Que para dilucidar el asunto sometido al conocimiento de esta Corte es preciso tener en cuenta que "el derecho a la protección de la vida privada consiste en la facultad de las personas a mantener un ámbito de su vida fuera del conocimiento público, en el cual, desarrolla acciones que se inician y concluyen en el sujeto que las realiza, como asimismo concreta relaciones francas, relajadas y cerradas que trascienden sólo a la familia o aquellos con los que determina compartir, siempre y cuando tales actuaciones y relaciones no dañen a otros, no sean delitos o no sean hechos de relevancia pública o que afecten al bien común. En el ámbito de privacidad e intimidad los terceros sólo pueden penetrar con el consentimiento de la persona afectada, poseyendo, asimismo, la persona la facultad de control de dichos actos, como, asimismo, de los datos referentes a su vida privada e intimidad. Es conveniente explicitar, por tanto, que los actos públicos no pertenecen al ámbito de protección de la vida privada, son aquellas actuaciones externas que trascienden a quien las ejecuta, afectando el orden o la moral pública; causando daño a terceros; y aquellos que tengan relevancia pública en virtud del acto mismo o de la persona que lo ejecuta, cuya difusión satisfaga la función de formación de una opinión pública libre; o afectando al bien común". ("Pauta para superar las tensiones entre los Derechos a la Libertad de Opinión e Información y los Derechos a la Honra y Vida Privada". nombre reservado). Considerando cuarto, sentencia Corte Suprema Rol N°17.732-2016.

Entonces, la información de datos, actuaciones o comportamientos de una persona verdaderos y de relevancia pública nunca pueden constituir una afectación arbitraria o antijurídica de su honor u honra.

DÉCIMO QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa, estos sentenciadores no adquieren convicción de la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad cometida por las recurridas, desde que lo obrado se enmarca en una columna de opinión, cuyo contenido se enfoca en un asunto político que brinda información verídica y ofrece opiniones e interpretaciones; avalado en el expediente judicial del caso que se sustanciaba ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago; se refiere a una persona que ejerce un cargo de relevancia pública; y, es de interés público, no configurándose en la especie los reproches que se denuncian.

Sin embargo, de aceptarse un planteamiento de contrario, se estaría limitando la libertad de expresión, contraviniendo el artículo 13 de la Convención Americana de Derecho Humanos, instrumento internacional ratificado por Chile y vigente, el que garantiza que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y que deben ser resueltas mediante la decisión del tribunal competente.

DÉCIMO SEXTO: Que entonces, solo cabe afirmar que, para esta Corte, ante la colisión de derechos denunciada, la libertad de información está sobre el derecho al honor, por cuanto la ciudadanía en un sistema democrático tiene el derecho de conocer aquellos hechos y conductas de relevancia pública de la información, que está dada por la importancia o trascendencia pública de los hechos en sí. Consecuentemente, en esta perspectiva, la injerencia en el ámbito del honor ajeno encuentra su justificación en la causa del interés público, en la relevancia pública del asunto; precisamente porque, en tales casos, el derecho supuestamente lesionado (honra ajena) aparece como un valor menor frente al derecho de la sociedad a formarse opinión sobre los convencionales que fueron elegidos para redactar la nueva Constitución; por lo que, el actuar de las recurridas que se cuestiona en el presente recurso, se ha ajustado a la normativa institucional vigente, no correspondiendo, por tanto, formular reproche de ilegalidad ni arbitrariedad a su conducta.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente al recurrente que, la acción cautelar de protección no es la vía para lo pretendido en su recurso, por cuanto, tanto la naturaleza como el procedimiento especial dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear esta vía para la solución del conflicto sub-lite, puesto que las materias en que se basa el libelo pretensor exceden el ámbito de este recurso; además, fue establecida para fines distintos a los que se verifican en estos antecedentes, sin que pueda esta Corte emitir un pronunciamiento de carácter jurídico al respecto, toda vez que dicha controversia solamente puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, que como se dijo, no es este tribunal.

En efecto, esta garantía y las eventuales consecuencias y responsabilidades que pueda producir el ejercicio del derecho, están reglados en la CPR y, en especial, en la Ley N° 19.733, sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, la que en el Título IV: Derecho de aclaración y de rectificación, desde los artículos 16° al 21°, se establece el procedimiento para aclarar o rectificar gratuitamente al que fuere ofendido o injustamente aludido por algún medio de comunicación social, derecho que en este caso, el recurrente no ejerció.

Así las cosas, ante cualquier daño que se haya producido o que se produzca en el futuro, el o los afectados tienen las herramientas legales para obtener la debida reparación si se reúnen las exigencias que nuestro ordenamiento jurídico contempla para ello.

DÉCIMO OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, y en los términos que se viene razonando, resulta ilustrador la variada jurisprudencia del Excmo. Tribunal Constitucional, que ha sostenido: "el derecho a la honra, por trascendente que sea para la vida de las personas, no es un derecho absoluto, pues debe ser debidamente ponderado con la libertad de expresión, la que comprende las declaraciones sobre hechos y las meras opiniones independiente de su fundamentación, alcanzando su protección tanto a las ideas como a la forma de expresarlas" (Rol N° 1463-2009; en el mismo sentido Roles N° 2071-2012 y N° 2422-2013).

DÉCIMO NOVENO: Que, consecuentemente, al no configurarse en el caso de autos los presupuestos exigidos para que la acción prospere, esto es, que el acto objetado sea ilegal o arbitrario, el presente recurso debe desestimarse, y, por ende, no es necesario emitir pronunciamiento con mayor análisis respecto de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente, en razón de lo concluido precedentemente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, con costas, la acción cautelar deducida por don Cristián Rodríguez Kurrer, en representación de don nombre reservado en contra de Compañía Chilena de Televisión S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministra Sra. María Paula Merino Verdugo.

Protección N° 38404-2021.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya, e integrada por la Ministra señora María Paula Merino Verdugo y el abogado integrante señor Claudio García Lamas. No firma el abogado integrante señor García, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.